Contralínea  

Encuentra ASF corrupción en Sagarpa

Erika Ramírez
Más de 200 millones de pesos operados por la Secretaría de Agricultura en diversos programas de apoyo al campo fueron manejados irregularmente en la Cuenta Pública del 2005, según revela un amplio informe de la Auditoría Superior de la Federación.

 

 

 


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Apoyos en “demasía”; pagos improcedentes, en exceso y duplicados; recursos depositados en cuentas bancarias improductivas, y observaciones sin solventar, son sólo algunas de las irregularidades que provocaron en 2005 un posible daño al erario público por más de 200 millones de pesos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Se trata del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 –presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a finales de marzo de este año– que demuestra cómo durante las administraciones de Javier Usabiaga y Francisco Mayorga en el gobierno de Vicente Fox se incurrió en desvío de recursos públicos.

Estas son parte de las cuentas que dejaron pendientes los ex funcionarios foxistas, las cuales tendrán que ser ahora solventadas por el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez. No obstante, organizaciones campesinas desconfían de que el nuevo secretario pueda y quiera poner orden en las finanzas de la Secretaría. 

Entre las irregularidades encontradas por la ASF, encabezada por Arturo González de Aragón, se muestra un supuesto daño a la hacienda pública en el programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) que dirige la Sagarpa.

La Auditoría hizo una evaluación de las acciones realizadas para solventar los perjuicios registrados desde 2004, cuando el máximo órgano de fiscalización llevó a cabo observaciones por un impacto económico de más de 200 millones de pesos, correspondientes al acopio y comercialización del frijol en Zacatecas.

El informe de la Cuenta Pública 2005 dice que para atender la crisis por la que atraviesa el agro, la Sagarpa opera una serie de proyectos a través de los cuales se otorga subsidios a los productores, y con este fin Aserca contó en el ejercicio 2004 con el programa S113 "Otros Esquemas de Comercialización".

A través de este esquema, Zacatecas (uno de los principales estados productores de frijol) fue la entidad que recibió más recursos en ese año. El monto ascendió a 640 millones 269 mil pesos, “los cuales fueron ministrados con base en los convenios de concertación celebrados con la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noroeste del Estado de Zacatecas (Auprineza) e Integradora Comercial Sinaloa (Icosin)”.

Los recursos tenían como objetivo “cubrir los impactos negativos en el proceso de producción, comercialización, compensación de caídas en precios debido a contingencias de mercado, garantía líquida y valor agregado, así como para cubrir el costo financiero, de almacenaje y de flete terrestre, todos relativos al fríjol”.

El máximo órgano de fiscalización determinó en el expediente 04-0-08F00-2-265-06-001 que se presume un probable daño al erario por 40 millones 814 mil por concepto de pagos realizados a productores en el ciclo agrícola Primavera-Verano (PV) 2004.

El dinero fue entregado con el número de folio de Procampo que no corresponde al nombre del beneficiario, “por lo que no debió recibirse el frijol de esos productores ni efectuarles el pago, ya que no estaban inscritos en el padrón autorizado.”

El informe explica que derivado del convenio entre Aserca y Auprineza para el proceso de comercialización del fríjol en Zacatecas, la asociación contrató los servicios de la empresa Almacenadora Mercader, S.A. (Almer) que realizaría el acopio, transporte y almacenamiento del fríjol del ciclo agrícola PV 2004.

La Auditoría expone que por la comercialización de más de 91 mil toneladas de frijol, se presume un probable perjuicio al erario por más de 80 millones pesos por concepto de recursos provenientes de la venta de frijol, que se encuentran depositados en cuentas bancarias de Almer.

“En virtud de que una vez comercializadas las 91 mil 864 toneladas de fríjol de los ciclos agrícolas PV 2003 y 2004, el importe ascendió a 329 millones 482 mil 868 pesos, serán reintegrados a la Tesofe 21 millones 720 mil 108 pesos no ejercidos y los rendimientos obtenidos por acopio y comercialización, y queda un remanente de 307 millones 762 mil 759 pesos, superior a 80 millones 687 mil 354 pesos observado en la auditoría de la Cuenta Pública 2004, y por el cual se promovió la acción número 04-0-08F00-2-265-06-004”, especifica el documento.

