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Supuesto espionaje del gobierno capitalino

Fernando Ortega Pizarro
Aunque oficialmente no lo ha reconocido, el gobierno del Distrito Federal cuenta con servicios de inteligencia que opera, según especialistas, sin reglas, transparencia ni rendición de cuentas.

 

 


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Sin información oficial sobre dónde están, cuántos son, dónde funcionan, cuáles son los órganos responsables, quiénes lo dirigen, existen. Son los órganos de inteligencia y espionaje del gobierno del Distrito Federal.

Quien primero aludió a ellos fue el ex secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. El 28 de febrero de 2006, al comparecer ante la Cámara de Diputados, aseguró que hay 10 entidades con facultades legales y, por tanto, la infraestructura para intervenir comunicaciones privadas: el gobierno federal –a través del Cisen–, Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

“Tendría que haber una homologación de legislaciones y cierta jerarquización para evitar que esto esté tan disperso”, indicó.

Los servicios de inteligencia suelen estar a cargo de “unidades de información y análisis” localizados en distintas dependencias de los estados.

Documentos de la Secretaría de Gobernación, obtenidos por el reportero, indican que en el Distrito Federal esas unidades de información y análisis se localizan en la Secretaría General de Gobierno, cuyos órganos de investigación son el “Grupo Dragón” y el “Grupo Alfil”.

También en la Dirección General de Acciones Preventivas y en el Grupo Femenil de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante los grupos “Jacker” y “Cisne”. Asimismo, en la Dirección General de Participación Ciudadana del DF, a través de la Subdirección de Movimientos Sociales.

Esto sin contar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que interviene las comunicaciones privadas siempre y cuando lo autorice un juez, y realiza operaciones encubiertas en la persecución de los delitos.

José Luis Piñeyro, sociólogo y experto en temas de seguridad nacional, asegura que los servicios de inteligencia no sólo se usan con fines policiacos, sino también políticos, al igual que el Cisen. “Se usa de forma partidaria la información confidencial, para quemar políticos o ajustar cuentas o para intimidar”.

Dice que hay opacidad en el gobierno del Distrito Federal porque nadie ha informado que existan estos servicios de inteligencia, se usan de manera discrecional o partidista o facciosa. Los ciudadanos, acepta, están a expensas de un poder que espía y se entromete en su vida privada.

Raúl Benítez, investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, especialista en temas de seguridad, afirma que es falso que el gobierno capitalino careció de servicios de inteligencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Cualquier político tiene estos servicios. Pueden ser formales o informales, profesionales o no, pero los tienen”.

Rosario Robles, ex jefa de gobierno del DF, dice que es probable que hoy día el gobierno capitalino tenga este sistema.

Además, sostiene, Marcelo Ebrard “es especialista en eso. Fue jefe de la policía (en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador), y tiene sus redes de informantes y sabe muy bien todo ese manejo priísta de la información”.

Pistas en el camino

El 6 de marzo de 2004, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, aseguró que la capital de la República no tenía servicios de inteligencia.

Por esas fechas, estaban los videoescándalos de la corrupción en su gobierno. López Obrador aseguró que se trataba de un complot, pues así lo indicaba la información confidencial que le proporcionaba gente del pueblo.

En conferencia de prensa, comentó: “Estoy acumulando pruebas, evidencias. No tengo un sistema de inteligencia, mucho menos de espionaje, la gente –es extraordinario lo que ha venido pasando– se me acerca y me está dando información y vamos a llegar al fondo.

“Se les olvida que en el Distrito Federal la mayoría de la gente nos apoya, nos respalda y, ante esto, pues se convierten en nuestros informantes”.

De ser cierta esta versión, los servicios de inteligencia se formaron entonces entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, según los datos disponibles.

En julio de 2004, el empresario Carlos Ahumada, preso en el Reclusorio Norte, aseguró que era vigilado y todas sus acciones registradas por hombres vestidos de civil, integrantes de la policía política de Martí Batres, entonces subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, quien lo negó.

Pero Ahumada mostró la fotocopia de un acta sellada y firmada por el actuario judicial Ricardo Chávez Jorge, quien constata que uno de los vigilantes, Jaime Enriquez Pacheco, le informó que trabajaba para la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.

Para el 8 de julio de 2006, en un mitin del candidato de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, mostró en el zócalo capitalino, ante miles de seguidores, conversaciones telefónicas privadas de la lidereza de los maestros, Elba Esther Gordillo, y del titular de la SCT, Pedro Cerisola, con el gobernador de Tamaulipas, y en su página de internet se exhibieron correos electrónicos de funcionarios panistas, para demostrar que hubo confabulación de esos personajes en lo que llamó el fraude electoral de las elecciones presidenciales del 2 de julio.

