Contralínea  

Robo, despilfarro, saqueo y negligencia en el ISSSTE

Ana Lilia Pérez
Un récord en negligencias médicas y homicidios culposos, indagatorias contra directivos de hospitales por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, uso de instalaciones para consultas privadas, tráfico, venta y robo de medicamentos, y uso de documentos apócrifos, es el saldo de la administración del ISSSTE en el gobierno de Vicente Fox.

 

 


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Clasificado como el segundo sistema de salud en importancia en México —el primero es el IMSS—, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrenta el peor desmantelamiento de su historia que, aunado a su millonario pasivo por el pago de pensiones, vive una grave crisis estructural que lo puede llevar a la quiebra y posteriormente a su venta al sector privado.

Ese el saldo del gobierno foxista en materia de salud pública y en cuya crisis han participado funcionarios administrativos y personal médico directivo, quienes han saqueado hospitales y clínicas de la institución en todo el país, al mando de su exdirector general Benjamín González Roaro, quien renunció para buscar una curul por el PAN en el Senado de la República.

Homicidios, robo, tráfico de fármacos, manejo de documentos apócrifos, venta de documentos oficiales, fraude, aviadores, venta de plazas, discriminación, maltrato, vejaciones, abuso de autoridad, desvío de recursos y violaciones a la Ley de Obra Pública, son algunos de los ilícitos que han descubierto durante el gobierno de Vicente Fox los órganos internos de control del ISSSTE.

Son 7 mil 701 expedientes de quejas y denuncias, algunas incluso derivaron en el encarcelamiento de médicos por homicidio culposo, pago de multas e inhabilitación temporal y definitiva de servidores públicos de la institución. Por su relevancia, 635 de estas denuncias partieron de la propia Subdirección General Jurídica de la institución.

Como en ninguna otra administración, por encima de la milicia y el Poder Judicial, el sistema de salud mexicano se mantuvo durante todo el sexenio a la cabeza en materia de quejas por violaciones a los derechos humanos, el ISSSTE con un total de 355 expedientes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de la que recibió el mayor número de recomendaciones.

Más allá de maltratos y abusos por parte de personal médico, algunos casos tuvieron daños irreparables, como la pérdida de vidas humanas por negligencia médica y homicidios culposos y responsabilidad profesional, por lo que la Procuraduría General de la República abrió 33 averiguaciones previas contra médicos de esta institución.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) abrió mil 984 expedientes de personal médico de la institución. Los casos sometidos a arbitraje médico tardan varios años y, dependiendo de la resolución que se dé a cada caso, los afectados deciden si presentan una denuncia penal.

Los homicidios se registraron en Michoacán, Zacatecas, Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y Estado de México, y derivaron en el encarcelamiento de médicos de la institución.

Actualmente los órganos internos de control en el ISSSTE resuelven sobre la responsabilidad de médicos involucrados en 883 casos de negligencia médica, de éstos, 116 derivaron en la muerte de los pacientes, por lo que podrían fincarse denuncias penales por homicidios culposos. La integración, investigación y comprobación de un asunto de este tipo en Contraloría puede tardar hasta cinco años para que se emita una resolución.

Para hablar sobre la grave situación que vive el ISSSTE por la corrupción de servidores públicos se solicitó una entrevista con su actual director, Enrique Moreno Cueto, pero prefirió guardar silencio. Información proporcionada por varios contralores en la institución que pidieron el anonimato, así como a través del IFAI y la Subdirección Jurídica del ISSSTE, revelan la cloaca que padece la institución desde hace cinco años.

Los saqueadores

Aunque oficialmente el instituto no tiene cuantificado el déficit total, los órganos internos de control han comprobado casos de desfalcos millonarios.

Por ejemplo, Jaime Vega Wong, director del Hospital de Los Mochis, Sinaloa, desvío recursos públicos en complicidad con el coordinador de Recursos Humanos, Gregorio Díaz Anduaga. Pero mientras que éste fue inhabilitado por un año y sancionado con 40 mil 917 pesos por daño patrimonial, Vega sólo fue amonestado públicamente.

