Contralínea  

Vulneran confidencialidad de 34 millones de trabajadores

Fabiola Nieto y Claudia Villegas
La información privada de unos 34 millones de trabajadores ha estado en riesgo por casi 10 años, desde que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda concesionó a una empresa privada, en el mayor de los sigilos, la base de datos personales como domicilio, salario, número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) y hasta el  monto de sus ahorros destinados a las pensiones y a la adquisición de vivienda.

 

 


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La empresa Procesar, administradora de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), ha tenido que acudir hasta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender reclamos de cientos de trabajadores que consideran que sus garantías individuales han sido quebrantadas en el manejo de sus ahorros para el retiro, administrados a través de las Afores.

Y estos quejosos que sienten vulnerados sus derechos humanos no podían estar más acertados, pues la información privada de las personas, sus datos personales, debe ser vista como un asunto de seguridad nacional, pues la vida privada de los mexicanos se encuentra en los mayores niveles de protección por parte de la Constitución y en consecuencia el gobierno federal, garante de ello, es el único responsable del resguardo y buen uso que se le dé a los datos personales, situación que no ha ocurrido durante los últimos nueve años, pues la base de datos personales se entregó para su resguardo a una empresa privada mexicana asociada con la empresa estadounidense: Sungard.

Así, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo quinto, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, reputación, vida privada y familiar”; en esta misma declaración, en el artículo octavo, se fundamenta que “toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”.

Por ello, es una violación a las garantías individuales y a los mismos derechos humanos de las personas el hacer mal uso de los datos personales que se han confiado para su custodia al gobierno federal.

En el caso de la empresa privada Procesar, ésta realiza a través de sus sistemas de cómputo operaciones por más de 18 mil millones de pesos entre traspasos de saldos de fondos para el retiro y nuevas aportaciones para las pensiones correspondientes a los 34 millones de trabajadores mexicanos, lo cual de acuerdo con las leyes mexicanas debería estar reservado por el gobierno federal.

Sin embargo, la concesión otorgada por 10 años a la empresa Procesar para administrar la base de datos personales más grande del país, concluye en diciembre de 2006, y ahora sus accionistas se preguntan si vale la pena permanecer en una compañía en la que no es posible generar utilidades ni incrementar las comisiones por sus servicios y mucho menos repartir dividendos.

Se trata de una base de datos personales con más de 2 mil millones de registros. Un verdadero tesoro para el sector comercial y financiero, pues en ningún país del mundo se centraliza tal cantidad de información sobre pensiones. Sin embargo, no se encuentra bajo la custodia de una entidad gubernamental, sino de una empresa privada en la cual los accionistas son, precisamente, los bancos privados y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Aún en ciernes, pero con el respaldo de los preceptos constitucionales, las legislaciones que protegen a las personas y sus datos personales de un mal uso, buscan garantizar que se utilice esta información  sólo para los fines específicos y con la confidencialidad que el propietario de la información necesita, de tal manera que el usuario no pierda el control de los mismos y, en todo momento, sepa quién tiene sus datos, para qué los utiliza o a quién se los cede o comunica.

Pero la empresa Procesar, propiedad de bancos y Afores, no sólo custodia, opera y gestiona los recursos vinculados con la base de datos personales más grande del país, tiene la obligación, de acuerdo con su título de concesión, de garantizar la total confidencialidad de información que constituye un bien público federal.

Procesar cuenta con estrictos controles y supervisión por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) que, hasta ahora, no ha impulsado la participación de otras empresas en el manejo de esta base de datos con el ánimo de no dispersar los controles y vigilancia.

Sin embargo, será durante los próximos meses cuando la propia Consar y la Secretaría de Hacienda analicen si se refrenda la concesión de Procesar que en diciembre de 2006 cumplirá los 10 años de vigencia permitida o modificará el esquema de control de esta información que representa, sin duda alguna, un tema de seguridad nacional.

