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1a quincena Julio 2007

La miseria en la selva negra

 

Sitalá es el municipio con mayor índice de analfabetismo en México: ocupa el segundo lugar más pobre de Chiapas y el séptimo a nivel nacional. Prisioneros de una abrupta geografía, sus habitantes sobreviven a base de beber maíz cocido y de sortear epidemias de cólera y tuberculosis

 

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

 

Sitalá, Chiapas. Tendido sobre el húmedo suelo henchido de rocas, el cuerpo de Juan se mece en un profundo sueño aderezado por las ligeras bocanadas que, inconciente, da al envase de Big-Cola, en el que apenas quedan rastros de la dulce bebida. Desde hace horas que sólo jala aire a cada sorbo imaginario, y en el abultado vientre se escucha un fuerte rechinido al  tiempo que de su boca emergen delgados hilos de saliva.

Rosa, su madre, confiesa que el niño de dos años –y el penúltimo de sus siete hijos–, pasa la mayor parte del día dormido, forzado por la debilidad de la magra ingesta de alimentos, limitada a una tortilla con frijol y una jícara de maíz molido mezclado con agua, bebida a la que los indígenas tzeltales llaman pozol.

 

“Pozol y frijol, todos los de Sitalá comemos eso, y cuando cae el Oportunidades unas galletitas y refrescos”, dice la menuda mujer que empezó a parir temprano, a los 13 ya arrullaba al primogénito.

El esposo fue a pizcar tomate a Sinaloa y no regresó. Hace dos años que ella sola sostiene a la familia con los 360 pesos bimestrales del Oportunidades, el maíz que cultiva en la parcela y los frijoles que ocasionalmente le regalan sus padres.

 

Aunque se trata de un municipio de pobreza extrema, sólo el 70 por ciento de la población recibe el programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El año pasado a Rosa le dieron cinco costales de cemento para el piso firme de la vivienda, pero por falta de dinero para construir le dio otro uso, y sobre ellos colocó una tarima y la usa como cama.

Su casa es un altero de maderos viejos unidos de forma desproporcionada, podridos por el paso de los años y la humedad de la selva. No tienen letrina. Defecan al aire libre, detrás de la choza, entre los matorrales, expuestos al acecho de alacranes, tarántulas  y víboras de cascabel, la fauna común de Sitalá. En este precario ambiente, Rosa se dice afortunada porque vive en la cabecera municipal, la de “mejores” condiciones.

Xitalha, tierra perdida

 

Entre las montañas de la selva negra, la vida de 10 mil indígenas tzeltales languidece: rehenes del hambre, víctimas enfermedades fulminantes, objeto de venganzas políticas, esclavos del asistencialismo oficial. Es el precio que se paga por vivir en Xitalha (castellanizado como Sitalá), el segundo municipio más pobre de Chiapas y el séptimo de los de mayor rezago a nivel nacional.

Es tierra escondida en la sierra norte del estado, entre Chilón, Yajalón y San Juan Cancuc, zona de paramilitares. Su fundación obedece a la de una misión dominica del siglo XVI.

 

Actualmente la única vía de acceso es la carretera que llega a Ocosingo, abierta en 1994 luego de la insurrección zapatista, como una medida de Estado para que el Ejército entrara a las zonas en rebeldía, pero pavimentada hasta 10 años después. El resto, caminos de extravío que en días de lluvia son intransitables.

 

Los servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica se concentran en la cabecera municipal. En las comunidades aledañas, Golonchán Viejo, Insurgentes Picoté, Picoté Pamalá y La Unión, apenas el año pasado se instaló agua entubada. El suministro de energía eléctrica está condicionado a los frecuentes apagones y las exorbitantes tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las otras 110 comunidades no tienen un solo servicio.

 

En 2005  la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) electrificó el 20 por ciento del municipio, pero en unos meses la CFE hacía cortes masivos por la negativa de los indígenas a pagar el “consumo” bimestral de 500 a 2 mil pesos. El servicio se redujo al 20 por ciento de la población, inexplicable cuando en Chiapas se produce el 30 por ciento de la electricidad que consume todo el país.

 

El rechazo a pagar era lógico; la mitad de la población económicamente activa no percibe salario alguno. El 83 por ciento cultiva maíz, frijol y café de autoconsumo. De ellos, el 33 por ciento son jornaleros eventuales que laboran en Chilón y Yajalón por un salario de 40 pesos por día trabajado. Menos del 10 por ciento comercializa café arábigo en los centros de acopio de la cabecera municipal, a ocho pesos por kilo a los coyotes de la Starbucks Corporation.