En la Clínica de Tantoyuca, Veracruz, fueron descubiertos en 2003 malos manejos en las cuentas bancarias y en la expedición de cheques a nombre del ISSSTE. Las irregularidades involucraron al entonces subdelegado administrativo, Luis Gabriel Andrade Cárdenas; al subdirector administrativo Carlos Hernández Ponce y al médico Narciso Camargo Hernández.

En el Hospital General Ignacio Zaragoza, del Distrito Federal, las anomalías administrativas corrieron por cuenta del director Víctor Manuel Reyes López; la subdirectora administrativa, María Isabel Alemán Ortega, y el coordinador de Recursos Materiales, Raúl Ángel Plata. Ahí mismo fueron detectados pagos en exceso al jefe de Control de Personal, Mario Portugués Yescas, y el coordinador de Recursos Humanos, Óscar Medina Aguilar.

La Delegación del SSSTE en Zacatecas también vio malos manejos administrativos por parte del subdelegado Martín Coronado Salazar y los médicos del Hospital General, Ubaldo García y Salvador Hinojosa.

En Puebla, los jefes de Finanzas, Edgar Arroyo y Arturo González; el subjefe de Contabilidad, Gustavo Roberto Reyes; el subdirector administrativo, Carlos Alberto Castillo, y el jefe de Programación, Hugo Sánchez, usaron para propósitos personales los recursos del ISSSTE.

El robo masivo del erario ha sido documentado, pero también el “robo hormiga”, principalmente -de acuerdo con la Contraloría- por los propios médicos, como Rosalío Zamora Pérez, quien hurtaba medicamento del Hospital 1º de Octubre, y apenas en junio pasado fue destituido.

Desmantelar, saquear, vender, desde jeringas escamoteadas del hospital de Celaya, reactivos robados en Yucatán y venta de sangre en el Hospital General de Veracruz. En este delito se vieron implicados la responsable del Banco de Sangre, María del Rosario Martínez Palacios; la coordinadora de Servicios Auxiliares, Lina María del Rocío Santiago; el director Leonardo Alfredo Ponce, y el subdirector médico, José Rafael Kas Cacho, todos ellos sólo fueron sancionados con “apercibimiento público”, y Martínez Ríos multado con 10 mil pesos.

A mediados de 2001, trabajadores del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre denunciaron ante los órganos internos de control desvíos de fondos, entre ellos la sobreinversión en mercancías en la farmacia. Responsabilizan al subdirector general Médico, Javier Castellanos Coutiño (denuncia número DE-000065/2001-A), quien es investigado.

En el Hospital General Doctor Belisario Domínguez, los directores Hugo César Balboa Parada y Javier Antonio Santiago Castañón; el subdirector Administrativo, Rodolfo Antonio Trejo Huerta, y el coordinador de Recursos Humanos, Raúl de Jesús Trujillo Álvarez, permitieron que los médicos registren su entrada y salida del hospital sin cumplir sus jornadas de trabajo, es decir, como “aviadores”.

Mercado negro

Miguel Ángel López García es un derechohabiente del ISSSTE en el Estado de México. Enfermo, acudió a una consulta a la Clínica Médico Familiar en Chalco. Luego de una revisión, el doctor Víctor León Ramírez mientras le extendía la receta médica, le preguntó cuántos días de incapacidad quería, pues el costo de cada uno era de 70 pesos.

Indignado, el paciente le advirtió que lo delataría. El facultativo le arrebató la receta y lo amenazó con denunciarlo.

La venta de incapacidades médicas, además de daño patrimonial contra la institución, es fraude contra el sector patronal, porque un médico asegura falsamente que el paciente no está en condiciones de laborar.

En el ISSSTE se han registrado casos de incapacidades continuas hasta por 300 días, vendidas a los pacientes a cambio de distintas cantidades. La venta de incapacidades es un verdadero negocio de médicos que laboran en unidades médicas, clínicas y hospitales del ISSSTE; un mercado negro que se mueve en los consultorios, el médico familiar y los propios directores de la institución.

Florentino Cavazos Moreno, director del Hospital Constitución Nuevo León, fue encontrado responsable de venta de incapacidades. El negocio lo ejercía junto con la responsable de Licencias Médicas, Rosalía Espinoza Vázquez.

