Justicia

1 de abril de 2008

La sucesión en el TSJDF

Fernando Ortega Pizarro

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, rechaza deber el cargo a grupo político alguno. Sin embargo, reconoce que el tribunal que ahora encabeza sólo es un órgano del gobierno de la capital y no un poder en sí mismo, independiente y autónomo.

 

Edgar Elías Azar reconoce ser amigo del suegro del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el exmagistrado Diego Zavala; pero asegura que éste no influyó en la sucesión del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a través del “grupo Colón”, cuyos integrantes supuestamente garantizan la continuidad en la institución.
Acepta que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, lo nombró magistrado, y contó además con la aprobación de la Asamblea Legislativa, así como con la mayoría de los miembros del tribunal. Sostiene que eso no le creó ningún compromiso con su promotor.
Aclara que no le avergüenza haber sido secretario de Finanzas del exgobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu, priista asesinado en 1994. Al contrario, dice, “es un orgullo: él me enseñó muchas cosas. Yo aprendí con él, un gran maestro de la política. Era un hombre muy inteligente”.
Le molesta que al fondo de pensiones de los magistrados se le llame “cochinito”, porque supuestamente se formó con el Impuesto sobre la Renta (ISR) de los trabajadores del tribunal.
“El expresidente Vicente Fox emitió un decreto de estímulo del Impuesto sobre la Renta, para muchos efectos y objetos. Todos los empleados que trabajaran para un gobierno municipal, estatal o federal se vieron beneficiados con ese famoso estímulo. ¿Por qué hicieron el escándalo aquí en el tribunal superior? Nunca lo supe.”
En la reciente sucesión en el tribunal, 10 magistrados se disputaron la presidencia. La pelea se dio básicamente entre Edgar Elías Azar y Víctor Rolando Díaz Ortiz, a quienes se les identificó como integrantes del “grupo Colón”, liderado por los magistrados Juan Luis González Alcántara y Guadalupe Carrera, y el exmagistrado Diego Zavala Pérez, padre de la primera dama.
La magistrada Rebeca Florentina Fujol, uno de los 10 candidatos, sostuvo que iba a haber “cargada” como en otras sucesiones.
Empero, los magistrados estrenaron un nuevo método de elección, con la idea de que quien ganara lo hiciera por mayoría calificada (la mitad más uno de los 70 magistrados) y no relativa.
Hubo tres rondas de votaciones, lo cual demuestra, según Elías Azar, que no hubo cargada, pues de otra manera en la primera votación el ganador hubiera tenido mayoría absoluta. Elías Azar ganó la primera ronda; en la segunda, perdió, y en la última, triunfó con 36 votos, tres más que Víctor Rolando Díaz, su más cercano competidor.
En su oficina del piso 17 del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, de la que también es presidente, Elías Azar asegura que su gestión no se va a caracterizar por el continuismo, sino por la continuidad.
“El continuismo es prolongar acciones sin ningún razonamiento, simplemente por una instrucción política o porque así se lo ordenaron al sucesor. Continuidad es consolidar las cosas buenas que empezó el antecesor”.
Aclara que no pertenece al “grupo Colón”, bautizado así porque su lugar de reunión es un restaurante de la glorieta de Colón. “Es un buen grupo de magistrados. Jamás me integré a sus desayunos, porque nunca me invitaron”.
En el tribunal, refiere, hay más grupos que se han formado por rutina: el grupo de mujeres, el grupo de presidentes del tribunal, el grupo de presidentes de sala; “pero no un grupo en el sentido político de la palabra, sino en el sentido judicial. Yo pertenezco al grupo de expresidentes de sala y a la vez pertenezco a otro de los que fuimos nombrados el mismo día”.
El “grupo Colón” es importante, considera, porque tiene “un buen número” de magistrados, “pero se reúnen para ver problemas del tribunal, no para estar marcando sucesores”.
En su campaña, Víctor Rolando Díaz Ortiz propuso lograr lo que el tribunal no ha conseguido en 150 años: que se le reconozca como un verdadero poder de una entidad. La Constitución y la ley orgánica del tribunal señalan que sólo es un órgano del gobierno del Distrito Federal que realiza una función. Sostiene que no hay división de poderes en la capital.
Edgar Elías Azur fue magistrado por primera vez en 1993. En 2003 se reincorporó al tribunal como magistrado a propuesta del entonces presidente Juan Luis González Alcántara y con el visto bueno del exjefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Pero Elías Azur aclara que, salvo los viejos magistrados que fueron nombrados por el presidente de la República en turno, López Obrador nombró a la mayoría de sus colegas. También contó con el visto bueno de la Asamblea del Distrito Federal. El mismo procedimiento es igual en otros países.
—¿Eso no le crea a usted y a cualquier magistrado un compromiso con quien lo nombró?
—¿Por qué razón? Cometo una infidencia, una indiscreción: yo resolví asuntos en contra del jefe de gobierno López Obrador. Jamás me dijeron nada. Él fue muy respetuoso con el tribunal, y particularmente en un asunto que me tuvo muy preocupado, que fue muy importante para la ciudad. No recibí una llamada telefónica o una consigna o un cobro de factura. Y esto lo juro por mi palabra de honor. Particularmente los dos últimos jefes de gobierno han sido muy cautelosos en esta cosa de la consigna y la recomendación.
Hace un reconocimiento al actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, porque “ya volteó a ver al tribunal; está preocupado por que mejore. Nos dio una cantidad para fondear casas de vivienda”.
Edgar Elías Azar, de 61 años, nació en Acapulco, Guerrero. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es también maestro en contratos civiles por la Universidad Iberoamericana.
