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En diciembre de 2002 Lilia Cortés García, ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la directora general de Programación y Presupuesto “A”, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, por ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones, desvío de recursos federales y daños presupuestales. Cecilia Barra encabeza desde agosto de 2002 la Dirección General en donde se maneja el presupuesto de la Nación sin tener las facultades que le confiere el Reglamento Interior de la SFP; es decir, sin contar con las atribuciones legales, dice la denunciante. Mediante oficios turnados desde 2003 entre el Organo Interno de Control de la SHCP y la SFP se confirmó que Cecilia Barra no tiene atribuciones legales ni normativas para desempeñar sus funciones y, por tanto, su puesto en la SHCP, así como sus funciones, eran ilegales. La SFP no ha concluido las auditorias para determinar el daño presupuestal ocasionado por la funcionaria que hasta la fecha ha manejado alrededor de 4 billones de pesos destinados a secretarías de Estado, órganos administrativos desconcentrados, instituciones de salud y educación, paraestatales, fideicomisos y Presidencia de la República. Las auditorias para evaluar el daño presupuestal, entre otras irregularidades, continúan al interior del Organo Interno de Control en la SHCP, según informan en la oficina de la titular del área, Aída Amanda Córdova Chávez, quien se niega a comentar al respecto. En tanto, en la PGR no hay avances sobre la denuncia que presentó Lilia Cortés desde el 2002, la cual ha sido renumerada cinco veces y las amenazas contra Lilia Cortés no cesan, en un afán de intimidación para que abandone la querella contra la directora general de Presupuesto “A”, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
Carta a Fox, detonante Las acciones intimidatorios, que van desde agresiones físicas y verbales hasta amenazas de muerte, iniciaron en octubre de 2002, cuando Lilia Cortés envió una carta a la Presidencia de la República en la que narra con detalle los actos de corrupción que se registran en la secretaría que dirige Francisco Gil Díaz, particularmente en la dirección a cargo de Barra y Gómez Ortigoza. Desde entonces, Lilia Cortés tiene frecuentes enfrentamientos con individuos que le advierten que “deja en paz a Cecilia o de lo contrario te matarán”, señala Cortés García. En diciembre de 2002, Lilia Cortés presentó la denuncia ante la delegación de la PGR en el Distrito Federal por ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte”, integrada en la Averiguación Previa 3745/DDF/2002. Después de permanecer casi dos años empantanada, el delegado Rolando López Villaseñor argumentó “incompetencia” en el caso y la envió a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia (UEIDSPAJ), en donde fue renumerada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04. En una ampliación a la averiguación previa 42/UEIDCSPAJ/04, Lilia Cortés acusa al delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, y al oficial mayor Germán Gallegos Gutiérrez de tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público por “interferir de manera dolosa el avance de la indagatoria”. En la ampliación a su declaración el 19 de mayo de 2004, a pregunta del agente del ministerio público Giovanni Martín López, de que “¿Con que pruebas soporta su dicho?”, Lilia Cortés señala que en la averiguación previa – fojas 379 y 380- aparece una nota signada por el agente del Ministerio Público, Miguel Angel Castañón Camacho, quien afirma que el 25 de junio de 2003 informó al delegado de la PGR en el DF que había girado citatorios a seis de los inculpados. Ellos son: Cecilia Barra, su entonces asesor José Conpi; Rolando Méndez Chayeb, secretario particular; José Ricardez Pérez, coordinador administrativo; Rosaura Velarde Rodríguez, directora general de Recursos Humanos de la SCHP, y David Aguirre, actual coordinador administrativo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”. Y que una vez girados los citatorios, recibió una llamada telefónica, por el micro 3638 a las 19:45 horas, de Roberto Peña Mendoza, asesor del Oficial Mayor de la PGR, solicitando, en nombre de éste, datos de la averiguación previa y los motivos por los cuales se cito a declarar a los inculpados, señalándose que no podía informarle ya que se necesita la autorización del C. delegado, por lo que le pidió que lo localizara en los micros 0442 y 1819 o el celular 044 55 54 69 02 05. La consecuencia de estas llamadas fue que, aún cuando acudieron a declarar, “los inculpados tuvieron acceso a la averiguación previa sin declarar cosa alguna y sin obstáculo alguno, siendo ese mismo día que reasignaron la averiguación previa a otro Ministerio Público sin causa ni razón alguna”, indica la ampliación a la declaración de Lilia Cortés del 19 de mayo de 2004.
