Sociedad  

A investigación fideicomiso carreteros

Nancy Flores
Las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes transfirieron de manera irregular más de 10 mil millones de pesos al fideicomiso Finfra, provenientes de varios subejercicios, en perjuicio de la Tesorería de la federación.

 

 


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Operado desde las oficinas de Luis Pazos de la Torre en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) confirma las sospechas que relacionan a los fideicomisos, mandatos y contratos análogos gubernamentales con acciones al margen de ley.

Y es que, por primera vez en la historia de los fideicomisos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una somera evaluación general sobre la situación que guardan estos polémicos contratos, ejecutados por la administración federal.

El máximo órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados señala que en el ejercicio fiscal 2003, el Finfra recibió en forma irregular más de 10 mil millones de pesos provenientes de subejercicios en las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recursos que según la ASF debieron enterarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

El Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2003 especifica que de este monto, la SCT, encabezada por Pedro Cerisola y Weber, transfirió 7 mil 616 millones 465 mil pesos, mientras que la dependencia encabezada por Francisco Gil Díaz aportó 2 mil 606 millones 764 mil pesos.

Heredado por la administración de Ernesto Zedillo, el Finfra se constituyó el 7 de diciembre de 1995. La SHCP era el fideicomitente y Banobras la fiduciaria, y su patrimonio ascendió a mil 700 millones de pesos. El fondo fue creado para promover la inversión privada en proyectos de infraestructura básica, por lo que dicho fideicomiso está facultado para otorgar apoyos de capital de riesgo y de capital subordinado.

Actualmente, el saldo disponible del Fondo de Inversión en Infraestructura asciende a 16 mil 728 millones 34 mil pesos, según da a conocer el anexo XV del  Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al primer trimestre de 2005 e integrado por la Secretaría de Hacienda.

Dicho documento también revela que en este mismo periodo los egresos se contabilizaron en 772 millones 805 mil pesos; recursos que fueron destinados a inversiones en proyectos carreteros, apoyos financieros diversos, estudios, honorarios fiduciarios y comisiones.

 

Participación de la SCT

CerisolaComo todos los fideicomisos que reciben recursos del erario público, el Finfra también se maneja al margen de la normatividad, advierte la ASF, y especifica que del amplio historial de anomalías descubiertas destaca la asignación de los 10 mil millones de pesos.

En este caso también sobresale el complejo manejo financiero, pues aunque el fideicomiso depende directamente de la SHCP, el 6 de agosto de 2003 dicha dependencia y la fiduciaria Banobras acordaron modificar el contrato original, con la finalidad de crear la subcuenta del Fondo Carretero (Foncar).

El Foncar está supeditado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sirve para financiar proyectos de infraestructura carretera concesionada de la red federal, cubrir el pago de obras públicas carreteras, estudios, proyectos, supervisión y servicios relacionados con dichas obras federales y concesionadas, y a la liberación del derecho de vía, así como la prestación de otros servicios.

El diputado perredista Tomás Cruz Martínez, integrante de la Comisión de Comunicaciones, considera que el secretario “Pedro Cerisola ha permitido que las decisiones fundamentales sobre financiamiento y construcción de autopistas recaigan en el consejo de administración de los fideicomisos, como el Fondo Carretero, y ha dejado que estas decisiones sean tomadas, fundamentalmente, por el secretario de Hacienda”.

En su informe, la ASF advierte que además de que el dinero transferido fue producto de subejercicios que debieron enterarse a la Tesofe, se descubrieron otras irregularidades. Como por ejemplo, que en las modificaciones del convenio del Finfra no se estipula el monto de las aportaciones que debe realizar la SCT, “por lo que no se puede determinar qué criterios se tomaron en consideración para transferir 7 mil 616 millones 465 mil pesos a dicho fondo”.

Pero las irregularidades van más allá, pues el informe revela que los recursos fueron desviados a través de la Dirección General de Carreteras Federales de la SCT. La investigación de la Auditoría Superior advierte que dicha área no consideró en su presupuesto recursos para aportaciones al Finfra, por lo que se efectuaron reducciones por mil 916 millones 465 mil pesos en el capítulo 6000, correspondiente a obra pública, lo que implicó tomar recursos de 31 proyectos.

