El Instituto Mexicano de la Juventud es cuestionado por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional ante el mutismo y la falta de iniciativa que ha demostrado en torno a los asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez.
No obstante que el 60 por ciento de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, son jóvenes de entre 13 y 27 años, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) no ha hecho siquiera algún pronunciamiento al respecto.
Esta falta de solidaridad llama la atención de Amnistía Internacional (AI), uno de los organismos más importantes a nivel mundial en la promoción y la defensa de los Derechos Humanos, y provoca una crítica severa ante la nula importancia que la instancia juvenil otorga al tema.
El director general de AI México, Carlos Mario Gómez, señala que la organización que representa expuso en agosto de 2003 al presidente Vicente Fox una relación de los asesinatos y desapariciones en la entidad.
El diagnóstico muestra que de los 370 casos que reporta el organismo internacional, el 60 por ciento son jóvenes, de ellas 111 eran estudiantes y 259 empleadas. “Con estos datos, se tiene una idea de la magnitud del problema y del perfil de las víctimas. Estamos hablando en primer lugar de mujeres, después de mujeres adolescentes, y por último, de mujeres adolescentes pobres”, señala Mario Gómez.
Por ello, AI advierte que “hay una tarea para el Instituto Mexicano de la Juventud, que no la vemos expresa en ninguno de sus planes de trabajo”. Además, agrega el activista, “en las comunicaciones que hemos tenido con funcionarios del instituto, pareciera que tampoco existe la noción, ni la idea de la problemática que se da en la entidad”.
Mario Gómez enfatiza que los esfuerzos para impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos en conjunto con el IMJ no han rendido fruto, y la justificación que ha recibido por parte del instituto es que son “otras las entidades federales y estatales las que estaban asumiendo la tarea”.
Para AI, el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez, sigue siendo responsabilidad del ejecutivo federal. Sin embargo, en la participación intersectorial de las entidades federales para el análisis, la prevención y el esclarecimiento de los casos, debe estar inserto el trabajo del IMJ.
“Se han hecho muchos esfuerzos, como la creación de la comisión especial para seguir los casos, a cargo de Guadalupe Morfín, por tanto hay una responsabilidad primaria del sector federal, en la que contribuye la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres y las unidades de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Nosotros participamos en una mesa intersecretarial, en la cual intervienen las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, y un grupo nutrido de organismos no gubernamentales que trabajan sobre el tema. En estas reuniones no participó el Instituto Mexicano de la Juventud”, critica Carlos Mario Gómez.
La justificación
Consultado al respecto, el director general del IMJ, Cristian Castaño Contreras, se negó a declarar al respecto bajo el argumento de un exceso de trabajo. En su lugar habló el subdirector de equidad y servicios a jóvenes del instituto, Roberto García Salgado.
García Salgado responde: “En el departamento no sólo trabajamos para las mujeres jóvenes, sino también para los hombres jóvenes y tenemos que brindar atención a 34 millones de personas entre los 13 y 29 años”.
El funcionario justifica que “como instancia federal, nosotros evidentemente estamos en una postura de preocupación, en una condición de querer ofertar lo que tenemos (y) lo hacemos para resolver estas cuestiones”. Sin embargo, el IMJ no cuentan con un programa contundente que esté relacionado con los casos de Ciudad Juárez.
“No es el Instituto Mexicano de la Juventud con una sola temática, puesto que tenemos 34 millones de jóvenes en ese rango de edad, por lo que debemos generar una serie de insumos y propuestas para las demandas de todos”, argumenta.
Deslinda a la dependencia juvenil de las críticas de AI. “Creo que a nadie mejor que a una instancia como el Instituto Nacional de Atención a las Mujeres, creada con ese interés y con esas propias políticas y programas le corresponde generar la mayor cantidad de alternativas, respuestas y opciones, a las que muy probablemente, y dependiendo de cuáles sean, podamos sumarnos como instancia federal en el apoyo.
Suma de reclamos
Ante el señalamiento de AI, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se suma al reclamo. Adriana Carmona, abogada encargada de dar seguimiento al esclarecimiento de algunos casos de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez habla al respecto:
“Hemos solicitado información en la comisión especial para seguir los casos, y no se ha dado a conocer cuál es la razón fundamental por la que el IMJ no forma parte de las acciones concretas a desarrollar en Ciudad Juárez y Chihuahua. Me parece grave la omisión sistemática del instituto ha venido haciendo para no responsabilizarse de la problemática, que por sí misma están obligados a atender”.
La abogada recuerda que cuando nace el INJ, en diciembre de 1998, surge como una demanda de la sociedad civil, y justamente se denota una necesidad de demostrar que la juventud está en condiciones de vulnerabilidad, debido a la falta de ejercicio de sus derechos, y porque uno de los puntos donde sufre este atentado y esta discriminación, es justamente en el mercado laboral.
Ante la inoperancia del IMJ, la Comisión manifiesta que es grave que guarde silencio, cuando es claro que se trata de mujeres jóvenes contratadas en condiciones de abuso o de falta de protección adecuada, y en horarios de alto riesgo.
Adriana Carmona convoca a la dependencia de los jóvenes a impulsar una fuerte visión de perspectiva de género, y de programas en Ciudad Juárez y Chihuahua muy específicos que tiendan a generar una cultura de equidad, prevención e investigación de los casos.
“Es importante que pronto el Instituto responda a esta responsabilidad, porque el gobierno mexicano va a ser duramente cuestionado por la Comisión de Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la omisión en la que está incurriendo al no responsabilizarse de impulsar programas contundentes para frenar esta violencia”, advierte.
