Sociedad

2a quincena agosto 2008

Cofetel avala desmantelar medios civiles

En tres décadas, la SCT y la Cofetel aseguraron e interpusieron sanciones económicas contra 61 estaciones de radio y televisión en 18 estados del país; otros 29 procesos “administrativos” continúan abiertos contra asociaciones, instituciones educativas y gobiernos municipales

Alba Martínez

Entre 1980 y mayo de 2008, la entonces Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) aseguraron e interpusieron demandas administrativas contra 90 estaciones de radio y televisión que operaban en diversas poblaciones del país.

En la documentación –que Cofetel entregó a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– se identifican las estaciones de transmisión y frecuencias de radio y televisión de organizaciones civiles, instituciones educativas, gobiernos municipales, estatales y particulares que fueron desmanteladas.

Entre las asociaciones civiles consideradas como infractoras a la Ley Federal de Radio y Televisión se enlistan: Desarrollo Comunitario y Cultural Manguhe, que utilizaba la frecuencia de radio 100.5 megahertz (Mhz); Hospitales de Asistencia Familiar, ubicada en Ensenada, Baja California, que ocupaba la frecuencia 91.1 Mhz; Grupo Juvenil Creativo, que transmitía en los 89.9 Mhz; el canal 6 de televisión de Nueva Rosita, Coahuila, dirigido por el Patronato Pro-Televisión Cultural; y el canal 10 de televisión que operaba el Sindicato Salinero de Guerrero Negro, en Baja California Sur.

Los casos más recientes
Max FM, fue “desmantelada” en noviembre de 2007 por una denuncia que había presentado la Cofetel ante la Procuraduría General de la República (PGR). La estación se ubicaba en una casa particular de Ixtapaluca, Estado de México. La radiodifusora transmitía música popular por la frecuencia 99.7 y desde noviembre de 2003 operaba de forma clandestina.

Radio Jën Poj, “la energía del viento”, ubicada en Santa María Tlahuiltoltepec, Oaxaca, fue asegurada después de que en 2002 la Sección Segunda del Estado Mayor del Ejército Mexicano levantara la denuncia ante la SCT (Contralínea 97).

Radio Santa María, “ecos de Manantlán”, ubicada en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, fue asegurada en 2004. En ese mismo año también fueron desmanteladas Radio Explosiva, que transmitía en Tacámbaro, Michoacán; Radio Camécuaro, que transmitía por 96.5 Mhz en Tangancícuaro, Michoacán, y Radio y TV de Guasave, Sinaloa.

Aunque la estación Radio Volcán, “la radio que nos une”, aún transmite para el Valle de México, en los documentos de la Cofetel se consigna como ilegal. Es una estación de corte comercial y musical dirigida al público en general.
Las instituciones educativas que fueron sancionadas con el aseguramiento de bienes y de manera económica por instalar y operar sin concesión o permiso son: el Instituto de Capacitación para el Trabajo, en Campeche, que transmitió por el 106.1 Mhz; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el 107.7 Mhz, y la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, que emitía su señal de radio en 106.9 Mhz de Puebla.

Los órganos de gobierno considerados como infractores de la misma ley y que se les sancionó con multas económicas y el aseguramiento de sus equipos de televisión fueron: el canal 7 de televisión en Comitán, Chiapas, dirigido por el gobierno de ese estado; el canal 11 de televisión, que emitía su señal en Moroleón, Guanajuato, y que era operado por la presidencia municipal; el canal 9 de televisión, controlado por el ayuntamiento de El Rosario, Sinaloa; y los canales 4, 7 y 13 de televisión, que transmitían desde el ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora.

En los casos de frecuencias de radio que operaron fracciones de gobiernos estatales (ayuntamientos) se enumeran las frecuencias 88.5 Mhz en San Jacinto Amilpas, Oaxaca; la señal de 100.1 Mhz en Acatlán, Puebla; 95.5 Mhz, de San Nicolás de los Ranchos, del mismo estado; 95.7 Mhz, de Cumpas, Sonora; 99.7 Mhz, de Moctezuma, en esa misma entidad; así como 99.7 Mhz, de Juan Aldama, Zacatecas.

La frecuencia de radio 103.5 Mhz que transmitió desde el ayuntamiento de San Pedro Tututepec, Oaxaca, fue asegurada y sancionada en dos ocasiones con 21 mil 825 pesos y 46 mil 800 pesos, respectivamente.

En contraste, a los canales 7 y 9 de televisión ubicados en Almoloya, Hidalgo, que se encontraban controlados por la presidencia del mismo municipio, se les devolvió el equipo asegurado y no se les interpuso ninguna sanción económica, “en virtud de que se comprobó que no se estaban operando al momento de practicada la visita de inspección”.

El órgano desconcentrado de la SCT también señala y enlista otras 30 infracciones cometidas por 28 civiles en 11 estados del país: Rosendo Balan Caamal, Arturo Lemus Lemus, José Gutiérrez Cruz, Pedro Crespo Alemán, Abraham Estrada Benítez, José Luis Benítez, Alejandro Méndez Galicia, Gerardo Buen Rostro, Ricardo Rendón, Luis Fernando Martínez, Abel Chávez Ayala, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, María de Jesús Terriquez, Alejo Macias, Luis Tamayo Verduzco, Salvador Amescua, Bautista Anaya, Bruno Salazar Chávez, Antonio Ramírez Palacios, Juan Pedro Luis Jiménez, René Candanedo, Juan Morales, Lucas Hilario, José Carlos Bernal, Jesús Swhuth y Enrique Pesqueira, José Narciso Salas, José Medina Carlín y Jasiel Mendoza Ortiz.
Entre las frecuencias de organizaciones religiosas, se enlistan dos: 105.7 Mhz, del Seminario Diocesano ubicado en Ciudad Obregón; y 105.9 Mhz, frecuencia de radio que ocupaba el Santuario de Guadalupe de Navojoa; ambas, en el estado de Sonora.

A 61 estaciones de radio y televisión, la Cofetel y la SCT impusieron sanciones económicas que van de los 20 mil a los 46 mil 800 pesos –a las frecuencia 107.1 de Ocotlán de Morelos y 103.5 de San Pedro Tututepec, en el estado de Oaxaca, respectivamente– y la “pérdida a favor de la nación de los equipos asegurados”.

En la respuesta a la solicitud de acceso a la información 0912100022608, José Ignacio Medina Carrera, titular de la Unidad de Enlace de la Cofetel, reconoce que de las 90 estaciones de radio y televisión sancionadas, 29 expedientes permanecen clasificados como reservados en tanto que los procesos administrativos de aseguramiento que se iniciaron están abiertos y continúan en juicio.

Lo anterior se desprende del oficio 000069 que la Unidad de Sistema de Radio y Televisión, del órgano administrador de telecomunicaciones, emitió con carácter de urgente a la Unidad de Enlace de la misma comisión.

A solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información, y de la revisión efectuada a los antecedentes relacionados con el aseguramiento de estaciones de radiodifusión y televisión que operan sin concesión o permiso, la Cofetel también informó que, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el infractor tiene el derecho de inconformarse a través del recurso de revisión, un juicio de amparo o el juicio de nulidad.

La misma comisión aclara que las atribuciones, los recursos humanos, financieros y materiales de la Dirección de General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT, y que fueron transferidos a la Cofetel, sólo serán ejercidos por la comisión cuando su reglamento interno sea expedido. A la fecha esto no ha sucedido.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de agosto de 2008 | Año 7 | No. 108

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