La venta de incapacidades médicas se registró en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”; los Hospitales Generales de Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Nuevo León, Celaya, Santiago Ramón y Cajal (Durango), Dr. Aquiles Calles Ramírez, Nayarit, Dr. Gonzalo Castañeda, Dr. Darío Fernández, y José María Morelos y Pavón, Distrito Federal; Dr. Daniel Gurría Urgell, Tabasco; José María Morelos y Pavón; y Dr. Francisco Galindo Chávez, Coahuila.

En los hospitales regionales Adolfo López Mateos, Gral. Ignacio Zaragoza, Distrito Federal; en Mérida, Yucatán; Zapopan y Valentín Gómez Farías, en Jalisco;

En las clínicas Hospital de Toluca, Fray Junipero Serra, en Tijuana, y Ensenada, Baja California; Gómez Palacio, Durango; Pachuca, Hidalgo; Tlaxcala, Aguascalientes, Estado de México, y Dr. Patricio Trueba Regil, en Campeche.

En las clínicas de Especialidades de Balbuena y Churubusco, DF; las Clínicas de Medicina Familiar de Netzahualcoyotl, Valle de Aragón, Moctezuma, División del Norte, Cuitláhuac, Coyoacán, Peralvillo, DF; Dr. Ignacio Chávez, del Valle de México; en Cozumel, Quintana Roo, y la N. 2 en Jalisco.

También en las unidades de Medicina Familiar de Villa Álvaro Obregón, y Revolución, en el Distrito Federal; en Tlaxcoapan y Mixquihuala, Hidalgo; en Jilotepec (Estado de México); en Puerto Vallarta (Jalisco); en Champotón y Hecelchakan, Campeche; en Rodeo, Durango; en Tlacotalpa, Tabasco, y en Tecate, Baja California.

Además de clínicas y hospitales que venden incapacidades, este negocio llega a nivel de las delegaciones estatales del ISSSTE en Hidalgo y el Estado de México.

Los funcionarios que han incurrido en este ilícito son los subdirectores médicos María Eloína Astorga Astorga, Juan Germán Fierro Luna, Francisco Ayala Corral, Pablo López Romero. El subdelegado médico en el Estado de México, Agapito Medina González, y el subdelegado Benis Bogdan Arriaga; el subdelegado médico en Hidalgo, Jorge Alfonso Espinosa Espinosa; el subdelegado administrativo en Quintana Roo, Ernesto Zerón Porras.

También los directores del Centro Médico de Mixquihuala, Carlos Martínez Rueda; del Centro Médico de Tamaulipas, Lorenzo García Rangel y su subdirector médico, Gonzalo de la Torre Sánchez; del Centro Médico de Cozumel, Lefty Efrén González Herrera; de la Clínica Hospital Churubusco, Enrique Tomáis Navarrete; de la Clínica Cuitláhuac, Mario Alberto David Muñoz; del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”, Guillermo Franco Abreu, de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango, Jorge Corazón Orona Flores y su subdirector Enrique Valdez Villalobos;

La responsable de la Unidad de Medicina Familiar en Tlaxcopan, Isabel Hernández Chávez; de la Unidad de Tacotalpa, Ulises Córdova Soria. Y más de 200 médicos de distintos hospitales del ISSSTE en el país.

Destaca en caso de la Clínica Hospital de Aguascalientes, donde según la Contraloría 18 facultativos incurrieron en esta irregularidad, ninguno de ellos fue destituido y sólo fueron amonestados públicamente.

Lo mismo sucedió en el Hospital General de Tampico, donde un grupo encabezado por los asistentes de la dirección Richard Wilnburn Dieste, José Marco Antonio Boeta Guerrero, Francisco Macías Ramírez; el coordinador de Servicios Médicos, Miguel Ángel González Serna; la coordinadora de Apoyo Técnico, Ramona Valay, y siete médicos más, expidió incapacidades indebidas.

Daño patrimonial

El ISSSTE enfrenta un déficit multimillonario por el pago de pensiones. Los directivos argumentan que es la mala planeación de las pensiones lo que quebranta hoy día el patrimonio de la institución, donde más del 90 por ciento del presupuesto anual se destina para cubrir este pasivo.

