OCHO COLUMNAS

2a quincena Septiembre 2007

Recursos públicos para el Centro Fox

 

El Centro Fox, que construyen el expresidente y su esposa Marta Sahagún en su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, emplea a personal administrativo que en el sexenio pasado laboró en la residencia oficial de Los Pinos y que ahora le cuesta al erario 3.5 millones de pesos por año; mientras que efectivos del Estado Mayor Presidencial también son utilizados para resguardar esas instalaciones privadas que, según el PRD en el estado, servirán de sede operativa y de capacitación ideológica para un nuevo partido de ultraderecha

 

Yenise Tinoco / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

 

San Cristóbal, Guanajuato. Al menos 17 personas que laboran en las oficinas del Centro Fox cobran sus salarios con cargo a la Presidencia de la República, lo que representa un gasto anual del presupuesto federal por 3 millones 523 mil pesos, sin contar sueldos y haberes que perciben miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) que día y noche vigilan las instalaciones privadas y cuyo gasto el gobierno se niega a proporcionar.

Al final de un camino empedrado, entre casas humildes, la mayoría con pisos de tierra, en la comunidad de San Cristóbal en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Vicente Fox construye, con una inversión millonaria, el centro que tiene por nombre su apellido. Financiado –asegura el expresidente– sólo con recursos de la iniciativa privada.

Donde estaban las caballerizas del rancho de la familia Fox, habitado por la madre del exmandatario hasta la muerte de ésta y hoy por su hermana Mercedes, Fox construye un megaproyecto que, según dice, será un espacio para el ejercicio académico, aunque durante su gestión como presidente de la República invitó a los mexicanos a no leer ni informarse.


Futura biblioteca

 

 

 

Vestido con camisa azul a cuadros, pantalón café y zapatos lustrosos, el ranchero Fox camina entre la tierra, trabes, cemento, ladrillos y una treintena de trabajadores que no le dejan de silbar, mientras él recorre las instalaciones del centro, que en diciembre será inaugurado con la presencia del expresidente estadunidense Bill Clinton.

Protegido en todo momento por su jefe de escolta del EMP, el expresidente pierde su mirada en la media hectárea donde se construirá el centro y, al observar la presencia de un fotógrafo, señala con la mano lo que será la biblioteca del Centro Fox y que ahora es sólo un gran hoyo de más de 20 metros de profundidad, donde dice que concentrará los más de 4 millones de “documentos históricos” acumulados durante su mandato.

Indica escuetamente que el centro estará listo en diciembre, “y si no, ya saben”, advierte a sus acompañantes. Hasta ahora, el expresidente se ha negado a informar sobre el origen de los recursos que son utilizados para construir la biblioteca y el museo que llevan su apellido, y sólo asegura que es la iniciativa privada la que aporta el dinero para la obra.

Ana Teresa Jiménez, directora de marketing y comunicación del Centro Fox, explica que está financiado por importantes empresarios mexicanos, quienes a través de un patronato proveen de recursos a Vicente Fox para la construcción y administración del megaproyecto. Asegura que no se usan recursos públicos.

“Hay un patronato del que ahora no está permitido dar a conocer los nombres de sus miembros, pero en un futuro se informará”, y  respecto a los recursos públicos que se pudieran estar utilizando en la construcción y logística del Centro, Jiménez agrega: “No hay nada, ningún recurso público”.

 El 30 de mayo pasado, el periódico local a.m. dio a conocer la existencia de una asociación civil integrada por 45 empresarios que auspicia el centro: Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, de Televisa; Ricardo Salinas, de Tv Azteca; Federico Sada González, de Grupo Vitro; Lorenzo Zambrano, de Cemex; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Gutsa; Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles; Roberto Hernández, de Banamex, y Sergio Díaz, de Bardhal.

También hay exfuncionarios del gabinete foxista: Pedro Cerisola, Ramón Muñoz, Javier Usabiaga. El consejo de vigilancia está constituido por Arturo Sánchez de la Peña (que junto con su papá, Roberto Alcántara, es dueño de Grupo Estrella Blanca), Amparo Espinoza Rugarcia (hija del banquero Manuel Espinoza Iglesias) y el matrimonio integrado por José Pintado Rivero (expresidente de la Asociación de Banqueros) y Beatriz Sánchez Navarro de Pintado.

