Contralínea  

El acoso a transexuales

Paulina Monroy
Preservar su identidad los vuelve inexistentes para las estadísticas, les arrebata el derecho elemental a la salud y a las garantías laborales y civiles: son los transexuales mexicanos que viven en el desamparo de la Ley y en la marginación de la sociedad

 

 


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Irina Echeverría es una mujer rubia y delgada a quien la polineuropatía degenerativa crónica postró a una silla de ruedas. Hace cuatro años inició su proceso de reasignación de sexo y se niega a rendirse ante el acoso y el asedio. Ella no teme decir: “soy mujer, me siento mujer, me encanta sentirme mujer y me llamo Irina”.

Con ese mismo brío y frente a las humillaciones y la indiferencia política y social, las personas transexuales defienden su identidad. Desatendidos legalmente y expuestos a la discriminación, en México los hombres y las mujeres transexuales cruzan un camino lleno de atascos para preservar su identidad.

Vulnerable a la burla y a la violencia, Irina vive un doble rechazo. Tras iniciar su proceso transexual, la incomprensión a su discapacidad se transformó en homofobia. La construcción de una rampa de acceso en la unidad habitacional donde vive detonó la batalla de Irina. Luego del rechazo de la asamblea vecinal para instalarla, Irina se vio obligada a construirla en su jardín trasero.

Con su reasignación de sexo, los vecinos de Irina y el propio administrador del edificio, se valieron de insultos y agresiones para intimidarla. Ella soportó que la llamaran “puto”, “maricón”. Su departamento se volvió el lugar preferido para depositar basura y animales muertos.

Pero la rabia fue más allá. A pesar de su discapacidad Irina fue demandada por sus vecinos ante la Procuraduría Social del Distrito Federal por supuestamente invadir con su rampa un área común. La joven reaccionó interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público en contra del administrador del edificio por discriminación.

Pero el trato de las autoridades no fue distinto: “cuando el funcionario de la Fiscalía, Juan Manuel Chao, se percató de que físicamente soy mujer pero en mi credencial de elector me veo como varón, su actitud cambio radicalmente al grado de correrme. Al identificarme dejé de ser 'señorita' para convertirme en 'mano' y después objetó que mi demanda no procedía porque se trataba de pleitos vecinales”, dice Irina Echeverría. Ante el trato, ella lo acusó de negligente en la Fiscalía para Servidores Públicos del Distrito Federal. La denuncia sigue en proceso. 

Luego de una audiencia con el procurador Bernardo Batiz, procedió la demanda por discriminación: “a partir de esa reunión el procurador giró instrucciones a todas las agencias del Ministerio Público para tratar con respeto a las personas transgénero. También determinó que al momento de presentarse se asentara en el acta el nombre con el que se identifica emocionalmente. Ahora las actas dicen que me presenté como Irina Echeverría”.

Además de esa denuncia, la joven presentó una queja contra cuatro vecinos que la denigraron ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Tres de ellos se presentaron para dirimir las diferencias, negaron toda imputación y le exigieron un examen pericial psicológico “para ver si no soy yo misma la que me discrimino y los culpo a ellos”. Irina rechazó la conciliación.

En su lucha por defender su dignidad, Irina envió cartas a la Dirección de Participación Ciudadana de la delegación Tláhuac, donde radica. Ella recuerda la brusca respuesta: “Se dirigieron a mí como 'señor que firma como Irina'. Aunque dicen que recibí un trato de respeto se trata de una agresión porque mi nombre es Irina, gústele a quien le guste. Si ellos reconocieran o respetaran mi reivindicación como mujer no tendrían porque usar ese lenguaje tan violento, ni dirigirse a mí en género masculino”.

En lo referente a la rampa que Irina necesita para acceder a su hogar, pues es una persona con capacidades diferentes, la Dirección de Participación Ciudadana falló a favor de los vecinos de la unidad habitacional en Tlahuac. El proceso de demolición emprendido por la delegación se detuvo gracias a la intervención del Conapred.

