Contralínea  

Universitarios librericidas

Humberto Musacchio
En el número de mayo de Hoja por Hoja se ofrece un ejemplar a la nueva edición de Cien años de soledad al lector que detecte alguna errata en el pulcro suplemento bibliográfico de los Granados. Para quien desee obtener uno de esos premios diremos que, en el sumario del texto que ocupa las páginas centrales, uno de los infaltables duendes de la redacción escribió “octagésimo” donde debía aparecer “octogésimo”.

 

 

 


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Pero mi interés en ese suplemento no es por las erratas y las equivocaciones, por lo demás comunes a todos los periódicos. Suscita mi atención una columna sin firma llamada Capitel, en la que se cita un Estudio estratégico y programa sectorial para elevar la competitividad y el desarrollo sustentable de la industria editorial mexicana, documento preparado por la Secretaría de Economía y la Fundación Mexicana para la Innovación y la Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (¡Uf!).

El documento de nombre interminable repasa los principales problemas de la industria editorial, que no son pocos; esboza las fortalezas y oportunidades de los reproductores industriales de libros –no sus hacedores como dice la columna, porque esos son los autores—y ofrece una relación de sus “debilidades y amenazas”.

Entre los problemas señala el centralismo “de la producción, venta y consumo de libros”, el que la rama editorial tenga uno de los “registros más bajos de productividad de toda la industria mexicana”, “falta de formación profesional” y la insuficiencia de los “canales de distribución”, debilidades que de no atenderse ocasionarán la reducción del número de librerías, que se estima descenderá en el año 2010 a un total de 431 en el país o 486 en el mejor de los casos. Es extraño que se mencione una disminución de las librerías cuando que editores y libreros frecuentemente hablan de que sólo hay 250 librerías en el país, pero valga.

En el renglón de amenazas, el anónimo autor de Capitel recoge la “pérdida de estímulos fiscales” y la eventual aplicación del IVA a los libros, una “mayor intervención del gobierno en la industria del libro”, la reducción de la cadena productiva” o “desaparición”, como la llama el columnista, quien dice que los eslabones de esa cadena son “impresores, distribuidores, libreros” (se omite a los autores, que son el único “eslabón” indispensable de la cadena susodicha), el aumento de la piratería y el fotocopiado y, ojo, las “políticas de compra depredatorias de las grandes cadenas”.

Entre las “fortalezas y oportunidades” cita una presunta “creatividad para producir, operar y crecer”, “la integración de diferentes creadores en el desarrollo de un producto con valor agregado” (del que sólo sacan raja los grandes editores y las cadenas libreras), el mercado de 500 millones de personas de habla española (al que sólo acceden los gigantes), las nuevas tecnologías (que por cierto no están al alcance de pequeños libreros y editores), “un ambiente propicio para desarrollar políticas públicas de largo plazo” (¿¡Cómo el de este sexenio!?), “la alta competitividad en precios” y ni más ni menos que ¡la Ley del Libro!, que curiosamente propone suprimir “la alta competitividad en precios” al público.

El documento proyecta una terca visión del empresariado, según la cual las mercancías se producen gracias al capital, pero no a quienes por su talento y su trabajo directo e indispensable las hacen posibles. En el caso del libro, lo cierto es que para muchas firmas editoriales los autores son un mal necesario e incluso un elemento prescindible, tan prescindible, que quienes hoy defienden la Ley del Libro en sus actuales términos se negaron en forma rotunda a incluir en esa norma cualquier disposición para beneficio de los escritores.

Los industriales del libro defienden el precio único para los lectores, pero no para las cadenas libreras ni los autoservicios, con lo cual los mayores clientes seguirán imponiendo a los editores las “políticas de compra depredatorias” que denuncian y los obligan a darles descuentos hasta de 80 por ciento, en tanto que para las pequeñas librerías queda en el mejor de los casos un 30 por ciento y el pago, como hasta ahora, de los fletes y otros costos. Y si aún así no se compensa la sangría impuesta por las grandes firmas, basta con elevar el precio al público, y santo remedio.

Si la Ley se aprueba sin modificación, no habrá las 486 o 431 librerías que el documento de marras calcula para 2010, pues antes habrán fallecido todos los pequeños establecimientos, y no de muerte natural, sino por efecto de una competencia desigual e injusta amparada por la ley. Por eso mismo, sorprende el desplegado en que la Red Nacional Altexto, que agrupa a las instituciones educativas editoras de libros, sale en apoyo de la ley librericida. Nada garantiza a los firmantes, universidades que editan libros hasta ahora despreciados por las grandes cadenas, que con la ley sus mercaderías serán aceptadas por los establecimientos comerciales y menos todavía que podrán resistir la exigencia de mayores descuentos, los que, como ocurre hasta ahora, habrán de compensar endureciendo las condiciones para vender a las pequeñas librerías, elevando los precios al comprador final o, lo más probable, pidiendo mayores subsidios al Estado para trasladarlos a los empresarios libreros, no al público.

La Ley del Libro no garantiza, como ingenuamente creen los editores universitarios, mayor circulación del libro ni pondrá al alcance del público las obras académicas ni mucho menos vinculará a esas editoriales con la sociedad, pues hasta ahora las cadenas libreras no han mostrado mayor interés por las ediciones universitarias. Pero en una cosa tienen razón: la congelada ley “favorecerá las condiciones para crear librerías universitarias”. Sí, porque los textos que producen nuestras casas de estudios seguirán confinados al campus de cada institución y obligatoriamente tendrán que abrirse nuevas librerías universitarias, so pena de engordar todavía más las bodegas.

Lo único que explica ese irracional entusiasmo de los editores universitarios es que cuando se produzcan cambios de autoridades en cada institución, la gran industria editorial, la que se halla copada por las transnacionales, si sabe agradecer favores recibirá a los abajofirmantes y les dará una chambita que compense la que perdieron. Poca cosa para los inmensos daños que están promoviendo.

El problema no está en el precio único al lector, sino en las omisiones y tonterías de la Ley, que tramposamente no establece también precio único o descuento único entre editor y librero, sino que deja manos libres al cochupo y beneficia a los gigantes editoriales y libreros, mientras condena a las universidades y a los pequeños editores a competir en un mercado donde irremisiblemente van a perder.

 

Publicado: Mayo 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 79



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