Por ahora, una empresa privada mexicana que contrata los servicios de una compañía estadounidense como Sungard, es la responsables del manejo informativo de datos personales de 34 millones de personas.

Aún más, a pesar de que el gobierno considera a esta base de datos un bien público federal, cuya administración podría requisarse en caso de algún conflicto, la fiscalización de su operación tampoco está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino del despacho privado de auditores Price Waterhouse and Coppers.

Constituida en 1996 y diseñada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (Consar) y el IMSS, la compañía Procesar, única concesionaria de la administración y custodia de la base de datos del SAR, es la responsable de la seguridad e integridad, pero sobretodo de la confidencialidad de la información de los trabajadores acreditados ante el sistema individualizado para el retiro.

 

Control de empresas privadas

Los accionistas de esta singular compañía son 15 de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que operan en el mercado mexicano y seis bancos que reciben la recaudación del IMSS. Además, en lista de espera para formar parte de su capital, se encuentran los bancos Inbursa, IXE  y Bajío.

Sin embargo, el interés por participar en esta empresa no radica en la rentabilidad que reportan las operaciones de Procesar que, junto con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es uno de los pocos monopolios que operan en el mercado mexicano, a pesar de que la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro sí contempla la posibilidad de que otras empresas participen en la administración de la base de datos del SAR.

El gran incentivo es que, después de una crisis bancaria y de la mala experiencia a cargo del gobierno federal para individualizar las cuentas del SAR 92, las Afores necesitaban una entidad que centralizara y operara de manera eficiente la información del nuevo sistema de ahorro para el retiro, su principal fuente de negocios.

Su operación, finanzas y resultados son tan secretos como la base de datos que debe custodiar. Las oficinas centrales de Procesar están equipadas con un circuito cerrado de cámaras que vigilan y graba a cada minuto al personal y visitantes que ingresan.

El personal de Procesar cuenta con una tarjeta personalizada que también registra el ingreso a cada área del edificio. Además, las computadoras de escritorio que se comunican a un sistema central de cómputo carecen de unidades para descargar información, con lo que se busca evitar el robo de cualquier tipo de datos. De hecho, por cuestiones de seguridad el site central que controla todo este cúmulo de información no se alberga en el mismo edificio de las oficinas centrales de Procesar, en la colonia Anáhuac de la ciudad de México, sino en el Centro de Cómputo Diveo en Interlomas con respaldos en Metepec y operados por la compañía estadounidense Sungard, especializada en la recuperación de información en momentos de crisis y que destacó por su actuación en Nueva York después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. De manera adicional, en el Centro de Cómputo de Diveo un robot se encarga de almacenar la información. 

Para trabajar con Procesar, Sungard tuvo que acelerar sus proyectos de expansión en México y construir su Centro de Cómputo en Metepec, pues la base de datos de Procesar, por tratarse de un bien público federal, no podía salir del territorio nacional.

Procesar también es  responsable de la identificación de las cuentas individuales para su ubicación en las distintas Afores, de la certificación de los registros y el control del proceso de traspasos de fondos, así como de instruir al Banco de México sobre la distribución de los fondos de las cuotas recibidas para cada una de las administradoras.

¿Por qué una empresa privada controla esta gran responsabilidad? Esa es la pregunta que también se ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues después de los trabajadores que cotizan en el sistema individualizado de pensiones, las principales beneficiarias del manejo eficiente de los saldos de estos fondos, de los traspasos y de la información general son, precisamente, las Afores y los bancos, accionistas de Procesar.

¿Cómo se garantiza que la información de esta gigantesca base de datos y que su administración no beneficie en mayor medida a sus propios accionistas? ¿Se encuentra a salvo este bien público, considerada información federal, de problemas como el robo de bases de datos para su comercialización ilegal, como ya sucedió con los datos del Instituto Federal Electoral?