Hasta ahora las denuncias por discriminación todavía no han encontrado una resolución. “Es triste tener que exigir ese respeto que debe ser normal, lógico y hasta elemental”, lamenta Irina. 

Reasignación de sexo

En la infancia Manuel Alejandro decidió que no volvería a usar falda: “Siempre me sentí hombre, nunca me vi, ni me sentí mujer”. Manuel es el primer caso de transgenerismo de mujer a hombre que inició un juicio para rectificar su identidad en el acta de nacimiento.

A pesar de ser reconocido socialmente como Manuel, María, su antiguo nombre, sigue encabezando sus documentos oficiales. Orgulloso porque hoy puede presumir una identidad que va acorde a lo que siempre fue: un varón, Manuel como otras personas transexuales, vivió una incongruencia de género. 

El doctor Juan Luis Álvarez-Gayou, director del Instituto Mexicano de Sexología (Imesex), explica que “la transexualidad está definida como una condición donde las personas presentan una discordancia entre su sexo y su identidad de género, que es la percepción subjetiva de sentirse femenina o masculino: una mujer en un cuerpo de hombre o un hombre en un cuerpo de mujer”

Según la Asociación Internacional de Disforia de Género Harry Benjamín, “la mente no puede ajustarse al cuerpo y el cuerpo debe ser cambiado para adaptarse a la mente”. Por lo que el proceso de reasignación de sexo comienza con una terapia psicológica de al menos dos años en los que se inicia el tratamiento hormonal y finalmente la cirugía.

En México no hay una estadística que mida los casos sobre reasignación de sexo; sin embargo, el Imesex recibe alrededor de una a dos personas interesadas al mes. El doctor Álvarez-Gayou indica que uno de cada 30 mil nacidos es transexual: “la proporción de hombres que realizan su reasignación es de tres a uno con respecto a mujeres con reasignación”, comenta.

Hazel Gloria Davenporth que preside la organización civil Transexualis- nación trans atribuye que los casos no se contabilizan a causa del disimulo: “muchas personas trans, después de recorrer todo el camino para lograr su cambio, tratan de mimetizarse y esconderse para empezar a curar heridas”.

Para Álvarez-Gayou la transexualidad debe tratarse como un tema prioritario: “es un trastorno que necesita un tratamiento médico. En el sector salud no se tienen los protocolos, los reglamentos, ni los sustentos para atender a estas personas”.

En ninguna institución pública se practican estas cirugías que pueden ascender hasta 100 mil pesos en un cambio de masculino a femenino y hasta 200 mil para el caso contrario. Los altos precios y la falta de una política en seguridad y salud llevan a muchas personas transexuales a automedicarse o caer en manos de cirujanos que no son profesionales.

En el Imesex es posible encontrar orientación y atención al respecto, no obstante, a nivel nacional no hay ninguna política de salud que atienda este campo. “Se trata de ayudarlos a manejar la presión social, laboral y familiar. Las personas transexuales se sienten estigmatizadas, señaladas y frustradas porque no se les reconoce como personas con derechos”, afirma Álvarez-Gayou. 

El director del Imesex atribuye esta situación a una deficiente educación sexual. “El rechazo a las personas transexuales es por desconocimiento. Hay funcionarios públicos que no tienen idea de cuestiones sobre sexualidad y piensan que son viciosos o desviados por la tremenda desinformación. Una persona transexual es un ser humano exactamente igual que yo, nada más que con una condición de vida diferente”.

Los Velos

Hazel se dio cuenta de su transexualidad desde muy temprana edad. El rechazo social ha limitado su vida. “Tuve que estudiar mi carrera como hombre. De haberlo hecho más joven no hubiera estudiado, porque en México una niña transexual es rechazada por su familia, entonces hay que aguantarse e intentar 'curarse'”, explica.

La también periodista y coordinadora de la mesa de análisis del grupo 21 LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual) de Amnistía Internacional, tiene un postgrado por la Universidad de La Habana pero, a pesar de sus logros académicos, se dedica a la venta de velas. No recibe un salario fijo por sus colaboraciones periodísticas y desde su cambio de sexo no ha encontrando una respuesta favorable en la búsqueda de un trabajo bien remunerado. Aún así afirma: “no cambiaría mi vida, ya viví una vida masculina 35 años y creo que ser quien eres implica tener valor”.