 

Sueldos con cargo al erario

Por dos decretos presidenciales del 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987, que sustentan las pensiones de los expresidentes mexicanos, la hacienda pública está obligada a pagar hasta 103 personas al servicio de cada uno de los cinco exmandatarios: 25 administrativos y 78 del EMP (Contralínea 78).

A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Contralínea pidió a la Presidencia en tres ocasiones el nombre y salario de las personas que trabajan con Vicente Fox. Recibió tres respuestas diferentes, tanto de nombres como de montos percibidos.

Se  solicitó la ubicación de donde laboran dichas personas y coincidió la dirección y teléfonos con los de la oficina del Centro Fox y Vamos México, situada en carretera León-Cuerámaro, San Francisco del Rincón, kilómetro 13, Guanajuato.

De acuerdo con la información proporcionada, el personal administrativo que labora en el Centro Fox representa un gasto mensual de casi 300 mil pesos.

En la solicitud 02100000

84907, donde se pedía información de los sueldos de los miembros del  EMP, el IFAI respondió que está reservada de conformidad con el artículo 13 fracción I de la Ley.

En una petición posterior donde sólo se pide el monto que se destina para cubrir los haberes de los miembros del EMP que brindan seguridad al exmandatario, la Unidad de Enlace de Presidencia indicó: “Los elementos asignados para la seguridad del expresidente Vicente Fox tienen grados que oscilan de cabo hasta teniente coronel, cuyos sueldos y percepciones pueden ser consultados en los tabuladores de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la página electrónica www.sedena.gob.mx”.

Sin embargo, en el escrito no se precisa qué cantidad de elementos tienen a cargo la seguridad de Fox ni número por rango, lo que impide tener un aproximado sobre los recursos que se destinan para pagar al personal de seguridad del expresidente.

Algunos de ellos, a decir del personal de la oficina del exmandatario, están encargados de vigilar las instalaciones donde se construye el Centro Fox. Además, según el documento, “la seguridad que proporciona el EMP es para el expresidente Vicente Fox; sin embargo, de acuerdo con la evaluación de riesgo, la seguridad en ocasiones se extiende a su esposa o a sus hijos”.

 

Candil de la calle


Humildes viviendas y calles sin pavimento bordean la zona

 

San Cristóbal es una comunidad que se ubica a 15 minutos del municipio de León, con una población de apenas 2 mil habitantes.  Sólo su calle principal, que es la que lleva al rancho de la familia Fox, está empedrada, a las demás calles no les llegó el beneficio de que su hijo pródigo fuera jefe del Ejecutivo, y siguen sin pavimentar.

La comunidad cuenta con una escuela frente a la iglesia, que fue remozada al igual que el atrio y el rancho propiedad de los Fox en 2001 con recursos públicos estatales, cuando George Bush, en visita no oficial, se hospedó en la casa de la entonces familia presidencial. 

Es ahí donde Fox construye un centro multidisciplinario, donde se trabajará –dice Teresa Jiménez–  en cuatro ejes rectores: análisis e investigación donde se harán estudios sobre democracia y libertad en Latinoamérica, consultoría, área de estudio sobre democracia, libertad, liderazgo, equidad de género, transparencia, combate a la pobreza, políticas públicas y economía.

Los otros dos ejes son: información y documentación, donde habrá títulos y documentos con las áreas de especialización del centro y de la gestión gubernamental 2000-2006, cultura y museografía con exposiciones permanentes y temporales.

Ana Teresa Jiménez señala que la prioridad en la investigación en el centro serán los temas sociales: “durante el gobierno de Vicente eran las cuestiones sociales las que movían todas las políticas públicas”.

José Ramón Rodríguez Gómez, secretario de la Comisión de Participación Ciudadana y Gestión Social del Congreso local, señala que el dinero que se invierte en el Centro Fox debería traer beneficios a los más necesitados, que a lo largo de casi dos décadas de gobiernos panistas en Guanajuato han estado en el olvido.