Durante la administración de González Roaro, los funcionarios Pablo Chavira Sevilla, José Antonio Trejo López, Héctor Arizmendi García y Dionisio Olvera Portugal autorizaron pensiones que de acuerdo con los órganos internos de control fueron ilegales.

Las finanzas de la segunda institución de salud más importante de México también se impactaron con el fraude de funcionarios de alto nivel, como delegados y directores de hospitales y un numeroso grupo de médicos que justificaron viáticos con facturas apócrifas.

Entre esos funcionarios están Rogelio Mendoza Peralta, delegado en Baja California Sur, inhabilitado en 2002; el director del Hospital General de La Paz, Buenaventura Díaz López, y el subdirector administrativo, Saturnino Romero Arce; el director del Hospital Santa Rosalía, en Baja California, Miguel Agustín Montaño Beltrán; el tesorero delegacional en Baja California, Juan Manuel Arce; el supervisor administrativo del Hospital 1º de Octubre, Federico Vital Callejas, quien además incurrió en robo y “falta de honradez y honestidad”.

El director de la Clínica Hospital de Chilpancingo Guerrero, Tomás Patiño Castro, su subdirector administrativo Joel Anacleto Cervantes; el jefe de transportes Jorge Alberto Pérez Lara; el jefe residente de mantenimiento Juan Manuel Moreno; los jefes de área Faustina Ayala y Víctor Manuel Gómez Sánchez; la coordinadora de Recursos Financieros, Rosa Valdovinos Jiménez; el coordinador de Recursos Materiales, Luciano Félix Lóez; la jefa de farmacia, Verónica Alcer Felipe; la encargada de archivo clínico, Concepción Gutiérrez López, y varias secretarias.

Comprobación con facturas apócrifas la hicieron el médico Bulmaro Alvarado, del Centro Médico 20 de Noviembre; el jefe de área del Hospital de Ciudad Victoria, Manuel Guevara Cabrera, y su secretaria Guadalupe Moreno de la Fuente. Aunque el delito en todos estos casos es fraude, no se les inhabilitó.

Venta de medicamentos

Una denuncia constante en los últimos años es la venta ilegal de medicamentos en el Hospital Regional de Mérida, lo que incide también en el desabasto oficial de medicinas, principal reclamo de los derechohabientes.

Este mismo ilícito se registra en el Hospital Dr. Patricio Trubea Gil, donde al encargado de la farmacia Carlos Wong se le comprobó que junto con el médico Adolfo Humberto Córdova vendían medicamentos, por lo que se les impuso una simple suspensión de 30 días.

Al médico Víctor Pérez García, asignado al hospital de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, se le encontró culpable de robo de medicamentos y apenas se le suspendió 15 días.

En la clínica de Ciudad Reynosa se detectó un faltante de medicinas por 50 mil pesos y se responsabilizó al jefe de la farmacia, Salvador Delgadillo Navarro. Lo mismo que en el Hospital Regional de Monterrey, donde el almacén estaba a cargo de Juan Manuel Esquivel Lozano.

A los médicos José Luis Martínez Moreno, Rafael Blanco Tamex y Miguel Delgado, adscritos al Hospital del ISSSTE en Mazatlán, Sinaloa, se les investiga por la presunta sustracción de medicamentos para su venta de forma privada en sus domicilios.

Otro factor es el descuido del personal a cargo de los fármacos, lo que provoca que los medicamentos sean robados o que caduquen.

Al respecto, en el Hospital General de Veracruz se presume un daño patrimonial de 44 mil 407 pesos por falta de sustancias -ya caducadas- en el área de laboratorios, y de 35 mil 920 pesos por sustancias en proceso de caducidad. También 28 mil 388 pesos por vacunas contra la Hepatitis C, que debido a que no se advirtió a tiempo su caducidad y la falta de control, ahora son inservibles.

Los aviadores

Aunado a las deplorables condiciones de infraestructura en hospitales y clínicas del ISSSTE, a la sobrepoblación y desabasto de medicamentos, negligentemente los directivos permiten que su personal médico sólo registre su ingreso y abandone de inmediato el trabajo, mientras que cubren citas privadas en sus consultorios particulares o en otras instituciones de salud como el IMSS. Cientos de estos casos ha detectado la Contraloría y otros más están en investigación.

