1a quincena Julio 2007

Abusos en estación migratoria de iztapalapa

 

 

Para ocultar las condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato a las que son sometidos los emigrantes en México, el INM impide el acceso a la Estación Migratoria de Iztapalapa a las organizaciones de defensa de derechos humanos

 

Ana Lilia Pérez

 

A finales del gobierno foxista, el entonces  secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Magdalena Carral, plantearon reformar las normas que rigen las estaciones migratorias para impedir el acceso a las organizaciones que dan asesoría o representación legal a los emigrantes.

Discrecionalmente, sin modificaciones al reglamento, ni propuesta alguna al Poder Legislativo, desde febrero pasado Cecilia Romero, titular del INM, impide el ingreso a la estación migratoria de Iztapalapa a los abogados de los emigrantes víctimas de abusos, extorsión, tortura y violación que permanecen detenidos por meses sin que se resuelva su repatriación.

 

Los litigantes son parte de la organización Sin Fronteras y del equipo de juristas de la Clínica de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sin Fronteras fue la primera organización no gubernamental que desde 1998 denunció las deficientes condiciones que imperan en la estación migratoria de Iztapalapa, el centro de detención más grande del país.

Nunca como en este gobierno panista, la organización ha sido víctima de una política gubernamental de persecución y descalificación de sus actividades. A unas semanas de que Cecilia Romero tomara en el INM, se endureció la política migratoria.

 

Sin Fronteras presentó un juicio de amparo contra Cecilia Romero por la obstrucción a sus abogados. En el proceso, el INM justificó que la disposición era para “garantizar la estabilidad de los asegurados”. En el documento presentado ante el juzgado, el INM cita: “La autoridad se encuentra realizando sus funciones y atribuciones de conformidad con la normatividad migratoria existente, con lo cual sólo busca la estabilidad de las estaciones migratorias sin que con ello se viole garantía individual alguna, toda vez que los quejosos sólo se limitan a ver por sus intereses ya no como miembros de una Asociación Civil y no observan que con las medidas implementadas se pretende la estabilidad de los asegurados”.

 

En respuesta, Sin Fronteras presentó una denuncia contra la Segob y el INM ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los agravios a la organización.

En marzo pasado el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Florencio Salazar Adame, lanzó graves acusaciones contra las organizaciones independientes.

"Evidentemente, hay redes de traficantes de personas que, al amparo de supuestas organizaciones humanitarias, pretenden llevar a quienes contactan para su traslado a Estados Unidos y usan algunas organizaciones de fachada", dijo.

 

Marta Villareal, abogada del ITAM, señala que al impedir el acceso a las estaciones migratorias, las autoridades violan tratados internacionales, los derechos de los migrantes y de las organizaciones que les brindan asesoría legal, entre ellos el derecho a la defensa, y a comunicarse con sus familiares, previstos en la Ley General de Población.

El acoso del INM contra personal de Sin Fronteras ha ido en aumento. Como un acto de intimidación, en las oficinas centrales del INM en Polanco, fue filmada Fabiene Venet, directora de la organización. Los funcionarios fotografiaron su credencial de elector y sus huellas dactilares. No se trataba de una medida de seguridad de rutina. Venet presentó una denuncia ante el Órgano Interno  de Control y una denuncia penal en la PGR por acoso.

El pasado domingo 20 de mayo la asistente de Capacitación de Sin Fronteras se encontraba en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo a Tapachula,  donde proporciona asesoría a migrantes y monitorea las condiciones del inmueble.

 

Antes de abordar el avión, fue voceada por la aerolínea y le indicaron que la esperaban dos agentes de Migración. Le solicitaron que se identificara, lo cual hizo bajo presión psicológica e intimidación. No fue revisado ningún otro pasajero de ese vuelo. Este acto derivó en la presentación de una queja ante la CNDH y una denuncia penal contra los funcionarios del INM.

El sacerdote Pedro Pantoja, activista y defensor de emigrantes, señala que el gobierno ha reforzado el “modelo de miedo contra los emigrantes”, principalmente en las instalaciones de Iztapalapa, “en el calvario maldito llamado estación migratoria”.

 

Esta situación no es exclusiva del Distrito Federal, ya que en la estación migratoria de Tapachula, donde Sin Fronteras denunció la violación de un niño hondureño por parte de un custodio, también se les ha impedido el acceso.

En Chiapas, otros defensores también son víctimas de la política del Estado, como el sacerdote Heiman Vázquez Medina, fundador de un albergue para emigrantes en Arriaga, quien a raíz de sus denuncias de violaciones y extorsiones de militares contra indocumentados en la zona (Contralínea 78), ha sido amenazado y acosado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República.