 

Salvo la alcaldía, no hay una sola fuente de empleo. En 2001 inició la migración hacia Estados Unidos. Pocos han cruzado, la mayoría son reclutados en el camino para la pizca de uva y tomate en Baja California y Sinaloa. Sandro Cruz López, edil municipal, se queja de que las empresas los engañan prometiendo un sueldo muy por encima del real, que muchos sitalenses han muerto en éstas travesías y que el gasto para devolver sus cuerpos lo absorbe el ayuntamiento.

 

El único contacto que lo migrantes tienen con sus familiares es por una sola caseta telefónica que da servicio a todo el municipio, ubicada en la cabecera y, cuando escuchan  el llamado del magnetófono, bajan de comunidades de hasta más de cuatro horas de distancia; el correo no funciona y las remesas se envían a las oficinas postales de Chilón.

 

 

“El Paraíso”

 

Los chillantes colores de la ropa desentonan con la languidez postrada en su rostro. La mirada de Petrona está cargada de melancolía. Por momentos, sus oscuros ojos parecen divagar hacia la nada; sus pies desnudos bailotean en un sonsonete imaginario para mecer a la niña que carga a cuestas, en el rebozo raído y maloliente. Los años de caminar descalza en la agreste geografía formaron una gruesa callosidad que deformó por completo sus dedos.

A ratos más aprisa, a ratos lenta, la adolescente se desespera: Romelia, su hermana menor, no para de llorar; nació enferma y quizá no sobreviva mucho tiempo, tiene tuberculosis. María, su madre, se queja de que apenas hace cuatro meses la familia recibió su primer apoyo de Oportunidades y el dinero lo gastó en medicamentos infructuosos.

 

María Cruz  Hernández se lamenta de que sus ocho hijos enfermen a cada rato, presos de diarrea, fiebre, deshidratación y parasitosis. Todos padecen fiebre reumática, la enfermedad de los niños de Sitalá, por el clima de la zona y los altos niveles de desnutrición. Ella misma tiene los huesos contraídos y empieza a caminar jorobada por la descalcificación, tras ocho partos en una vida de 26 años.

 

La familia López Cruz es una de las 20 que habita en El Paraíso, sarcástico nombre para un poblado aislado en lo alto de la montaña. Su casa es un galerón de varas y lodo techado con palma y zacate. Al interior, una cama hecha con dos troncos, una mesa de madera y sobre ella  un pequeño molino y los trastos donde se prepara el pozol, junto con la ropa que traen puesta, son su patrimonio.

 

La bebida de maíz hervido es su alimento diario. Para prepararlo, Sebastián y Petrona, los hijos mayores, se adentran en la espesa selva hasta el arroyo más cercano –a dos horas de distancia– para recolectar agua que en la vivienda almacenan en dos cubetas de plástico percudidas y enmohecidas.

En ausencia del padre, Sebastián habla de la depauperada vida en El Paraíso, que siquiera comer frijol es algo extraordinario, porque la parcela apenas si produce maíz. Pronto será mayor de edad, pero aparenta 15 años. Su expresión es ingenua, la única que podía tener alguien que  no conoce sino la montaña. La desgastada tela de su camisa azul cielo está a punto de deshacerse, lo mismo que sus pantalones de burda sarga. Sebastián nunca ha tenido nada, ni siquiera ilusiones.

 

–¿Te gustaría salir de aquí?

–¿Así…? –dice señalando hacia su persona– ¿…y a dónde iría? –agrega seco y su candidez se convierte en reproche. Aquí nací y aquí me voy a quedar, como toda mi familia.

 

Seis de los ocho hijos están en edad escolar, pero ninguno acude a la escuela. María se excusa, dice que enviarlos representa sufragar un gasto que no tiene, y que los niños pierdan horas de limpiar, desyerbar, cultivar, y arrancarle a la tierra pequeñas mazorcas por las que hasta ahora, no han muerto de inanición.

Labrar la tierra es su única manera de sobrevivir. Esa mañana los niños cosecharon maíz que yace hervido y recién molido sobre la rústica mesa, y que empieza a ser devorado por un puñado de moscas que aventajan el festín antes de que los hijos de María hagan lo propio.

 

 

El último eslabón

 

La privación educativa de los hijos de María no es un caso aislado en Sitalá. El informe 2006 sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la CDI, ubica a este municipio como el de mayor rezago educativo del país, donde sólo el 35 por ciento de los niños en edad escolar va a la escuela.

