Línea Global  

Mexicanos en el patíbulo.

Zósimo Camacho

53 ciudadanos mexicanos aguardan la fecha de su ejecución en cárceles de Estados Unidos. Culpables o inocentes, todos son víctimas de una pena que poco a poco se elimina de los sistemas jurídicos mundiales por su inutilidad y que se extiende a los familiares de los inculpados

 

 


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Los jueces lo hallaron culpable. La gravedad de los delitos que le imputan lo tiene a unos pasos del patíbulo, pero el castigo no sólo recae en Ángel Maturino Reséndiz, sino en toda su familia.

“Estoy agonizando en vida, estoy muriendo lentamente desde que se condenó a muerte a mi hijo. Y no sólo soy yo. Somos muchas más mujeres las que padecemos esta tortura lenta y escurridiza. Somos las madres de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos”, dice entre sollozos Virginia Reséndiz.

La esperanza de que finalmente su hijo no sea ejecutado lleva a la señora de 65 años a andar calles y oficinas de las ciudades de México, Durango, Chihuahua, Houston y Livingston.

Nacido en el pueblo de San Nicolás Tolentino, en Izúcar de Matamoros, Puebla, en 1959, Ángel Maturino Reséndiz fue encontrado culpable de violación  y asesinato de la doctora Claudia Benton. Pero las autoridades lo vinculan –aún si comprobar– con al menos diez asesinatos más. Y lo señalan como “el asesino de las vías del ferrocarril”.

Sus familiares no sólo han emprendido la defensa de Maturino con los medios a su alcance, sino que han tenido que enfrentar acoso y discriminación. Sobrinos del acusado han sido molestados en la primaria incluso por sus propios maestros al echarles en cara la conducta de su pariente. “Imagínate lo que sentirán esas familias perjudicadas por tu tío”, les dicen.

Pero el caso de Maturino Reséndiz es sólo uno de los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. De acuerdo con información proporcionada por la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las prisiones de California existen 30 mexicanos con sentencia de muerte; en Texas, 15; en Arizona, 2; y en Oklahoma, Nevada, Oregon, Nebraska, Ohio y Florida, uno por entidad.

En casi todos los casos (51) las autoridades de Estados Unidos violaron la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al no otorgarles el derecho de protección consular a los acusados. Así, se dieron casos de campesinos pobres mexicanos hablantes sólo de su lengua indígena que recorrieron los pasillos de la muerte durante 11 años antes de que se les informara que tenían derecho a protección consular.

No obstante que el gobierno mexicano encabezó y ganó un juicio contra Estados Unidos por este hecho el 31 de marzo de 2004, los gobernadores de todos los estados de la Unión Americana en donde hay mexicanos sentenciados a muerte, con excepción del de Florida, han manifestado su negativa de acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en la Haya.

Durante 2004 fueron ejecutadas en todo el mundo tres mil 797 personas, de las cuales el 90 por ciento fueron exterminadas en China, Irán, Vietnam y Estados Unidos. Además, ésta última nación es la que más ciudadanos extranjeros condena a la pena de muerte. Actualmente cerca de 130 personas de 29 países aguardan la muerte en sus prisiones.

La determinación de los gobernadores norteamericanos para ignorar el fallo de la Corte Internacional de Justicia contrasta con la indiferencia del Congreso mexicano y las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes ni siquiera han podido coordinar acciones conjuntas con el fin de presionar a las autoridades estadunidenses para que acaten el fallo ganado por el gobierno de México.

En enero pasado, por iniciativa de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Martínez Ramos y Eliana García Laguna, se aprobó un punto de acuerdo “para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores información del estatus actual de cada uno de los mexicanos condenados muerte en Estados Unidos y proponer la campaña nacional por la adopción y hermanamiento de legisladores mexicanos con los compatriotas condenados a muerte”.

Después de más de medio año, la secretaría no ha entregado la información solicitada y sólo diez diputados se sumaron al programa de hermanamiento. Sólo una legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Gámez, manifestó su intención de integrarse a la propuesta. Los demás legisladores del blanquiazul, entusiastas promotores del programa “adopta a un preso político cubano”, guardaron silencio.

“La indiferencia de los diputados con respecto a los mexicanos condenados a muerte sorprende y se debe a que los legisladores creen que no deben vincularse con temas que, juzgan, son de criminales”, dice Eliana García Laguna.

Por su parte, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Consejo de Política Soberana de los diputados del PAN, considera que no es necesario un programa como el que los panistas impulsaron para quienes consideran presos de conciencia en Cuba.