Mediante una ampliación líquida, esta misma dirección recibió 5 mil 700 millones de pesos provenientes del Ramo 23. En este caso, la dirección justificó ante los auditores que los recursos correspondieron a ingresos excedentes de carácter excepcional, obtenidos en noviembre de 2003, por concepto de aprovechamientos. “Con estos movimientos presupuestales la dirección obtuvo un presupuesto modificado de 7 mil 616 millones 465 mil pesos”, aclara la ASF.

Otra anomalía relacionada con esta asignación millonaria tiene que ver con el destino del dinero, pues para la ASF, aunque el comité técnico del Finfra eligió 14 proyectos en el 2003, por 4 mil 63 millones 157 mil pesos, al finalizar el ejercicio fiscal de ese año sólo siete habían ejercido recursos por 289 millones 520 mil pesos.

Mientras que “al cierre de la auditoría (septiembre de 2004), el comité había autorizado en conjunto 22 proyectos por 6 mil 439 millones 900 mil pesos, de los cuales se habían erogado 2 mil 439 millones 476 mil pesos. De los mil 176 millones 565 mil pesos restantes, el comité técnico aún no determinaba los proyectos a los cuales destinaría estos recursos, por lo que se infringió el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2002”.

Por la importancia del monto involucrado, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) en la SCT que investigue las irregularidades, pues “se presumen hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, consistentes en haber transferido 7 mil 616 millones 465 mil pesos al fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, sin que dicha aportación estuviera determinada con base en proyectos que se pretendían realizar en el citado fideicomiso”.

El órgano de vigilancia señala que, en su caso, el OIC deberá  “iniciar el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión”.

Para el legislador Cruz Martínez uno de los grandes problemas relacionados con los fideicomisos, es que “actualmente no podemos fiscalizar, si lo que se dice que se ha avanzado es cierto o no, sobre todo si nos atenemos a lo que la ley decía en su momento, que los fideicomisos no podían ser auditados, pues ni la Cámara (de Diputados) ni la Auditoría Superior de la Federación podíamos meter mano”.

César Camacho QuirozAl respecto, el senador priísta César Camacho Quiroz, promotor de la iniciativa que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que permitirá acceder a la información fiduciaria, señala que “no puede haber ningún rincón en el que no puedan asomarse los ciudadanos y las organizaciones interesadas en cuál es el destino y el manejo de los recursos públicos, y los fideicomisos no tienen porque ser la excepción”.

Agrega que la opacidad en el manejo del erario vía fideicomisos motivó dicha iniciativa, “que califico como reforma de segunda generación, para perfeccionar el marco jurídico y permitir el acceso a la información de los fideicomisos públicos, por la simple razón de que el fideicomitente, es decir, el que aporta el capital, es el propio gobierno federal y los recursos son de origen público, en consecuencia no tiene porqué ser una zona opaca”, asegura Camacho Quiroz.

 

Las otras aportaciones

Aunque su participación en el Finfra se formalizó en agosto de 2003, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó otras dos transferencias económicas a favor de este fondo. En el ejercicio 2001 la asignación ascendió a 575 millones de pesos, mientras que en el 2002 la dependencia destinó 827 millones 419 mil pesos.

La entidad fiscalizadora considera que estas aportaciones realizadas desde la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) contravienen la normatividad vigente, pues la Secretaría omitió registrarlas dentro de los 60 días posteriores a su realización, y sólo lo hizo hasta finalizar en 2003.

Pero la lista de irregularidades no termina con las asignaciones económicas. De acuerdo con el informe, la DGPOP no cuenta con un control sobre la aplicación de los recursos que se aportaron al Finfra; además de que no registró como parte del patrimonio de la Secretaría las obras o proyectos realizados con estos recursos.

Otra irregularidad detectada consiste en que la dependencia encabezada por Pedro Cerisola tampoco cuenta con registros específicos acerca de los proyectos autorizados, ni de las aplicaciones económicas correspondientes a la subcuenta Foncar, en contravención de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental de “revelación suficiente”.

 

El Foncar

Uno de los capítulos más oscuros referentes a la administración del fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura, es el de la subcuenta del Fondo Carretero (Foncar). En este caso, la ASF descubrió que entre otras irregularidades las reglas de operación omiten establecer los lineamientos sobre el destino de los rendimientos obtenidos por los recursos públicos aportados.

