Distrito Federal

1a quincena agosto 2008

GDF aniquila Contraloría Ciudadana

El gobierno capitalino, que dice promover la participación ciudadana, debilita la única figura de intervención de los habitantes del Distrito Federal en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas dentro de la administración pública: los contralores ciudadanos

Paulina Monroy
_____________

 

Único mecanismo de participación directa de la ciudadanía en el gobierno capitalino, la Contraloría Ciudadana –que depende de la Contraloría General del Distrito Federal– es relegada por la administración del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. A la Red de Contralores Ciudadanos se le despoja de espacios y funciones. Integrantes y exintegrantes de la agrupación sostienen que hay una clara intención de desaparecerlos.


Durante la reunión celebrada el pasado 19 de febrero entre la Oficina de la Jefatura de Gobierno y los contralores ciudadanos, estos últimos denunciaron que en los órganos colegiados se ignoran sus opiniones y observaciones e, incluso, padecen vejaciones verbales y físicas.


Los 11 contralores solicitaron a Cuitláhuac Bardán Esquivel, coordinador de Gabinetes, y a Humberto Gutiérrez Mejía, secretario técnico del Gabinete de Nuevo Orden Urbano, la remoción de la Dirección Ejecutiva de la Contraloría Ciudadana (DECC). En su opinión, durante 2007, “incumplieron su labor, estorbaron las actividades de la red y dedicaron su tiempo a funciones ajenas”. Advirtieron que su permanencia sería una clara señal de que no se quiere el cambio.


También demandaron la desaparición de los comités de Control y Auditoría y la reactivación de los comités de Control y Evaluación (Cocoe): “Su creación llevó a que la Contraloría General desatendiera su función de evaluar, al cambiar un Comité de Evaluación y Control por una herramienta administrativa”.


Tratándose de un puesto honorífico, por el que no se recibe ninguna remuneración, los gastos inherentes a la contraloría ciudadana corren a cuenta de cada contralor. En la reunión también expusieron que el gobierno del Distrito Federal resarciera dichas erogaciones. Requirieron que se les entregaran identificaciones que les den personalidad jurídica frente a las autoridades.


En la agenda de peticiones a tratar durante el encuentro, los contralores ciudadanos anotaron que se les permitiera seguir todo el proceso relativo a obras públicas, desde la revisión de los proyectos ejecutivos hasta su entrega, y de las adquisiciones, desde que se formulan las licitaciones hasta la recepción del material.


Además de apoyo para visitar las obras, como transporte, equipo de audio, fotografía, video, y la facultad de hacerlo sin previo aviso para control social de las obras y para llegar a zonas alejadas, como “las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, casi abandonadas por la red”.


También, la creación de un enlace entre la red y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Info-DF) y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Sin embargo, ninguna de sus demandas ha sido atendida.


Manuel Aguado Chávez, contralor ciudadano, expresa que no reciben ningún tipo de apoyo de la Contraloría General ni de la DECC: “Nuestro peso es mínimo; cuando debería haber 390 contralores, sólo habemos 40. Hay un desconocimiento profundo de lo que es la Contraloría Ciudadana”.
Declara que al no haber suficientes contralores ciudadanos debe atender seis comités de obras: “Mientras la DECC tendría que ser nuestro enlace con el gobierno capitalino, nuestras observaciones, dudas y quejas no pasan de ser recibidas”.


Instrumento de participación ciudadana

El 14 de febrero de 2001, el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador inició el Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal define a la Red de Contraloría Ciudadana como “el instrumento de los ciudadanos que por voluntad propia se comprometen a colaborar de manera honorífica –sin retribución– con la administración pública del Distrito Federal para garantizar la eficiencia del gasto público y la gestión gubernamental”.


Los contralores ciudadanos vigilarán la legalidad y transparencia en los procesos de licitación y contratación; se incorporarán al control social de obra pública; se integrarán a los órganos colegiados de la administración pública y participarán en las acciones especiales de combate a la corrupción.


Según el artículo 62 de la ley, estarán obligados a asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias. El Programa de Contraloría Ciudadana anota que deberán denunciar cualquier irregularidad detectada y proponer medidas para combatir la corrupción. También darán curso a las denuncias de la ciudadanía.


Adscritos a los consejos de administración, comités, subcomités de obras y adquisiciones y a los Cocoe, por cada órgano colegiado se designarán dos contralores que, a su vez, serán elegidos con base en su trayectoria, rectitud y compromiso social. Recibirán capacitación durante un año, tiempo en que actuarán como auxiliares de contralores. Serán acreditados por el jefe de gobierno y cumplirán con dos años de labores.


