Opionión

2a quincena octubre 2008

Secuestros: pifias de los encargados de combatirlo

 

José Reveles

Comienza a dejar de ser noticia que las corporaciones policiales, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR) fracasen una y otra vez en el propósito de frenar a la delincuencia organizada. En vez de investigaciones propias, ofrecen recompensas a delatores ciudadanos. En lugar de “inteligencia”, dan respuestas coyunturales a las que denominan “guerra”, reducida a presencia masiva en las calles con el apoyo del Ejército, que de esa manera es utilizado en funciones de policía, atropellando la Constitución y otras leyes.

Pero el caso que aquí se narra rebasa todos los colmos. Había una petición expresa desde Los Pinos para auxiliar a la víctima –un empresario que contó con la fortuna de tener un “contacto” en las altas esferas del poder– y realizar el operativo de captura de quienes lo habían secuestrado. Habían cobrado ya un cuantioso rescate y liberado, pero que volvían a extorsionarlo para que les entregara otro millón de pesos.

Transcurría exactamente un mes desde la Cumbre por la Seguridad, en Palacio Nacional, cuando las policías federales hicieron el ridículo más lamentable (o aceptaron un jugoso soborno): el domingo 28 de septiembre dejaron escapar limpiamente al presunto jefe de una banda de secuestradores, Ángel Cisneros Marín, el Flaco, cuando fue llevado para que le tomaran una placa de rayos X en el hospital de traumatología de Xoco.

Como un mentís rotundo a las promesas del Acuerdo Nacional firmado en Palacio Nacional frente al gabinete en pleno, los gobernadores, el presidente de la República, representantes empresariales y de un sector adinerado de la “sociedad civil” –en donde se escuchó la voz del empresario Alejandro Martí conminando a los más altos funcionarios: “Si no pueden renuncien”–, el plagiario que había sido capturado in fraganti se fugó en las narices de tres agentes de la Agencia Federal de Investigaciones que supuestamente lo custodiaban.

Contralínea conversó con el empresario que fue secuestrado, liberado 15 días después mediante el pago de rescate, pero que comenzó a ser hostigado nuevamente por el Flaco, a grados de extorsión.

Por desplegados en los periódicos nos enteramos días después que el verdadero nombre del secuestrador es Raúl Ortiz González, por cuya localización y la de sus hermanos Óscar y Manuel, la PGR ofrecía ya 2 millones de pesos. Subió la oferta, pues había dicho en un primer momento que la recompensa era de 500 mil pesos.

Fue tan absurda la pifia de los agentes que se dio el caso insólito de dos boletines de prensa: el 489/08 de la SSP federal festinando la detención de Cisneros Marín, el sábado, y el 783/08 de la PGR, 24 horas después, para aceptar que el delincuente confeso se evadió del servicio de rayos X.

Aquí también se incumplió una promesa al empresario, pues faltaban al menos otros 11 integrantes de la banda por capturar y se le ofreció sigilo y secretismo en la investigación. El Flaco debió ser arraigado sin hacer público su caso en el primer momento, inclusive por elemental estrategia para dar con el resto de la banda.

Empero, “con investigaciones de gabinete y campo”, la SSP ubicó su zona de operación: Distrito Federal y los estados de México y Guerrero. Colocó a Cisneros en su comunicado como “presunto integrante de la banda de secuestradores conocida como Los Rojos”.

Según la PGR, el prófugo “aceptó haber participado en cuatro secuestros y además que rentó la casa de seguridad y participaba en el cuidado de las víctimas”.

La verdad, narrada por la propia víctima y su abogado, es otra bien distinta:

Cisneros fue capturado cuando intentaba cobrar un soborno adicional al rescate que la familia de un empresario tuvo que pagar tras dos semanas de secuestro. Ya libre, el industrial (cuyo nombre mantenemos en reserva) recibió llamadas amenazantes y la exigencia de 1 millón de pesos adicionales a lo que había cubierto por su liberación.

