Es inválido argumentar que la transparencia gubernamental lesiona la seguridad nacional de los países. Durante años, eso se afirmó en Estados Unidos “y no terminó bien; no estamos más seguros en la oscuridad”, sostiene el director del Archivo de Seguridad Nacional de ese país, Thomas Blanton. Investigadores mexicanos señalan que el sexenio de Calderón será recordado por su opacidad
Thomas Blanton presentó hace 38 años su primera solicitud de acceso a la información en Estados Unidos. Era un periodista graduado en la Universidad de Harvard y trabajaba como reportero de un semanario de Minnesota. A esa petición, siguieron cientos más que lograron revelar secretos gubernamentales, como los de los diarios de Oliver North –uno de los protagonistas del llamado Irangate– o los mensajes presidenciales ultrasecretos de la era Reagan-Bush.
En su visita a México, Blanton trajo consigo la experiencia de desclasificación de documentos oficiales que hace años lleva a cabo el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), de la Universidad George Washington, en Estados Unidos. Blanton advirtió que, aunque a nivel global México aparece con muy buenas prácticas en el derecho a la información, esos avances están en riesgo por el incumplimiento a las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai).
El director del NSA se refiere a la negativa de algunas instituciones públicas, como la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Agricultura, a difundir la información que les requiere el Ifai. Estas dependencias apoyan su secretismo argumentando que se pone en riesgo la seguridad nacional.
Afirma que la negativa del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de difundir la lista de los beneficiarios de los programas de esa dependencia, porque podría atentar contra la seguridad de los campesinos, “es cínica”.
Blanton agrega que la respuesta del funcionario obedece a que “se protege a sí mismo, ya que le gustaría no estar en la lista”, pues ahí no figuran las direcciones de los campesinos y “los narcos tendrían que hacer demasiado trabajo para dar con ellos. Esa respuesta es para protegerse de nuestra observación. Se debe respetar la Constitución”. Sentencia que ese avance de la transparencia es la que está bajo ataque “y por eso es que estamos luchando”.
El peor sexenio para la transparencia
Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que, en la actualidad, los mexicanos observan que desde el Poder Ejecutivo se lanzan medidas contrarias a la transparencia. Al restringir el acceso a la información pública, el jurista considera que “éste ha sido un sexenio pésimo para la transparencia”.
Sostiene su afirmación al recordar la expresión de Fernando Gómez Mont, cuando era secretario de Gobernación, de que las resoluciones del Ifai tendrían que ser revisadas por los tribunales del orden contencioso-administrativo. Para Carbonell Sánchez, ésa es una pretensión “manifiestamente inconstitucional” que, en la práctica, no sólo “mataría al derecho a la información”, sino que, además, vulnera el texto constitucional.
Carbonell denomina la “batalla” que libra el SAT contra el Ifai como chicanas; es decir, las medidas a las que recurre un abogado cuando sabe que no va a ganar un caso, pero decide valerse de todos los pequeños recovecos de la ley para prolongar un litigio.
Al fracaso del Estado mexicano de garantizar la seguridad e integridad física de los ciudadanos, “ahora se suma la lógica de que somos un gobierno fallido y fracasado” que no puede proteger a su población, y por eso va a recortar los otros derechos fundamentales, advierte Carbonell.
“Esto es de un cinismo, patetismo y de una mediocridad verdaderamente increíbles, y nos ubica en una senda regresiva y peligrosa”, refiere el autor del libro Los derechos fundamentales en México. Agrega que, además, esto muestra que, en efecto, es el peor sexenio en materia de transparencia y ante una regresión evidente.
Información como evidencia
Kate Doyle, directora del Proyecto México, del NSA, desde 1994, comenta que los que han tenido acceso a la información pública han sentido el sabor de la transparencia, “y eso nos gusta”. Advierte, sin embargo, que a las autoridades federales y estatales esto no les conviene y lanzan ataques para debilitar la transparencia y “reinstalar la cortina de opacidad”.
—¿De dónde proceden esos ataques?
—Es claro que no provienen de la sociedad que no pide más opacidad o secreto, pues exige más información. A la sociedad le preocupan la corrupción, la inseguridad y los abusos desde el poder.
Doyle sabe de lo que habla. En los últimos años, su trabajo en el NSA logró desclasificar, en Estados Unidos, miles de páginas con información que documenta masacres y otras violaciones a los derechos humanos en América Latina, como en los gobiernos de Alberto Fujimori en Perú y José María Bordaberry en Uruguay.
Armada con cientos de expedientes adicionales, Doyle también aportó evidencia en el juicio contra cuatro miembros de la policía guatemalteca. Un militar que perpetró una masacre en aquel país en 1982 está preso gracias a sus solicitudes a través de la Ley de Libre Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se especializó en la búsqueda y desclasificación de documentos gubernamentales en Estados Unidos y México sobre la Guerra Sucia.
