2a quincena octubre 2008

Fin a la discrecionalidad publicitaria

Legisladores buscan acotar la discrecionalidad con la que funcionarios contratan publicidad estatal en los medios de comunicación. Actualmente, los recursos públicos son utilizados para castigar a los medios que son críticos al gobierno: no se les compra espacios publicitarios hasta “estrangularlos económicamente”, aseguran especialistas.

 

Yenise Tinoco

Ante la imposibilidad de conocer el monto total de los recursos públicos que se destinan al rubro de comunicación social y la discrecionalidad con la que se contrata la publicidad estatal en los medios de comunicación, Valentina Batres, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que Regula la Publicidad del Estado.

 

Batres explica que la ley tendría como propósito regular los recursos públicos que se destinan a la comunicación social en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en sus tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Así, se obligaría a éstos a contratar todos los medios de comunicación que estén inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación que maneja la Secretaría de Gobernación (Segob).

 

La iniciativa se entregó en el Senado el 23 de octubre de 2007. Fue el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y compañero de partido de Batres, quien presentó el documento a nombre propio y de la legisladora del sol azteca.

De acuerdo con información de la Segob, en 2008 se destinó una partida presupuestal para el rubro de comunicación social de 4 mil 890 millones de pesos; en 2007 fue de 3 mil 425 millones de pesos; en 2006, 3 mil 335 millones. Es decir, en dos años el gasto publicitario se incrementó en 1 mil 555 millones de pesos.

 

En la revisión de la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó los Programas y Campañas de Comunicación Social del gobierno federal. La instancia observó que algunas dependencias y entidades incrementaron su presupuesto en el concepto 3700 “Servicios de comunicación social y publicidad”, sin contar con la autorización de la Segob.

La legisladora considera que hoy es imposible conocer el total de los recursos públicos que utilizan las dependencias para contratar publicidad en los medios de comunicación, pues no se cuenta con una sola partida presupuestal. En nombre de la comunicación social se justifican spots que promueven iniciativas individuales y no programas o acciones en beneficio de la sociedad.

 

Batres reconoce que existe una necesidad real de las instituciones gubernamentales de informar a los ciudadanos, que son susceptibles de ser beneficiarios de recursos públicos, a través de los diferentes programas, tareas y acciones del Estado; pero se tiene que dar de manera transparente y a través de mecanismos definidos.

 

Perla Gómez, catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera que no debe haber discrecionalidad en la distribución de la publicidad estatal; pues, al no existir un ordenamiento legal que establezca los mecanismos para su contratación, se convierte en premio o castigo de los gobiernos frente a los medios de comunicación complacientes o críticos al sistema, según sea el caso.

 

A decir de Gómez, la asignación de publicidad estatal es una responsabilidad administrativa directa de los servidores públicos, pues no existe un principio legal en que apoyarse. Ante lo cual, agrega, todo funcionario que está contratando espacios en medios de comunicación, empezando por la Presidencia de la República, está en incumplimiento, ya que la autoridad necesita un fundamento para utilizar los recursos de la Federación.

 

Mecanismos de coerción

José Buendía Hegewish, director general de la Fundación Prensa y Democracia, dice que la falta de reglas claras para la asignación de publicidad oficial se convierte en un mecanismo indirecto de coerción o afectación a la libertad de expresión en México.

 

El directivo explica que este tipo de mecanismos toma especial importancia en un país como México, donde las publicaciones dependen en gran medida de la publicidad oficial para sobrevivir. Agrega que el manejo discrecional que tienen los funcionarios al contratar publicidad con algunos medios de comunicación, y no con otros, se convierte en un recurso en manos del Estado para castigar o premiar las publicaciones.

 

Gerardo Priego Tapia, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, dice que lo mejor es que los medios no dependan de una sola fuente de ingresos, la gubernamental; pero agrega que esto no justifica que los tres poderes de la Unión, en sus tres órdenes de gobierno, usen los recursos públicos “para acariciar al medio que les habla bonito y golpear al que le habla feo”.

