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El pasado junio, el señor Felipe Calderón –que de vez en cuando, y para cubrir el expediente, hace como que cumple sus obligaciones, como poner las condiciones máximas para el desempeño de los derechos de libertad de prensa– recibió al Comité para la Protección de los Periodistas.
Álvaro Cepeda Neri
Presididos por Paul Steiger, asistieron 20 integrantes a la entrevista. Calderón se hizo acompañar de esa mediocridad (el enemigo número uno de esas libertades y de los periodistas que ejercen la crítica) que es el exbaterista de Timbiriche, Maximiliano Cortázar Lara.
Desempeñándose en su ilegitimidad, conforme avanzan las investigaciones sobre las maniobras e irregularidades de las pasadas elecciones, como lo acaba de presentar José Antonio Crespo en su libro 2006: hablan las actas; y, entre otros, John M. Ackerman en su ensayo, censurado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, “Los límites de la transparencia: el caso de las boletas electorales”, publicado en el libro Más allá del acceso a la información. Esos dos inquilinos de paso: Calderón y Cortázar, acompañados por el exbanquero Eduardo Medina Mora, por enésima vez y a coro de tres voces, volvieron a decir que buscarán la forma de garantizar la libre expresión.
A la reunión, a puerta cerrada, en este sexenio de la privatizaciones que privatizan hasta lo que debe hacerse a puertas abiertas, no dejaron entrar ni a los reporteros de la fuente.
Al final de la reunión, por medio de sus ayudantes, Cortázar repartió un boletín (La Jornada, 10 de junio de 2008) en el que Calderón –también acompañado por el empresario gasolinero, medio gallego y medio campechano, Juan Camilo Mouriño y la desdibujada secretaria de Relaciones Exteriores... ¿existe?– afirmó que las amenazas, homicidios, secuestros y demás agresiones a los periodistas tienen su origen en el crimen organizado.
Obviamente, todos ellos no leyeron el expediente del comité, donde se señala que durante estos últimos ocho años se han cometido 21 homicidios, “y en siete de esos casos el homicidio tuvo relación directa con su labor informativa (...) y la violencia sin control (...) se da en el contexto de esa ola de violencia sin precedente contra los medios de comunicación mexicanos y el fracaso de las autoridades para investigar y perseguir con efectividad los crímenes contra la prensa”.
Esto ha sido una constante en todo el país, planteando, solicitando y reclamando a los panistas de la segunda alternancia (ambas ineficaces) que los desgobernadores, a sabiendas de que la fiscalía para delitos contra periodistas no investigará las denuncias –por más pruebas que se presenten– arremeten contra la prensa crítica que informa verazmente.
Y cuando se trata de casos atraídos por esa fiscalía, tampoco prosperan las investigaciones ni se da paso a las consignaciones, porque los acusados son funcionarios federales, amigos, cómplices o quienes chantajean a Calderón, como Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Eduardo Robinson-Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz, etcétera.
Así que el boletín de Cortázar-Calderón, con testigos como Mouriño, Patricia Espinosa y Medina Mora, fue la salida de siempre para quitarse de encima al Comité para la Protección de los Periodistas, y que por ser una organización estadunidense fue atendida como se recibe a una visita indeseable.
El boletín del que la reportera Claudia Herrera Beltrán dio cuenta a los lectores –en La Jornada, pues los demás periódicos no lo tomaron en cuenta, ya que Cortázar no pagó su inserción– fue una burla más del calderonismo a las libertades constitucionales de información y crítica
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de agosto de 2008 | Año 7 | No. 108
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