Contralínea  

La guerra por el oro verde

Fredy Martín Pérez
La selva Lacandona, que a principios del siglo pasado contaba con un millón de hectáreas de bosque tropical, no sólo es botín para madereros, chicleros -quienes ingresaron primero- sino para la iniciativa privada ecoturística.

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Desde su colonización -ocurrida hace casi 40 años- el llamado pulmón de Norteamérica ha sido saqueado: en la zona apenas quedan 300 mil hectáreas verdes, concentradas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

Esta área albergaba a cerca de 40 poblados indígenas milenarios, ahora militantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de otras organizaciones sociales.

Se calcula que en la región de la Selva -que abarca los municipios de Ocosingo, Marqués de Comillas, Benemérito de las Americas y Palenque- habitan más de 500 personas. Sin embargo, y de acuerdo con las autoridades agrarias, la comunidad lacandona (integrada por lacandones de Lacanjá Chansayab, choles de Frontera Corozal y tzeltales de Palestina) es dueña legal de más de 300 mil hectáreas de la biosfera.

Miguel Ángel García Aguirre, coordinador de la organización ambientalista Maderas del Pueblo, dice que los lacandones se “sacaron la lotería sin comprar billete”, porque desde que se decretó la reserva en 1972, los hicieron socios de la empresa maderera Cofolosa. Esta sociedad empresarial reportaba ganancias mensuales por 5 mil pesos a cada familia.

“En ese entonces el negocio era la madera, ahora es la biodiversidad: agua, ecoturismo”, dice García Aguirre.

El activista recuerda que hace dos años los lacandones recibieron una millonaria indemnización para que aceptaran la regularización de los ejidos Bella Ilusión y 13 de Septiembre, y que el año pasado, esa misma comunidad cobró 6 mil pesos por cada hectárea de las 40 mil que correspondían a 24 ejidos irregulares, ubicados dentro de la reserva y que los lacandones amenazaban con expulsar.

“El gobierno se vio obligado a negociar con ellos y a reconocer la regularización de 24 de 28 ejidos. Para lograrlo expropió la tierra e indemnizó a los lacandones”, explica el activista.

Advierte que los comuneros no aplicaron dichos montos en proyectos de beneficio social ni de desarrollo o educación, sino que se repartieron el dinero. Según estima, cada familia obtuvo 190 mil pesos.

García Aguirre asegura que esos recursos fueron destinados a la compra de camionetas “chocolate”, ganado vacuno, o simplemente fueron gastados en parrandas.

Actualmente los lacandones presionan a los habitantes de Ojo de agua, El progreso, San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao, para que abandonen sus hogares. Las amenazas no son infundadas: el pasado 13 de noviembre desalojaron con violencia a los residentes de Viejo Velasco Suárez.

García Aguirre expone que los lacandones también presionan al gobierno. Su finalidad, señala, es la explotación de caoba y la realización de proyectos de ecoturismo en la zona arqueológica de Yaxchilán y en el río Usumacinta.

El activista denuncia que los laandones no aceptarán indemnización, pues lo que pretenden es que se les autorice la explotación de caoba.

Resurgen paramilitares

En diciembre pasado -a un mes del enfrentamiento en Viejo Velasco Suárez que tuvo como saldo cuatro indígenas muertos, cuatro desaparecidos y varios lesionados- se hizo pública la creación de la Fundación Lacandona, grupo de autodefensa armado.

Mediante un escrito, enviado a organizaciones civiles y sociales vía fax, se dio a conocer el origen del grupo y se advirtió que los hombres de la Selva han “recapacitado” de que “también somos seres humanos para tomar lo que todo mundo atemoriza (las armas).

“Hay que pensar, compañeros indígenas. Nos mantendremos alertas y unidos (y) defenderemos nuestro territorio. Ninguna invasión más”, advierten los indígenas de la comunidad lacandona.

También amenazan a los organismos de derechos humanos que se pronunciaron contra los hechos de Viejo Velasco Suárez, y que ahora exigen la presentación con vida de los cuatro indígenas desaparecidos.

Tras la aparición de la Fundación Lacandona, estas mismas organizaciones lanzaron una alerta urgente por considerarla brazo armado de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC). Esta última se “expandió” por varios municipios de la zona norte de Chiapas durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar.