 

El legislador panista considera que la discrecionalidad con la que se manejan los dineros públicos en la contratación de publicidad es una forma de compensar a los medios de comunicación complacientes con el gobierno y pegarle a quienes son críticos del sistema, algunas veces hasta que los ahoga.

 

Priego Tapia está consciente de que la ley para regular la publicidad estatal generara “mucho ruido”, porque los gobernantes en turno no quieren ceder. Todos dicen que sí se debe legislar al respecto; pero hasta después de dejar su cargo. “Quieren seguir usando los recursos públicos como si fuera parte de su patrimonio”, dice.

 

Unificar criterios

Valentina Batres asegura que la ley que propone también pretende establecer el sentido y objetivo de la comunicación social, unificando criterios para los tres poderes de la Unión. Batres explica que en el cuerpo de la norma se establece que la contratación de la publicidad oficial no tendrá nada que ver con el contenido ni la línea editorial de las publicaciones.

 

“Cada vez es más obvio que los medios que tienen un punto de vista crítico, circunstancial o no, producto de la realidad de este país, son susceptibles de ser castigados con la publicidad que las instituciones del Estado contrata con los medios”, dice la congresista.

 

Considera que la discrecionalidad en el otorgamiento de publicidad estatal no robustece la libertad de expresión; la limita, cancela la pluralidad y la construcción de un periodismo serio en el ejercicio de sus derechos. Por esta razón se estipula que las dependencias se obligan a contratar todos los medios, que en su nivel de gobierno existan.

 

La diputada del sol azteca explica que un gobernador no tiene por qué contratar un medio nacional para comunicar una acción de gobierno, cuando tiene medios estatales que sólo tienen incidencia en su entidad, ya que el costo de la publicidad se incrementa por la cobertura de la publicación.

Se tiene que comunicar sólo a los ciudadanos de su entorno territorial, que se pueden beneficiar de las acciones de ese gobierno, de lo contrario ya no es comunicación social, sino propaganda política.

 

Tarifa única

Batres dice que la iniciativa también contempla determinar tarifas únicas. Explica que actualmente los medios venden sus espacios publicitarios a diferente precio, dependiendo de la instancia gubernamental y las relaciones que tenga con la misma.

 

“Resulta que una secretaría contrata una página en un diario de circulación nacional a un precio. Después, otra secretaría contrata un anuncio con las mismas especificaciones, en el mismo medio y la paga a otro precio, que puede ser casi el doble. Mismo periódico, misma página, misma dimensión; entonces por qué estamos pagando otro costos”, dice la diputada.

 

Control de las gacetillas

Batres considera que la contratación de “gacetillas” en los diferentes programas de revista de Televisa y Tv Azteca se realiza de manera discrecional y poco transparente. El que todos los recursos que se utilizan para contratar publicidad se contengan dentro de un mismo rubro dará certidumbre al proceso de contratación.

 

De acuerdo con la propuesta del cuerpo normativo, queda prohibido cualquier contenido dirigido a polemizar o desprestigiar a cualquiera de los demás sujetos obligados. También se prohibirá la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; así como aquella información que no contenga el logotipo y nombre de la institución del Estado que paga el mensaje publicitario.

 

Consejo ciudadano

La legisladora agrega que la iniciativa establece la creación de un cuerpo ciudadano –honorario– que vigile el cumplimiento de la ley. Éste tendrá como fin el proponer “estímulos” y soluciones a situaciones que la norma no alcance a cubrir o solventar.

 

El consejo ciudadano estaría constituido por periodistas, editores, académicos y organismos civiles dedicados al estudio de los medios de comunicación, convocados por el Congreso de la Unión.

 

Prensa corporativa

Batres considera que en los más de 70 años que gobernó el Partido Revolucionario Institucional se fomentó una prensa corporativa, sobre la cual se tenía casi un control total. Se pagaban las nóminas de varios medios, había un pago adicional a los reporteros y directores de éstos, lo que se conoce como el chayote.