Contraloría sin espacio
Desde diciembre de 2006, la Red de Contralores Ciudadanos advirtió tropiezos en su labor. En un comunicado, enviado en febrero de 2007 a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, 40 contralores declaran que fueron despedidos integrantes de la DECC, vía correo electrónico, dejándola en manos de servidores que venían de puestos políticos cuando había sido integrada por la sociedad civil.


También exponen que la sala Horacio Labastida, donde se reunían, se convirtió en oficina de la DECC, con lo que fueron despojados de su lugar de trabajo y de la forma institucional de comunicarse. En ese lugar, los contralores intercambiaban información, se asesoraban, recibían capacitación y estudiaban los casos. “La intención –advierten– es romper la red, cuando sólo como red podemos cumplir nuestras funciones, no como individuos aislados”. Incluso, señalan, se les negó el acceso al edificio de la Contraloría General si no tenían cita previa.


Lo mismo sucedió con el Módulo de Información, Quejas y Denuncias –donde los contralores atendían a la ciudadanía desde mayo de 2006– que se convirtió en Oficina de Atención y Enlace con los contralores ciudadanos, una extensión de la DECC.


Anotan que así los quejosos tendrían que dirigirse a la Subdirección de Legalidad de la Contraloría General, “donde –sostienen los contralores– los casos se resuelven de uno a tres años”. En siete meses, el módulo recibió 1 mil 425 peticiones ciudadanas, de las que 1 mil 380 fueron de atención inmediata y 45 remitidas a la Contraloría General.


La DECC les entregó el módulo que tiene un escritorio y seis sillas como lugar de trabajo, cuando en la sala tenían equipo de cómputo, escritorios y espacio para 40 personas. “Nos quitan presencia frente a la ciudadanía y reducen nuestra labor a entregarnos reportes de las reuniones celebradas en los órganos a los que estamos adscritos”.


En respuesta a la solicitud de información 0115000006007, la Contraloría General indicó que desde el inicio de la Contraloría Ciudadana y hasta abril de 2007 se acreditaron a 548 contralores, de los cuales 126 participan en 166 órganos colegiados y 55 entidades gubernamentales. Seis meses después, en la glosa del Primer informe de gobierno, la Contraloría General del Distrito Federal anotó que eran 107 los contralores en activo.


Aunque la dirección apunta que la meta es que haya dos contralores por órgano colegiado y que no participen en más de uno para garantizar su efectividad, admite que cada uno colabora en 1.4.


De la cifra discrepan los contralores, pues aseguran que la red la compone todo aquel que estuvo y está acreditado. Hasta 2007 –enuncian– le dieron seguimiento a 878 licitaciones e invitaciones restringidas y visitaron 600 obras. Respecto al presupuesto, en el comunicado, los contralores indican que el gasto de la DECC es de seis espots de televisión o dos minutos tiempo aire.
Además, anuncian la decisión de organizarse fuera de la estructura de la DECC y no colaborar con ella.


Convocatorias selectivas
La Ley de Participación Ciudadana obliga a la Contraloría General a convocar a la ciudadanía, organizaciones sociales, instituciones, profesionales y medios de comunicación para presentar candidatos a contralores ciudadanos.


A la petición 0115000006007, la Contraloría General contestó en abril de 2007 que, durante ese año, se incorporarían a 346 contralores ciudadanos más. Por lo que –señaló– se emitirían nuevas convocatorias a partir de programas específicos de trabajo y perfiles predeterminados y se haría extensiva la invitación a instituciones y asociaciones.


Advirtió que en julio debía publicarse la convocatoria, pues a 34 contralores se les vencía el periodo de dos años; el llamado se hizo un año después. En todo 2007 no convocó, aún cuando está obligada por la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.


En la Gaceta Oficial del 10 de julio de 2008 se publicó la Convocatoria para Participar en el Programa de Contraloría Ciudadana en Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. Establece como requisito para ser contralor ciudadano una edad mínima de 25 años y haber concluido una licenciatura. Los candidatos tendrán que pasar por una entrevista de selección de la DECC y acreditar el programa de capacitación.


Se excluye a quien sea exservidor público inhabilitado, contratista o proveedor del gobierno capitalino y representantes legales de quien esté en litigio contra el gobierno del Distrito Federal. También aquél que durante los últimos cinco años haya tenido cargo en dependencias, entidades y órganos desconcentrados.


El artículo 8 de la Ley de Participación Ciudadana anota que los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a formar parte de la Contraloría Ciudadana. El 20 por ciento de los contralores ciudadanos tiene entre 19 y 25 años, mientras que el 47 por ciento no tiene licenciatura o posgrado.
“La idea de la Contraloría Ciudadana –advierte Aguado Chávez– es que quien vigile sea el ciudadano común y corriente que con una capacitación entendiera todos los casos que le lleguen”.