En entrevista, Salvador Alonso y Caloca, director general de Procesar, acepta hablar sobre las entrañas de esta compañía con una estructura única en el mundo. El también ex funcionario de la Consar desafía a las críticas a este complejo sistema diseñado por el gobierno federal y concesionado a privados para  operar una entidad responsable del manejo eficiente de la información de más de 34 millones de trabajadores, a los cuales se sumarían los cotizantes en el ISSSTE de aprobarse la reforma para individualizar su esquema de pensiones.

Sobre los temores de una posible fuga de información, Alonso y Caloca afirma contundente: “si la  información no se manejara con discreción, no podríamos custodiarla  en un entorno competitivo ni aplicar la adecuada ejecución de la voluntad del trabajador, si todo el mundo tuviera acceso a la información del trabajador, mañana podrían estarse cambiando de administradora o moviendo los fondos de una sociedad a otra sin que haya sido su voluntad, incluso en función de la valoración que tengan sus cuotas y sus aportaciones podríamos llegar al extremo de que alguien tuviera disposiciones parciales de las cuentas o por gasto de matrimonio o por el evento particular de desempleo o aportaciones voluntarias.

“En fin, todo esto está custodiado a partir de la información y hay que decirlo, la seguridad no es sólo la que tiene Procesar en el manejo de la información, sino también las administradoras que tienen estándares muy altos en el manejo de la información”.

La duplicidad de nombres y registros, sin embargo, es un problema que aún no se resuelve por completo. Una evaluación interna realizada por Procesar detectó más de 30 mil homonimias

“Procesar no depura la información, la ejecuta el IMSS y para ellos tampoco es fácil, es muy delicado, si nosotros cometiéramos la equivocación de pagarle a otra persona su pensión, sería muy grave, yo diría que a nivel de información mantener la base de datos si es un desafío muy importante, pero para nada es fácil, hemos trabajado con la Consar para encontrar potenciales duplicados”, asegura el director de Procesar.

Y agrega: “cuando nos equivocamos, la empresa repara los daños y paga multas y devuelve recursos a los trabajadores, te puedo decir que nuestro nivel de cumplimiento en el mes de noviembre es de 99.98 por ciento y el 2 por ciento aún nos preocupa por que son cientos o miles de trabajadores”.

 

Procesar tiene los días contados

Ha pasado casi una década desde que se constituyó Procesar después de que un sistema creado y administrado por la banca comercial para operar las bases de datos del SAR 92, con la primera individualización de cuentas, resultó un verdadero fracaso, pues generó problemas de homonimia y pérdida de registros. Finalmente, en 2002 más de 20 mil millones de pesos fueron expropiados por el gobierno federal para capitalizar a la Financiera Rural al argumentar que no era posible localizar a los trabajadores propietarios de esos recursos.

La primera base de datos que se integra para el Sistema SAR 92 se construye a partir del nombre de los trabajadores, lo que explica los conflictos futuros de homonimia. Después, recuerda el abogado Roberto López Jiménez, especialista en la Ley del SAR, se intentó construir la base de datos para el manejo y administración de los recursos a partir del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); sin embargo, se concluyó que no resultaba confiable.

Al respecto, el propio Genaro Borrego Estrada, ex director general del IMSS, reconoce el fracaso del gobierno federal como administrador de las bases de datos del nuevo sistema de pensiones: “en 1997 el Estado se declaró incompetente para  manejar la Base de Datos Nacional del SAR y quedó demostrado que cuando entidades públicas lo han hecho, se han perdido los recursos”.

El ahora consultor Daniel Lederman, ex vicepresidente de Planeación de la Consar, asegura en un análisis sobre la administración de la base central de datos creada por el gobierno mexicano para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, que para la constitución de Procesar se tomó en cuenta la experiencia de otros países, los cuales, en teoría, registraban mayores avances en esta materia.