“Es una burla que Fox pretenda investigar sobre temas que en el estado y con los gobiernos emanados de su partido se han agudizado. Existe una alta deserción escolar, Guanajuato es el lugar 24 en analfabetismo y el 26 en rezago educativo, uno de los niveles más altos de rezago para cubrir la matricula en medio superior.

“La entidad paso de ser el tercer lugar en expulsión de mano de obra a Estados Unidos, a el primer lugar, por arriba de Zacatecas y Michoacán.  Guanajuato es el estado donde más niños se van a buscar el sueño americano. El gobierno panista ha privilegiado a los empresarios, no a la gente”, dice el legislador.

Rodríguez Gómez indica que Guanajuato poco se ha beneficiado con los gobiernos de Vicente Fox, primero como gobernador y después como presidente de la República. “Ahora pretende trabajar para el mundo entero, cuando no lo hizo en su tiempo por su país, y menos por su estado”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato, en el estado más de 750 mil personas viven en pobreza extrema (la población asciende a 4 millones 500 mil). Alrededor de mil comunidades –aproximadamente 5 mil habitantes– no cuentan con servicios básicos de salud.

Juan Carlos López Rodriguez, secretario de Desarrollo Social y Humano, dice que 523 mil 124 personas no tienen Seguro Popular, porque no cuentan con un empleo.  Además de que 3 mil familias en la entidad no cuentan con el programa Oportunidades y viven en pobreza extrema.

En 2005, Vicente Fox y el entonces secretario de Salud, Éctor Jaime Ramírez, levantaron bandera blanca en el estado, es decir, era la primera entidad que daba ciento por ciento la cobertura de salud en el país.

Rodríguez Gómez dice que resulta indignante que Fox pretenda aportar a la transparencia y democracia mundial, cuando él y toda su familia filial y política están envueltos en denuncias de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El diputado, también integrante de la Comisión de Hacienda, señala que están atentos ante cualquier desvío de recursos públicos, ya sean estatales o municipales, “sobre todo del gobierno del estado que pudieran ser aportados”.  Y agrega que de ser necesario se presentará una denuncia formal para que se investigue sobre el origen de los recursos que financian tan costosa obra.

Sede de capacitación del Partido Humanista

José Luis Barbosa, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comenta que el Centro Fox se puede convertir en la sede operativa y de capacitación ideológica de la nueva institución política de ultraderecha, que llevara el nombre de Partido Humanista.

El nuevo partido –dice  Barbosa–,  creado por Fernando Rivera Barroso y Elías Villegas, entre otras personalidades, del Partido Acción Nacional, tendrá una fuerte carga ideológica pero con suficientes recursos para desarrollar una línea de acción como la que se pretende realizar en el Centro Fox.

El líder perredista menciona que en el estado la relación del gobernador, Juan Manuel Oliva, con Elías Villegas y Vicente Fox es muy estrecha, “y esto no está aislado del Centro Fox”. Además, existe la vinculación y cercanía con los recursos públicos estatales y municipales.

 

Ley del ISSSTE para expresidentes

 

Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, sostiene que los expresidentes y los demás funcionarios del Estado deben de estar bajo el régimen de pensiones de la nueva Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dice que las prestaciones que hoy tienen los expresidentes funcionaron cuando había un presidencialismo omnipresente. Pero que es el momento en que se haga un alto al dispendio de recursos.

“Las prestaciones se tienen que regular con la Ley del ISSSTE, porque los expresidentes son servidores del Estado. En este nuevo México se necesita un marco jurídico apropiado, y es que no es correcto mantener este tipo de privilegios cuando el pueblo tiene necesidades”, dice el legislador.

Aguilar Solís  menciona que no sólo se tienen que limitar las pensiones económicas, sino también los salarios, a cargo del erario, del personal administrativo y militar al servicio de los expresidentes, además de no seguir manteniendo oficinas de lujo, pues “ellos ya no tienen ningún tipo de función pública”.

 

 

Fecha de publicación: Septiembre 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 87

 

 

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