Suplantación de funciones
La Secretaría de Gobierno, en su Primer informe de labores 2007, sostuvo que el fortalecimiento de una democracia parte de traducir la participación ciudadana en decisiones de gobierno.


Además el Programa General de Desarrollo 2007-2012 recoge este principio y por eso se apoyó la creación del Observatorio Ciudadano, un organismo colegiado de evaluación y diseño de propuestas sobre políticas públicas.


Instaurado el 27 de febrero de 2007, incluyó la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Academia Mexicana de las Ciencias, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.


Su primera tarea fue la realización de la Consulta Verde, cuyo objetivo fue someter a consideración de la población una agenda de temas ambientales para diseñar políticas públicas en la materia.


En el comunicado fechado en febrero de 2007, los 40 contralores declararon que ilegalmente a Observatorio Ciudadano se le transferían funciones de la Contraloría Ciudadana y de la propia Contraloría General.


Según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General el control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal. No obstante, observan, Marcelo Ebrard convocó al Info-DF y a la CDHDF a participar en el proyecto para ejercer esas facultades, a las que no están obligados.


En la Gaceta Oficial del 7 de septiembre de 2007 se divulgó la convocatoria de la Contraloría General para el programa Visitadores en Movimiento en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El objetivo, expone la dependencia, es establecer un mecanismo permanente de vigilancia ciudadana para promover la transparencia de la gestión pública en las agencias del Ministerio Público.


Requisitos también para ser visitador ciudadano son la edad mínima de 25 años y estudios de licenciatura concluidos. En su primer informe, la Contraloría General pronosticó que, para finales de 2007, se habrían acreditado a 200 visitadores ciudadanos.


En carta enviada el 19 de noviembre de 2007 a la entonces contralora general, Beatriz Castelán García, Aguado Chávez observó que el programa estaba fuera de la ley, pues la DECC carece de facultades para ejecutarlo y acreditar visitadores que no están previstos en la Ley de Participación Ciudadana. Expone que el gobierno está nombrando a sus visitadores, pues no se solicita la intervención de una organización para que presente a su aspirante, sólo por voluntad propia. Lo que afecta la independencia de estos contralores y contraviene la legislación, apunta.


Resalta que incluso el nombre del programa es engañoso, pues dice pertenecer a la Contraloría Ciudadana cuando no es responsabilidad de la red y señala que la serie de requisitos no es necesaria para ser contralor, pues crean una diferencia y se pierde la pluralidad.


También subraya que las bases indican que los visitadores deberán estar sujetos a los lineamientos de la Contraloría General, lo que “parece una simulación para acreditar contralores”. Anota que se envía a los solicitantes a informarse a una inexistente Oficina de Atención y Enlace con contralores ciudadanos en el Módulo de Información, Quejas y Denuncias.


En su respuesta del 6 de diciembre de 2007, María del Carmen Pérez Muñoz, directora ejecutiva de la Contraloría Ciudadana, sostiene que la convocatoria no resulta en un acto discriminatorio, sino que establece elementos mínimos que garanticen el cumplimiento de los objetivos del programa. En relación con que los visitadores estén sujetos a la Contraloría General contesta que su acreditación dependerá del jefe de gobierno.


La Contraloría General define que el programa es incluyente y pueden participar todos los ciudadanos sin ser discriminados por credo, raza, sexo, ideología y participación en organizaciones sociales, partidarias, gremiales o culturales. “La única limitación –aclara– es la prevista por la ley y sólo la decisión individual determina el grado de su participación.


“Este proyecto será benéfico para la sociedad –concluye la titular–, puesto que promueve la transparencia, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia en las agencias del Ministerio Público del Distrito Federal”.


Contraloría debilitada
Andrés Peñaloza, de la asociación civil Bia’lii, Asesoría e Investigación, y excontralor ciudadano, expresa que hay un fuerte retroceso con Marcelo Ebrard en el tema de la participación ciudadana. Desde el reemplazo total del equipo de la DECC, compuesto por servidores que venían de la sociedad civil y que fue sucedida por funcionarios de la administración pública, hasta la ruptura de la red.


“Fue un paso importante –opina– en la rendición de cuentas, porque era un esquema real de participación directa. La presencia de ciudadanos independientes en las áreas sensibles del gobierno, salvaguarda derechos y confía mayor transparencia en los procesos”.


Ahora ni en el 20 por ciento de los órganos colegiados está presente la Contraloría Ciudadana, dejando un 80 por ciento restante sin vigilancia. “Por el contrario, se desvía el propósito hacia esquemas decorativos, como Visitadores en Movimiento y Observatorio Ciudadano”, advierte.