En Argentina, refiere Lederman, presidente de la consultoría Synergy, hay una base de datos central y la responsabilidad de mantener la información actualizada respecto a la administradora de cada trabajador, se lleva en un trabajo manual que realizan las administradoras en una especie de cámara de compensación de traspasos.

En el caso de Chile se deja a los empleadores la responsabilidad de conocer la administradora de cada uno de los trabajadores. En caso de que se detecten errores generados por parte de los empleadores, se requiere de un mecanismo de corrección.

En México, el título de concesión otorgado a Procesar busca generar incentivos distintos a los de una empresa dedicada al lucro de manera directa. Por ejemplo, los ingresos de las Afores, al contar con una entidad que centralice la información y atienda a los trabajadores interesados en el manejo de sus recursos, representaba la oportunidad de incrementar sus ingresos; con una disminución continua de los costos de operación sería posible reducir  y maximizar los presupuestos destinados a tecnología, así como disminuir el pago de comisiones para la operación de la empresa.

Sin embargo, en opinión de la investigadora Mari Carmen Macías, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al tratarse de un bien de orden público, la administración de esta base de datos “se debió y se debe seleccionar con base en  un proceso de licitación, sin embargo, es necesario revisar muy bien la ley, porque tal vez esta fue hecha precisamente para permitir que no hubiera ningún proceso de licitación”.

El director de Operaciones de la Consar, Juan Carlos Zepeda, asegura que Procesar se encuentra estrictamente vigilada por el gobierno federal, por lo que confío que la información de los trabajadores se encuentre bien protegida.

El presidente de la Consar, Mario Gabriel Budebo, recordó que Procesar tiene una concesión que le otorga el gobierno federal por conducto de la Secretaria de Hacienda  y que debe cumplir con ciertos niveles en diversas materias. La tarea de la Consar es la supervisión, y consideró que, hasta ahora, Procesar ha hecho un buen papel en el manejo de información.

Ahora, adelanta el director general de Procesar, el consejo de administración de esta compañía que preside Sandra Sosa, directora general de Afore Inbursa, busca que la Secretaría de Hacienda refrende su título de concesión y que, incluso, lo otorgue por un periodo mucho más amplio, pues las responsabilidades de esta empresa se han ampliado así como las necesidad de realizar mayores inversiones en tecnología.

En diciembre de 2005, Procesar cumplió ante la Secretaría de Hacienda con solicitar una  prorroga para extender su concesión que podría concluir en diciembre de 2006. Sin embargo, Alonso y Caloca reconoció la necesidad de contar con certidumbre en la administración y concesión para poder realizar nuevas inversiones y proyectos.

Y es precisamente el monto de los recursos destinados a la actualización tecnológica el que ha ocupado la mayor atención de los accionistas.

De acuerdo con personal de Procesar y ex colaboradores que pidieron omitir su nombre, los primeros años de esta compañía se registraron inversiones importantes para la adquisición de tecnología; sin embargo, el impasse que vivió el sector de las Afores generó que se estancaran las aportaciones de los bancos y estas intermediarias

Ahora, el personal de Procesar teme que, ante la imposibilidad de incrementar comisiones por servicios ante la competencia entre Afores, se debilite el enfoque tecnológico de la empresa. De hecho, a esa situación atribuyen la creciente rotación de personal en la empresa.

Una de las principales inversiones que realizó Procesar fue la migración de la base de datos de la plataforma mainframe a sistemas abiertos, lo que representó una erogación de entre 4 y 5 millones de dólares, pues como explicó Salvador Alonso y Caloca el objetivo de Procesar es adquirir la mejor tecnología no la más cara.

Sin embargo, ahora se teme, de acuerdo con los colaboradores consultados en la empresa, que ante la renuncia de los accionistas privados de incrementar sus aportaciones, Procesar comience a subcontratar sus sistemas. Para incentivar la participación de los bancos y Afores también se propuso no duplicar sus inversiones en el manejo de estas bases de datos al contratar a Procesar como administrador y responsable de estos datos. Sin embargo, no se llegó a un consenso entre los accionistas de Procesar.