Fundación Lacandona amenaza con vigilar la selva y los municipios Altamirano, Ocosingo, Chilón, Tumbalá y Sitalá. Por ello pide a los indígenas bases de apoyo del EZLN a que desocupen los terrenos que tienen en su poder. De lo contrario, advierten, van a “tomar las medidas necesarias para recuperar” las tierras.

El documento habla de lo ocurrido el 13 de noviembre en Viejo Velasco Suárez: ésta es una “muestra de que la comunidad lacandona empieza a tomar decisiones ante sus agresores”. No será la última vez que realice una acción para defender la selva, amenaza.

El escrito, titulado El rostro de la comunidad lacandona, detalla que, entre la OPDIC y Fundación Lacandona, cuenta con 79 mil 500 hombres que no están dispuestos “seguir soportando tantas injusticias de personas que dicen ser zapatistas. Nos mantendremos alerta y unidos. Defenderemos nuestro territorio. Ninguna invasión más”.

Maderas del Pueblo y su coordinador general Miguel Ángel García Aguirre; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Defensa de la Libertad Indígena Xinich, ya han manifestado su temor de que sean asesinados por miembros de Fundación Lacandona.

La OPDIC fue creada por el actual diputado federal del PRI, Pedro Chulín, al que se le atribuye la función del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, que operó en la selva.

En su comunicado, la Fundación Lacandona lanza amenazas abiertas contra las bases de apoyo zapatista, ubicadas en la zona selvática de Chiapas:

“somos los verdaderos dueños de las tierras de la comunidad Lacandona, con documentos firmados por gobiernos pasados y en la actualidad, y no como quien se hace ser dueño de unas cuantas personas que se encuentran con pasamontañas para no ser identificados, no permitiremos que usen más el nombre de la comunidad Lacandona […] pensamos no seguir aguantando en estos tiempos más invasiones, violencia y agresiones”.

En el comunicado, dirigido al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines, éste grupo de autodefensa advierte que de forma armada “defenderán” la Lacandona, sin permitir “una sola invasión más”.

Mientras la Junta de Buen Gobierno del EZLN, Corazón del Arcoiris de la Esperanza, pidió a la OPDIC que reflexione sobre las amenazas que ha vertido, porque por parte de los zapatistas no “vendrá la amenaza de expulsión y muerte”. Aunque sí temen que en la selva ocurra una matanza como la de Acteal.

Una masacre anunciada

Antes de concluir sus gestiones, Vicente Fox y Pablo Salazar afirmaron haber resuelto el conflicto agrario de Montes Azules, considerado como el foco rojo más delicado del país.

Vicente Fox se promovía como el presidente “que llevó la paz al campo" y, mediante una inserción pagada en periódicos nacionales, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) aseguraba que el conflicto de Montes Azules estaba solucionado e incluso en el título de su mensaje sostenía: “Las peleas terminaron”. No pasaría ni una semana para que su dicho se desmoronara. La sangre tiñó el verde de la selva.

En su reporte sobre las condiciones de conflicto en Montes Azules, Maderas del Pueblo del Sureste -integrante de la comisión de observación civil- califica como una matanza “anunciada” la ocurrida en noviembre pasado en la comunidad indígena Viejo Velasco, situada en los límites de la Reserva Montes Azules. Y es que las organizaciones de defensa de derechos humanos y ecológicos ya habían advertido del riesgo de un enfrentamiento.

Hasta el momento, según informes de la comisión de observación civil que da seguimiento a los hechos, hay cinco personas muertas, dos desaparecidas, una tomada como rehén (eran dos, pero una mujer -enferma y discapacitada- fue liberada, tras sufrir agresiones y tortura) y veintitrés desplazadas.

Un conflicto que se suscitó hace tres décadas cuando, por un decreto irregular, se desconocieron los derechos agrarios de distintos poblados indígenas y campesinos que reclamaban la tierra como suya y se la dieron a la comunidad lacandona.

En los últimos 20 años se han sucedido los desalojos violentos en la zona y las reubicaciones forzadas.

