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2a quincena julio 2008

Tolerancia social en el límite

Se avecina una movilización social que no podrá ser contenida por la administración calderonista, consideran sociólogos, politólogos, historiadores y luchadores sociales. Pobreza, despojo, desempleo y crisis de legitimidad del actual régimen, las causas. La respuesta de los gobiernos federal y estatales ha sido la criminalización de más de 60 movimientos sociales en los dos años recientes

Paulina Monroy

 

 

La crisis alimentaria, el deterioro económico, la violencia institucionalizada, la fragmentación social y las reformas estructurales son “caldo de cultivo” para una escalada de movilizaciones que cuestionará la estabilidad de Felipe Calderón en el poder. Especialistas advierten que, como sucedió en Argentina, Bolivia y Ecuador, en México el estallido social se avecina.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 42 por ciento de la población vive en la pobreza y casi el 14 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial asegura que el 50 por ciento de mexicanos está en condiciones de miseria.
En tanto que Carlos Slim –considerado el segundo hombre más rico del mundo– concentra el 8 por ciento del producto interno del país (PIB) y las 38 familias más ricas, el 14.4 por ciento, el capital del 10 por ciento de los más pobres representa sólo 1.6 por ciento del PIB.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Para ese año se contaban 1 millón 616 mil mexicanos desempleados y el 50 por ciento de los trabajadores ganaban de uno a tres salarios mínimos, el cual perdió casi 24 por ciento de su poder adquisitivo (Contralínea 101).
Según los especialistas, el gasto social es deficitario, no hay política económica que revierta la crisis en el campo y tampoco una visión de desarrollo. Diputados, especialistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la tolerancia de los mexicanos está en el límite.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), observa que el país camina, como en la última etapa del Porfiriato, hacia un estallido social similar al ocurrido en la Revolución de 1910. Advierte que las condiciones de vida de los mexicanos se deterioran y pierden referentes de cohesión: “Hay un país que ve la administración de Felipe Calderón y el que existe”.
Politólogo y sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carlos Lozano Ángeles considera que el cierre de 2008 será conflictivo. Anuncia que las condiciones serán tan deplorables que proyecten un posible estallido social, pues se avecina una crisis económica aguda.
Descontento social
Edgar Cortez Morales –secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT)– dice que las pequeñas movilizaciones en la vía pública son expresión de un enorme y diverso descontento social en el país, que puede aumentar.
La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal apunta que en 2007 12.5 millones de personas realizaron 2 mil 93 movilizaciones en la vía pública: 892 en el ámbito local y 1 mil 582 en el federal, a las que asistieron 882 mil 525 personas. Durante ese año se contaron 1 mil 58 concentraciones, 466 bloqueos, 368 marchas, 336 mítines, 48 caravanas, 37 reuniones agendadas, 35 plantones, 22 tomas de instalaciones, tres huelgas de hambre y una protesta individual.
Sólo en enero de 2008 se registraron 194 movilizaciones: 91 concentraciones, 18 marchas, cinco mítines, 10 plantones, 48 bloqueos viales, 10 bloqueos de acceso a instalaciones y 12 caravanas. Del total de movilizaciones, 107 fueron manifestaciones contra el gobierno federal y 87, contra el local. Del 31 de diciembre al 3 de febrero, las dependencias federales atendieron a los inconformes en un promedio de 10 horas, mientras que el gobierno capitalino lo hizo en tres horas.
En su Primer informe de labores 2007, la secretaría enuncia que del 5 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007 protestaron 14 millones 892 mil 300 personas en 1 mil 779 actos; 931 de ellos fueron de carácter federal con la participación de 643 mil 50 personas, y 513 de carácter local con la intervención de 66 mil 191 ciudadanos. Agrega que de los 1 mil 444 actos políticos realizados, 516 fueron concentraciones, 251 marchas, 303 bloqueos, 262 mítines, 26 plantones y 86 en el rubro de otros.
Represión, la respuesta
del Estado
Sesenta protestas sociales han sido criminalizadas desde 2005 hasta la fecha. Según la Red TDT, en 17 entidades federativas se registraron 32 proyectos económicos impuestos y a 28 expresiones de inconformidad se les imputó carácter delictivo. De éstas, 14 tenían como objetivo exigir el respeto a derechos, y el resto, la defensa y acceso a recursos naturales.
