Contralínea  

Conflicto agrario, Montes Azules

Fredy Martín Pérez
La supuesta resolución del conflicto agrario en Montes Azules, vitoreada por el ex presidente Vicente Fox y por el ex gobernador Pablo Salazar, no es más que la expulsión de los indígenas y la intrusion de la iniciativa privada en la zona.

 

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Montes Azules, Chis. Como parte del fallido programa gubernamental para “Salvar la selva”, 162 familias abandonaron en 2005 Montes Azules -la reserva de mayor biodiversidad de México- para fundar un poblado cerca de Palenque, a cambio de una reducida vivienda y cinco hectáreas de siembra que les ofreció Vicente Fox. Muchos han regresado al lugar en donde vivieron por décadas, incluso antes de que ésta fuera declarada “zona protegida”. Con su retorno resurgió el conflicto aunque, según los lugareños, siempre estuvo presente.

“Esta no es selva, es casi desierto; puro bajerío [tierra anegable] tenemos”, resume Ángel Hernández Sántiz, indígena tzeltal que durante varios años vivió en Santa Elena, una de las 40 comunidades “irregulares” de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. En febrero de 2005, cuando las 162 familias dejaron la Lacandona, el gobierno federal presumió haber resuelto la problemática agraria en la selva, pero a 24 meses de distancia los indígenas han demostrado lo contrario. La mayoría retornó a la selva.

Las familias expulsadas de la Selva Lacandona formaron el poblado de Montes Azules, quizá como añoranza de la perdida tierra selvática. Apenas dos años después, viviendas han sido abandonadas por los indígenas tzeltales y choles. Los que aún permanecen en el lugar, se quejan del engaño del gobierno federal y estatal y del abandono en que se encuentran, en el “corazón” de la Lacandona, en medio de guacamayas y monos saraguatos.

No son para menos sus lamentos. Por fuera las casas de 30 metros cuadrados -como las que recibieron los damnificados del huracán Stan- se ven impecables y parecen recién pintadas, pero sólo al entrar se ve el desastre: no sirven los baños, los pisos se han deteriorado, no hay agua y las láminas están rotas.

Sebastián Hernández Sántiz, de 30 años de edad, dice que sus padres vivieron por más de 40 años en la Reserva de Montes Azules, y recuerda que cuando aceptó entrarle al programa del gobierno foxista se emocionó porque tendría una casa cerca de una ciudad, como es Palenque, y tendría cinco hectáreas de tierras para sembrar.

“Aquí estoy triste, no hay alegría como la que hay allá en la Selva. Aquí no tengo terreno suficiente para sembrar frijol y maíz; allá todo se daba, pero aquí vivimos en puros charcos”.

Las calles, bautizadas con los nombres de los ríos de la biosfera, son lodosas y solitarias.

En las estrechas casas, donde con dificultad entra una cama, permanecen arrumbadas las estufas y los cilindros de gas que el gobierno entregó a las familias que salieron de la Lacandona. Sólo los primeros meses cocinaron con gas, ahora es difícil reunir los 260 pesos para comprar el combustible.

“¿Qué voy hacer así? Todos los días es lo mismo: sin frijol, sin maíz. Me voy a regresar a la selva o mejor me voy la frontera, allá sí hay trabajo”, dice Sebastián. El hombre conoce las historias de quienes emigran a los campos agrícolas de Sinaloa.

Los inconvenientes de la vivienda, que además de reducida es insuficiente, han desmembrado familias, como la de Pascual López Sánchez. El señor de 44 años perdió a uno de sus cuatro hijos durante el desalojo de la comunidad El Censo. Y es que su muchacho rehusó acogerse al programa del gobierno y se quedó en Santa Elena.

La esposa de Pascual lamenta que, a tan sólo dos años de su construcción, las casas estén inservibles. Además, María Pérez reconoce la insuficiencia de los recursos para reparar las tejas y construir un estanque para conservar agua.

La mujer, que ahora cocina las tortillas, dice que tampoco pueden regresar a la selva, porque allá no hay tierra.

Engaño, la huella de Fox

“El gobierno todo lo hizo mal hecho”, explica Juvencio Gómez López, uno de los dirigentes de la nueva comunidad habitada por indígenas que vivieron en seis poblados de la zona principal de la selva Lacandona: Montes Azules.

Este febrero el pueblo cumple apenas dos años de fundado, pero por el precario estado de las viviendas parecería que han pasado décadas. La mitad de las casas están medianamente derruidas o deshabitadas.

En el poblado del municipio de Palenque, los habitantes no tienen fuentes de empleo. La tierra es “mala” y tampoco tienen recursos para comprar ganado vacuno. Todos los pobladores mantienen deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por este servicio deben de 4 a 7 mil pesos. “Sí tenemos esa deuda, pero no tenemos con qué pagarla”.

Gómez López cuenta que operadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del gobierno estatal viajaban hasta sus pueblos para convencerlos que dejaran Montes Azules, porque les construirían una comunidad con clínica, espacios para que jugaran sus hijos, calles, escuelas, agua entubada, área de siembra, cocina de gas y estarían a dos horas de “la ciudad”.

El agua que “todos los días” tendrían en sus casas no llega con fluidez, incluso hay ocasiones en que se quedan sin el vital líquido hasta por tres días, y por falta de pago la CFE les corta la luz, así que viven en penumbras, sin agua, y en medio de una tierra árida.

Ahora estas familias se quejan que fueron obligados a dejar Montes Azules. “Nosotros no vinimos voluntariamente, sino porque nos obligó el gobierno”, acusan.

Rememoran que a principios de 2005, la entonces delegada estatal de la SRA, Martha Cecilia Gordillo, viajaba constantemente en helicóptero o a pie hasta las comunidades de Montes Azules, pero una vez sacó a las 102 familias de esa zona, la actual diputada federal del PAN no ha vuelto a visitarlos.

Otro funcionario, Rafael Arellanes, subsecretario de relaciones políticas del gobierno del estado, también prometió, pero “se fue y no cumplió”, señala Gómez López.

Ante la ausencia de los servidores públicos, los indígenas preguntan: “¿por qué no vienen ahora a resolver nuestros problemas?”.

Están molestos porque han pedido agua, construcción de más aulas, médicos, pero nadie parece escucharlos. Gómez López sólo tiene una última opción, que el gobernador Juan Sabines, por el que votaron mayoritariamente el pasado 20 de agosto, atienda sus demandas.

Explica que “muchos” de los indígenas que salieron de Montes Azules partieron a sus antiguos poblados, porque las “casas están mal hechas” y en malas condiciones para alojar a una familia.

Originalmente fueron construidas 180 casas, pero sólo 162 fueron ocupadas aquel febrero de 2005. Sus habitantesfueron desalojados de las comunidades El Censo, Santa Elena, Petalcingo, Paraíso de las Ruinas, Zapotal, Villa de las Rosas y Tumbalá, todas ubicadas en la zona de reserva.

Jerónimo Vázquez Hernández, representante de la comunidad, asegura que de continuar el abandono, la gente se desalentará y procederá de nueva cuenta a invadir Montes Azules. 

“Si no se resuelve el problema del agua potable, a lo mejor van a regresar todos los compañeros. Así están las cosas. Nosotros vinimos por necesidad porque no teníamos tierra, pero ésta no es fértil. Y Montes Azules sí es tierra fértil”, explica.

Por ello pide que el gobierno ponga atención a sus demandas, porque es preferible gastar en el poblado, antes de que se siga destruyendo la Lacandona.

 

Publicado: Febrero 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 73



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