En cuanto al argumento de los Estados, de que debe existir un balance entre seguridad nacional y el acceso a la información, Doyle recuerda que los estadunidenses vieron las consecuencias de dejar en manos del gobierno las decisiones de cómo debe ser ese balance. “En Estados Unidos, ya pagamos el precio cuando permitimos a nuestro gobierno ocultar información en nombre de la seguridad nacional”. Concluye que los gobiernos de Estados Unidos y México “ya no tienen credibilidad para decirnos que así debe ser”.
Recuerda que ese precio fue la ofensiva militar contra Irak cuando el gobierno estadunidense rechazó el modelo efectivo y transparente del equipo de las Naciones Unidas para inspeccionar la existencia de armas de destrucción masiva (ADM). Esa ofensiva, refiere la analista, se decidió en un diálogo secreto al interior de la administración de Bush, en donde se mostró información de inteligencia supuestamente recopilada por sus agentes.
El resultado “fue una política basada en la mentira: que en Irak había ADM y, por eso, entramos en esa guerra; es decir, que el precio de la opacidad y el silencio es grande”, sentencia Kate Doyle.
Un logro del NSA, posterior a esa ofensiva armada, fue cuando la Corte Suprema ordenó publicar los nombres de todos los detenidos en la Base Naval de Guantánamo y en otras prisiones secretas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. “Ahora tenemos cientos de presos menos, porque, después de sacar a la luz los nombres de ellos, se comprobó que muchos eran inocentes de los cargos y tuvieron que liberarlos”, explica.
La analista describe que la lección que dejó esa experiencia fue que a quienes reclaman la transparencia gubernamental les llevó en Estados Unidos casi cinco años abrir los expedientes, mientras que, en los países de América Latina, documentar las violaciones a los derechos humanos, como los casos de desaparición forzada, de detenciones ilegales y tortura, llevó entre 25 y 30 años. “Ahora se trata de cambiar las reglas del juego para que esos hechos no se repitan”, concluye Doyle.
Doc. 1. Telegrama confidencial de la Embajada de Estados Unidos en México, del 27 de mayo de 1971, en el que Hermenegildo Cuenca Díaz, entonces secretario de la Defensa mexicano, niega la existencia de guerrillas en México y que operen en Guerrero. Atribuye la actividad guerrillera en la región a los “bandidos” ordinarios. Desclasificado en Estados Unidos por el NSA
Doc. 2. Nota secreta de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, del 23 de septiembre de 1971: México: ¿un problema emergente de seguridad interna?, desclasificada por el NSA. Cita la persistente insatisfacción estudiantil y la actividad emergente de la guerrilla como “amenazas potenciales para la seguridad mexicana”. Manifiesta que es particularmente “preocupante” la posibilidad de que estudiantes y rebeldes unan sus fuerzas, pues como resultado existiría “un círculo vicioso” donde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se vería forzado a dedicar los crecientes recursos para las Fuerzas Armadas y abandonar los programas sociales cruciales que mejorarían las fuentes materiales del descontento
Gobierno mexicano, desenmascarado
Doc. 3 El cable de la Embajada de Estados Unidos en México, del 6 de diciembre de 1974, sobre la aprehensión de un “terrorista mexicano” cuyo intento de negociar su salida de México abortó, también fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA).
Éste describe cómo agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) coordinaron las operaciones de contrainsurgencia en ese periodo y su participación directa en los operativos, que incluyeron detenciones, redadas ilegales y desaparición forzada. Informa el arresto, el 5 de diciembre de 1974, de Miguel Ángel Torres Enríquez, un presunto miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre después de que tomó como rehenes a dos funcionarios consulares franceses en la embajada, en su intento por asegurar el paso seguro a Francia.
Entonces trabajaba como agente encubierto de la DFS Miguel Nazar Haro, quien participó directamente en esa operación cuando se hizo pasar como funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se canjeó por los rehenes para conducir a Torres al aeropuerto donde fue detenido.
Entre otros casos exitosos de desclasificación, está el de la nota biográfica que en 1998 envió a su gobierno Curtis Kamman, entonces embajador estadunidense en Colombia. En ese documento, el diplomático consideró fundamental “equipar y armar de paramilitares agresivos a la región” para que el general colombiano Rito Alejo del Río Rojas alcanzara el éxito militar. Actualmente, Del Río Rojas es enjuiciado por asesinato y colaboración con los paramilitares escuadrones de la muerte mientras fue comandante de una unidad clave al norte de Colombia.
Esa nota biográfica, secreta hasta el 30 de septiembre de 2010, es uno de los documentos que se presentarán en el juicio contra Del Río, próximo a concluir luego de años de impunidad y retraso. Este texto, que forma parte de una serie de documentos sobre el caso, es una evidencia potencialmente valiosa que refleja cómo ese oficial se vinculó con el paramilitarismo colombiano.