Organizaciones y ciudadanos en resistencia –apunta la Red TDT en el documento Sistematización de casos de criminalización de la protesta social– se defienden y protestan mediante el diálogo, la negociación y la realización de denuncias públicas, plantones, misas, tomas de instalaciones, campañas de difusión, foros, mítines, bloqueos y acciones jurídicas.
“Como respuesta –indica la Red TDT, compuesta por 58 organizaciones civiles– encuentran represión, militarización y criminalización de la protesta social”. Advierte que en la intención de imponer proyectos –que implican despojo de tierras y recursos naturales en su mayoría a pueblos indígenas– se recurre a la violencia policiaca, detenciones arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos, amenazas y hostigamientos.
De 2005 a la fecha, se documentó el uso de la represión en dos casos: en los retenes para acceder a la zona wixárica en Jalisco y en el conflicto en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.
Once se criminalizaron: el arresto de migrantes en Chiapas; las protestas contra el proyecto de desarrollo social en Chihuahua; la disputa sindical en la empresa La Estrella en Coahuila; la construcción de una regasificadora y la ampliación del puerto de Manzanillo en Colima; la detención de Pedro Alvarado Delgado como observador del conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México; la titularidad del contrato colectivo de trabajo en el DIF y el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación en Guanajuato; la exigencia de una educación en lengua me’phaa batá y la aprehensión del nan’cue o amuzgo David Valtierra, coordinador de la radio La Palabra de Agua en Guerrero; la protestas contra Minera San Xavier en San Luis Potosí, y la detención de cuatro indígenas otomíes en Veracruz.
Además, se reprimieron y criminalizaron otros 11: el operativo policiaco de Bochil en Chiapas; la intervención policial en San Salvador Atenco, en el Estado de México; la oposición a un desarrollo habitacional en Morelos; la represión a miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, del Movimiento Ciudadano Juquileño y el desalojo de los miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca; la inconformidad al Plan de Desarrollo Municipal en Puebla; la manifestación en contra del presidente estadunidense George Bush y las detenciones arbitrarias en Ciudad Caucel en Yucatán.
En el marco de su campaña “La protesta es un derecho, la represión, un delito”, la Red TDT anota que, pese a la alternancia en el poder, se siguen cometiendo casos graves de represión contra los movimientos y la protesta social.
Expone que con Felipe Calderón ha continuado esta política represiva, que tiende a institucionalizarse mediante el incremento de la militarización y las reformas a la seguridad pública que originan un estado policial.
Así, en la Agenda de Inteligencia para la Seguridad Nacional en México, publicada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su página electrónica, se incluye a los movimientos sociales como uno de los componentes sobre los que se recopila, procesa y difunde información junto con grupos armados, delincuencia organizada y terrorismo.
El artículo 139 del nuevo Código Penal Federal, respecto al delito de terrorismo, establece penas de seis a 40 años y hasta 1 mil 200 días de multa a “todo aquel que utilice medios violentos y realice actos en contra de personas o servicios públicos, que produzcan alarma y terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
La Red TDT señala que es tan ambiguo que puede ser utilizado contra los movimientos sociales. Para la Unidad Obrera Socialista (Unios) con estas modificaciones se condena cualquier intento de coacción para que el gobierno cumpla las demandas de la población: “El régimen reafirma su carácter autoritario y adopta medidas de corte fascista, pues quiere contener todo el descontento popular acumulado en más de 30 años de despojo neoliberal”.
Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red TDT, explica que las realidades de necesidad y lucha se tratan como hechos criminales y no como realidades originadas por el modelo económico de empobrecimiento y devastación.
“Los conflictos sociales –observa– son sacados del ámbito político y llevados al jurídico, se les somete a toda la complejidad que supone nuestro sistema de justicia para desgastarlos”.
Aunado al uso de la fuerza, las autoridades recurren a la detención y acusación a líderes sociales en delitos como robo, portación de armas, daño a propiedad ajena, obstrucción de las vías de comunicación o incitación a la violencia. También se les imputan delitos agravados, como los relacionados con la seguridad nacional, o se equiparan figuras delictivas para penalizarlos, como la retención de funcionarios con el secuestro.
