2a quincena Agosto 2007

Y sigue el esfuerzo privatizador

 

Reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía

 

Martín Esparza Flores*

 

El sector energético en México es sin duda uno de los pilares del desarrollo, al generar electricidad e hidrocarburos como insumos para la economía y la prestación de servicios públicos y así producir fuentes de empleo para la economía del país.

Como es sabido, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se creó en 1992 con el fin de que se encargara de “regular” la competencia en la industria eléctrica y de gas natural. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo logró que el Congreso aprobara la apertura y privatización de la industria del gas. En esta materia, se le confiere a la CRE la atribución de regular las ventas de primera mano del gas natural y licuado del petróleo. Lo anterior implicó que este organismo adquiriese mayor autonomía de gestión, capacidad técnica y administrativa, lo cual dio inicio a la conformación de un marco para las industrias nacionales de electricidad y gas.

La CRE ha otorgado al sector eléctrico 554 permisos de generación, exportación e importación de electricidad a agentes privados; ha emitido más de 360 resoluciones relacionadas con esta industria, y aprobado ocho instrumentos regulatorios. Pero, ¿en qué consiste la propuesta de la CRE llevada a la Cámara de Diputados en la pasada LIX Legislatura?

El objetivo principal es nada menos que fortalecer a la CRE con el fin de avanzar en el proceso de desregulación y liberalización del sector energético. La iniciativa busca ampliar facultades de competencia de la CRE en materia de electricidad; busca dotarla de mayor capacidad, a través de una mayor base de recursos financieros (institucionales), y de más autonomía con respecto a la autoridad de la Secretaría de Energía (SE) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Plantea, además, que todos los pasos –desde la generación, transformación, transmisión, distribución y venta– sean sometidos a una regulación económica y sea la CRE quien la aplique, argumentando que la regulación económica promueve la eficiencia en el suministro.

Si hacemos un análisis serio y reflexivo, podemos afirmar que, de fondo, existen distintos intereses tales como, establecer las bases que faciliten en un futuro próximo la creación de un mercado eléctrico para las trasnacionales, objetivo que el actual gobierno federal quiere implantar en nuestro país, lo cual resultaría inconstitucional e inoperante.

Por si fuera poco, de aprobarse la iniciativa de la CRE regularía el suministro eléctrico, incluyendo la operación, el control y el despacho del Sistema Eléctrico Nacional; asimismo, fijaría junto con la SHCP, las tarifas eléctricas, ¿por qué conceder que se fijen las tarifas eléctricas, cuando no se han podido fijar los precios de gas natural de manera autónoma?

Esta ley tendría en sus manos fomentar la competencia en una actividad reservada sólo para el Estado; además, protegería los intereses de los solicitantes de servicios regulados y de empresas eléctricas privadas con fines de lucro. La iniciativa permitiría a la CRE controlar y fiscalizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Ambos organismos tendrían que pedir permiso y reportarle a la CRE todo lo que hacen, paso por paso, detalle a detalle, convirtiéndose ésta en el “patrón” del servicio público y, de paso, de la industria eléctrica. Dicho de otra forma, la CFE y LyFC tendrían que operar cada actividad como un negocio y facturar por la prestación de sus servicios; así, todas las operaciones del servicio público serían contractualizadas, aumentando de manera sustancial los costos de administración.

Este afán neoliberal por regular la industria eléctrica entra en contradicción con lo que establece nuestra Constitución Política, la cual señala que el servicio público de energía eléctrica es un modelo verticalmente integrado, operado por un organismo público. La iniciativa pretende romper con la unidad del servicio público, pues propone que la conducción, transformación, despacho y entrega de energía eléctrica sean “servicios públicos” independientes unos de otros y usados por sectores públicos o privados. Indudablemente, la consecuencia de esta iniciativa constituye un paso más hacia la privatización.

Si la CRE llegara a regular la generación de energía eléctrica, significaría que la CFE y LyFC tendrían que pedir permisos para instalar centrales, además de solicitar permiso para generar, transmitir, distribuir, suministrar y vender energía eléctrica, existiendo la posibilidad que les sea negada su petición.

En cuanto a LyFC, la iniciativa señala que, en una primera modificación, le tocaría a la CRE regular la contratación de capacidad y adquisición de energía eléctrica entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público. Se supondría que LyFC ya no tendría que comprar electricidad a precios mayores, sin embargo no hay ninguna garantía de que esto se lleve a cabo.

Recapitulando, para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la creación de la CRE y el excesivo otorgamiento de atribuciones no hace más que evidenciar el desesperado afán privatizador de nuestro gobierno neoliberal, quien no ha quitado el dedo del renglón desde hace varios sexenios, lo mismo priistas que panistas, por hacer de la generación de electricidad un redituable negocio para unos cuantos, y no una industria estratégica y benéfica para todos.

Definitivamente no se puede ver con buenos ojos el papel que seguirá jugando la CRE en los próximos meses y años, como el gran órgano rector de un sector que, se ha dicho mil veces, debe ser visto con particular cuidado en virtud de la importancia de su actividad industrial y de servicio para el desarrollo económico y el bienestar social de toda una nación. Ya lo dijimos firmemente en estas páginas, aunque parece que no ha quedado del todo claro para nuestra élite neoliberal: la industria eléctrica es palanca del desarrollo nacional y, por ello, no puede desentenderse de su responsabilidad social.

Del mismo modo, amigo lector, la clase trabajadora, consciente de la importancia de su labor y del rol político que juega en estos tiempos del expectante sueño privatizador, responderá sin dudar y con vigor a las responsabilidades que le corresponden como una organización sindical independiente y comprometida con los verdaderos intereses nacionales. Cuando se trata de defender nuestros legítimos derechos y el porvenir de México y de nuestra familias, siempre decimos que en esta lucha ¡ni un paso atrás!

 

    • Secretario general del SME

     

     

     

    Fecha de publicación: Agosto 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 85

 

 

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