Actualmente, Chiapas (tierra de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo), ocupa el último lugar a nivel nacional en escolaridad y el primero en analfabetismo. El 39 por ciento de mayores de 15 años no sabe leer ni escribir, sobre todo en las poblaciones indígenas.

 

De acuerdo con el INEGI, en Sitalá, de los mayores de 18 años sólo el 10 por ciento completó la educación primaria, y el 9 por ciento cursó algún grado de instrucción posterior. Recientemente se instaló un Colegio de Bachilleres (Cobach), que no tiene mucha demanda porque la mayoría de los adolescentes ansía ir a Estados Unidos, por la  deserción e insolvencia económica.

El precio que se paga por estudiar es alto: trasladarse por caminos de extravío en recorridos mínimos de tres horas diarias, y ya en el aula, estar expuestos a la mordedura de serpientes venenosas y alacranes. Salvo las escuelas de la cabecera municipal, el resto no tiene piso firme, puertas ni ventanas.

 

La mayoría de los niños andan descalzos, sólo unos cuantos usan huaraches o botas de plástico que en el  calor de la selva les cuecen la piel. Salvo raras donaciones de organizaciones independientes, sobre todo extranjeras, no tienen material didáctico y el los útiles escolares que les da la SEP no sirven más allá del primer mes de clases: una libreta, un sacapuntas, una caja de colores por ciclo escolar.

 

La dotación de desayunos dispensados por la Sedesol es insulsa: seis kilos de frijol, cinco latas de atún, cinco kilos de soya, papas y cebollas, para 50 niños durante cuarenta días. Tampoco hay manera de cocer los alimentos, hace once meses que a las primarias se les dotó de un cilindro de gas LP, pero el energético no ha llegado.

La barrera inicial para la educación es el lenguaje: menos del diez por ciento de la población es bilingüe, ninguno de los maestros de la comunidad  habla tzeltal, la lengua materna.

 

“Aquí volvió a renacer la época de Porfirio Díaz”, suelta Lorenzo Méndez, director de la escuela primaria de Golonchán Nuevo, en alusión a la situación de los indígenas de Sitalá. Él es maestro, intendente y cocinero de 57 alumnos de multigrado, por un salario de 2 mil 800 pesos quincenales.

Es originario de Ocosingo, guía e intérprete de toda la comunidad dividida entre priistas, perredistas y bases de apoyo del EZLN. Méndez presume: “Yo no tengo partido, por eso confían en mi, porque les he hecho ver que ésta escuela si es laica”.

 

No son las goteras en el techo de lámina, las paredes resquebrajadas, la falta de material didáctico, ni el precario salario, dice, lo más difícil de su oficio, sino el clamor de los alumnos de que les dé cualquier alimento para entretener a los parásitos anidados en su estómago, que les provocan naúseas, diarrea, dolor de cabeza y sudoraciones; y les despiertan la ansiedad por correr a su casa a beber pozol.

 

“Hay que tener mucha paciencia para dar la clase con las interrupciones frecuentes: ‘maestro tenemos hambre, vamos a ir a tomar pozol’… pozol en la mañana, pozol en la tarde, pozol en la noche. La gente de Sitalá tiene una costumbre: no comer, y todos están siempre muriéndose de hambre, haciendo trabajitos para comprar galletas, rara vez comen frijol”, desahoga el mentor.

En la mayoría de escuelas no hay mobiliario, los alumnos se sientan al ras del suelo, y las “aulas” (unas galeras de madera), techadas con lámina galvanizada, antes de medio día arden sobre la cabeza de los niños. Hacinados en ese estrecho infierno se quedan dormidos, agotados por los frecuentes dolores de cabeza.

 

En la escuela Acamapichtli, en Golonchán Nuevo, la maestra Verónica Guzmán Jiménez atribuye el ausentismo a que los niños pasan mucho tiempo enfermos y a las mismas condiciones del inmueble: “No les gusta la escuela, la lámina les quema mucho y ellos se desesperan, se sientan en el suelo y los pican las arañas, las hormigas, y cualquier alimaña de la montaña”, comenta.

 

 

Pobres enfermos

 

En Sitalá la depauperada condición física de sus habitantes se deriva de la falta de alimentos. La desnutrición que presentan las mujeres embarazadas ubica al municipio entre los de mayor índice de mortandad materna. En marzo pasado se abrió la primera clínica de maternidad, el encargado, José Celis, dice que actualmente atiene 50 embarazos de alto riesgo.