Además de las dificultades para ejercer su profesión, en la mayoría de los casos las personas transexuales deben enfrentar acoso laboral. Davenporth describe así la situación de una mujer transexual que estudió ingeniería y hoy trabaja en el área de mantenimiento en un centro comercial: “la obligan a ir vestida de hombre o no tan femenina como ella quisiera. Todo el tiempo tiene que aguantar insultos y comentarios despectivos sobre sexualidad, no es tratada como mujer ni como hombre y la ven como un bicho raro”.

Desde esta perspectiva entre las propuestas de la organización Transexualis, nación trans está la inclusión de personas transexuales y transgénero en los proyectos laborales del gobierno a nivel federal. “Al jefe de gobierno Alejandro Encinas le entregué nuestro proyecto y hasta el momento no hemos obtenido respuesta”, indica su dirigente.

La discriminación laboral también se traduce en el sexo servicio. Para Davenporth al no considerárseles en programas de empleo se les obliga a subemplearse en la prostitución: “están construyendo una fábrica de prostitutas. Es otra de las hipocresías de la administración”. 

Denuncia incluso que hay operativos de limpieza social en contra de los transexuales, como el ejecutado por las autoridades capitalinas cuando buscaban a la llamada “mataviejitas”.

A mediados del año pasado la Procuraduría realizó operativos contra trabajadoras sexuales transgénero. La medida afectó a casi 50 sexoservidoras que fueron detenidas de manera violenta y obligadas a proporcionar sus datos personales, huellas digitales y a pagar una multa de mil 400 pesos. El procedimiento fue desaprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por organizaciones trans.

“No pueden evitar que existamos y tienen que aceptarlo. No es con invisibilidades legales o con persecuciones públicas que se va a acabar. Las autoridades tienen la obligación de responder a las necesidades de las personas transexuales, porque cada vez que yo compro una pantimedia le estoy pagando el sueldo a funcionarios que me niegan mis derechos”, dice Hazel.

Otro problema que enfrentan las personas transgénero y transexuales es el desamparo a nivel penitenciario. Acorde a la periodista, “si una mujer transexual es detenida, es llevada a una prisión para hombres donde es violada, golpeada y se le quita el acceso a sus hormonas porque lo conciben como un capricho. El Estado entonces se convierte en un asesino: quitarles las hormonas significa aumentar las posibilidades de adquirir enfermedades graves”.

Un avance en el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género fue la Ley de Sociedades de Convivencia, aún atorada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aunque impulsada por la mayoría perredista, la iniciativa no ha visto mejores tiempos. Para Davenporth esto se debe a incongruencias políticas e ideológicas del partido y a la actitud de la iglesia y otros sectores conservadores. “Exterminan, invisibilizan socialmente a un sector de diversidad social”.

Vivir con miedo

La discriminación para Manuel Alejandro se vuelve tan cotidiana como un viaje en autobús: “al momento de entregar mi boleto, los guardias de la policía se empiezan a reír y alegan que yo no soy la mujer de la credencial que les mostré. Para cuando logro subir a mi asiento, los pasajeros se burlan y me llaman 'la mujer con barba'. Llega el momento en que uno mejor se ríe”. 

La discriminación está definida por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

Del mismo modo el Conapred asienta que “el miedo a la diferencia, alimentando por la ignorancia y los prejuicios ancestrales, provoca que las personas sean agredidas y no se respete su manera de ser y el derecho de cada quien a ejercer su sexualidad conforme a su preferencia”.

Para Arturo Díaz Betancourt, encargado del área de Preferencias Sexuales en el Conapred, la raíz del miedo es la misma base de la discriminación de género: “Tiene que ver con cómo nos constituimos como hombres y como mujeres mexicanas a partir de la hegemonía del género masculino. Quien ejerce el poder en una sociedad como México son los hombres, entonces, una persona transexual está violentando la formación tradicional de género en las sociedades patriarcales, es decir, está atentando contra el poder masculino”.

