Contrapoder

2a quincena enero 2008

¿Tienen secuestrada a la Procuraduría del Contribuyente?

 

Álvaro Cepeda Neri

 

Los lectores son las mejores ayudas de la memoria, tanto como las informaciones de investigación periodística por el constante seguimiento de los reporteros (sobre todo de la prensa escrita). En dos ocasiones, quizá tres, este columnista se ocupó de la creación del defensor del contribuyente, después de los constantes reclamos de los ciudadanos, quienes lograron esa conquista para enfrentar los abusos (y el constante terrorismo) de titulares y órganos hacendarios, principalmente del SAT (estúpidamente siglas de Servicio de Administración Tributaria, cuando ha sido una agencia de persecución ilegal contra los ciudadanos cautivos del sistema fiscal y dependencia para ejecutar las venganzas del presidencialismo contra los medios de comunicación críticos).

Anualmente, en el orden federal (y en las 32 entidades) el Congreso –los congresos–, favoreciendo los intereses de los poderes públicos (incluyendo a los legisladores que se despachan con la cuchara grande), aprueba el Presupuesto de Ingresos. Éste se forma de los cobros de servicios y bienes que consumen los ciudadanos, el impuesto sobre la renta y una serie de cobros al desempeño empresarial, profesional, comercial, bancario, etcétera. Y por lo general, a la  parte más débil, indefensa, de esos contribuyentes, les cargan más la mano.

Y no hay a quién recurrir, cuando menos para quejarse y saber que, con todo y la poca eficacia de los defensores de los derechos y las obligaciones de los mexicanos, necesitamos, aparte de las comisiones de derechos humanos (casi siempre controlados por los gobernadores en una complicidad de mutua corrupción) defensores del contribuyente. Urge, asimismo, la creación de defensores de la infancia, de la mujer, de los soldados, del periodista, de los internados en los hospitales siquiátricos, de la pobreza, etcétera.

Regreso al asunto del defensor del contribuyente, porque el lector don Eduardo Galicia, recordándome que en otra ocasión abordé el asunto, dice estar enterado de que en mayo pasado la Suprema Corte, más de injusticias que de justicia, por sus parciales fallos a favor del poder presidencial y su notoria imparcialidad para contribuir a gobernar en beneficio del pueblo (y esto no es populismo, sino mandato constitucional: artículo 39 de nuestra carta magna) entró en medio de la controversia impuesta por el nefasto Fox y su ayuda de cámara, el también nefasto Francisco Gil Díaz (ambos cómplices de los bribones-Bribiesca) donde los dos se inconformaron contra la puesta en marcha de lo que sería la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Por más que paré las orejas y abrí más los ojos, hasta este momento no pude confirmar la información.

Así que mientras los reporteros de Contralínea (con publicaciones hermanas mensualmente en: Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, Chiapas, Puebla, Veracruz) se dan a la tarea de investigar si es cierto que la cúpula judicial ya resolvió y desechó la queja foxista y, en consecuencia, saber quién o quiénes tienen secuestrada la disposición jurídica que ordena constituir la defensa del contribuyente, he de meterme con el tema, ya que ante la catarata de impuestos, los mexicanos debemos enarbolar (e incluso salir a las calles para reclamar, y esto no es incitar a la rebelión y menos a la desobediencia civil, tal y como es un derecho individual y colectivo de la nación, en el artículo 9 constitucional), que no habrá pago de impuestos (el grito histórico fue: “No pagamos impuestos sin representación”) si no tenemos un defensor fiscal.

La instalación de esa defensoría fiscal ha de hacerse cuanto antes, si es que la Corte ya resolvió desechar la queja foxista a instancias del nefasto Gil Díaz (involucrado en el desvío de 30 mil millones de pesos para el tendido de 33 rutas de fibra óptica, favorables a Telefónica Movistar, de la que Gil Díaz es socio y director general, según informó La Jornada, 24 de octubre de 2007). Los mexicanos estamos desamparados frente a la despiadada voracidad hacendaria que cobra impuestos a como dé lugar y con toda la impunidad del mundo. Nada vale contra el fisco que abusa de sus funciones, dejando al contribuyente en total indefensión, particularmente cuando éste carece de recursos para contratar contadores y abogados que interpongan amparos; donde la Corte termina dándole la razón al sistema fiscal y una vez esa resolución no hay otra instancia para impugnar la sentencia. Por eso es que se requiere el defensor del contribuyente, para que los que pagan impuestos tengan un medio con facultades de conciliar, detener los abusos hacendarios y hasta sancionar al órgano cuando excede sus facultades casi siempre inquisitoriales contra ciudadanos indefensos. El foxismo, para impedir que se pusiera en vigor la disposición que ordenaba implantar esa defensoría, con autonomía, interpuso la queja ante el órgano judicial, arguyendo falsamente que el defensor del contribuyente, como una Procuraduría, impediría que la Secretaría de Hacienda pudiera cumplir con sus obligaciones.

El foxismo y Gil Díaz buscaron que los contribuyentes carezcan de un defensor de sus legales y legítimos intereses, manteniendo a raya al fisco federal. Si la Corte ya resolvió, entonces es ahora el calderonismo y Carstens quienes han secuestrado a esa defensoría. Si la Corte no ha resuelto, son los 11 ministros quienes le hacen el juego al presidencialismo para seguir impidiendo el funcionamiento de esa Procuraduría del Contribuyente. Las nuevas reformas fiscales han creado malestar, no solamente en los términos tradicionales de quienes, con razón o sin ella, se resisten a pagar más impuestos. Así que empezarán a mover lo de que establezca el órgano defensor, para hacerle frente a una serie de irracionales impuestos y el abuso para cobrarlos.

Si es Calderón y el secretario de Gobernación con el titular de la SHCP quienes no publican la entrada en vigor de la Procuraduría del Contribuyente, estamos ante delitos como abusos de autoridad (fracción III); coalición de servidores públicos. Y si es la Corte la que intencionalmente ha retardado resolver la controversia constitucional, también están sus ministros cometiendo varios delitos tipificados como responsabilidad y son, entonces, candidatos a juicio político que, de entrada, implica su remoción y llegado el caso su destitución.

Lo de la Procuraduría del Contribuyente es condición indispensable para que los mexicanos paguen o no sus impuestos. Ya la representación nacional en el Congreso aprobó su instalación, que fue pospuesta por la queja foxista-Gil Díaz. Y ya no hay pretexto para de inmediato ponerla a funcionar.

 

cepedaneri@prodigy.net.mx

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Enero de 2008 | Año 5 | No. 94

 

 

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