 

 

El lado oscuro

 

Peses a los onerosos recursos que el gobierno de Vicente Fox invirtió en la remodelación de la Estación Migratoria de Iztapalapa, ésta no cumple las normas mínimas establecidas por organismos internacionales en convenios ratificados por el Estado mexicano.

En 2004 el INM contrató a la  empresa AGNI Construcción Integral, para acondicionar el inmueble (contrato SG/INM/COP/003/2004). Los trabajos, que concluyeron en junio de 2005 y costaron cuatro millones de pesos, se limitaron a la construcción de algunos dormitorios, aplicación de pintura en las paredes, impermeabilización e instalación de  accesorios de baño.

El inmueble está deteriorado tanto en infraestructura como en la administración. Imperan vicios de corrupción y malos manejos, similares a los que en octubre de 2002 provocaron la intervención de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la PFP y la PGR en un operativo en el que se detuvo a 60 funcionarios por irregularidades penales y administrativas.

 

A la estación migratoria son enviados los “sin papeles”, quienes son víctimas de golpes, robo, violación, extorsión, y maltrato de policías municipales, estatales, militares, de tránsito, e incluso policías de empresas de seguridad privada.

En una carta dirigida a José Luis Soberanes, titular de la CNDH, 40 internos de distintas nacionalidades  denuncian las condiciones en las que viven desde hace más de cinco meses y que evidencian que en la estación migratoria hay graves violaciones a los tratados internacionales.

No funcionan adecuadamente los servicios higiénicos, el agua escasea por días –en ocasiones sólo hay agua caliente de 7:00 a 9:00–, pero es imposible usar las regaderas porque a esa hora las garitas no se han abierto, y las regaderas no sirven.

 

No hay forma de dar a conocer una emergencia médica, incendios o brotes de violencia. El encierro en las celdas es de las ocho de la noche a las nueve de la mañana del día siguiente.

La mayoría desconoce su situación legal, no saben cuándo habrá de resolverse y no se les informa con antelación de su salida para poder avisar a sus familiares. Nadie tiene derecho a consultar su expediente ni se les informa cómo contactar con algún abogado.

No se les suministra artículos de aseo diario, ni el folleto informativo de sus Deberes y Derechos, lo que violenta el proceso. La falta de higiene en las celdas provoca problemas de salud, las cobijas están sucias y pestilentes, igual que los colchones.

 

Se les da la misma comida fría todo el día. Si hay sobrantes, los custodios prefieren tirarla que dársela a quien la necesite. Se les obliga a firmar declaraciones sin leerlas. Su único vínculo con el exterior es una televisión que tiene muchas fallas.

Los retenidos exigen que se instale un teléfono público para llamar a sus familias y se quejan de que el cambio de huso horario no coincide con el horario en que los custodios los dejan salir a hablar en las cabinas.

Solicitan que se instale un servicio de biblioteca o alguna otra forma recreativa, que haga menos penoso y menos tortuoso su paso por este sitio.

En la misiva los emigrantes confiesan su miedo a que los custodios descubran sus quejas, por temor a que se agudicen las agresiones de las que han sido objeto desde su detención. En la CNDH la denuncia sigue en investigación.

En entrevista, Mauricio Farah, titular de la Quinta Visitaduría General, confirma las deficientes condiciones que hay en el inmueble.

Dice que en 2003 la CNDH instaló un módulo de atención permanente afuera del área de dormitorios, y si un emigrante quiere presentar una queja o denuncia, tiene que solicitar al custodio que le permita salir para hablar con los visitadores.

Farah señala que aún cuando se presenta una queja, difícilmente los migrantes aceptan ratificarla, por la intimidación del personal del INM para que se desistan.

 

Karina Arias, de Sin Fronteras, explica que “cuando la CNDH hace una investigación, pide al custodio la autorización para hablar con el emigrante, e incluso es el propio custodio el que lo tiene que llevar a la oficina de la Comisión. Los funcionarios se molestan, amenazan a los emigrantes. Finalmente, lo que ellos buscan es que los regresen a su país para volver a intentar llegar a Estados Unidos”.

Sin Fronteras recibe denuncias frecuentes de agresiones verbales y sexuales; robo, extorsión y abuso de poder, de funcionarios del INM.

 

 

El hacinamiento

 

La capacidad de la Estación Migratoria es insuficiente, en promedio concentra al 85 por ciento de los indocumentados detenidos en territorio nacional. Tiene capacidad para 387 personas y, según cifras del INM, entre enero de 2006 y enero de 2007 ingresaron 4 mil 340. La mayoría permanece en promedio cinco meses por la dilación del INM en las repatriaciones, que por ley debe hacerse en menos de 15 días.