El entonces coordinador de la campaña, Jesús Ortega, aseguró que esa información, que sin duda parecía producto de labores de espionaje político, fue entregada en las oficinas de López Obrador por un ciudadano voluntario.

Se lavan las manos

A través de la Ley de Transparencia, el reportero solicitó información a distintas dependencias del gobierno del Distrito Federal sobre los servicios de inteligencia a su cargo, pero todas eludieron o negaron su existencia.

La Secretaría de Gobierno del DF no proporcionó información alguna en reiteradas ocasiones e inclusive invitó a inconformarse solicitando la revisión del caso.

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal: la solicitud de información –indicó– “no es del ámbito de nuestra competencia, a continuación menciono la(s) Autoridad(es) o Instancia(s) competente(s) a las cuales puede dirigirse: a la Secretaría de Seguridad Publica y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”.

La Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que “no está facultada para realizar funciones de inteligencia y espionaje” ni por la Constitución ni por la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

“De todo lo anterior se desprende que esta Secretaría de Seguridad Pública no realiza labores de inteligencia ni de espionaje, ya que sus funciones sustantivas como Policía Preventiva se desarrollan en otro ámbito”.

Sólo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal admitió que interviene comunicaciones privadas con autorización de juez; pero no con fines políticos, sino para la investigación y persecución de los delitos, desde septiembre de 2004.

Sin embargo, el 15 de junio de 2006, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz comentó que el espionaje debía ser combatido.

“Yo no lo he practicado nunca. No me parece una práctica ni siquiera para la investigación de los delitos, hay otros caminos. Yo creo que la tortura y el espionaje son formas de investigar delitos que deben quedar ya proscritas”.

Tienen inteligencia

Raúl Benítez, especialista en temas de seguridad, no cree que en la época de López Obrador el gobierno capitalino careciera de servicios de inteligencia. “Eso es falso. Cualquier político tiene estos servicios”.

Comenta que algunos funcionarios del Distrito Federal, por venir del PRI y de la época salinista, los debían de tener, y también los que venían del Partido Comunista. La mayoría de los estados, dice, tienen su “Cisen chiquito” y nadie, sostiene, se exime de darle un uso político.

Aclara que desconoce qué tipo de inteligencia o inteligencias tiene el Distrito Federal, pero “seguramente lo deben de tener en la Procuraduría y también en todas esas instancias para movimientos populares”.

Dice que incluso en la capital se están reactivando las redes de informantes que habían creado Marcel Ebrard y Manuel Camacho en la década de 1980, para tener localizados a los líderes de los movimientos populares, que sirvieron para reactivar al PRI en aquella época.

–¿Su uso político es censurable?

–Es natural que lo haya, es parte de la estructura de un gobierno. La cosa que si andas divulgando conversaciones telefónicas, pues eso ya es reprobable.

José Luis Piñeyro tampoco duda que el gobierno del Distrito Federal tenga servicios de inteligencia, pero no cree que sean formales, con analistas especializados por temas. “La mejor muestra es que la famosa Mataviejitas trajo locos a inteligencia del Distrito Federal e incluso del estado de México”.

Aclara que en México también existen los “Cisen privados”, que ni siquiera dependen del Estado, los gobiernos o los municipios, sino que es alguien quien les paga a otros para que lo hagan.

Rosario Robles asegura que ni Cuauhtémoc Cárdenas ni ella tenían un sistema de inteligencia, como gobierno. La Procuraduría capitalina, “por supuesto, tiene sus mecanismos en relación con la operación de bandas y demás, pero no había un sistema de inteligencia”.

Dice que es probable que ahora el gobierno capitalino tenga este sistema. Además, sostiene, Marcelo Ebrard “es especialista en eso”.

Ella no duda que escuchan sus conversaciones telefónicas. “Yo siempre siento que mi teléfono está intervenido, pero deben de ser los del Distrito Federal, no creo que el Cisen quiera saber nada”.

–En la inconformidad postelectoral empezaron a sacar cosas sorprendentes: conversaciones de la lidereza magisterial Elba Esther Gordillo con gobernadores, correos electrónicos de panistas.

–Es Ebrard. Se llama Marcelo Ebrard el artífice de todo esto. Es que hay que pelear con todas las armas, ¿no?

–Se supone que estamos en un gobierno distinto.