Entre ellos está el de Jorge Ochoa Puerto, “aviador” de la clínica 20 de Noviembre y al mismo tiempo trabaja en la Secretaría de Salud. El médico José Antonio Cruz Maldonado, que labora en el Hospital Dr. Belisario Domínguez en Chiapas y que cubre el mismo horario en un hospital privado.

La Contraloría indaga al personal de la clínica de Tampico que únicamente registra su ingreso en la tarjeta y físicamente sus turnos son cubiertos por médicos suplentes; ello, de acuerdo con la denuncia, se hacía con la anuencia del director, el subdirector administrativo y el jefe de personal.

El caso del médico Renal Vaqueiro Rodríguez que ocupa una plaza en un hospital del ISSSTE y otra en uno del IMSS “con el mismo horario”.

En las unidades médicas de Polotitlán y Jilotepec, México, que atienden a población rural, se descubrió que los médicos cobraban sin trabajar, entre ellos Cuauhtémoc Hernández del Río, Rafael Mayorga Cuevas y el titular de la unidad Ponciano López Ramírez. Los dos primeros cobraron 130 mil pesos cada uno sin trabajar y el último 250 mil pesos.

La misma situación presenta personal administrativo, directores, coordinadores y médicos de las clínicas de Pantitlán, Ecatepec; la delegación del Estado de México; el Hospital Presidente Juárez, en Oaxaca; el Hospital de Ciudad del Carmen; el Hospital Dr. Roberto Nettel Flores en Chiapas. Este último, que atiende a zonas en extrema pobreza, desde el director José Luis Sumuano Ramírez, el subdirector administrativo, Emilio Esquinca Arguella, y los médicos Ángel Barrios Zea y Jorge Abarca, se mantuvieron como “aviadores” durante el sexenio, hasta que en mayo pasado la Contraloría los inhabilitó como funcionarios públicos por tres años.

En la delegación del ISSSTE en Tamaulipas se encontró que los jefes de área Carmen Alicia Muñoz, Víctor Manuel Mendoza y Rogelio Antelmo Herrera, así como el coordinador de servicios generales del Hospital de Tampico, cobraron sin trabajar por lo menos desde 2001.

Esta misma situación se presentó en el Hospital Regional de León, Guanajuato, con Manuel Guillermo López, director del Centro; Armando López García, subdirector administrativo; Ernesto Gutiérrez, residente de Conservación y Mantenimiento, y la coordinadora de Servicios Generales, Sandra del Carmen Herrera Juárez, todos inhabilitados el pasado 20 de julio por malos manejos, trabajos pagados y no efectuados.

Las consultas privadas también son utilizadas irregularmente en las instalaciones del ISSSTE, particularmente en la Clínica N. 24 de Zacapu, Michoacán, por parte de los médicos Ignacio Ortiz Hernández, Herlinda Tututi Hernández y María Azucena Fernández.

La Contraloría indaga una denuncia del caso de Norma Fletes Arjona, quien sin ser derechohabiente fue sometida a una liposucción en el Hospital General de Tepic e intervenida por Enrique Montero, un cirujano plástico que tampoco labora en la institución.

Otra denuncia involucra a María Irene Ahumada Salsa, médico del Hospital General Lázaro Cárdenas, quien en agosto de 2002 habría utilizado el nosocomio para una liposucción.

Al médico Ricardo Guzmán Gómez, coordinador de Medicina Crítica (Terapia Intensiva) del Hospital 1º de Octubre, actualmente se le investiga por utilizar las instalaciones para consultas privadas.

El propio director del Hospital de Pachuca, José Manuel Barrera Cruz, está involucrado en “uso de instalaciones para consulta privada”, lo mismo que el subdelegado en Hidalgo, Jorge Espinosa Espinosa.