Los documentos muestran un constante incremento en los operativos contra los paramilitares luego de que Del Río fue transferido a otra zona. De acuerdo con notas de la embajada estadunidense, era “más que coincidente” que las acciones antiparamilitares ocurrieran luego de que personal militar, que se cree estaba a favor de los paramilitares, salió del Norte de Colombia.
También, esos expedientes muestran la “cambiante” opinión del gobierno estadunidense sobre Del Río. En un primer informe a comienzos de 1998, dice que Del Río –que estudió en la Escuela Militar de Las Américas– se graduó ahí con una “historia exitosa”. En el segundo informe, de marzo de ese año, la embajada corrige esa opinión y considera a Del Río con una historia “no tan exitosa” al citar sus presuntos vínculos paramilitares.
Otro caso notable de desclasificación ocurrió el 3 de diciembre de 2009 cuando el NSA publicó, en su sitio electrónico, el documento que revela la reunión, de hace 21 años, entre el presidente George Herbert Walker Bush con Mijaíl Gorbachov en la Cumbre de Malta. En esa ocasión, ambos determinaron no abordar públicamente los temas sobre control de armas (que sí discutieron en privado) a cambio de promover una imagen pública de “una nueva era de paz y propositiva” encabezada por Gorbachov.
Ésta es la tendencia a la transparencia que no se debe revertir, coinciden en señalar Blanton, Doyle y los investigadores mexicanos.
La lucha por la desclasificación
El Proyecto Secrecy News, de la Federación Estadunidense de Científicos que encabeza Steven Aftergood, es un ejemplo exitoso de desclasificación de información gubernamental especializada en el ámbito de la inteligencia. El trabajo de este proyecto aceleró la desclasificación de los documentos relativos a la Guerra Fría y promovió la reforma a las prácticas de secretismo oficial.
En 1994, Aftergood –ingeniero eléctrico, fue propuesto al Salón de la Fama de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) por su trabajo a favor de la transparencia– promovió una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia para que desclasificara información sustantiva para la transparencia estadunidense. Esa acción fue exitosa y logró publicar, por primera vez en 50 años, el presupuesto total de la Comunidad de Inteligencia (26 mil 600 millones de dólares en 1997).
En la misma tendencia, trabajan los periodistas Dana Priest y William M Arkin, del suplemento Top Secret America, del The Washington Post, que periódicamente informa sobre los montos y alcance de los contratos entre el gobierno y las empresas en el rubro militar y de inteligencia.
En mayo de 2009, entró en operación el portal electrónico data.gov, que da acceso a numerosas fuentes informativas electrónicas que generan las distintas agencias estadunidenses. Además de esa medida gubernamental, organizaciones como la Sunlight Foundation trabajan por la transparencia.
Sin embargo, en Estados Unidos persiste la opacidad. Aunque Barack Obama emitió un memorándum en el que estableció su criterio a favor de que las prácticas de su gobierno fueran transparentes y abiertas, las dependencias siguen guardando sus expedientes. Así lo informó el Archivo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2010, al revelar que solicitudes de información a través de la FOIA, con 18 años de antigüedad, aún permanecen en trámite.
Sólo una minoría de entidades gubernamentales ha atendido las peticiones de los memorandos del presidente Obama y del fiscal general Eric Holder.
Cómo se abre el velo en el mundo
El concepto de transparencia gubernamental se abre paso lentamente en las distintas latitudes del mundo. En Gran Bretaña, una de las promotoras es la organización MySociety, que defiende la liberación y acceso a los datos institucionales para fomentar una democracia más participativa.
En Asia, la información pública relativa al presupuesto que ejercen los estados y municipios frecuentemente se mantienen lejos de la mirada pública. Al divulgarse el presupuesto para este año de la localidad de Baimiao, en la provincia china de Sichuan, quedó de manifiesto que casi el 65 por ciento se gastó en el entretenimiento de funcionarios públicos.
Entretanto, la provincia de Guangdong anunció, en abril, que en breve haría público su presupuesto para ese año. Pese a ese retraso, ésta es la primera ocasión, desde 1949 cuando se fundó la República Popular de China, que un gobierno provincial divulga esa información. Ese gesto se considera como el principio de una mayor transparencia estatal.
A nivel global, los miembros del Poder Legislativo no son dados a transparentar sus acciones; por ejemplo, en cuanto a la intención de voto de cada legislador o con qué organizaciones e instancias realizan el cabildeo previo a una votación. Desde el 14 de julio de 2009, la Unión Europea abrió un sitio electrónico (epvote.eu) para rastrear el sentido del voto de cada parlamentario según su partido y país.