Tiene experiencia de 37 años en el servicio público, 13 de ellos en la administración pública tanto federal como estatal, lapso en el cual desempeñó diversos cargos como: director jurídico de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, director de Normatividad y Control de Adquisiciones, director de Legislación y Consulta de Asuntos Jurídicos y secretario de Finanzas del gobierno de Guerrero.
Ha sido catedrático de las universidades Americana, de Acapulco; Anáhuac del Sur e Iberoamericana; además, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela Libre de Derecho; y académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ha participado, asimismo, en diversos trabajos legislativos de los que han resultado importantes reformas a leyes relacionadas con la administración de justicia.
Al tribunal superior llegó hace 24 años. Inició en 1967 como archivista “G” transitorio del Archivo Judicial y ocupó diversos puestos administrativos hasta 1969, cuando fue designado juez “A” de Paz, de Cuautepec, Barrio Bajo. Después ocupó los cargos de juez Décimo Quinto Mixto de Paz del Distrito Federal, juez Noveno de lo Civil, magistrado (1993-1999) y magistrado de la Primera Sala Civil, de 2003 a 2007.
Como presidente del tribunal –lo será hasta el 31 de diciembre de 2011 y es el número 62 en los 152 años de historia de la institución– tiene muchos propósitos urgentes.
Primero, dice, consolidar “los buenos proyectos” que dejó el expresidente del tribunal, Guadalupe Carrera. Segundo, iniciar un programa de reformas.
“Este tribunal no puede caminar sin reformas; si la consejería jurídica, óigase el jefe de gobierno, no nos ayuda, si la Asamblea no se pone la camiseta y entiende el problema procesal gravísimo que hay, esto no se va a poder cambiar.
“El proceso de cambio del tribunal no lo puede hacer solo. El poder que quiera caminar solo, está muerto. Los tres poderes necesitamos de los tres para que la ciudad funcione. Mi primer proyecto es de consolidación y, sobre todo, de reformas”.
—¿Y el “cochinito” de los magistrados?
—El famoso “cochinito” es otra historia que no tiene ninguna razón. No es “cochinito” ni nada. Que se aclare bien. Para todo el país, sin excepción, fue expedido por el presidente Vicente Fox un decreto de estímulo, de Impuesto sobre la Renta, para dar transparencia, lograr consolidar información pública, para muchos efectos y objetos.
“El acuerdo beneficia desde el más modesto hasta el último de los empleados del Distrito Federal, Tijuana o Mérida. Todos los empleados que trabajaran para un gobierno municipal, estatal o federal se vieron beneficiados con ese famoso estímulo del ISR.
“El gobierno dijo: cumples con todo eso y te doy el 80 por ciento de estímulo y me pagas el 20 por ciento durante estos años. Luego me vas a pagar el 40 y te quedas con el 60, y luego me pagas el 20 y te quedas con el 80. En todo el país fue así. No fue el tribunal superior ni el gobierno de la ciudad, ni el gobierno de Quintana Roo solamente; todo el país sin excepción se vio beneficiado con ese estímulo. ¿Por qué hicieron el escándalo aquí en el tribunal superior? Nunca lo supe”.
—El problema es que ese impuesto se aplicó al fondo de pensiones de los magistrados. Es decir, con ese impuesto se formó el “cochinito”.
—Lo que se retuvo del impuesto sumó una cantidad de dinero: 300, 400 millones de pesos. Ése es un estímulo para el tribunal superior. Nosotros formamos parte de un gobierno, que es el de la ciudad de México. No podemos ir solos, teníamos que ir con el gobierno de la ciudad. Ya que retuvimos ese dinero, se lo entregamos al gobierno de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad se lo regresa al tribunal, si se lo gasta en carreteras, forma parte del gran presupuesto del gobierno de la ciudad…
—Pero se lo regresó al tribunal para el fondo de pensiones de los magistrados.
—Ah, ése es otro problema. No, señor, el jefe de gobierno nos ayuda a nosotros al fondo de jubilación; ése es otro problema, ésa es otra cosa radicalmente diferente, no lo confundamos… Ya me hartó lo de la palabra “cochinito”. ¿Cuál “cochinito”? El fondo de retiro de magistrados es una cosa muy importante. Todo mundo se quiere retirar y seguir viviendo y comiendo. En nuestra ley orgánica es obligatorio retirar a jueces y magistrados con un porcentaje del salario. Es una disposición de hace muchísimos años, pero era una disposición híbrida, porque no había forma de meterle dinero al fondo porque no alcanzaba el presupuesto del tribunal. El jefe de gobierno nos da una cantidad de dinero para que podamos cumplir con esa obligación que está en la ley.
“Esa disposición ya fue demandada por varios magistrados. Se tuvieron que ir a juicio para poder demandar el cumplimiento de esa obligación. Demandan al tribunal, demandan al gobierno, entonces lo que hace el gobierno es empezar a fondear ese derecho que se deriva de la ley, no se deriva de un acto gracioso, de dispendio.”
—¿Qué tiene que ver esto con el famoso “cochinito”?
—Ah, pues se le adminiculó, porque pensaron que este dinero se iba a usar para esto o el otro. Si al tribunal le devuelven 40 millones de pesos, los podrá gastar con base en el presupuesto, y, sí es cierto, lo podría gastar en el famoso retiro.
“Yo no quiero que les dé dinero; prefiero que sigan ganando poco, pero que tengan una vivienda digna los trabajadores; prefiero que tengan casa, que el apoyo venga en cosas que no se diluyan en el gasto normal de cada mes. Es importante el gasto normal, muy importante, pero creo que lo primero es tener un techo digno”.

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1 de abril de 2008 | Año 5 | No. 99

 

 

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