Defensor del periodista

2a quincena febrero 2008

¿Daño moral informar y criticar?

 

Álvaro Cepeda Neri

Se ventila en los tribunales civiles una demanda de Oceanografía contra el periodista Miguel Badillo, debido a sus columnas acerca de las actividades de esa empresa (asida a la ubre de Petróleos Mexicanos para recibir contratos) donde alega daño moral y pide una indemnización porque, dice, la información publicada les ha generado descrédito, aun cuando Oceanografía –siendo objeto del ejercicio de las libertades de prensa– ha obtenido más contratos y, en consecuencia, millonarios beneficios.
Habrá que esperar que el juez resuelva sobre los planteamientos de las partes, pero no hay duda de que para el fallo civil habrá de tomarse en cuenta que está de por medio el derecho a la información, la libre manifestación de las ideas y las inviolables libertades de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, contra las cuales Oceanografía pretende imponer una inquisición judicial-civil. En ninguna parte de la veraz y sustentada –con documentos– columna Oficio de Papel se ataca “la moral, los derechos de terceros” ni provoca algún delito y mucho menos perturba el orden público. Antes bien: cumple con su deber de informar a la opinión pública de los hechos amparados por el derecho a la información.
Tampoco invade los “límites (que se deben) al respeto de la vida privada, a la moral y a la paz pública”, como temerariamente sostiene Oceanografía. Más bien, se trata de darle una interpretación sensu contrario a lo dispuesto en los artículos 6 y 7, que apuntalan las libertades jurídicas de información y opinión. Éstas constantemente son objeto, por los protagonistas de la vida pública, de embestidas para reducirlas a su mínima expresión e incluso sometidas a las aventuradas intentonas de impedir su vigencia.
Antes, los que no querían estar en la mira de la información y la crítica –fundamentos de una democracia con apellido republicano, en el contexto del imperio de la ley que establece los derechos humanos como límite a los poderes del Estado– recurrían a la difamación y la calumnia para tratar (a veces lo lograron con la complicidad judicial) de encarcelar a periodistas que, si bien hacen periodismo de investigación, no son investigadores policiacos; pero informaban y hacían juicios de análisis. Ahora invocan el daño moral y ante instancias en materia civil buscan ganancias extras, con el pretexto de que el trabajo periodístico, sustentado veraz y documentalmente, les genera descrédito.
En este caso seintenta manipular procesalmente un recurso civil para una inquisición judicial contra las libertades de informar, de opinar y de criticar los actos públicos de una empresa que, acosada por la presión de la opinión pública en las implicaciones de tráfico de influencias de Vicente Fox a favor de sus hijastros Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, quiere escapar del ojo del huracán demandando al columnista.
No es la primera vez que se intenta silenciar al periodismo. Los poderes privados y públicos insisten, una y otra vez recargando sus baterías de impunidad, en estar al margen de la información y la crítica. Pero estas libertades implantadas como derechos de los mexicanos son para llevar hasta sus últimas consecuencias la crítica y la información. Y si éstas no incurren en las limitaciones impuestas por la legalidad constitucional, bien pueden ser cuestionadas judicialmente, pero los jueces han de interpretar con justicia democrática y republicana para impedir que prosperen demandas que vulneren los principios establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

 

cepedaneri@prodigy.net.mx

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 96

 

 

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