Sólo cinco de las 114 comunidades cuentan con una clínica, que atiende enfermedades infecciosas intestinales, paludismo, amibiasis, ascariasis, gastritis, úlcera, influenza, neumonía, poliatropatías inflamatorias, infecciones en vías urinarias; y en niñas y mujeres, vaginitis aguda.

La tasa de mortandad infantil es de 14.8 por ciento. El 3 por ciento de la población padece alguna discapacidad, de éstas el 92 por ciento motriz, 4 por ciento mental, 3 por ciento de lenguaje, 2 por ciento visual, y 2 por ciento auditiva (algunas personas presentan más de una discapacidad); nadie recibe atención médica especializada.

 

Hace una década en Sitalá se desató una epidemia de tuberculosis. Celis advierte que el virus (cuyo periodo de incubación es de 10 años) podría reactivarse en cualquier momento, pues las condiciones que estimulan la pandemia están latentes: hacinamiento, insalubridad, marginación, ingesta de agua y alimentos contaminados.

 

Sitalá es el municipio con mayor índice de hacinamiento a nivel estatal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) el 83 por ciento de las familias vive en tales circunstancias, de cinco y hasta quince personas comparten espacios de 10 metros cuadrados.

 

Según el INEGI, el 82 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra, 14 por ciento de cemento y firme, dos por ciento, madera y mosaico. Las paredes, 46 por ciento son de madera, 31 por ciento de barro y bajareque, ocho por ciento de tabiquel, y  uno por ciento de cartón. El 82 por ciento de los techos son de lámina de asbesto y metálica, siete por ciento de teja, dos por ciento de losa y dos por ciento de otros materiales.

 

Las palabras de Celis son premonitorias: además de la niña Romelia, en las comunidades de la montaña hay niños que presentan síntomas del bacilo mortal en su cuerpo, y podría prevenirse con una simple campaña de vacunación.

 

 

Golonchán, conflicto latente

 

La geografía física, política y social en Sitalá cambió de forma abrupta a partir de 1980, año de la matanza en Golonchán Viejo, la comunidad más importante de la zona. Hasta entonces, los 233 kilómetros cuadrados que forman el municipio no eran más que el mayorazgo de un grupo de finqueros.

Eran días en que Juan Sabines, padre del actual gobernador del mismo nombre, gobernaba el estado. Se cumplían 28 años de que los indígenas de Sitalá reclamaban tierras, cansados de la infructuosa petición, tomaron las de la finca Wolonchán (castellanizado como Golonchán), propiedad de Mario Flores. El 30 de mayo de 1980 la policía estatal entró a la finca,  mató a un campesino e hirió a otros dos, pero siguieron en resistencia.

Dos semanas después, un grupo de militares adscritos a la 31 zona militar, a cargo de Absalón Castellanos, allanaron la finca, lanzaron bombas de gas lacrimógeno y dispararon contra hombres, mujeres y niños. El saldo fue de 12 indígenas muertos, 40 heridos, viviendas quemadas y 723 familias expulsadas a la montaña, todos militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

En 1981 la Diócesis de San Cristóbal registraba los testimonios de los sobrevivientes. Una mujer que presenció de los hechos, revelaba: “Los finqueros se pusieron uniformes de policías y también nos dispararon, durante tres horas, unos cayeron, otros corrimos al monte”.

Manuel Méndez es hijo de Sebastián Méndez, uno de los hombres que participaron en los enfrentamientos en Golonchán, y militante del PST. Dice que, después del conflicto, el gobierno tendió un cerco policiaco “contra los socialistas” y que su padre se refugió en Yajalón. Es irónico, ahora Manuel es policía en la alcaldía de Sitalá, el único trabajo que encontró con salario fijo.

En el viejo panteón municipal, un llano cubierto de lodo, bardeado de forma natural por arbustos de juncia, no hay rastro de las tumbas de los 12 campesinos asesinados en la finca. Manuel aclara que aquella noche los militares no les dejaron siquiera enterrar a sus muertos, que los soldados abrieron una zanja, arrojaron los cuerpos y les prendieron fuego.

Junto con la de Acteal, la matanza de Golonchán ha sido de las peores masacres ocurridas en Chiapas,  vinculadas al uso de guardias blancas y paramilitares al amparo de los gobernadores en turno.

Después de la masacre, la población de Golonchán Viejo se redujo al 50 por ciento. Ese mismo año Juan Sabines Gutiérrez adquirió la tierra y la entregó a los priístas afiliados a la Confederación Nacional Campesina. Los expulsados fundaron Golonchán Nuevo, y otra veintena de comunidades se hicieron perredistas y zapatistas. Desde entonces, la hostilidad entre  ambos grupos no cesa.

Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, señala que el enfrentamiento entre los indígenas de Golonchán está latente, por la exclusión del  gobierno de rezagar aún más las comunidades opositoras y el fortalecimiento de guardias blancas y paramilitares.

Legendariamente la pobreza de Sitalá ha sido usada como estandarte de presidentes, diputados y gobernadores. Sólo dos la conocieron: Absalón Castellanos Domínguez y Pablo Salazar Mendiguchía. Ambos prometieron carreteras, escuelas, progreso. Al primero se le responsabiliza, junto su antecesor (Juan Sabines Gutiérrez) de la masacre de 1980, a Salazar, de ser permisivo con los paramilitares.

La intolerancia religiosa es un problema constante en Golonchan Viejo, Chablecumil, Picoté Pamalá, San Juan de la Montaña, Santa Cruz La Reforma, La Unión, Don Pedro, El Diamante y Santa Bárbara, donde las agresiones, robos, expulsiones de católicos contra evangélicos, bautistas, presbiterianos y protestantes, son el pan de cada día, y los conflictos han dejado una secuela de familias divididas.

El 11 de agosto de 1997 tres niños de Golonchán Viejo, hijos de familias perredistas, fueron envenenados por un grupo de priístas. A finales de ese mes dos priístas fueron asesinados y varias familias desplazadas. En octubre de ese año un dirigente priísta fue emboscado por un grupo de hombres armados.

En 2002, 25 familias de San Pedro Buenavista,  bases de apoyo del EZLN fueron desalojadas por un grupo de priístas, quienes les robaron además la cosecha de maíz, café y frijol de ese año.

Actualmente, so pretexto de que se han detectado autos robados, la policía estatal ha vuelto a penetrar en la zona con acciones violentas. En noviembre pasado seis policías de la secretaría que encabeza Horacio Schoeder, asesinaron a los hermanos  Guzmán, acusados de robo de autos, sin que ningún vehículo haya sido decomisado.

Santiago Ruiz, del Centro de Derechos Indígenas de Sitalá, denuncia las frecuentes agresiones contra los indígenas por parte de funcionarios de gobierno. Señala que el trato es discriminatorio y agresivo cuando realizan algún trámite a dependencias como la CFE, Conagua y Sedesol, y sobre todo, por parte de las instituciones policiales.

“Hay mucha agresión contra nosotros los indígenas. Nadie nos toma en cuenta, para nosotros no existe la justicia”, se queja Ruiz, desde hace 10 años  defensor de derechos humanos, explica: “Si se acusa de un mismo delito a un indígena y un mestizo, el mestizo siempre resulta inocente. Si se le encarcela, el indígena recibe una condena mayor, así es la ley en Chiapas”.

La tensión  política y social en Sitalá ha provocado que algunas comunidades vivan prácticamente sitiadas. San Joaquín, formada por habitantes de la ex hacienda de Santa Bárbara (propiedad de Atilano Díaz Cancino), sólo admite en su tierra a 20 familias que originalmente fundaron el poblado, y a sus descendientes siempre y cuando sean católicos y perredistas.

San Joaquín es también una muestra de la amañada relación del gobierno con los hacendados. En una de las intentonas agraristas, el finquero les condicionó la entrega de tierras al trabajo gratuito durante 25 años, en pago por el terreno. Al cabo del tiempo, los avejentados trabajadores recibieron 84 hectáreas de accidentado terreno en lo más alto del monte, donde poblaron la comunidad.

Aún en esas precarias condiciones, y de que San Joaquín carece de servicios básicos, sus habitantes se sienten orgullosos de ella, como Diego López Pérez, el más viejo de la comunidad, quien a sus 81 años es patriarca y guía de las 20 familias, con el derecho que le da haber pagado esa tierra –junto con otros nueve hombres– con el jornal de 9 mil 125 días.

La unidad comunal les permite ciertas ventajas: la colaboración en la construcción de sus viviendas (de lodo y bajareque) y de la iglesia, la asistencia de sus hijos a la escuela –dentro del mismo terreno– y la adquisición colectiva de una despulpadora de café que le permite a cada familia vender unos 500 kilos del grano cada año, lo que representa un ingreso anual de 4 mil pesos, porque ninguno de ellos tiene el Oportunidades. (ALP)

 

 

 

 

 

Fecha de publicación: Julio 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 82

 

 

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