Entre los casos más graves que actualmente investiga la Contraloría sobre malos manejos en instalaciones del ISSSTE, como la venta de químicos reservados para uso del hospital y el desmantelamiento de equipos de rehabilitación nuclear, cuyo costo es de 120 mil dólares, y que luego son desmantelados y vendidos como chatarra mediante licitaciones amañadas. En este caso están coludidos los directivos del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, en Jalisco, de acuerdo con el expediente abierto número DE-000377/2005-M.

Sobre este mismo personal se sigue una indagatoria por enriquecimiento ilícito, integrada en el expediente DE-000422/2005-A. Otra indagatoria similar investiga actos de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de directivos del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, en Oaxaca, según el expediente DE-000441/2005-A.

Los órganos internos de control asignados a la delegación Yucatán, investigan la presunta expedición de incapacidades apócrifas de personal médico del ISSSTE en Mérida, a trabajadores adscritos al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda.

La indagatoria se deriva de una denuncia presentada por Juan José Lara Escobedo, subadministrador de Innovación y Calidad del SAT en Mérida, e indica que al parecer son apócrifas las incapacidades que presentaron auditores fiscales federales para justificar semanas consecutivas que no trabajaron.

Y una denuncia por presunto tráfico de drogas y fármacos que involucra a Nicolás Salvador Hernández, funcionario del Hospital de Tehuantepec, expediente número DE-000583/2001-A.3

 

Médicos acusados de comerciar incapacidades

 

Silvia Pérez Jácome, Vicente Cardiel Martínez, Moisés Fuentes Jaime, Héctor Rodríguez Hernández, Segundo Martín Granda Solano, Luis Manuel Barroso León, Miguel Ángel Piste Canul, Jehudi Rivero Molina, Elisa del Rocio Morales Dávila, Jesús Alonso Leyva Buelna, Rogelio Isaías Zúñiga Cisneros, Ponciano López Ramírez, José Ignacio Navarro Míreles, Herminio Rodríguez Hinojosa, María Isabel Ochoa Loubert, Maria Trinidad Yánez Ocegueda, Pablo Guillermo Rodríguez López, Feliciano Custodio Robles, Juan Manuel Torres Hernández, Carlos Antonio Casa Rico, Víctor Manuel Trejo Calderón, Juan Meza Pérez, Fermín Javier Sánchez Cruz, Isidro de la Cruz Torre López, Jorge Enrique Gómez Basurto, Luis Eduardo Pavón Rodríguez, Luis Manuel Rosado Cámara, Fernando Irigoyen Baldenegro, Ignacio Román Trujillo y Betanzos, José Domingo Pérez Pérez, Alejandro Rodríguez Trejo, Ricardo Leopoldo Guido Bayardo, Rosa Ruiz Illescas, Luciano Lizarraga Tejeda, Mariano Henríquez Casas, Ligio Melito Manzano Sosa, Francisco Cota Danzos, Luis Antonio Hernández Fernández, José Domingo Pérez Pérez, Julio de la Rocha Peñas, Tomás Meza Álvarez, Jorge Enrique Gómez Basurto, Heriberto David Anaya Ibarra. (Ana Lilia Pérez)

 

Desvíos por 6 mil millones en el ISSSTE

 

En su revisión a la Cuenta Pública 2004, la Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de más de 6 mil millones de pesos en el Fondo de Préstamos Personales que maneja el instituto, cuyos resultados se enviaron recientemente al Congreso de la Unión y que deriva en responsabilidades Administrativas para funcionarios del ISSSTE.

El desvió se produjo paulatinamente durante los años en que Benjamín Gonzáles Roaro estuvo al frente de la institución. El órgano interno de control en el ISSSTE confirma que la responsabilidad en la desviación de dicho fondo alcanza al ex director general del ISSSTE, hoy candidato a una diputación federal por el PAN.

De acuerdo al Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda, los trabajadores inscritos al ISSSTE tienen derecho a préstamos personales de un fondo ex profeso que se forma con las cuotas y aportaciones de los trabajadores; sin embargo, la administración de Gonzáles Roaro manejó discrecionalmente el fondo, desvió los recursos y no autorizó un solo préstamo bajo este rubro.