El director del despacho López Jiménez, asesor de varias Afores, reconoce que en el mercado de los fondos para el retiro el negocio no presenta sus mejores épocas después de que la Consar promovió la baja hasta en un 40 por ciento de las comisiones.

Esta fue la razón por la que también Procesar tuvo que aplicar ajustes en sus comisiones por servicios, de acuerdo con Alejandro Villagómez, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

 

 

El management en Procesar

Manuel Reynaud (1997-2000). También fungió como presidente del consejo a pesar de que los estatutos no lo permitían. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) y ahora participa en la compañía Pagoss. Al frente de Procesar contaba con una visión global y buena relación con los accionistas y las autoridades del sector. Su empresa Pagoss ha cerrado varios contratos con países de Centroamérica para el diseño de sus bases de datos para pensiones.

 

Pablo Magaña (2000-2003). Fue director de ventas de NCR y actualmente participa en Sapotek de México. Su estrategia en Procesar fue la de reducir costos, aunque sin una estrategia definida, ahora busca incursionar en las plataformas libres de Internet.

 

Salvador Alonso y Caloca. El actual director general de Procesar llegó de las filas de Banrural y fue director general adjunto de Planeación Financiera de la Consar. Cuenta con amplia experiencia en el sector bursátil. Al frente de Procesar busca consolidar una empresa que más que reducir costos los “destruya” con altos estándares de calidad y seguridad. Busca además modificar y refrendar el título de concesión por más de 10 años para garantizar a los accionistas certidumbre en su participación. Además de concretar el avance en el gobierno corporativo del consejo de administración de la empresa.

 

 

La historia antes de Procesar

El diseño general de la reforma al sistema de pensiones de México inicia en 1995, es en este año que comienza el proceso de modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que será la ley marco que da nacimiento a un sistema de  pensiones administrado por instituciones privadas. Aunque al inicio las discusiones se centraban en las características económicas, políticas y actuariales de la reforma, desde los primeros meses se puso especial interés en el diseño de los modelos de operación y los sistemas de información asociados.

México ya había pasado por una mala experiencia en 1992 con el Sistema de Ahorro para el Retiro ("SAR92"), que era un sistema complementario a su sistema de pensiones. En este sistema se requería la aportación del 2 por ciento sobre la nómina que era dirigida a cuentas individuales a nombre de los trabajadores. Estas cuentas eran administradas por instituciones bancarias.

No se le dio la debida importancia al modelo operativo de este sistema. Las instituciones responsables no se encontraban preparadas para administrar los volúmenes de información que el nuevo sistema requeriría. El resultado era de esperarse, a dos años del avance del sistema SAR92 se tenía un nivel de duplicidad de cuentas mayor al 300 por cietno, esto es, ya se habían sumado al sistema más de 40 millones de cuentas con solo 12 millones de trabajadores activos.

Los responsables de la instrumentación del nuevo sistema en México sabían que no se podía volver a fallar y estaban conscientes de que era necesario invertir recursos y tiempo al diseño de los modelos de operación. Se había vivido muy de cerca el problema que el sistema anterior había generado. Es característico de los gobiernos de los países que introducen reformas similares, el no darle importancia al diseño de los modelos de operación y sistemas de información, y solo cuando los problemas operativos alcanzan dimensiones políticas es que desvían su atención a esta materia.

Actualmente México cuenta con un sistema de  pensiones reconocido en el ámbito internacional, principalmente por el modelo operativo y los sistemas de información que lo soportan. Aún y cuando el sistema de pensiones de México se ha quedado atrás de otros sistemas en temas de inversión,  administración de seguros de invalidez y vida y nivel de aportación, el sistema es considerado como un modelo para otros países en el tema.

 

 

Publicado: Enero 2a quincena de 2006



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