–Y que además no aguanta que le hagan eso. Porque si les hubieran sacado sus conversaciones privadas y sus correos electrónicos, seguramente hubieran puesto el grito en el cielo. Se supone que debe haber un respeto a la vida privada, pero ellos no lo tienen.

–Tampoco hay transparencia: en dónde están esos servicios, quién lo dirige.

–A lo mejor lo tenía Martí Batres cuando era subsecretario de Gobierno, pero no lo sé, estoy hablando en voz alta. Pero yo sí creo que es necesario en la ciudad tener un sistema de información, un sistema de inteligencia, a fuerzas.

–Pero acotado, transparente.

–Acotado al crimen organizado, a la delincuencia organizada, no a la actividad de tus adversarios políticos. Ésa es la parte que no se vale, porque es la parte que como izquierda toda la vida cuestionamos.

–O de su vida privada.

–Así es.

 

 

Labores de inteligencia

Veintinueve entidades de la República realizan labores de “inteligencia” –las excepciones son Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo–, de las cuales sólo nueve (incluyendo el Distrito Federal) y el gobierno federal cuentan con infraestructura para realizar labores de espionaje, a través de la intercepción telefónica, según la Secretaría de Gobernación.

Los estados con servicios de inteligencia, sean priístas, panistas o perredistas, tienen “Unidades de Información y Análisis que dependen de las secretarías de Gobierno y a su vez del gobierno del estado”.

De esas unidades, el 90 por ciento tiene funciones de recopilación de información en los sectores sociales y políticos, además del seguimiento de las actividades realizadas por el gobernador. Así como su posición a través de los medios de comunicación.

“Carecen de un marco jurídico que regule sus actividades y funciones”, señala la Segob.

 

Estructuras

En las entidades hay grupos formados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatales dedicados a realizar labores de investigación de la movilidad política, social y del sector de seguridad pública que comparten su información, a través de los Grupos de Coordinación locales y estatal, asegura.

En Aguascalientes, quienes tienen esta responsabilidad son la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno municipal de la capital, además de la Secretaría de Gobierno.

En Baja California, es la Secretaría de Gobierno, a través de tres direcciones y una unidad.

En Campeche, son la Secretaría General de Gobierno y el gobierno del estado (subsecretaría C).

En Chiapas hay una Agencia Estatal de Investigación y una Fiscalía Estatal, además del gobierno del estado, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

En Coahuila, son la Subsecretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Policía Estatal Preventiva.

En Colima, son el Gobierno del estado, la Procuraduría de Justicia del estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría General de Gobierno.

En Durango, son la Secretaría General de Gobierno, la Policía Ministerial del estado, la Presidencia Municipal y la Procuraduría General de Justicia.

En Guanajuato, es la Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad de Investigación.

En Guerrero, es la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

En el Hidalgo, son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social la Procuraduría.

En Jalisco, son la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Asuntos del Interior y la Secretaría General de Gobierno.

En el estado de México, son la subsecretaría de Gobierno, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, la Procuraduría del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del estado de México, la Unidad de Inteligencia del Grupo del Estado Mayor y la dirección de Gobernación-Texcoco.

En Michoacán, son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno municipal de Morelia.

En Morelos, la Secretaría de Gobierno, la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública.

En Nayarit, es la Procuraduría.

En Nuevo León, son la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Policía Preventiva Municipal de Monterrey y la Agencia Estatal de Investigación.

En Oaxaca, son la dirección general de Seguridad Pública, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Procuraduría estatal.

En Puebla, es la Dirección General de Estudios Políticos y Soporte Informativo de la Secretaría de Gobernación.

En Querétaro, son la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno municipal de Querétaro.

En San Luis Potosí, son la dirección de Gobernación, la dirección de Seguridad Pública, el ayuntamiento de San Luis Potosí y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En Sinaloa, son la dirección de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, la jefatura de Oficina del Ejecutivo estatal.

En Sonora, son la jefatura de Oficina del Ejecutivo estatal y la coordinación estatal de Seguridad Pública y la Procuraduría local.

En Tabasco, son la Secretaría de Seguridad Pública, la subsecretaría de Desarrollo Político, la Dirección de Gobierno y la Secretaría de Gobierno.

En Tamaulipas, es el Centro de Información, Análisis y Planeación Estratégica de la Secretaría General de Gobierno.

En Tlaxcala, es la subsecretaría de Gobernación y Desarrollo Político.

En Veracruz, son la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Gobierno.

En Yucatán, son la subsecretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

En Zacatecas, es la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

 

 

Publicado: Mayo 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 78



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