Las autoridades se empeñan en negar que es una cárcel, aunque los dormitorios son celdas, sin agua ni aire acondicionado, cuarterones estrechos donde se apilan decenas de cuerpos sobre las camas, piso y pasillos, durante doce horas al día.

Sin Fronteras documenta que quienes reciben peor trato son los emigrantes de países de Centro y Sudamérica. A los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños nunca se les destina una cama. El trato discriminatorio se ha hecho extensivo a los venezolanos.

 

El hacinamiento ha desatado graves conflictos internos que los custodios resuelven de manera violenta. A estas condiciones de encierro atribuyen las organizaciones no gubernamentales el que sean frecuentes los ataques de estrés y trastornos psicológicos de los internos.

En información obtenida por Contralínea a través la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, el INM revela que en promedio un tres por ciento de los internos presenta trastornos psiquiátricos, y no existe atención clínica especializada.

 

Karina Arias, vocera de Sin Fronteras, señala que ello “pone en riesgo no solo al enfermo sino a toda la población de la Estación Migratoria porque se trata de personas que deben estar en un psiquiátrico”. La organización ofreció el apoyo de un especialista pero  se le impidió el acceso.

 

 

La Peste

 

El drenaje de las regaderas está casi todo el tiempo tapado y el agua se anega, lo que provoca infecciones en la piel, salpullido y hongos.

A través de la Ley Federal de Acceso a la Información, el INM reveló que los internos en la Estación Migratoria padecen infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis, gastritis, traumatismo, micosis, colitis, padecimientos dentales y “otras enfermedades”. El centro carece de servicio médico eficiente, no hay medicamentos y los custodios maltratan a los internos que los solicitan.

 

 

Babel

 

La Ley General de Población y las normas internacionales exigen que en el momento de su detención y durante el proceso de su deportación, los emigrantes cuenten con traductores e intérpretes calificados.

En la Estación Migratoria no hay tal, ni siquiera abogados que los orienten sobre su estatus migratorio, lo que facilita los abusos de los funcionarios del INM y las extorsiones. Hay casos de funcionarios que ofrecen a los internos resolver su situación a cambio de dádivas.

Los emigrantes son fotografiados, se les toman sus huellas dactilares y se les recogen los documentos de identidad. Se les obliga a firmar supuestas declaraciones lo cual complica su proceso de repatriación.

La venta de tarjetas telefónicas es también un negocio de los custodios, quienes de forma discrecional  permiten o niegan  el uso de teléfonos. Las casetas se encuentran en mal estado y en ocasiones sin servicio durante semanas.

La falta de capacitación de los agentes migratorios llega a tal grado, que detienen a mexicanos para deportarlos. En febrero pasado un menor fue arrestado en Chiapas y encerrado en la Estación Migratoria para su deportación a Guatemala. Era indígena, pizcador de café, defendía que era mexicano; y los agentes lo obligaron a comer una lata de chiles para “demostrar su nacionalidad”.

Son frecuentes los casos de trabajadores temporales detenidos ilegalmente, que cuentan con documentos que demuestran su estancia legal en territorio mexicano. Algunos incluso, han perdido los boletos de avión de regreso a su tierra.

 

Las organizaciones no gubernamentales denuncian que ello expone a los migrantes a un grave riesgo como la deportación de los solicitantes de asilo y de las víctimas de trata de personas.

Al respecto, los cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador confirman que la notificación consular de niños y adolescentes no acompañados  se lleva a cabo hasta el momento en que éstos son llevados a la frontera con Guatemala, y no en el momento de su detención, lo que da pie a tráfico de menores, como el caso de la niña Marlene Magali Trigueros, quien desde 2004 desapareció bajo la custodia de personal de la estación Migratoria de Iztapalapa (Contralínea 28). Hasta la fecha la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene a Marlen en calidad de “perdida o robada”.

 

Ninguna autoridad sabe cuántos migrantes se han extraviado durante las repatriaciones que realiza el INM. Frecuentemente, desde el momento de su ingreso a la Estación, los custodios registran erróneamente el nombre de los internos, y aunque éstos piden su corrección, la decisión de corregirlo es también discrecional.

Se solicitó una entrevista con la comisionada Nacional de Migración, Cecilia Romero, para hablar de las irregularidades denunciadas por los internos en las Agujas, pero no hubo respuesta.

 

 

Fecha de publicación: Julio 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 82

 

 

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