Holgura y displicencia

Rafael Galindo Jaime, dirigente nacional de la Central Campesina Independiente (CCI), considera que las observaciones hechas por el máximo órgano de fiscalización a la Sagarpa son “sumamente graves”, ya que durante la administración foxista se observaron “severas restricciones” a las organizaciones agrarias que solicitaron apoyos de la dependencia.

“Hay un rasero diferente en Sagarpa, lo hubo con Vicente Fox. A las organizaciones campesinas que no militamos en Acción Nacional nos restringen, nos regatean cualquier apoyo, financiamiento de proyecto y nos revisan con lupa cuando ejercemos algún recurso”, se queja Galindo Jaime.

Con más de un millón de afiliados y presencia en mil 800 municipios, el dirigente campesino arremete contra los funcionarios que se desempeñaron en la administración anterior.

“Con el dinero público se benefició con holgura y displicencia a los amigos de los funcionarios, a organizaciones sin representación social, simplemente porque se inscribieron como militantes de Acción Nacional.

“Lo grave es que no solamente está detectada esta irregularidad; si le sumamos los recortes, subejercicios y retrasos, el daño patrimonial se incrementa. Se deberían deslindar responsabilidades y encontrar a los culpables, pero dudo que sea el actual secretario quien lo haga”, dice el líder agrario. 

Guadalupe Martínez Cruz, secretaria general del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (CONSUCC), plantea que las anomalías detectadas en Sagarpa “afectan gravemente el desarrollo del campo. Tendremos que hacer señalamientos muy severos al presidente de la República y a todas las instancias que tengan que ver con esta situación”.

La mujer que está al frente de 345 mil afiliados al CONSUCC expone que los recursos hubieran servido para desarrollar actividades fructíferas en un “campo tan desprotegido”.

“Hoy tenemos trabajar de diferentes maneras para poner valor agregado a la producción primaria, un desarrollo organizado que pueda dar empleo a las nuevas generaciones, que los campesinos no abandonen sus tierras y no aumenten el rentismo, pero para eso necesitamos mucho apoyo del gobierno”, enfatiza Martínez Cruz.

Perjuicio patrimonial

No sólo en la comercialización del frijol se encontraron anomalías. Como resultado de la Cuenta Pública 2005, la ASF detectó que la Sagarpa incurrió en posibles daños al erario en la asignación, distribución y pago de los apoyos otorgados a través del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción; pagos improcedentes y en exceso a productores de café en Chiapas; y en el Programa Emergente para la Atención a los Cafeticultores afectados por el Huracán Stan.

A través del oficio 05-0-08100-02-499-03-001 la ASF solicitó a la Sagarpa recuperar ocho millones de pesos que fueron entregados a productores que conforman el Programa para Acceder al Sistema Financiero Rural. El órgano de fiscalización hace el requerimiento luego de que no se presentaron los documentos que acrediten la entrega de los recursos.

El informe detalla que otros 3 millones 632 mil 392 pesos se encuentran dentro del saldo negativo para la hacienda pública. El monto fue entregado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) a través de la Gerencia Estatal de Sinaloa a la Comercializadora de Granos Patrón, S.A. de C.V. (COGARPA). En una visita domiciliaria que llevó acabo la ASF el 9 de noviembre de 2006, constató que no se había entregado la constancia de recursos y participación a 149 productores.

En la fiscalización de 360 mil pesos que ejerció la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C. (AMMOR), se detectaron facturas que podrían resultar falsas, según señala el informe. En la comprobación AMMOR reporta que el 50 por ciento corresponde a gastos de operación, pero la ASF “constató que como documentación comprobatoria de ese gasto dicha asociación presentó diversas facturas, entre las cuales se encuentra la 19590 A, de Grupo Hotel el Ejecutivo, S.A. de C.V., por 73 mil 700”.