Querella contra Oficial Mayor El pasado 14 de julio Lilia Cortés presentó una denuncia ante la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR en contra del Oficial Mayor de la PGR, Germán Gallegos, y contra el delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando Villaseñor, así como contra el Agente del Ministerio Público de la Federación, Luis Cano Guerrero. Los acusa de los delitos de “usurpación de funciones, falsedad en declaraciones, ejercicio indebido del servicio público y los que resulten”. En la averiguación previa 192/DGDCSPI/04 la denunciante habla de “instrucciones” giradas por el oficial mayor de la PGR para “dilatar, entorpecer y retrazar el cause legal de la averiguación previa iniciada en contra de Cecilia Barra y Gómez Ortigoza”. Sobre su presunta implicación en el caso, se solicitó a través de la oficina de Comunicación Social de la PGR una entrevista con ambos funcionarios, pero la petición fue rechazada. Exhorto a la PGR La dilación con que han actuado tanto la PGR como la SFP en la resolución de este caso fueron motivo de un punto de acuerdo que aprobó el Senado de la República el pasado 15 de febrero, en el que se hace un exhorto al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para “que atienda y resuelva conforme a derecho y con las consecuencias legales a que haya lugar, las averiguaciones previas que obran en su poder, pidiendo se tutelen en todo momento de los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”. Se pide al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, que rinda “conforme a derecho, un informe de las diversas denuncias que ha presentado ante esa instancia fiscalizadora y ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las acciones legales que ha iniciado para resarcir los derechos humanos, laborales y civiles de Lilia Cortés”. Se exhorta además a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que investigue de manera formal la violación a los derechos humanos, laborales y civiles sufridos por Lilia Cortés a raíz de las denuncias de corrupción que hizo en Hacienda. Todas las dependencias citadas, según información del Senado, tienen de plazo hasta abril próximo para presentar los requerimientos de ese órgano colegiado.
PGR Cómplice La complicidad de la PGR con funcionarios de la SHCP no es casual, dice Lilia Cortés, y habla de la amistad entre Cecilia Barra y el Oficial Mayor de la PGR, Germán Gallegos. Cortés García guarda copias de las tarjetas de felicitación que con motivo de las fiestas de fin de año enviara Germán Gallegos a Cecilia Barra en noviembre de 2003, tarjetas que coronaban los regalos que se repartieron en la fiesta privada de la directora de Presupuesto “A”, apadrinada por el mismo oficial mayor. En entrevista, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez Carreño, reconoce la responsabilidad tanto de la PGR como de la SFP tanto en la integridad de Lilia Cortés como de que se resuelva de forma pronta y expedita los hechos por ella denunciados, que hasta el momento, indica el senador, se han visto frenados. -A partir de que denunciara presuntos actos de corrupción en Hacienda, Lilia Cortés ha sufrido amenazas, golpes e intimidaciones, ¿Qué cargos podrían fincarse contra los funcionarios de Hacienda involucrados? -Las irregularidades, e incluso la probable comisión de delitos que se refiere al manejo irregular de direcciones, está denunciado ante la Secretaría de la Función Pública. Pero derivado de esas denuncias la señora Lilia Cortés ha sufrido amenazas, agresiones y ha hecho pública su denuncia ante la PGR y ninguna de esas denuncias ha prosperado. Lo que ordenamos a través del punto de acuerdo es que se proceda conforme a derecho en ambos casos para investigar las irregularidades y si de eso se desprenden actos delictivos, que la PGR ejercite la acción penal correspondiente. ¿La denuncia involucra a funcionarios de la PGR por obstruir la investigación? -Así es, por ello el Senado exhortó a que se agilicen las averiguaciones, se asegure y garantice su integridad física, y se obligue a las autoridades a proceder conforme a derecho. ¿Cuál es la responsabilidad del secretario Francisco Gil Díaz? -Todas las responsabilidades por hechos delictuosos son responsabilidades personales, no colegiadas, pero en las indagatorias que realiza la Secretaría de la Función Pública si puede atribuirse una responsabilidad colegiada, una responsabilidad de toda la institución y desde luego como cabeza de esa institución a su titular. Esa responsabilidad administrativa la determinará la Secretaría de la Función Pública. ¿Considera que Lilia Cortés debe tener protección especial? -Sí. Aquí se está responsabilizando directamente a estas dependencias (PGR y SFP). Si existiera alguna comisión de los hechos como se han denunciado, las autoridades tienen la obligación de disponer de medidas cautelares, que tienen como propósito asegurar la integridad física de esta persona. Si no hay la atención se podría recurrir a organismos internacionales, porque se estaría hablando de una persecución que ya escaparía a una situación simplemente como persona y se revelaría que podría haber hasta un interés político, de Estado. El senador agrega que luego del exhorto (hecho público el pasado 15 de febrero), los funcionarios de la PGR, de la SFP y de la CNDH tienen de plazo hasta abril próximo en que concluye el periodo ordinario de sesiones para entregar los informes requeridos por el Senado; de lo contrario, dice, procedería una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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