Recuerda que al inicio de su creación, se buscó ampliar el ámbito de actuación de la Contraloría Ciudadana, cuando se instituyó un consejo de verificación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y se realizaron visitas incluso en operativos. Con Ebrard, dice, no sucede así, sino que se desmantela la red quitando espacios y creando figuras de participación simuladas.


Al respecto, el excontralor ciudadano Rubén Barrios Graff refiere que el jefe capitalino propone crear un grupo de visitadores que asista a las verificaciones en giros negros. Lo que debería corresponder a la Contraloría Ciudadana: “Aun cuando lo solicitamos, no se nos incluyó en estas visitas durante la administración pasada. La actuación preventiva es detenida”.


Bernardo Espinosa, contralor ciudadano, dice que sus observaciones no son tomadas en cuenta: “Queremos participar conforme a derecho, porque nos asiste, que nos den el apoyo legal y el respaldo necesario”.
Contralínea solicitó entrevista con María del Carmen Pérez Muñoz a través de la oficina de Comunicación Social de la Contraloría General, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.

 

recuadro

 

Los contralores ciudadanos

 

Contralores acreditados hasta octubre de 2007: 548
Contralores en activo hasta octubre de 2007: 107
Órganos colegiados en los que participan: 166
Dependencias gubernamentales: 55
Del total
El 47 por ciento son mujeres y 53 por ciento son hombres
El 20 por ciento tiene entre 19 y 25 años
El 27 por ciento son mayores de 56 años
El 77 por ciento son individuos sin afiliación a partido o asociación civil
El 11 por ciento pertenece a organizaciones no gubernamentales
El 5 por ciento proviene de comités vecinales
El 4 por ciento es militante de algún partido político
El 3 por ciento viene de mesas directivas de escuelas.
El 53 por ciento tiene licenciatura o posgrado

Licitaciones e invitaciones restringidas observadas: 878
Obras visitadas: 600

 

 

 

Recuadro

 

 

 

 

 

Cronología

2001

Se incluye la fiscalización ciudadana en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal

Se crea el Programa de Contraloría Ciudadana

Se publica un acuerdo entre el jefe de gobierno y los órganos colegiados para la vigilancia ciudadana

Se crea la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana

2004

Se promulga la Ley de Participación Ciudadana

Se reforman reglamentos de obras, adquisiciones y verificación administrativa sobre la participación en órganos colegiados, comités, subcomités de obras y adquisiciones y consejo de verificación

Se crean los comités de Control y Auditoría

2008

Se modifican atribuciones de la DECC

Fuente: Dirección Ejecutiva de la Contraloría Ciudadana

 

 

 

Participación ciudadana, atada al poder

Jacqueline L’Hoist, del área de Vinculación en el Distrito Federal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, advierte que la participación ciudadana es un derecho, no una dádiva del Estado: “No sólo se limita a ir a votar, sino se refiere a la representación civil, a participar en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas”.


Enuncia que para incidir en la toma de decisiones existen los consejos ciudadanos creados en las dependencias y solventados con recursos públicos. Considera que son solamente consultivos y se convierten en procesos para legitimizar el quehacer del Estado, pues éste decide quiénes los integran y qué información otorgarles y cuál no. Lo mismo percibe del Observatorio Ciudadano del Distrito Federal, conformado por académicos y dedicado a elaborar indicadores para medir políticas públicas.


A su parecer se debe expulsar la decisión política en la participación ciudadana: “Mientras sean ellos quienes deciden, elegirán a gente a su modo. Se maquillan las cosas y no hay manera de vigilar a los consejos ciudadanos”.
Refiere el caso del Consejo de Seguridad Pública que dio a conocer un desplegado para felicitar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por su actuación en el New’s Divine: “En el momento de apretar las tuercas y exigir más, su actitud es decir que todo está bien. No todos los consejos ciudadanos son autónomos”.


Apunta que, cuando la ciudadanía decide observar, ocurren situaciones como lo sucedido con las organizaciones Marabunda y Causa Ciudadana, asociaciones de jóvenes en la delegación Gustavo A. Madero que denunciaron el 14 de julio haber recibido amenazas luego de vigilar la investigación del New’s Divine.


Además opina que la figura de la Contraloría Social se encuentra con que la información no es clara, oportuna y ni accesible: “Está bien el discurso político, pero en la práctica hay muchos vacíos legales”. También sostiene que se limita la participación ciudadana cuando se establecen requisitos para integrarse a estos mecanismos que no incluyen a toda la población, como el nivel académico.


La también integrante del Consejo Consultivo de la Procuraduría Social del Distrito Federal concluye que “hay miedo en abrir la participación ciudadana y no se hará porque no toda la ciudadanía está de acuerdo con lo que ocurre”. (PM)

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 01 de agosto de 2008 | Año 7 | No. 107

 

 

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