El activista anota que así se determinan penas desproporcionadas y se imposibilita que continúen su proceso en libertad, además de ser encarcelados en prisiones de alta seguridad y obstruir su derecho al debido proceso: “La justicia en México se usa como un instrumento para castigar y presionar a la movilización social”.
Al ser criminalizadas, las organizaciones postergan sus demandas principales: su prioridad es la libertad de sus presos. A su parecer las instancias en procuración de justicia no garantizan imparcialidad en dichos procesos judiciales, pues son ellas mismas quienes están involucradas en las acciones represivas.
“El estado de derecho al que alude el gobierno federal –opina– es faccioso y selectivo. Se usa el derecho mafioso que se ensaña con quienes debería proteger y favorece a quienes debería vigilar, es decir, daña y ataca a los más débiles y se alía a los más poderosos”.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringir el ejercicio de reunión y libertad de asociación son graves obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos. Cortez Morales observa que los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, contenidos en la Constitución, contribuyen a la calidad de la democracia.
Se difama la lucha social, agrega, cuando se dice que afecta derechos de terceros, como el intento de la fracción panista para regular las marchas en el Distrito Federal: “Los espacios públicos no sólo son vías de tránsito, también son foros donde se debaten los asuntos de interés de la sociedad y son importantes, sobre todo, en una sociedad tan inequitativa donde los más pobres tienen menos posibilidades de ser escuchados”.
Guerra contra La Otra Campaña
El 19 de enero de 2008, Felipe Calderón se anunció como un presidente cercano a las fuerzas armadas y advirtió que no toleraría los desafíos a la autoridad del Estado.
El subcomandante insurgente Marcos ya advertía que tambores de guerra seguían sonando. Y es que, calificado por especialistas como el movimiento nacional más relevante, La Otra Campaña también sufre una guerra frontal con el Ejército. Su presencia en las 32 entidades de la República, con sus alrededor de 15 mil organizaciones e individuos adherentes, representa un reto para el gobierno federal, consideran los especialistas.
Lozano Ángeles explica: “La posibilidad del cambio ya no se ve en los partidos políticos, sino en la movilización organizada desde abajo”. Asegura que es por la vía de la organización y la participación donde habrá un cambio y es en las calles donde se ganará. “A eso le apuesta La Otra Campaña”.
Nacido a iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 2006, es el “movimiento civil y pacífico de los de abajo y a la izquierda”, dice. Ese año, el subcomandante Marcos, como “delegado zero” de los zapatistas, recorrió 50 mil kilómetros por el país escuchando y recogiendo demandas. Contraria al paternalismo del gobierno, la visión del movimiento es que la gente del pueblo sea responsable de su futuro, explica Alejandro Varas, dirigente de Unios, organización adherente a La Otra.
Para Varas, el sistema explota, reprime y criminaliza a las víctimas: “No soportan el debate de ideas, no dialogan y engañan a la gente. Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática (PRD), cualquier partido en el poder lleva al país al declive por su desmesura y ambición”.
Aguirre Rojas señala que un movimiento con claridad en sus demandas puede derrocar a un presidente de una manera totalmente pacífica. Por ello, el cerco militar ceñido sobre Chiapas y el silencio respecto a esa militarización. El historiador indica que entre 6 y 7 de cada 10 militares están en territorio chiapaneco.
El 4 de junio, la Junta de Buen Gobierno (JBG) El Camino al Futuro denunció la incursión de 200 militares y elementos de la policía judicial y municipal a los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro del Caracol de La Garrucha. El gobierno autónomo advirtió que rodearon La Garrucha tres convoyes, nueve vehículos militares y de seguridad pública. Las bases de apoyo zapatista apuntan que fueron intimidados y acusados de tener sembradíos de marihuana.
Guiados por la policía municipal de Ocosingo, policías y militares se internaron a Galeana, donde la población se armó con machetes, piedras y hondas para impedirles el paso. Lo situación se repitió en San Alejandro, con soldados de Toniná, Patiwitz y San Quintín. Los castrenses advirtieron que regresarían en 15 días.
“Toda la zona zapatista de Garrucha –aclaran– y sus autoridades autónomas somos testigos que no existe plantíos, sólo hay zapatistas y hay trabajador de milpa y platanar. Estamos dispuestos a luchar por libertad, justicia y democracia y rechazamos cualquier provocación”.
