Opinión

2a quincena julio 2008

La protesta social: un derecho reprimido

Abel Barrera Hernández*

 

En Guerrero, la protesta social ha sido uno de los recursos más eficaces que legítimamente han utilizado los ciudadanos para exigir a las autoridades el respeto y el cumplimiento de sus derechos humanos. Los movimientos sociales se han transformado en movimientos antisistémicos que luchan y resisten la violencia estatal. En situaciones tan adversas como en la región de La Montaña, donde los rezagos sociales nos colocan en el sótano de la historia contemporánea, a los pueblos indígenas no les han dejado otro camino que la acción directa y la protesta pública.


Las instituciones públicas del estado son obsoletas e ineficientes, no resuelven las necesidades básicas de la población; más bien, se empeñan en hacer la vida difícil a los más pobres. No sólo les niegan los servicios, sino que los maltratan, los discriminan y hasta los reprimen.


Es muy ilustrativa la forma como actúan las autoridades educativas de la entidad: en lugar de ampliar este derecho a las regiones empobrecidas, lo restringen y con una postura inflexible e intransigente se confrontan con los pueblos y las organizaciones que luchan para que haya escuelas y maestros en su comunidad. En noviembre de 2007, las autoridades educativas reprimieron a los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la caseta de cobro La Venta de la Autopista del Sol, por hacer valer su derecho a contar con una plaza de maestro. El saldo de esta represión fue de 56 estudiantes detenidos y 28 sujetos a proceso.


En Guerrero, la protesta social constituye la posibilidad para que los ciudadanos puedan recuperar sus derechos. El derecho a la protesta es el primer derecho, que es capaz de contener el abuso del poder para obligar a las autoridades, a través de la acción directa, a que se respete y valore los planteamientos legítimos de los excluidos.


A los luchadores sociales, el gobernador Zeferino Torreblanca los ha calificado de lucradores sociales. Por ejercer su derecho a la protesta, los ha catalogado como delincuentes y los han sometido a procesos penales. Ante el crecimiento de la protesta social en casi todas las regiones del estado, el gobernador ha impuesto su línea política de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, de leer e interpretar la realidad de los pobres que protestan, bajo la lupa del código penal. La corta visión del poder es, por desgracia, el criterio y la medida para juzgar los actos de una sociedad que se moviliza en defensa de sus derechos. La tendencia del gobierno es criminalizar las manifestaciones públicas y sacar de contexto a los conflictos sociales, para poder colocar a los luchadores en el banquillo de los acusados.


Al gobierno, atrincherado en su búnker privado, en nada le afecta el sufrimiento de los pueblos; por el contrario, endurece más su postura para demostrar su poder y hacer sentir su fuerza represiva. La mano dura en una democracia en ciernes no es sino la expresión de la incapacidad de las autoridades para generar consensos sociales y resolver por la vía del diálogo los conflictos. Tenemos un gobierno esquizofrénico que se siente rodeado de enemigos que lo asechan y que supuestamente ponen en riesgo su estabilidad.


Con el hecho de que los ciudadanos que protestan hablen una lengua diferente, como sucede con los pueblos indígenas, la figura del enemigo se agiganta. Cuando la autoridad constata que hay ciudadanos que hablan otras lenguas, se alimenta la idea entre los mismos funcionarios de que no pueden dialogar con rijosos, con gente de costumbres raras, por eso le dan un trato diferente, de no tolerar sus desplantes de fuerza y más bien desarrollar un modelo de guerra preventiva; es decir, de hacerle la guerra a la sociedad para que no se atreva a responder con la misma moneda.


Esta idea central incrustada entre las autoridades estatales sobre la imagen del enemigo y materializada en los movimientos sociales y en sus líderes, se empeña en castigar más a los pobres que se rebelan. Se da un giro hacia el autoritarismo, que pone en riesgo el mismo estado de derecho, porque banaliza la importancia de los derechos humanos y se desentiende de sus responsabilidades constitucionales, situación que empobrece el ejercicio de la política.


Las cifras de la criminalización de la protesta social en Guerrero nos arroja los siguientes datos que van de mayo de 2007 a junio de 2008:

Número de casos

Situación jurídica

 

73

Procesos penales instaurados en contra de líderes sociales

 

75

Órdenes pendientes de ejecutarse

 

9

Expedientes cerrados por resoluciones favorables

 

44

Averiguaciones previas en integración contra líderes sociales

 

201

Total de acciones penales emprendidas contra líderes sociales

 

En este recuento es importante resaltar que de los 201 casos, 97 pertenecen a los cuatro pueblos indígenas y 19 a campesinos que luchan contra la presa hidroeléctrica La Parota. La totalidad de estos casos están relacionados con los delitos de ataques a las vías de comunicación y la privación ilegal de la libertad. Se trata de líderes indígenas que se han organizado para defender su sistema de justicia y seguridad comunitaria, como es el caso de la policía comunitaria; para hacer realidad el proyecto de una radio comunitaria en Xochistlahuaca; para exigir maestros que hablen la variante dialectal de la lengua materna del me’phaa, con el fin de asegurar una educación culturalmente apropiada. Otra causa de la protesta social es la demanda de obras comunitarias y la entrega de fertilizante para poblaciones indígenas, quienes siempre han sido objeto de manipulación política y de muchos engaños por parte de las autoridades municipales.


El gobierno de Guerrero, en lugar de dialogar y atender de manera progresiva las demandas de la sociedad, le apuesta a un mayor escalamiento de los conflictos sociales, luego los traslada al campo judicial, para que los líderes se desmovilicen y claudiquen ante la inminente amenaza de pisar la cárcel. Son las corporaciones policiacas y el mismo Ejército Mexicano los que están enfrentando con las armas en las manos las luchas de resistencia de los pobres y son los ministerios públicos a quienes se les ha asignado la tarea de atender los conflictos sociales, con la integración de averiguaciones previas. Nuevamente, en Guerrero, la política se rige por el criterio policiaco.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de julio de 2008 | Año 7 | No. 106

 

 

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