SOCIEDAD

2a quincena Septiembre 2007

CNDH, poder inescrutable

 

En contravención de la Ley Federal de Transparencia, la CNDH oculta y desaparece expedientes de investigación cerrados, como el de la anciana Ernestina Asencio Rosario, víctima sexual de militares. Especialistas en derecho a la información señalan como ilegal esta actitud y advierten que el equipo de Soberanes no rinde cuentas a nadie

 

Yenise Tinoco

 

Con el argumento de evitar exponer la vida privada de los quejosos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) oculta y desaparece expedientes de investigación, señalan investigadores.

Miguel Sarre acusa que la Comisión niega en forma sistemática el acceso a sus investigaciones. El catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dice que la función más importante de la CNDH es la atención de las quejas; por ello, considera necesaria la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación externa.

Por su parte, la organización Fundar asegura que la institución encabezada por José Luis Soberanes tiene prácticas viciadas en el manejo de la información, pues no realiza versiones públicas de documentos que contienen información reservada o confidencial; niega a los quejosos el acceso a su propio expediente; notifica la inexistencia de información cuando ésta, por ley, debe que existir, y entrega información distinta, incompleta o incongruente en relación con lo solicitado.

Creada el 6 de junio de 1990 por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNDH tiene la encomienda de proteger los derechos humanos de los mexicanos. No obstante, John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca que esto no ha sucedido.


John Ackerman

 

Salinas de Gortari creó esta instancia para legitimarse; pues, ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, las críticas a nivel internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos en México no le venían bien, indica el investigador.

El especialista en el tema de transparencia sostiene que es muy complicado acceder a información en la CNDH, ya que utilizan todo tipo de estrategias evasivas para demorar la entrega de datos o sólo proporciona información parcial. 

Para Miguel Sarre, la CNDH debe ser el abogado de las personas que requieren apoyo para enfrentar el poder arbitrario del Estado o los actos retardados de la administración pública.

El también director del Programa Atalaya del ITAM señala que, aun con la publicación del informe que la CNDH presenta al Congreso de la Unión, hay una gran opacidad sobre el mayor número de quejas. Precisa que el 98 por ciento de éstas no derivan en recomendación. Aunque aclara que la ley establece otras salidas, dice que es importante saber por qué no procedieron las denuncias.

De 1997 a la fecha, la CNDH ha emitido mil 856 recomendaciones a las distintas dependencias federales. Sarre advierte que la opacidad en estas investigaciones alienta una actuación discrecional.

“Es natural: a nadie le gusta los controles. Las personas llegan hasta donde encuentran límites. Por eso hay que ver hasta dónde funcionan los mecanismos para hacer efectiva la transparencia”.

El investigador explica que existen mecanismos de control externos como el Poder Legislativo, pero aclara que los diputados, ante la falta de claridad, han mostrado desinterés en el tema de la CNDH. Agrega que, en cuanto a los mecanismos internos, estos no tienen la intencionalidad de funcionar.

 

Desleal, la CNDH


El ombudsman, bajo escrutinio

 

En 2003, Miguel Sarre pidió copia de todos los expedientes concluidos en enero de ese año. La CNDH fijó un costo de 93 pesos por copia testada. El investigador no sólo se negó a pagar varios miles de pesos sino que apeló el cobro excesivo ante distintas instancias judiciales. Ganó cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, cuando la sentencia, favorable al académico, estaba a punto de ser resuelta, la CNDH ofreció entregar la información y la Corte sobreseyó el caso. Al final, Sarre se encontró con otra negativa: con el argumento de haber agotado el plazo marcado por la ley, la Comisión dijo no tener disponible la información disponible.

“A nosotros nunca se nos notificó la fecha para recoger los expedientes. No nos dieron nada. Puede explicarse que la Comisión litigue sus casos y tenga posturas discrepantes, pero que actúe deslealmente, rebasando los límites, como un abogado chicanero, es algo que mina la necesaria autoridad moral que debería de tener un órgano de esa naturaleza”, se queja.

Sarre refiere que, con esa acción, lo único que consiguió la CNDH fue que la Corte cerrara el juicio y no declarara inconstitucional el reglamento de la Comisión, creado antes de que se aprobara la Ley de Transparencia. Ante esto, añade, lo único que queda es el proceso judicial; “pero, yo no voy a denunciar penalmente a funcionarios de la Comisión”.

El catedrático asegura contar con elementos jurídicos para ganar el caso, pero destaca que, dentro de las circunstancias actuales, cuando hay un acercamiento entre el gobierno federal y la CNDH, la denuncia tendría pocas posibilidades de prosperar.

