OPINIÓN

2a quincena junio 2007

Por los caminos de la resistencia

 

Vidulfo Rosales Sierra*

La conformación del estado de Guerrero estuvo impulsada por intereses de los caudillos de la guerra de la Independencia, como Juan Álvarez y los Bravo, quienes ante la pérdida de su hegemonía política en el centro del país decidieron conformar la entidad federativa, para seguir conservando un coto de poder. Desde entonces Guerrero ha estado gobernado por caciques regionales. La dinastía de los Figueroa es el ejemplo más nítido de ese modo de gobernar. A los Figueroa se les atribuyen responsabilidades en los crímenes cometidos en la década de 1960, la época conocida como la Guerra Sucia y, entre otras, la masacre de Aguas Blancas.

Los actores sociales no han permanecido escépticos a esta realidad; por el contrario, han tenido lugar grandes movimientos sociales que luchan por un estado con más libertades y democracia. A menudo estos movimientos se ven sofocados por las fuerzas de seguridad, que los reprimen y desmantelan. Esto ha ocasionado la conformación de organizaciones insurgentes político-militares que sustentan en lo general las mismas demandas que la lucha social. Son grupos armados que a la fecha persisten con un muy bajo perfil y capacidad militar.

En este contexto del Guerrero bronco, surgió en 1994 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y desde entonces ha venido realizando una ardua lucha por la vigencia plena de los derechos humanos. Su centro de acción es la región indígena de la Montaña, una de las más pobres del mundo, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde que nació, Tlachinollan ha tenido que enfrentar las adversidades marcadas por un régimen que utiliza la violencia institucionalizada para resolver los problemas sociales; sin embargo, gracias a su estrecho vínculo con los pueblos indígenas y con otros actores sociales –locales, nacionales e internacionales– ha sobrevivido a los embates gubernamentales. A lo largo de 13 años ha desnudado un sistema autoritario, que incumple los derechos económicos, sociales y culturales, y que se aparta de los compromisos internacionales contraídos a favor de los pueblos más pobres. Se trata de un sistema de procuración y administración de justicia mercantilista que pisotea a su antojo las leyes y de un sistema de seguridad pública asociado a la delincuencia organizada.

Tlachinollan no sólo se ha limitado a la documentación de casos, sino que ha acompañado a las víctimas en su búsqueda de justicia.

En 1997 documentó la incursión de elementos del Ejército Mexicano en varias comunidades indígenas del municipio de Olinalá, ubicado en la región de la Montaña, en las que personal de este instituto armado realizaron decenas de cateos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y encarcelamientos bajo la fabricación de expedientes judiciales. Todo esto dio como resultado la emisión de la recomendación 100/97 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se muestra de manera objetiva las arbitrariedades cometidas por las fuerzas castrenses.

De la misma forma, en 2001 se documentaron las violaciones sexuales que sufrieron las indígenas me’phaa Valentina Ronsendo Cantú e Inés Fernández Ortega, por elementos del Ejército Mexicano que, ante la injusticia en los tribunales del país, sus casos actualmente se ventilan en la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Esta organización no gubernamental de derechos humanos acompañó el proceso de organización de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, quienes lucharon contra las compañías extranjeras que se encontraban explotando de manera indiscriminada e ilegal los bosques. Lejos de contar con el apoyo de las autoridades de Guerrero, fueron perseguidos sus líderes. En 2005 fue encarcelado Felipe Arriaga Sánchez, a quien se le incriminó por un delito que no cometió y se le fabricó un expediente judicial. Tlachinollan llevó su defensa jurídica y logró su libertad absoluta.

Hoy en día también se acompañan las luchas de los comuneros Opositores a la Presa La Parota y los ejidatarios de El Carrizalillo.

Los primeros son campesinos que se oponen a la construcción de la Presa La Parota, una obra hidroeléctrica que inundará 17 mil hectáreas de tierras y árboles de distintas especies y desplazará a más de 25 mil personas. Los gobiernos federal y estatal han pisoteado los derechos de los campesinos, no se les ha consultado adecuadamente y sobre todo se han minimizado a ultranza los costos ambientales y sociales que entraña el proyecto hidroeléctrico.

Con el apoyo de Tlachinollan los campesinos opositores han logrado que los tribunales agrarios declare nulas las asambleas agrarias mediante las cuales la CFE había supuestamente obtenido la anuencia para la expropiación de las tierras, la ocupación previa y el cambio de uso de suelo de las mismas. A la fecha, la Comisión está impedida legalmente para iniciar el proceso de licitación de la obra.

Los campesinos del Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, iniciaron un proceso de lucha para exigirle a una empresa Canadiense, que explota a cielo abierto minerales de oro, un pago justo por sus tierras y un trato en términos de equidad. La empresa minera se negó rotundamente a sus peticiones, por lo que los campesinos se vieron en la necesidad de cerrar los accesos a la minera, paralizando por más de tres meses sus actividades.

Las experiencias de lucha de los campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, mujeres y la sociedad civil que pugna por sus derechos, han nutrido la esencia de Tlachinollan. Compartir las experiencias nos ha llevado a encontrar coincidencias en torno a una cultura de los derechos humanos. Por ello, en el treceavo aniversario de Tlachinollan, queremos escuchar las voces de los campesinos Opositores a la Presa La Parota y de los ejidatarios del Carrizalillo; la palabra honesta del pueblo me’phaa de Ayutla de los Libres, y del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca durante el foro estatal que tendrá lugar del 15 al 16 de junio, en Tlapa, Guerrero, denominado Por los Caminos de la Resistencia.

*Coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

 

 

Fecha de publicación: Junio 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 81

 

 

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