Contralínea  

El despertar del Guerrero Bronco

Abel Barrera Hernández*
Guerrero, cuna de caciques y de historias violentas, donde los rebeldes mueren muy temprano y de pie a manos del Ejército, la motorizada y los judiciales. Terruño suriano donde la justicia del estado se ensaña contra los indígenas, campesinos, maestros, estudiantes y colonos que se ven obligados a bloquear carreteras y a tomar oficinas de gobierno para reclamar sus derechos. Guerrero Bronco, reciclado en tiempos del perredismo y del chahuixtle neoliberal.

 

 

 


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El uso de la fuerza es la herencia caciquil más apreciada por el perredismo afresado hecho gobierno, para meter en cintura a los que se atreven a levantar la voz y los machetes. La persecución, la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial forman parte del vía crucis justiciero que ha minado la vida de los pobres y ha sido en gran medida la causa de la insurgencia civil, la rebelión armada, la disidencia política y los movimientos de resistencia.

Acapulco Diamante, uno de los emporios turísticos más exclusivos del país, se enseñorea en el Pacífico para atraer tanto a la delincuencia organizada como al turismo internacional, para despojar y expulsar de sus tierras a los ejidatarios acapulqueños. Desde el periodo de Ruiz Massieu el campo fue desplazado por el sector terciario, como una salida fácil y falsa para crecer a costillas del hambre, las enfermedades, el analfabetismo y el desempleo de los indígenas y campesinos.

Desde esas fechas perdieron importancia y presupuesto las agencias gubernamentales y los programas de fomento, subsidio y desarrollo del campo para dar paso a la expropiación de tierras ejidales, a la construcción de la Autopista del Sol, a la inversión extranjera para la creación de nuevos enclaves turísticos, a la explotación minera y forestal, a la agricultura de exportación y la construcción de presas hidroeléctricas, como lo intentó en su momento el gobierno federal con el Alto Balsas, y ahora con La Parota.

Tierra de contrastes sociales marcados por la barbarie caciquil y por un Ejército federal posicionado dentro de los territorios de los pueblos indígenas para guerrear contra los pobres y dejar crecer en los centros turísticos el negocio del narcotráfico. El minifundismo amapolero es la justificación de la militarización que desde la época de la guerra sucia se implantó en las escarpadas sierras y montañas de Guerrero, que sirvió para la posteridad como modelo de guerra contrainsurgente que nos ha desangrado y nos ha colocado como una de las entidades más violentas, donde la vida tiene un precio ínfimo.

La lucha por la tierra y la defensa del bosque ha ubicado a los pueblos indígenas y campesinos como sujetos bajo sospecha: los campesinos ecologistas, como Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron torturados por el Ejército y encarcelados por atreverse a defender el bosque. El fondo del asunto fue atentar contra la red de la economía criminal que domina la Sierra de Petatlán. A Felipe Arreaga Sánchez se le fabricó el delito de homicidio por asumir el compromiso de denunciar a los caciques talamontes y por desairar  su poder con la organización independiente de los campesinos. A pulso, han logrado demostrar en el plano internacional las razones profundas que inspiran su lucha y evidenciar la perversidad de un sistema de procuración de justicia que criminaliza la defensa de la ecología.

A unos cuantos kilómetros de Punta Diamante se encuentran los campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota: se trata del Acapulco rural, el de los pueblos olvidados que gracias al Río Papagayo han podido preservar una cultura cimentada en el trabajo agrícola colectivo que les ha dado identidad y orgullo, porque han encontrado en su hábitat un modo digno de vivir. Las obras del gobierno han llegado a cuentagotas, con base en presiones a políticos populacheros que se sienten obligados a enviar el cemento y la varilla para hacer sentir su bonachonería y atemperar los ánimos de los campesinos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), experta desde la década de 1940 en saquear los recursos naturales de los pueblos, en apropiarse de territorios históricos y en desplazar a la población nativa, se ha encargado de confrontar a los campesinos de La Parota para imponer el proyecto hidroeléctrico. Al igual que en El Caracol, sin ningún recato construyen obras sin informar ni consultar a los pobladores, porque saben que funciona mejor la política del intruso que la cultura de la legalidad. Creen que la población por ser analfabeta y hablar alguna lengua indígena es ingenua y manipulable, confía demasiado en el poder del dinero que corrompe. Su historia nefasta ha dejado una estela de muerte y depredación a lo largo y ancho de nuestro país, donde ha construido presas con el sudor y sangre de los pueblos.

La CFE, desde hace tres años, se ha empeñado en provocar la división de los pueblos campesinos que viven en La Parota; sin pedir permiso se ha arrogado el derecho de construir obras que son ahora la causa de un movimiento de resistencia que ha emergido del Guerrero profundo para defender la tierra con todo lo que está al alcance de sus manos. Irresponsablemente el gobierno estatal se ha hecho cómplice de un proyecto pensado desde la lógica capitalista y lo ha acuñado como un modelo que vendrá a redimir a los pobres al transformarlos en parias dentro de sus propios territorios. Se trata de un proceso de extinción del campesinado que pretende ponerlos de rodillas y someterlos a los dictados del capital. Lo único que han provocado es despertar al Guerrero Bronco, al movimiento campesino que desde la época revolucionaria ha sabido defender sus tierras con el honor y la dignidad de los hombres y mujeres que saben bailar al son que el gobierno les toque.

 

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan / cdhm@tlachinollan.org

 

 

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79



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