El hoy secretario de Hacienda y otros funcionarios del sexenio salinista como Pedro Aspe y Guillermo Ortiz se confabularon para apoderarse del ex Hotel de México en agravio de sus legítimos propietarios.

Ya pasaron más de cuatro años desde que la familia Suárez Ruiz presentó una demanda mercantil por el despojo que sufrieron de su patrimonio en el World Trade Center-México (WTC) a base de presiones y amenazas de funcionarios del gobierno federal --señala la queja--, para favorecer a los Gutiérrez Cortina, del Grupo Gutsa.

“Desde entonces, no se ha resuelto nada. Apenas vamos en el ofrecimiento de pruebas. Imagínese cuándo se va a resolver”, dice Alfredo Suárez, hijo de Manuel Suárez, el constructor del Hotel de México, hoy WTC-México, y propietario del Polyforum Cultural Siqueiros.

Por la misma causa, Alfredo y Marcos Manuel Suárez Ruiz presentaron, en octubre de 2000, una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de diversos funcionarios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari:

Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda; Guillermo Ortiz Martínez, Francisco Gil Díaz y Carlos Ruiz Sacristán, funcionarios de Hacienda; Enrique Vilatela Riva, director de Bacomext, y los empresarios Juan Diego, Pablo, Alonso y Cosco Gutiérrez Cortina, entre otros.

Refiere la denuncia:
“El 24 de mayo de 1992, se nos obligó a firmar un convenio por instrucciones de Ortiz Martínez (entonces subsecretario de Hacienda, actual gobernador del Banco de México, cuya ratificación en este cargo concitó inconformidades de los partidos políticos), por el cual entregamos nuestros derechos sobre el WTC.

“Desde entonces, no hemos dejado de recibir amenazas, situación que nos mantiene en un estado de zozobra que se ha visto incrementado a partir de enero pasado en que decidimos presentar demanda civil en contra de Ortiz Martínez y otros partícipes del hecho delictivo señalado.

“El 22 de mayo de 1992 fuimos obligados para asistir por indicaciones de Ortiz Martínez a las oficinas de Bancomext. El director de la institución (Enrique Vilatela) nos indicó que por instrucciones de Ortiz deberíamos ceder a título gratuito nuestros derechos sobre el edificio del WTC. Ante ello, nos opusimos, por lo que nos trasladaron a la oficina de Gil Díaz (subsecretario de Hacienda), quien nos dice:

‘Hacienda actuará contra ustedes si se niegan a cederle a Gutsa el proyecto del WTC. Tendrán que firmar la cesión de derechos de sus acciones y tienen plazo para hacerlo hasta el lunes 25 de mayo y si no lo hacen se atienen a las consecuencias’, llegando incluso a privarnos de la libertad con el propósito de causarnos daño y perjuicio económico en nuestro patrimonio y físico si no cedíamos a sus indicaciones”.

Gil Díaz dijo “que quien marcaría las reglas sería Juan Diego Gutiérrez Cortina, quien también se encontraba presente.
“Los guaruras de Gil Díaz, durante todo el fin de semana, nos presionaron para que firmáramos la cesión, situación que se dio el lunes 25 de mayo a las cinco de la mañana, cuando lograron, sin derecho, obligarnos a firmar dicho contrato, obteniendo un lucro para ellos en perjuicio de nuestro patrimonio”.

Refieren que en la demanda civil que se ventila en el Juzgado Segundo de Distrito, expediente No. 13/99, “se describen la serie de amenazas y daños que hemos sufrido por parte de los funcionarios en cita, por lo que pedimos a esta H. Representación social solicite copias certificadas de todo lo actuado en ese juicio, pues contiene pruebas indubitables de las conductas ilícitas perpetradas por estos sujetos”.

El 15 de junio de 1998, Francisco de Paula, su exsocio en el WTC-México, presentó una demanda civil en la que señala que no obstante la aprobación del contrato de compraventa de acciones del WTC por el Consejo Directivo de Bancomext -que presidía Aspe como titular de Hacienda-, Ortiz, “unilateralmente y sin tener un interés legítimo en el proyecto, sino más bien político, realizó diversas gestiones tendientes a dejar sin efecto el contrato”.

