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¿Ley del Libro o ley del monte?

Humberto Musacchio
La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, después de ser aprobada al vapor por el Congreso de la Unión, fue vetada por el entonces presidente Vicente Fox. Para emitir el veto se dijo que contrariaba la libre competencia, lo que no es del todo cierto. Pero eso es harina de un costal ajeno.

 

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Con aquel veto emitido por malas razones se devolvió la ley a la cámara de origen, la de Diputados, y eso sirvió para que entonces empezara en serio la discusión sobre una norma que además de lesiva para los lectores será nefasta para las pequeñas editoriales y las librerías de pueblo o de barriada.

La Feria del Libro de Minería, que se celebra del 22 de febrero al 4 de marzo, declaró que la vetada ley será “una de las invitadas especiales” y los editores aprovecharán el foro para promover la aprobación de ese documento, con el que esperan aumentar sus ganancias.

En la ley de marras no se incluye ninguna disposición de apoyo o protección a la parte más débil del ámbito editorial, que son los autores, quienes de aprobarse la norma ahora congelada seguirán siendo víctimas de toda clase de abusos por parte de los editores, quienes se negaron, con la complicidad de Víctor Hugo Rascón Banda -el líder de la Sogem- a incluir en la ley cualquier disposición en beneficio de quienes escriben los libros, por ejemplo el establecimiento de un porcentaje mínimo sobre el precio de tapa. Igualmente, fue imposible discutir medidas que evitaran la piratería de los propios editores que tanto lesionan a los autores, pues en el remoto caso de que el asunto llegue a tribunales, los editores inmorales –no todos lo son, aclaro– siempre tienen más dinero para pagar buenos abogados y ensalivar las manos adecuadas con las consabidas mordidas.

El debate sobre la ley gira en torno al precio único, disposición que presuntamente obligará a todos los libreros, chicos y grandes, a vender cada título a un mismo precio en toda la república. No todos los títulos a un mismo precio, lo que sería absurdo, sino cada uno de ellos al precio que fije el editor. De esta manera, un libro que en la Ciudad de México cueste 200 pesos, tendrá que venderse al mismo precio en Mérida o en Tijuana.

Lo malo es que la norma del precio único puede ser violada por los editores cuando así lo crean conveniente, pues si se les ocurre realizar promociones en Veracruz, ahí el libro se conseguirá al precio que a ellos les dé la gana. Igualmente, si deciden que un título ya no puede venderse como novedad, entonces procederán a rematarlo en las condiciones más favorables para ellos. Se puede argüir que así los lectores saldrán beneficiados, pero lo obvio es que lo serán sólo algunos de ellos, muy probablemente los clientes de las grandes cadenas libreras, que fácilmente obligarán a los editores a darles mejor precio.

Se dice que la ley es para proteger a las pequeñas librerías de los estados, pero es una rotunda mentira, pues a éstas les seguirían cobrando el flete, lo que encarece el libro sin que los libreros tengan la posibilidad de trasladar el costo extra al cliente, pues para los peces chicos el precio único será ineludible.

Las grandes cadenas, algunas de las cuales ahora ofrecen los libros con descuentos considerables, venderán todas al mismo precio, al máximo, pues ya no serán legales los descuentos. Así, sin beneficio para el lector, se ahondará el abismo que ahora separa a los gigantes del mundo librero de los changarros que luchan por sobrevivir en precarias condiciones.

Los libreros ya no podrán otorgar descuentos a los clientes, pero los editores sí pueden vender a los grandes libreros a un precio que será proporcionalmente más bajo conforme mayor sea el tamaño del librero. Es, por estas y otras razones, una ley para que los peces grandes engorden más a costa de los lectores y donde los pequeños libreros importan un carajo. Importa el negocio de los tiburones. Nada más.

 

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 74



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