Además de la irrupción del Ejército, los zapatistas en Chiapas también sufren otros embates. Casi un mes antes, el 26 de mayo, también la JBG de Oventic denunció el secuestro de Manuel Hilario Gómez, base de apoyo zapatista, por perredistas de la comunidad de Chactoj, en el municipio de Zinacantán. Después de ser privado de su libertad por 34 horas, se le dijo que de no pagar una multa por 2 mil pesos sería nuevamente detenido.
Señala que desde 2002 en la comunidad de Sok’on los caciques perredistas privan de agua a familias base de apoyo zapatista. Además anota que en Zinacantán se hostiga a zapatistas para que se unan al PRD y así asegurar votos a favor de la presidencia municipal.
El 27 de mayo de 2008 el cuerpo policial Grupo Lobo golpeó y trasladó a miembros de la Voz del Amate –grupo de reclusos que se definen como presos políticos por apoyar al ELZN y a La Otra Campaña–, del Centro de Rehabilitación Social número 14, a diferentes reclusorios en el estado.
Desde que el grupo comenzó su protesta –alude el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en una acción urgente emitida el 24 de julio de 2006– las autoridades carcelarias animan a otros presos para que hostiguen y amenacen al grupo. Según Enlace Zapatista –la bitácora en línea de la Comisión Sexta del EZLN– se les tiene prohibido ayunar y realizar huelgas de hambre o protestar de cualquier forma.
Debido al despliegue de las fuerzas armadas en Chiapas, La Otra Campaña interrumpió su segunda etapa en septiembre del año pasado. El cierre estaba previsto para junio, cuando se cumplieran tres años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Aún así se trabaja en la estructuración del Programa Nacional de Lucha, del que ha dicho el subcomandante Marcos se pasará entonces a la agitación y la difusión. El dirigente de Unios advierte que el gobierno federal está jugando con una bomba de tiempo y habrá respuestas más concluyentes. “El movimiento será explosivo, pero pacífico”.
El lopezobradorismo
Autodenominado presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador llamó a la resistencia civil y a la movilización social para oponerse al fraude electoral y defender el petróleo. El sociólogo y politólogo Carlos Lozano Ángeles sostiene que el PRD, si quisiera encabezar el cambio social, tendría que olvidarse de las confrontaciones electorales. Además, las disputas internas desgastan la institucionalidad del partido y la figura de López Obrador.
Observa que de unirse a otros movimientos sociales, se podría generar un pacto social novedoso que obligara al gobierno de Calderón a llegar a un acuerdo nacional para impulsar temas desde una reforma política. Advierte que tendría que ser una movilización que rebase la influencia partidista.
Sin embargo, Aguirre Rojas encuentra como limitante que de origen dichas movilizaciones hubiesen nacido para defender a López Obrador, luego de los comicios de 2006.
La diputada perredista y secretaria de la Comisión de Gobernación, Valentina Batres, asegura que el “gobierno legítimo” de López Obrador tendrá como sostén “al pueblo organizado”. Señala que 2 millones y medio de personas manifestaron su oposición al fraude electoral. Además de que 2 millones de ciudadanos se mueven en defensa del petróleo. Agrega que como parte del Frente Amplio Progresista, el PRD sumará esfuerzos con la iniciativa civil para defender los temas nacionales.
Falta de gobernanza, el otro factor
Para Alberto Amador Leal, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la polarización política –agravada tras las elecciones del 2 de julio de 2006– es también factor para que aumente la movilización social.
En la administración calderonista observa que no hay gobernanza, que –según la Real Academia Española– es el arte de gobernar para lograr el desarrollo económico, social e institucional promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.
Agrega que la relación entre el gobierno federal con los poderes de la Unión no alcanza a ser institucional, como tampoco lo es el trato con legisladores ni con gobiernos locales. Apunta que también la administración de Felipe Calderón está desvinculada de sectores sociales, sindicales y campesinos, a los que ha excluido y desconoce su papel de intermediarios sociales.
Considera que otro factor de riesgo es la pugna electoral de 2009, en la que se renovará la Cámara de Diputados.
En opinión del diputado priísta, Calderón debe asumir su papel de jefe del Ejecutivo y no de partido.
Valentina Batres, secretaria de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, considera que el costo de tener un presidente ilegítimo es mayor que el de haber repetido las elecciones. “Al frente está un partido con visión pequeña de lo que significa gobernar y está ausente de su obligación de escuchar las demandas populares”. Advierte que el ciudadano está desamparado porque “prevalece la ley de la selva, donde gobierna el más fuerte”.