La discriminación castiga con la homofobia a quienes no cumplen con los roles establecidos, desde la burla hasta la negación de derechos o incluso los asesinatos, agrega Betancourt.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas del 2001 arrojó que el 66 por ciento de los mexicanos entrevistados no compartiría techo con una persona homosexual o transgénero y la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia contabilizó 290 asesinatos por este motivo entre 1995 y 2003. 

Betancourt precisa que transitar por el género, como es el caso de transexuales, travestís, drag queens y metrosexuales, “no es una enfermedad, simplemente quieren cambiar su identidad y tienen derecho a hacerlo. Por ello, en la lucha contra la discriminación de género se debe incluir el tema de la transexualidad”. 

Desde la conformación del Conapred sólo se han recibido tres quejas por discriminación a personas transexuales. El encargado del área de Preferencias Sexuales del organismo atribuye dicha escasez al ambiente de segregación: “La mayoría pide asilo en otros países porque aquí corren el riesgo de ser agredidas. Al año hay alrededor de mil solicitudes”.

Identidad: los escollos legales 

En México la identidad de personas transexuales no está amparada por la Ley, de hecho la transexualidad sólo está contemplada en el Código Civil de Morelos como causal de divorcio.

En contraste, países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Holanda, Italia y Australia tienen reformas jurídicas que facilitan la rectificación del acta de nacimiento por esta condición. Mientras que en Cuba y España se discute la aprobación de una ley que garantice esta modificación y en su caso la operación quirúrgica para el cambio de sexo.

A partir del 13 de enero de 2004, sin referirse abiertamente a la transexualidad, la modificación al Código Civil del Distrito Federal significó, a criterio de especialistas, su aceptación legítima: “A través de estas reformas se reconoce el derecho que tiene una persona transexual a ver rectificada su acta de nacimiento en cuanto a la mención del nombre, sexo e identidad de la persona”, apunta Víctor Hugo Flores Ramírez, jurista y asesor legal en reasignación integral de sexo/género por transexualidad. 

El entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, envío el conjunto de adiciones que exponían la modificación a los artículos 135 y 138 bis “para precisar los supuestos en que proceden las rectificaciones y las aclaraciones de actas del Registro Civil con el fin de otorgar a los habitantes del Distrito Federal certeza jurídica”.

Para Flores Ramírez la reforma representaba un gran paso en el reconocimiento jurídico de personas transexuales: dejaba al margen el arbitrio subjetivo del juez. Actualmente el Registro Civil continúa obstruyendo el proceso con alegatos que prolongan la causa hasta por años.

Ejemplo de ello es el caso de Manuel Alejandro, quien inició este proceso en septiembre pasado con el objetivo de adecuar el acta de nacimiento a su realidad social. Ya no es María, hoy es Manuel, un estudiante de derecho que está a punto de finalizar sus estudios. De no ganar el proceso, podría perder la validación de su carrera, pues sería María y no Manuel la certificada como abogada: una María que ya no existe. 

“No quiero que mi cédula profesional diga María. Ahora tengo problemas, para empezar mi servicio social: a dónde voy a ir porque en la carta de presentación me identifican como que María es la solicitante y voy a tener que dar la misma explicación. Es desgastante. Ya me imagino después de terminar mi carrera con una cédula que dice María. ¿Ante quién me voy a poder presentar para obtener un trabajo? Me limita en todos aspectos”, alega.

A Manuel lo han acusado de fraudulento por no contar con un acta de nacimiento que acredite su nueva realidad: “Tengo problemas en todo lugar a donde voy a tramitar alguna identificación, dudan que sea yo. Al mostrar mis documentos bancarios, pasaporte, licencia de manejo no creen que se trate de mí. El Registro Civil al revisar mis certificados escolares como María, argumenta que siempre me he identificado así, pues sí, pero toda mi vida me he expresado como varón y si mi cuerpo está respondiendo a una identidad masculina, ¿por qué mis papeles tienen que ir como de María?”.