Un acuerdo de mediados de la década de 1980 reconoce la propiedad agraria de la tierra a los pobladores de varias comunidades de la zona, pero los conflictos agrarios se agudizaron. En noviembre de 2005 los gobiernos federal y estatal se comprometieron, mediante un acuerdo público, a reconocer y regularizar la situación agraria de 28 poblados de la zona de Montes Azules, entre ellos el poblado Viejo Velasco. Sin embargo, ambas autoridades violaron los acuerdos y, por el contrario, a partir de marzo de 2006, según documentaron organizaciones de derechos humanos, las autoridades, principalmente de la SRA, comenzaron a presionar a los habitantes de Viejo Velasco, Ojo de Agua Tzotzil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá para forzar su reubicación. En caso de negarse, amenazaron con un desalojo violento.

Para abril iniciaron las reubicaciones forzadas de algunas comunidades y en las que había más resistencia, los desalojos violentos en la región, por cuenta propia de los comuneros de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab. La razón, según organizaciones ambientalistas que trabajan en la zona, es que estos comuneros que acosaron y desalojaron violentamente a los indígenas es porque “a cambio de migajas, buscan favorecer a intereses empresariales biotecnológicos, ecoturísticos y madereros, con miras a privatizar los ricos y estratégicos recursos naturales existentes en los pueblos”.

En la zona se vivía la violenta situación entre estos pueblos indígenas, sin que el gobierno del estado o las autoridades agrarias se preocuparan por ello, pese a las advertencias constantes de la gravedad del conflicto que durante varios meses hicieron las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Ante la parsimonia y negligencia de los gobiernos estatal y federal, el 13 de noviembre, estalló el conflicto.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, afirma que el ataque al parecer fue premeditado, y observa que tiene características similares a las agresiones que se registraron entre 1995 y 2000 contra las comunidades indígenas en Chiapas, como fue el caso de la masacre de Acteal.

En esta ocasión también un numeroso grupo de personas, identificadas como comuneros tzeltales y lacandones, llegaron portando armas de fuego; así como machetes y palos, a agredir a los pobladores tzeltales de Viejo Velasco, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, previo abandono de sus simpatizantes en ese poblado.

La policía sectorial acudió en helicóptero minutos después de ocurrido el ataque, sin detener a nadie y sólo a levantar los cuerpos, tal como ocurrió en Acteal.

Hechos como estos se han venido denunciando en las mesas de trabajo del encuentro del Moicam, no sólo como una problemática común de los países mesoamericanos en cuestión de tierra y territorio, sino también relacionado con la cuestión de los recursos naturales de los que las trasnacionales ansían apropiarse.

Maderas del Pueblo, organización ecologista integrante de la comisión de observación civil, explica las razones de este caso: en las 3 mil o 4 mil hectáreas en disputa, existen todavía grandes manchones compactos de selva alta, con importante cantidad de caoba. Eso explica, según Maderas del Pueblo, porqué la "comunidad lacandona" y específicamente los palestinos, aceptaron la expropiación de las tierras donde estaban asentados los otros 24 ejidos, pero se negaron rotundamente a aceptar estos cuatro ejidos.

La organización insiste en que desde hace cinco años los pobladores de Nuevo Palestina están tramitando un programa de manejo forestal, para la explotación de madera (especialmente caoba) el cual posiblemente esté a punto de ser liberado por la Semarnat. Si los subcomuneros de Palestina aceptaban la expropiación de ese territorio se les daría el dinero en un solo pago de 6 mil pesos por hectárea, es decir, por las 4 mil hectáreas, 24 millones de pesos.

Pero, además, estiman que si obtienen el permiso de explotación maderera y lo negocian con alguna empresa, recibirán ingresos anuales relativamente cuantiosos, al menos por 10 años; y se quedan con los terrenos para poner proyectos de "ecoturismo" cerca de Yaxchilán. Y, con los dineros recibidos del derecho de monte, compran más ganado cebú para destruir los terrenos de adentro (igual que ya hicieron con los casi 200 mil pesos que recibió cada "comunero" y "subcomunero" por el negocio de la expropiación aceptada de los otros 24 ejidos).

 

 

 

Publicado: Febrero 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 73



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