“Me queda clarísimo que (los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos) no necesitan en términos específicos de un hermanamiento político, toda vez que están teniendo apoyo específico, claro y contundente de nuestro gobierno. En dado caso, sería sumarnos a una acción de nuestro Ejecutivo, que los está apoyando. Y que no sea una cuestión de partidos, sino de legisladores mexicanos.”

El legislador agrega que por “coherencia” el Estado debe defender a los mexicanos sentenciados en Estados Unidos. “Si a nivel nacional hemos cuidado los derechos humanos, también lo tenemos que hacer allá fuera, máxime si estamos hablando de mexicanos. Lo que se logró (el fallo de la CIJ) es un hecho inédito, y hay que reconocerle esto al gobierno y felicitarse por ello”.

José Antonio Aguilar Iñárritu, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, considera que un programa de hermanamiento es un instrumento importante pero que sólo impacta desde el punto de vista político.

“La verdad es que nosotros tampoco podemos, a través de ninguna propuesta de orden político, vulnerar la decisión soberana de otras naciones. Más allá no se puede hacer nada.”

El legislador considera que incluso estos asuntos de mexicanos condenados en Estados Unidos se deben integrar en una agenda bilateral específica.

“Lo que tenemos ahora es un fracaso de la política exterior del gobierno de Vicente Fox. Una política que no es otra cosa que subordinación creciente. Y el gobierno mexicano ha querido ver todo en el marco de una negociación migratoria que no resuelve la complejidad de la relación bilateral. La relación con nuestro vecinos del norte debe ser un tema de debate nacional.”

Aún no hay fecha para la ejecución de ninguno de los 53 mexicanos procedentes de 16 estados de la República condenados a muerte en Estados Unidos. Los estados de origen de la mayoría de estos presos son Chihuahua, Jalisco, Baja California y Michoacán.

Eliana García Laguna considera que todos los casos son importantes, pero toda vez que ya se cuenta con el respaldo de la CIJ se debe presionar para que, de entrada, se repongan los juicios de los mexicanos que no tuvieron derecho a protección consular.

“Lo que la Corte Internacional determinó fue solamente que se anulara la sentencia y se les diera derecho al debido proceso. Es decir, que se cumpla con lo que la propia ley establece para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Y es que muchas veces lo que se castiga no es la culpabilidad penal, sino la pobreza y falta de recursos para contar con un asesoría jurídica capaz de competir con los abogados de las fiscalías estadunidenses.”

El tercer Visitador General de la CNDH, José Antonio Bernal, dice que la pena de muerte en Estados Unidos se aplica generalmente en personas cuyo origen son los grupos minoritarios de afroamericanos o latinoamericanos.

Y es que es común que el caso de “alguien de raza blanca y que cuente con buenos abogados no llegue a la pena de muerte”.

Agrega que, además, la pena de muerte no ha resuelto en ninguna parte del mundo el problema de la inseguridad. Ni siquiera el de la delincuencia organizada.

En el caso de los mexicanos detenidos en Estados Unidos la situación es más grave porque los mexicanos no conocen sus derechos. Y si caen en manos de un defensor público, éste trata de resolver el asunto lo más pronto posible sin que le importe demasiado hasta dónde llegue la sentencia para el mexicano.

José Antonio Bernal agrega que, “a veces, con el fin de terminar pronto con el caso, los defensores públicos convencen a uno de nuestros connacionales para que diga que sí cometió el ilícito y que le van a poner una pena muy baja. Y resulta que cuando viene la sentencia es una pena gravísima”.

Mientras, Virgina Reséndiz sigue tocando puertas. Se ha vuelto activista en contra de la pena de muerte y organiza, desde ciudad Rodeo, Durango, una asociación en defensa del migrante.

Reconoce “los errores y daños” de su hijo primogénito, pero se los atribuye a una enfermedad mental producto de dos golpizas recibidas por estudiantes y policías. Su trajinar, que inició al casarse con un militar al que constantemente lo cambiaban de zona, no ha terminado. Su obsesión por el orden es conocido y temido por sus nietos. Saben que su abuela no tolera ni una hoja de papel en el patio.

 “Yo no le aplaudo a Ángel por lo que hizo; pero vean que está enfermo. Yo sé amar y perdonar. Y pido perdón por mi hijo. Y así iré mientras sea necesario: pidiendo perdón y justicia verdadera para mi hijo.”

 

Publicado: Septiembre de 2005



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