Víctor Flores Ramírez, quien tiene cinco años de experiencia en juicios para tramitar la rectificación de actas de nacimiento, señala los trámites legales se complican. “La primera instancia puede durar hasta un año. Inicialmente no contestaban las demandas, pero después se convirtió en un litigio y ahora necesitan no sólo pruebas documentales, sino pruebas periciales. Entonces, más allá de un simple juicio con documentos, testigos y confesionales, se reduce a un pleito de peritajes en genética, endocrinología, sexología y psiquiatría entre ambas partes”.

El litigante acusa que, “si bien el Registro Civil tiene sus peritos, proporcionados por el propio gobierno del Distrito Federal, hay manipulación”.

Manuel, antes María, explica que, en su caso, el Registro Civil le respondió que “mis manifestaciones son incongruentes, que si pretendo crear una doble personalidad, que mis padres me descuidaron y por culpabilidad aceptaron mi cambio de nombre. Es hiriente, dicen que pretendo confundir al juez, que estoy en una situación anormal, que tengo daño psicológico y emocional. Argumentan que mis médicos actúan con poca ética. Insólitamente contestaron que no por cantar, gritar, patalear o incluso emborracharme soy hombre. Dicen que tengo manías de travestí, perversiones, desviación psicológica, padecimiento sexual mal atendido. Me sugieren que vaya a un psiquiatra profesional y que no tengo la capacidad para pedir la rectificación”.

Ante situaciones como ésta Flores Ramírez afirma que los demandantes se sienten ofendidos incluso por el dictamen pericial. “El contenido lleva interpretaciones en contra”. Después de dicha respuesta se hizo una promoción donde le recomiendan al juez encargado a instigar al Registro Civil a mantenerse con la mayor seriedad y apego a la ley, pues de lo contrario se les multaría con 100 días de salario mínimo.

Además de esas argucias legales, el Registro Civil solicitó a la Secretaría de Defensa Nacional el comprobante de servicio militar de Manuel Alejandro. “Actualmente el juez pide oficio a todas las dependencias de gobierno para poder acreditar toda la base de datos que tiene el gobierno sobre el demandante. Con ello acreditan que su credencial de elector, licencia de conducir, título profesional está a su nombre, entonces preguntan cuál es el problema. Por desgracia con el procedimiento sale a relucir que la persona ya tramitó documentos con base en su identidad actual, es decir que cometió un delito por falsificación. Por ello mucha gente teme interponer el juicio”, expone el abogado Flores Ramírez.

De no ganarse el juicio ordinario, al proceso habría que sumarle casi tres años más entre apelaciones, la resolución de un tribunal colegiado y el amparo. En caso contrario, el proceso para insertar el acta de nacimiento rectificada en todas las dependencias dura tres años. 

Una vez obtenida la sentencia a favor, al margen del acta de nacimiento de Manuel se podrá leer que hubo una rectificación y que María se llama Manuel, lo que en opinión del joven “se presta a más actos de discriminación”. De adquirir una sentencia en contra, Manuel no tendrá otra posibilidad de pedir la rectificación.

Flores adjudica la negativa del Registro Civil a su rechazo al aumento de solicitudes: “no quieren que se les vaya todo el mundo encima, pero los solicitantes están en todo su derecho y el asunto es totalmente individual, no perjudican a terceros. El gobierno no va a acceder a una conciliación en la materia, su política es no otorgar las rectificaciones por esa causa y judicialmente hay que seguir peleando”.

Davenporth, dirigente de Transexualis, nación trans, afirma que “estamos luchando porque en nuestro país se ejerza una modalidad legal llamada 'identidad cotidiana', que ya se aplica en Inglaterra, gracias a la cual la persona tiene derecho a su propia identidad y el Registro Civil tiene la obligación de reconocerlo. Entonces basta con que la persona demuestre que está en un proceso transexual por su voluntad y que se está bajo proceso médico, sin el requisito de la cirugía”. (Con información de Paola Sarabia y Nancy Rodríguez)

 

 

Publicado: Abril 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.54



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