 

recuadro

 

Respuestas del Estado frente a la movilización social

  • Cancelación del diálogo
  • Represión policial
  • Descalificaciones
  • Militarización de la vida civil
      • Participación del Ejército en el combate a la delincuencia
      • Transferencia de soldados a cuerpos policiacos y designación de militares en altos puestos dedicados a la procuración de justicia
      • Instalación de retenes y campamentos militares
  • Criminalización de la protesta social
      • Detenciones arbitrarias
      • Equiparación de luchadores sociales con delincuentes
      • Ilegalización de la protesta social
      • Violación del debido proceso penal

 

 

 

Recuadro

 

Protestas criminalizadas de 2005 a la fecha

Caso

Estado

Organización que lo reporta

Operativo policiaco en Bochil

La población exige la destitución del alcalde y el 8 de mayo de 2006, 1 mil elementos de la policía, con apoyo de helicópteros, caballería y perros, desalojan a los inconformes. Fueron detenidas 62 personas. Días después son liberadas 22 y las 40 restantes permanecen 90 días en prisión por “atentar contra el orden constitucional y la paz, robo calificado, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena y lesiones”

Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Criminalización de la migración

Detención de cinco migrantes bajo el supuesto delito de pandillerismo y portación de armas

Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Órdenes de aprehensión contra luchadores sociales

Miembros del Frente Democrático Campesino inician una lucha por el agua, pagos racionales de energía eléctrica, precios de garantía para sus productos y derechos ejidales. Las autoridades liberan órdenes de aprehensión contra líderes del movimiento, acusándolos de sabotaje

Chihuahua

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos

Pasta de Conchos

Al plantón de trabajadores y familiares de los mineros sepultados en el accidente de Pasta de Conchos, se enviaron elementos de seguridad pública y privada para que no se “alterara el orden”

Coahuila

Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios

Sindicato La Estrella

Despidos injustificados contra disidentes a la dirigencia sindical

Coahuila

Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios

Construcción de la regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán

Después de participar en una manifestación contra el proyecto, el 5 de junio de 2007, son detenidos Margarita Bataz, Yuridia Trejo, Yanet Padrón, Benjamín López y Rodolfo López por la escolta del gobernador Silverio Cabazos. Los afectados denunciaron haber sido golpeados y torturados

Colima

Comité de Derechos Humanos en Colima

Perforación de pozo de agua

La obra en la colonia Tlacoquemécatl, Benito Juárez, despertó la inconformidad de los vecinos, quienes denuncian hostigamiento y cierre de válvulas

Distrito Federal

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Intervención policial en Texcoco y San Salvador Atenco

Incursión de la policía en San Salvador Atenco y Texcoco: homicidios, tratos crueles, tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, allanamientos, violaciones y abusos sexuales. Además, fabricación de delitos y en violaciones al debido proceso

