CONTRAPODER

1a quincena Octubre 2007

ISOSA y las huellas de la criminalidad gubernativa

 

Álvaro Cepeda Neri

 

Avilés "ISOSA"

Los fideicomisos, apuntalados durante el mal gobierno y peor administración de Vicente Fox (restan cinco meses para poder fincarle responsabilidades, en juicio político) y su compinche Francisco Gil Díaz, quien se apresuró a liquidarlos para tratar de borrar las huellas del peculado, fraudes y al menos un homicidio (el del entonces directivo de ISOSA, Francisco Obel Villarreal Antelo), nunca fueron investigados y en ellos se escondió gran parte de los robos a la nación. Creados por el presidencialismo para sacarle la vuelta a la fiscalización y así embolsarse dinero público con toda la impunidad, sumaban, en el sexenio pasado, más de 600, entre los cuales dos fueron claves: Aduanas I y Aduanas II, que estuvieron inscritos como brazos operadores de ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, S.A.) y cuyo director fue Villarreal Antelo, asesinado una mañana cuando iba a dejar a la escuela a uno de sus hijos. Fue un homicidio premeditado desde los pasillos del poder hacendario, y ejecutado por policías o sicarios a los que se les pagó y otorgó impunidad, ya que el director de ISOSA estaba urgiendo a Gil Díaz para que repusiera más de 10 mil millones de pesos hurtados y con cuyo desfalco no quería cargar.

En esa historia de corrupción: saqueo multimillonario, pago de silencios y baños de sangre, que si no superan al menos igualan a las peores historias de la delincuencia organizada (dado que en el foxismo hubo la delincuencia organizada de cuello blanco), uno de sus protagonistas es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces manipulada por Mariano Azuela (el de los golpes de pecho junto con la “pareja presidencial”, para pedir el perdón de sus pecados, mientras pende sobre ellos la espada por sus delitos). Cuando atendiendo los reclamos de información y crítica, sobre todo de la prensa escrita (Contralínea al frente, con su puntual y minuciosa pesquisa con arreglo al periodismo de investigación), los diputados federales y su órgano de Fiscalización Superior de la Federación exigieron la rendición de cuentas, Gil Díaz instrumentó la queja ante la Corte, alegando que los fideicomisos son instituciones privadas que no tienen por qué ser ni fiscalizadas ni investigadas por el Congreso.

De antemano Fox, por medio, al parecer, de su órgano de la Consejería Jurídica de la Presidencia, habló con Azuela, entonces presidente de la Corte, para que por ningún motivo fueran los entonces ocho ministros incondicionales del foxismo a resolver a favor de los legisladores. De nada valió que se probara que el dinero, proveniente de cobros en aduanas, apéndices de hacienda, era patrimonio público, supuestamente destinado a la “modernización” aduanera (el contrabando en ese sexenio fue inmenso y los sobornos millonarios en dólares, otro robo del foxismo), no fueron argumentos válidos para la Corte que, putrefacta donde los ministros se reparten otro botín, resolvió que los fideicomisos son figuras bancarias y por tanto privadas. Esto no obstante que el dinero es público y los beneficiarios son instituciones públicas. Los ocho ministros se cubrieron de corrupción, cuando a su vez y de pasada incluyeron en esa determinación encubridora a ISOSA. Se había consumado, por el momento, uno de los peores abusos del poder: Fox y Gil Díaz con su mafia se habían salvado.

La Corte les echó los salvavidas para que, batidos con el excremento de la corrupción, no se ahogaran en ese pantano. Y las dos procuradurías, la del Distrito Federal y la General de la República, ésta sobre todo, archivaron el homicidio de Francisco Obel Villarreal Antelo y, otra vez, Gil Díaz y Fox quedaron fuera de la investigación. No parece que el fraude y ese asesinato vayan a integrar lo que se conoce como el crimen perfecto. Una enésima comisión integrada por diputados federales recarga sus baterías de investigación, al grado de que tras gestionar ante la Secretaría de la Función Pública, ésta ha tenido que proporcionarles gran parte de la documentación en su poder, precisamente sobre los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Pocos medios dieron a conocer lo que el reportero Enrique Méndez publicó: “La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), recibió de la Secretaría de la Función Pública el primer paquete con información de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y acordó que una vez concluida la revisión de los documentos, se citara a comparecer al secretario Germán Martínez Cázares; al titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, así como a periodistas que han investigado el manejo irregular de recursos” (La Jornada: 22/VI/07). Respecto a la comparecencia del nefasto Gil Díaz, el presidente de la comisión investigadora declaró que “es imposible citarlo, ya que actualmente no ocupa ningún cargo público” (Reforma: 25/VI/07). El legislador parece ignorar que el exsecretario de Hacienda se encuentra dentro del plazo de un año para deslindarle responsabilidades e incluso juzgarlo mediante juicio político y, por tanto, puede y debe ser obligado a comparecer sobre cualquier asunto en el que esté involucrado, y no cabe ninguna duda que en ISOSA y los dos fideicomisos de Aduanas está metido hasta el cuello. A ningún precio debe quedar impune esa criminalidad gubernativa, ya que está de por medio la credibilidad calderonista; el cumplimiento de las obligaciones de los diputados federales hasta sus últimas consecuencias contra los ladrones del erario público y allí está también el homicidio del director de ISOSA, sin duda ejecutado por lo mucho que sabía de la corrupción donde muy presumiblemente estaría metido Gil Díaz. Fraude y peculado es realmente lo de aduanas, aparte de que por ellas se permitió el contrabando a cambio de sobornos (su director fue incondicional de Gil Díaz) que arrojó carretadas del dinero, se usaron para justificar gastos y “pérdidas” millonarias encubiertas por ISOSA. Si Gil Díaz, Fox y el resto de la pandilla que le metió mano a los dineros públicos son protegidos por el calderonismo y, además, los diputados federales no proceden implacablemente para desentrañar esa criminalidad y robo, entonces la crisis política y el desastre financiero contribuirán a un mayor malestar social.

Pues los que deben fincar responsabilidades a los funcionarios que cometen delitos durante sus cargos y no lo hacen, son ya “indignos de gobernar”. Y no queda más que el recurso constitucional de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno y si este derecho es saboteado por elecciones tramposas, nadie se llame sorprendido si las protestas contra los actos de autoridad se transforman en rebeliones sociales, taponadas las vías pacíficas.

cepedaneri@prodigy.net.mx

 

Revista Contralínea

México

Fecha de publicación: Octubre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 88

 

 

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