Mediante una inspección al lugar donde supuestamente se expidió el documento, el grupo señalado no reconoce como suya la factura, “por lo que se presume que es apócrifa”, señala la Auditoría. Al respecto, el órgano fiscalizador reconoce que por este hecho se presume un perjuicio al patrimonio nacional por más de 70 mil pesos. 

Gerardo Sánchez García, coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP) indica que no se deben permitir acciones de este tipo que van en detrimento de los recursos asignados al sector. 

“Las organizaciones campesinas debemos actuar con toda responsabilidad. Los recursos públicos son para aplicarse en los programas y entregarlos directamente a los beneficiarios de acuerdo con las reglas de operación. En consecuencia, cualquier acción que salga de los conceptos de honorabilidad tendrá que resolverse con la aplicación de la ley”, advierte.

Apoyos Excesivos y Stan

Con la fiscalización de la entrega de recursos a Personas Morales, la ASF determinó que se efectuaron pagos excesivos por más de 15 millones a 48 Sociedades Anónimas de Capital Variable en Sinaloa. 

La observación se deriva de la revisión de un convenio firmado entre la Sagarpa y el gobierno de Sinaloa, donde se especifica que el monto máximo de apoyo por productor sería por 134 mil pesos, no así por los 313 mil pesos entregados a cada uno. En el pliego de observaciones 05-0-08100-02-513-06-002 se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 15 millones 36 mil 425 pesos.

En el Informe de la Cuenta Pública 2005 también se revela cómo los perjudicados por el huracán Stan fueron motivo de irregularidades, pues la dependencia entregó apoyos por 4 millones 29 mil 726 pesos a 90 productores, recursos que no correspondían al número de hectáreas de cada agricultor, lo que presupone un daño al erario por esa cantidad.

El 8 de diciembre de 2005, la Sagarpa suscribió el convenio de coordinación con el gobierno Chiapas y puso en marcha el Programa Emergente para la Atención a los Cafeticultores Afectados por el Huracán Stan.

Isidro Pedraza Chávez, integrante de las comisiones de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, por el PRD en la Cámara de Diputados, critica el trabajo de Javier Usabiaga y Francisco Mayorga en la Sagarpa. “Es grave que por rubros se vayan precisando una serie de omisiones y responsabilidades que han afectado al erario público.

“Hay una total discreción en el manejo del erario. No se atiende a la población objetivo y esto hace ineficiente los programas. En materia de transparencia ha sido muy difícil que se pueda dar información precisa, pero es parte de lo que estamos reclamando”, dice.

El legislador reprocha que mientras hay cerca de un millón y medio de productores no integrados aún a los padrones de beneficiarios, existan este tipo de anomalías. Sin embargo, dice que a partir de que la ASF dio a conocer los presuntos daños, se trabaja para aplicar la ley y proceder en contra de los responsables.

“Se han observado tantas irregularidades en esta rendición de cuentas que hay que preocuparse, pero más que hacer señalamientos estridentes hay que llevar a cabo acciones correctivas. En la Comisión de Desarrollo Rural estamos revisando la manera de proceder penalmente”, advierte.

En el marco de un encuentro con organizaciones agrarias, evasivo y presuroso, el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, respondió luego de ser cuestionado en varias ocasiones, sobre las anomalías detectadas por la ASF en la Cuenta Pública 2005.

A sólo 20 días hábiles de que la dependencia encabezada por Cárdenas Jiménez presente solventadas las observaciones que hizo la Auditoría, el servidor público evitó profundizar respecto al tema y sólo atinó a decir: “Primero habría que puntualizar muy bien qué partidas son y en qué términos va esa investigación; las aclaraciones a desarrollar y responder”, dijo mientras su cuerpo de seguridad impidió la entrevista.

 

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79



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