Estado de México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Detención del observador de derechos humanos Pedro Alvarado Delgado en Atenco

El 4 de mayo de 2006 el integrante del Comité de Derechos Humanos Ajusco fue golpeado, torturado y detenido. Salió libre bajo fianza nueve días después. El 10 de mayo de 2007 se le dictó un tercer auto de formal prisión. Hasta la fecha se le sigue un proceso por “ataque a las vías de comunicación”

Estado de México

Comité de Derechos Humanos Ajusco

Red de agua para Wal Mart

Habitantes afectados de los fraccionamientos Bosques del Valle, Rancho La Palma y Conjunto Bosques en Ecatepec bloquean la vía José López Portillo e impiden el paso a empleados de la presidencia municipal. Un centenar de policías los desalojan con uso de violencia y someten a 10 personas

Estado de México

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Represión a trabajadoras del DIF

Ciento dos trabajadoras deciden crear un sindicato y reclamar un contrato colectivo de trabajo. Cinco son despedidas por manifestarse

Guanajuato

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación Superior. Luego de protestar frente al Auditorio del Estado de Guanajuato por el reconocimiento de un sindicato, maestros son despedidos debido a que “dañaron la imagen del gobierno”. Las medidas de represión incluyeron denuncias penales, cancelación del registro sindical, amenazas, desprestigio y “tortuguismo” en la solución a sus demandas

Guanajuato

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León

Caso Batá

Veintiséis comunidades me’phaaconformaron el Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Variante Lingüística Batá, para exigir su derecho a la educación y al desarrollo. Las autoridades giraron órdenes de aprehensión contra los líderes por privación ilegal de la libertad, ataque a las vías de comunicación y motín. En un año Cándido Félix Santiago –dirigente del Consejo– ha sido detenido cuatro veces

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Radio La Palabra del Agua

Tras la toma del palacio municipal de Xochistlahuaca y la instalación de autoridades tradicionales por parte del pueblo amuzgo o nan’cué, en 2004 se interpuso una demanda contra sus asesores. Entre ellos, David Valtierra, coordinador de Radio Ñomndaa o La Palabra del Agua. En agosto de 2007 fue detenido. Las instalaciones de la radio comunitaria son vigiladas por elementos de inteligencia y del Ejército

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Accesos cerrados por autopista

La carretera que conecta al DF y el puerto de Tuxpan cortó una comunidad por la mitad, bloqueando accesos que los campesinos utilizaban para realizar sus labores

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Construcción de un campo de golf en Boques Real del Monte

El complejo turístico implica la desaparición de 120 hectáreas de bosque y áreas comunales. Los campesinos que no vendieron sus terrenos se organizaron en el Colectivo Ollin. Los comuneros son amenazados para que desistan de sus demandas

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Deforestación de un bosque

Taladores con permisos de la Semarnat deforestaron 53 mil hectáreas para construir un complejo habitacional o turístico. Reconocido como dueño de 60 hectáreas, Francisco Gómez fue acusado de despojo y asesinado en 2002. En 2004 Samuel Cruz Hernández, defensor del bosque y que se opuso a las actividades ilícitas de los taladores también fue asesinado. Ambos casos continúan impunes

Hidalgo

Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo

Retenes en la carretera por donde se accede a la zona wixárica

El Ejército y la PFP instalaron retenes en diferentes puntos en los que se accede a la zona wixárica. Además se prevé establecer campamentos permanentes en Mezquitic, en Cerro de la Puerta de la comunidad Tuapurie y en Santa Lucia, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas

Jalisco

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos indígenas

Desarrollo habitacional urbano de la Corona de las Ciudades

Debido a la sobreexplotación de recursos hídricos ocasionada por la construcción, pueblos del sur de Morelos cerraron la autopista Siglo XXI. La respuesta fue represión policial, violencia física, difamación contra el movimiento, fabricación de delito y detenciones arbitrarias

Morelos

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Represión a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