La ASF auditó de junio de 2000 a diciembre de 2004 las cuotas y aportaciones que los trabajadores dieron al instituto en el Distrito Federal, que representan el 37 por ciento de derechohabientes en todo el país. Las dependencias y las entidades del gobierno federal aportaron al “Fondo para Préstamos Personales” 6 mil 248 millones de pesos.

Cuando la ASF detectó la desviación de los recursos, la Subdirección de Otorgamiento de Crédito del ISSSTE confirmó (a través del oficio número SOC/107/05 fechado el 20 de julio de 2005) que a partir del segundo semestre de 2000 se dejó de aplicar las aportaciones al Fondo para Préstamos Personales, aunque los trabajadores afiliados siguieron aportando sus cuotas a este rubro.

En otro oficio enviado a la ASF (número SC-1/1460 fechado el 15 de noviembre de 2005) se intentó justificar la desviación al argumentar que “ante la escasez de recursos y de crecimiento de la demanda de servicios” en el área de Préstamos Personales, se dejó de otorgar en toda la administración de Roaro y que el dinero se había enviado al Fondo de Atención a la Salud.

Al respecto la ASF estima que los funcionarios del instituto a nivel de directores y coordinadores generales incurrieron en violaciones a la propia Ley del instituto y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La ASF solicitó a los órganos internos de control en el ISSSTE, encabezados por José Villagrana Robles, abrir procedimiento administrativo contra los funcionarios que incurrieron en la desviación de los 6 mil 250 millones de pesos.

Más irregularidades

Además de la desviación de recursos de las aportaciones de los trabajadores, la ASF detectó que en este mismo fondo los registros entre las aportaciones que registra la Tesorería General del ISSSTE y las que registra la Subdirección de Contaduría del instituto no coinciden y las diferencias tan solo en el 2004 son de 75 millones de pesos entre una y otra.

La ASF concluye que la administración de González Roaro en el ISSSTE no cumplió con las disposiciones normativas, ejecución, control y supervisión del manejo de la cartera institucional de préstamos a derechohabientes y de los ingresos por cuotas y aportaciones para el Fondo para Préstamos Personales.

En la revisión a una muestra del 35 por ciento de los fondos que correspondieron a 2004 y que ascendieron a mil 343 millones de pesos, se encontró que 95 mil 626 préstamos que ascendían a un monto de 737 millones de pesos, montos vencidos y que por la antigüedad de sus saldos debieron ser aplicados en el Fondo de Garantía.

La ASF señala que el sistema de información de créditos que maneja el ISSSTE “no es confiable”, y que se han manipulado los datos en la Subdirección de Recuperación de Crédito. En sus registros contables reporta que durante el 2004 había 4 mil 94 préstamos en cartera vigente por un monto de 190 millones de pesos y 157 préstamos en cartera vencida por mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, irregularmente los créditos vencidos fueron registrados con cargo a la Subdirección de Recuperación de Crédito, sin que se especificara qué área del ISSSTE otorgó los créditos y en los expedientes de los deudores tampoco había información “suficiente” para que la ASF determinara la transparencia o legalidad sobre dichos créditos.

Por lo que la ASF califica como “irregular” el desempeño de la Subdirección de Recuperación de Crédito y los 190 millones de pesos en préstamos vigentes están sujetos a comprobación.

También la ASF detectó diferencias no aclaradas en las aportaciones del fondo para préstamos personales al 31 de diciembre de 2004, entre la Tesorería General del Instituto y la Subdirección de Contaduría, por 76 millones de pesos y una diferencia entre el saldo del fondo al 31 de diciembre de 2004 determinado por la ASF y el reportado por la Subdirección de Recuperación de Crédito.

Dentro de los lineamientos administrativos, el instituto debe mantener por ley una cartera vencida de aportaciones que no supere el 0.8 por ciento del total de la cartera de derechohabientes. En sus libros contables, la administración de Gonzáles Roaro registra que para el Distrito Federal (que representa el 35 por ciento del total de derechohabientes), su cartera vencida total de crédito es del 0.66 por ciento; sin embargo, la ASF encontró que las cifras están maquilladas y que la cartera vencida es del 19.59 por ciento. (Ana Lilia Pérez)

 

 

Publicado: Mayo 2a quincena de 2006 | Año 4 | No.56



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