Refiere De Paula que Ortiz los citó a él y al director de Bancomext en su despacho de Hacienda, el 14 de junio de 1991. Les informó que el gobierno federal había decidido cancelar el contrato de compraventa de acciones del WTC, y sustituir esa operación por otra, que se realizaría con la empresa privada Gutsa, por un precio de compra que no excedería los 5 millones de dólares.

En ese momento Ortiz advirtió a De Paula que aplicaría “toda la fuerza del Estado” para expropiar el WTC si no se acataba esa resolución, así como para “fincar las responsabilidades que fueran necesarias para castigar a los que se opusieran”.

Además, Ortiz aseguró que contaba con la autorización de José Córdoba Montoya (jefe de gabinete de Salinas de Gortari) y, con su actuación, asumió la posición “de negociador o defensor de intereses particulares como los del Grupo Gutsa, ya que no existe ley ni disposición alguna que lo autorice a ello”.
Una evidencia fue su pretensión de reducir el precio de las acciones a una cuarta parte del valor establecido en el contrato celebrado con el banco, para venderlas en beneficio de Gutsa.

De Paula rechazó la propuesta. El 2 de julio de 1991, Ortiz citó nuevamente a los socios del WTC, Alfredo Suárez y Francisco de Paula, a una junta en Hacienda. Les informó “que esta nueva junta sería una ‘reunión final’ para solucionar el problema”. A dicha reunión acudieron también Santiago de León, socio de Escala, y Arsenio Farell Campa, abogado de De Paula en ese tiempo.

Todos se percataron de que Ortiz sostenía una conversación telefónica “con una persona desconocida, a quien, entre otras cosas, le dijo:

‘Aquí está este hijo de la chingada de Francisco de Paula León. Trataré de intimidarlo para llegar a un acuerdo, no obstante que nuestros abogados nos han indicado lo contrario’”.

En ese momento, Farell Campa pasó al privado de Ortiz para interrumpir su conversación y decirle que lo habían escuchado.

Minutos después, el exsubsecretario de Hacienda salió -“sudando profusamente”-a ofrecerles una disculpa por lo sucedido e indicarles que, en virtud de ese infortunado incidente, no continuaría siendo interlocutor de la Secretaría de Hacienda para la solución del asunto, y que las negociaciones continuarían con Carlos Ruiz Sacristán, también funcionario de esa dependencia.

Ruiz Sacristán -a la postre titular de SCT en el sexenio de Zedillo-fue también hostil, pues “en forma prepotente y altanera”, dijo a los socios de Escala que la única salida al problema era una nueva aportación de 100 millones de dólares para aumentar el capital social de la empresa. Para los socios, eso era financieramente imposible.

Los socios no resistieron las presiones y para evitar que el problema creciera -dados los compromisos con terceros de buena fe que habían adquirido espacios del proyecto-, cedieron a las propuestas de Guillermo Ortiz de vender las acciones WTC a la empresa Gutsa, que fundamentalmente era una empresa contratista del gobierno.

Los Gutiérrez Cortina mantuvieron informado a Guillermo Ortiz y la oferta que hicieron era “un fiel reflejo de las instrucciones” que les dio. Además, Juan Diego Gutiérrez Cortina, presidente de Gutsa, informó a los socios del WTC que, después de consultar el subsecretario de Hacienda, estaba dispuesto a aceptar 5 millones de dólares por el total de las acciones.

Sintiéndose acorralados, en marzo de 1992 los socios de Escala otorgaron un mandato a Bancomext para que vendiera las acciones a Gutsa, mediante un contrato “que en sí mismo era innecesario, toda vez que para entonces ya habían arrancado, por medio de engaños y violencia, el consentimiento de parte de los demandantes para la venta”.

En entrevista, Alfredo Suárez asegura que Pedro Aspe, de quien dependían Ortiz y Gil Díaz en Hacienda, tiene relaciones de parentesco con los hermanos Gutiérrez Cortina.

“Dos hermanas de Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa, están casadas con un tío y con el hermano menor de Pedro Aspe. Es una línea consanguínea muy fuerte”, asegura.