El 25 de noviembre de 2006, la APPO realizó una marcha para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, la salida de la PFP y la libertad de presos políticos. Tendió un cerco simbólico de 48 horas a la policía. Durante el enfrentamiento entre manifestantes y policías se utilizaron gases lacrimógenos y tanquetas. Se detuvieron a 139 personas, incluyendo familias completas y niños. Los detenidos fueron trasladados a Nayarit sin que se les avisara a sus familiares. Se les iniciaron causas penales por robo, asociación delictuosa, sedición, daños por incendio, daños en perjuicio del estado, daños en propiedad ajena y resistencia de particulares

Oaxaca

 

Guelaguetza popular

El 16 de julio de 2007, la APPO se concentró para celebrar la guelaguetza popular. Policías respondieron con piedras, gases lacrimógenos y detenciones, mientras los manifestantes tomaron camiones y bloquearon el paso. Cuarenta personas fueron detenidas por asociación delictuosa, daño por incendio y daño en propiedad ajena. La mayoría presentó lesiones sin recibir una atención adecuada y sin gozar de asistencia legal

Oaxaca

Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Permanencia del PRI para seguir gozando de los beneficios económicos del municipio y especialmente los que genera la iglesia

Desde hace 20 años las autoridades municipales de filiación priista mantienen el control de la capilla El Pedimento en Santa Catarina, Juquila, que recibe limosnas hasta por 14 millones pesos, recursos que sirven para financiar campañas electorales. El Movimiento Ciudadano Juquileño lo ha denunciado. Debido a ello fueron asesinados dos de sus militantes y se quemaron locales comerciales de sus simpatizantes

Oaxaca

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Desalojo violento

Maestros que pertenecen a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron desalojados y encañonados en un plantón por reclamar derechos laborales. Nueve fueron detenidos y acusados de posesión de arma de fuego, lesiones, tentativa de homicidio y resistencia

Oaxaca

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño

Plan de Desarrollo Municipal de Puebla

Busca abastecer de agua a varias colonias de Cuautlacingo de la ciudad, pero ha habido represión por oponerse a la perforación de pozos de agua

Puebla

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla

Minera San Xavier

Los habitantes del Cerro de San Pedro protestaron con una marcha por la mina a tajo abierto que afecta el medio ambiente y el patrimonio histórico. Participantes fueron aprehendidos. Los inconformes también denuncian que se les ha vigilado, amenazado y golpeado

San Luis Potosí

Respuesta Alternativa

Proceso electoral estatal 2007

En el marco de la disputa electoral, se detuvo ilegalmente a cuatro indígenas otomíes

Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Manifestación en contra de la presencia de George Bush en Mérida

Estudiantes y altermundistas fueron detenidos después de que un grupo dañó el palacio municipal y agredió a policías. Se aprehendieron de manera arbitraria a 48 jóvenes, a los que se les incomunicó y torturó. El ayuntamiento de Mérida elevó el monto de los daños, por lo que no pudieron salir en libertad bajo caución. Tras un mes fueron liberados bajo la condición de retirar sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán

Yucatán

Indignación

Ciudad Caucel

Para la construcción de esta ciudad satélite se realizó la compra de tierras ejidales de indígenas mayas. El 13 de julio de 2006 fueron detenidos 38 campesinos que participaban en una manifestación frente a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán por 15 unidades antimotines. Aunque salieron bajo fianza, sus averiguaciones previas continúan abiertas

Yucatán

Indignación

Fuente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

 

 

recuadro

 

 

Protestas criminalizadas de 2005 a la fecha: 28
Número de entidades involucradas: 16
Protestas criminalizadas relacionadas con el respeto a derechos laborales, educativos, políticos y culturales de 2005 a la fecha: 14
Protestas criminalizadas relacionadas con la defensa y acceso a recursos naturales de 2005 a la fecha: 14
Protestas que sufrieron la aplicación de políticas represivas: 2
Protestas que sufrieron detenciones arbitrarias: 11
Protestas que sufrieron la aplicación de políticas represivas y detenciones arbitrarias: 11

Fuente: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”

 

 

 

Recuadro

 

 

 

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Riesgo de fractura en el Ejército Mexicano: Montemayor