 

Además, dice, era frecuente que se diera el trabajo supletorio. A través de comunicación social de las diferentes dependencias se entregaban boletines de prensa, que prácticamente era entregar al reportero las notas que el gobierno quería se publicaran.

 

A decir de la congresista, durante los gobiernos priistas se daba el garrote y la persecución política para aquel reportero independiente, que decidía salir de la línea que trazaba el gobernante en turno.

 

La legisladora considera que en la actualidad los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) no pagan nóminas completas de algunos medios de comunicación, “o al menos no se reflejan claramente en el presupuesto”; pero afirma que se siguen entregando chayos a varios reporteros afines al gobierno.

 

Secreto profesional y cláusula de conciencia, pendientes

Perla Gómez considera que es urgente se legisle en leyes que otorguen las garantías mínimas para el ejercicio periodístico: derechos laborales, cláusula de conciencia y secreto profesional.

 

La jurista aclara que el secreto profesional ya está contemplado en el Código Federal de Procedimientos Penales; pero que lo óptimo sería la creación de una ley sobre el particular, donde se exprese que no se puede citar a comparecer a un periodista para que éste revele su fuente y no se le quiten sus instrumentos de trabajo.

 

La especialista en derecho a la información dice que se debe tipificar como delito el revelar la fuente, tanto para el periodista como para el que lo obligara a hacerlo.

 

Gerardo Priego Tapia, diputado del PAN, dice que la próxima iniciativa que presentará la comisión que representa es sobre cláusula de conciencia, ya que es un tema crucial para el desarrollo de los periodistas, respecto al medio de comunicación donde labora.

 

El legislador dice que también se pretende legislar sobre la situación laboral del periodista, pues hay muchos de éstos que no cuentan con seguridad social, seguro de gastos médicos o seguro de vida.

 

Agrega que se han detectado “muchas situaciones irregulares” al interior de los medios de comunicación, que han convertido al periodismo en un trabajo con todas las desventajas. “Sin las mínimas garantías en la ley, en la vida real y dentro de la propia empresa, los periodistas son presa y tiro al blanco de todos”. El legislador considera que pese a que el secreto profesional ya está en constituido dentro del Código, ahora se debe de incorporar a la Constitución.

 

 

Gasto Programado para comunicación social del gobierno federal

Año

2000

2001

2002

2003

 2004

2005

2006

2007

2008

Monto*

2,638

2,547

1,461

3,010

2,018

2,238

3,335

3,425

4,890

*Millones de pesos

 

 

 

 

recuadro

 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, partida 3700, “Servicios de comunicación social y publicidad”

 

Dependencia o institución

Monto (pesos)

Procuraduría General de la República

165,000,000

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

148,537,640

Poder Legislativo

105,979,563

Poder Judicial

26,788,900

Seguridad Pública

61,800,000

Educación Pública

48,044,523

Comunicaciones y Transportes

44,000,000

Función Pública

30,828,700

Economía

23,500,000

Salud

20,000,000

Gobernación

20,000,000

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

8,677,577

Desarrollo Social

19,000,000

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

11,867,000

Trabajo y Previsión Social

9,000,000

Reforma Agraria

8,750,000

Turismo

8,600,000

Relaciones Exteriores

6,400,000

Presidencia de la República

6,000,000

Instituto Federal Electoral

5,000,000

Energía

4,574,563

Defensa Nacional

3,338,255

Medio Ambiente y Recursos Naturales

3,148,000

Marina

2,800,000

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

2,605,852

Hacienda y Crédito Público

600,000

Tribunales Agrarios

1,000

Total

782,986,440

 

Fuente: Paquete Económico 2009, presentado ante el Congreso de la Unión el 8 de Septiembre de 2008 (Érika Ramírez)

 

 

Recuadro

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008 | Año 7 | No. 112

 

 

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