Por este motivo la ASF pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “instruya a su representante en el comité técnico del fideicomiso para que defina el destino de dichos rendimientos. Además, el informe revela que tampoco se estableció una subcuenta específica para registrar las aportaciones y aplicaciones de los recursos del Foncar, en contravención del propio convenio modificatorio del contrato del Finfra.

Otra anomalía observada por la ASF consistió en la cancelación arbitraria de tres proyectos que, originalmente, la SCT debió financiar con sus recursos, pues fueron autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2003, pero que los hizo a través del Foncar.

El órgano de vigilancia documenta que aunque los tres proyectos (Cardel-Tihuatlan, Arriaga-Ocozocoautla; Ciudad del Carmen-Champotón) obtuvieron los recursos del Finfra por medio del Foncar, los montos designados fueron menores a los establecidos en el presupuesto.

Para la Auditoría Superior de la federación la SCT no presentó las justificaciones económicas, técnicas o financieras para su cancelación y posterior asignación de menos recursos, por lo que infringió el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2002.

Ante esta arbitrariedad, la Auditoría Superior solicitó al Órgano Interno de Control en SCT que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

Al referirse a la operación del Foncar, el diputado Tomás Cruz advierte que “lo delicado es que don Pedro (Cerisola) ha permitido que ahora (las decisiones en infraestructura carretera) se rijan no con criterios técnicos de comunicaciones, sino con criterios especulativos y ambiciosos propios del sector de Hacienda que encabeza el secretario Francisco Gil Díaz”.

Además, el legislador detalla que “uno de los fondos que se ha negado a transparentar el secretario de Hacienda es precisamente el Foncar, donde hay una bolsa de 60 mil millones de pesos anuales y donde el gobierno federal aporta una parte importante, pues la regla del Foncar es que por cada peso del erario la iniciativa privada pone 2.62 pesos, y que con estos recursos se están construyendo el Arco Norte y algunas autopistas en el país”.

Transferencia de la SHCP

Las asignaciones económicas hechas al margen de la ley no son privativas de la SCT, pues la investigación de la ASF también revela que la Secretaría de Hacienda transfirió a este mismo fideicomiso 2 mil 606 millones 764 mil pesos, producto de subejercicios. “Recursos que a la fecha de su recepción tampoco contaban con proyectos específicos para ser aplicados”, señala el informe del máximo órgano de fiscalización.

Los hechos, que ya son investigados por el OIC en la SHCP, fueron relatados por las autoridades de Banobras, las cuales aseguraron al auditor superior Arturo González de Aragón que la millonaria aportación depositada en la cuenta número 288-001-04-045-6 que la Banca Central administra a nombre del gobierno federal, fue realizada por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Publico el 31 de diciembre de 2003.

La fiduciaria reconoce que los recursos no contaban con proyectos específicos, por lo que su aplicación depende de los acuerdos que tome el comité técnico del Finfra. Ante esta anomalía, la Auditoría Superior recomendó a la SHCP que establezca los mecanismos de control que garanticen que antes de que se autorice la transferencia de recursos a fideicomisos, se destinen a proyectos específicos.

Ante la reserva mostrada por Hacienda, el senador Camacho Quiroz señala que “es importante escuchar republicanamente a los funcionarios de la Secretaría, pero mi convicción es que al final debe imperar la transparencia, la claridad en el destino del dinero que no es de una persona ni de una organización”.

Según la información oficial, el gobierno federal mantiene en operación 685 fondos que comprometen recursos por 190 mil 752 millones 800 mil pesos, de éstos, 581 son fideicomisos, 85 son mandatos y 19 son contratos análogos.

El Finfra y la subcuenta del Foncar son ejemplos de cómo se conducen estos contratos jurídicos que, amparados en el secreto fiduciario, incurren en múltiples anomalías. Ante las evidentes irregularidades, el diputado Tomás Cruz afirma que “el Foncar tiene que ser transparentado a pesar de la rebeldía del secretario de Hacienda”.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha negado a responder durante dos meses de espera sobre las imputaciones documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

 



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