 

Al sacar al Ejército a las calles para, supuestamente, combatir al crimen organizado y al narcotráfico “peligra tanto el país como el Ejército mismo”, dice el maestro Carlos Montemayor. El riesgo intrínseco es la pérdida de la soberanía nacional y la subordinación total a los intereses de Estados Unidos.
El investigador advierte que la creciente violencia que padece México es resultado de que la política de combate al narcotráfico es equivocada:
—El narcotráfico no es solamente el traslado de drogas procesadas. Hay muchos elementos: lavado de dinero, producción, mercado de armas, procesamiento químico, inversiones, a los que no se les molesta ni con el pétalo de una rosa. Si se está atacando un solo elemento no podemos decir que haya un combate total; por lo tanto, el riesgo de fractura del Ejército Mexicano es muy grave. El riesgo de ingobernabilidad no sólo sería el asunto de la seguridad pública, sería el control de la economía y de los recursos científicos.
El escritor advierte que los problemas de ingobernabilidad dependen, en gran medida, del control de la producción agrícola y el aumento de la presión de las empresas trasnacionales respecto de la economía y los recursos del subsuelo nacional.
—Los gobernantes consideran que la única institución que aún queda en pie es el Ejército; pero, el Ejército no tiene la capacidad para resolver en términos logísticos, políticos ni tecnológicos, las carencias de la propia estructura policiaca del país y las carencias de estructura de inteligencia.
Carlos Montemayor explica que, una vez que el Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos se debiliten, lo que quedará es el concepto de seguridad hemisférica, y las estructuras militares y policiales de los Estados Unidos serán las que decidan.
—La falta de coordinación para combatir el crimen organizado favorece el debilitamiento de las estructuras públicas. Estas fallas representan irregularidades que ni con tres ejércitos se podrían resolver, por lo tanto, el Ejército está colocándose en una situación delicada. Si el Ejército se debilita se pondrá en riesgo la vida institucional de México –reflexiona el autor de la novela Guerra en el paraíso–. Estamos sometiendo al Ejército a una presión esperada por Estados Unidos, en materia de seguridad hemisférica. Con la militarización y el debilitamiento del Ejército no se está poniendo en riesgo a la sociedad civil únicamente, sino al país entero y al Ejército.
Descontento social
En este escenario y pese a las previsibles crisis financiera y alimentaria, el investigador considera poco factible una rebelión social. “La sociedad mexicana no está en su mejor momento de conciencia. Para acciones de este tipo, necesitamos avanzar a otras formas de democracia. Si la respuesta fuera organizada, el Estado mexicano se lo pensaría dos veces antes de emitir un comunicado oficial”.
—La pobreza, por muy extrema que sea, no siempre es causa activa de los movimientos armados; además de la pobreza suele ocurrir polarización social; injusticias sociales, políticas y económicas; reiteradas políticas represivas regionales, y represión selectiva a familias. En conjunto pueden provocar, y han provocado, los levantamientos armados.
Montemayor explica que la guerrilla actual y antiguamente en México siempre ha sido la misma.
—El último escalón de la radicalización, de la inconformidad social. La inconformidad social tiene muchos grados: familias, escuelas, gremios, calles, organizaciones populares; hasta que se llega a un hastío por depresión, incomprensión, polarización y en ese caso el levantamiento armado constituye un factor recurrente de las sociedades que se ven rechazadas. Ocurre en Chechenia, Afganistán, Cachemira, Irán, en México, Chiapas o Michoacán, y ha ocurrido en todos los países del mundo, en todos los naciones que están ocupadas territorialmente, como Palestina.
“En México, siempre han querido vincular a la guerrilla con el crimen organizado, pero una cosa es el proceso de inconformidad social y otra el proceso de conformación criminal. Los primeros se resuelven con transformaciones económicas, políticas y sociales, en tanto que los segundos con una estructura policial y judicial perfectamente organizada, no infiltrada por los grupos contrarios”. (Jaime Guerrero)

 

 

 

Recuadro

 

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de julio de 2008 | Año 7 | No. 106

 

 

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