Para John Ackerman, la actitud de Soberanes revela un “acuerdo de caballeros” entre el presidente de la CNDH y Felipe Calderón; mientras que Miguel Sarre señala una actitud poco crítica ante la nueva administración federal.

Como ejemplo, el especialista en derechos humanos refiere el nulo pronunciamiento de la Comisión respecto de la reforma constitucional en materia de procuración de justicia y seguridad pública, propuesta por Felipe Calderón, que autoriza intervenciones telefónicas y espionaje, así como elevar a rango constitucional el arraigo y las órdenes de cateo.

Miguel Sarre señala que la Comisión se ha convertido en un poder inescrutable, en donde la “triste” paradoja es que se deja a la vista de todos la perversión de las instituciones. Así, dice, “quien debe proteger se convierte en violador y no hay ante quien acudir”.

Indica que al no entregar versiones públicas de los expedientes que investiga, la Comisión hace suponer que hay muchos casos ocultos, como el de la sierra de Zongolica, donde falleció la anciana Ernestina Asencio Rosario, presuntamente violada por militares en marzo pasado.

Sin competencia alguna, la CNDH declaró que la indígena náhuatl de 73 años no fue víctima de violación sexual tumultuaria. La institución supuestamente encargada de procurar los derechos humanos de los mexicanos determinó, a través de un comunicado de prensa, que su muerte fue a causa de un problema digestivo de úlcera gástrica.

El investigador del ITAM y director del programa Atalaya puntualiza que “no sabemos lo que está pasando, sospechamos el contexto, las contradicciones. Las declaraciones de los médicos nos hacen pensar que hubo una violación, pero, como no podemos revisar el caso una vez cerrado, pensamos que puede haber muchos otros. Nos hace pensar que están ocultando cosas”.

El catedrático urge la participación de los legisladores para saber qué es lo que está pasando en la Comisión, pues ésta no es coto de poder del ombudsman en turno ni es patrimonio de una institución.

Sobre la militarización del país, John Ackerman asegura que la respuesta de José Luis Soberanes Fernández es muy tibia: los retenes de efectivos del Ejército Mexicano violan el derecho de libre tránsito de los ciudadanos.

 

Regulación


Soberanes, secrecía

Para John Ackerman, una práctica que inhibe al peticionario de la CNDH, es que la institución de Soberanes pide obligatoriamente la dirección física para recibir notificaciones, cosa que no obliga la Ley. 

“Si das nada más tu correo electrónico para recibir información, el caso se cierra automáticamente. Esto es una clara estrategia para impedir la transparencia en la información.”

A decir de Ackerman, el proceso de revisión interna no tiene ninguna autonomía, pues la misma CNDH es la que revisa en primera y segunda instancia sus propias respuestas. El investigador de la UNAM refiere que en la Comisión se ha creado una cultura de opacidad y que ese temor a la crítica “fomenta más la sospecha”.

El catedrático, quien se ha dedicado a estudiar el padrón de las recomendaciones de la CNDH, concluye que éstas dan “bandazos muy fuertes. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República era una dependencia que recibía muchas recomendaciones y por un tiempo esto se modificó. Sin embargo, el año pasado, cuando Soberanes entró en conflicto con el procurador Cabeza de Vaca se registró un aumento en las recomendaciones para esa institución”.

Sostiene que han ocurrido situaciones similares en el ISSSTE y el IMSS, a las cuales se les han hecho un número significativo de recomendaciones, sobre todo a la última, cuando Santiago Levy estaba a cargo.

“Pareciera que hay una cuestión muy personalista por parte de Soberanes. La cantidad de recomendaciones depende de las relaciones que haya podido construir, personales o políticas, con el secretario de Estado correspondiente. Como no podemos tener el expediente, no sabemos cómo llevan los procesos, ellos sólo dicen que hicieron las acciones de seguimiento mandadas por la ley.”

 

Cobros excesivos

Graciela Rodríguez, investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, reconoce la obligación de la CNDH sobre la protección de datos personales en sus documentos, pero esto se salva con las versiones públicas, indica.

Miguel Sarre pidió a la Comisión seis expedientes por los cuales le querían cobrar 580 mil pesos. En el caso de Fundar, por acceder a dos expedientes cobraban 90 mil pesos. Rodríguez considera que los cobros son un obstáculo para el derecho de acceso a la información y lo más grave es que se trata de una práctica de la CNDH, institución cuya atribución es proteger los derechos humanos. El derecho a la información es un derecho humano, acusa.

 

 

Fecha de publicación: Septiembre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 87

 

 

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