Las presiones eran demasiado agresivas contra él y su familia. Pidió auxilio a la SSP federal, que tardó muchas horas en llegar “porque no había elementos disponibles” (pese a que días antes se anunció con bombo y platillo la incorporación de más de 300 agentes antisecuestros).

Tuvo necesidad de presionar mediante un telefonema desesperado a Los Pinos, gracias a que alguien conocido labora allí. Sólo entonces tomó la llamada Luis Cárdenas Palomino, hombre cercano a Genaro García Luna, quien ofreció ayudar en todo.

Careo riesgoso

Se realizó el operativo de entrega de la cantidad que los extorsionadores aceptaban como “gesto de buena voluntad”. Agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) capturaron a Cisneros Marín cerca del metro Observatorio. Y también a Miguel Ángel Salinas Fajardo y Óscar Santillán Aguilar.

Los tres fueron presentados ante el ministerio público adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y se localizó la casa de seguridad en la que la banda mantenía a sus rehenes, en Ecatepec, Estado de México.

Para empezar, el fiscal juzgó que Salinas y Santillán eran inocentes y los liberó, pese a que viajaban a bordo de un automóvil idéntico al que se utilizó para cobrar el rescate días antes.

La víctima fue puesta en riesgo al carearla en forma directa con su secuestrador, sin cámara de Geisel. Aceptó que había mantenido como rehén al empresario que estaba sentado enfrente; y a su vez el hombre de negocios reconoció a su plagiario. El secuestrador caminaba sin esposas y sin mayor obstáculo mientras se le tomaba declaración al explagiado. Tuvo que esperar más de cinco horas para que comenzara el interrogatorio. Estuvo 12 horas en las instalaciones de la SIEDO y vio cómo a los tres detenidos se les daba consomé de carnero y tacos de barbacoa para desayunar y se les volvió a alimentar a mediodía. Al secuestrado y su defensor se les ofreció, más tarde, un refresco.

Por la noche, el hombre cenaba y celebraba que la pesadilla había terminado, cuando se enteró que la PFP, contra su promesa de mantener sigilo, emitió un boletín de prensa.

Y le cayó como balde de agua fría saber que ese único arrestado se escapó.

“Arriesgué mi seguridad y la de mi familia porque creí en las promesas del gobierno. Me juraron que tendría protección las 24 horas del día. Cumplí más horas declarando, como víctima, que las que duró mi secuestrador como consignado. Estoy peor que antes de acudir a la autoridad”.

Un comandante federal contó a la familia: “Cuando lo detuvimos, nos dijo que por qué no hacíamos una ‘finanza’ para los policías” (es decir, un soborno para quedar libre). “Somos 60 en el operativo”, le reviró el jefe policial. “No importa, creo que me alcanza”, insistió el presunto plagiario Cisneros Marín.

Están detenidos los agentes federales de investigación: Armando Ramírez García, Erick Israel Espinoza Campos y Alejandro Reza Román. Durante varios días permaneció bajo arraigo el radiólogo de Xoco, Carlos Martínez Neri, “para deslindar responsabilidades”.

La presión de compañeros y autoridades de Xoco logró que se le dejara libre días después, ya que no es responsabilidad del médico la custodia de un detenido. El Flaco (también lo apodan el Azul), por lo demás, ni siquiera ameritaba ir al hospital, extrañamente el Ministerio Público lo envió a Xoco. Además la PGR tiene convenios con la Torre Médica de Tepepan y otros hospitales particulares que podrían ofrecer mayor seguridad.

La fiscal Nicandra Castro, jefa de la Unidad antisecuestros de la PGR (la misma que dio una entrevista a Carlos Loret de Mola filmada de espaldas para evitar ser conocida por la sociedad y los delincuentes), permitió que todo esto ocurriera. Otra vez desde Los Pinos se pidió al procurador Eduardo Medina Mora llegar al fondo del asunto y consignar también a mandos policiacos y judiciales involucrados en tan bochornoso asunto.

El Flaco aceptó durante los careos que se dedica al secuestro desde hace 18 años y que el cobro promedio por secuestro le deja a la banda 1 millón de pesos. Jesús Nava Romero, el Rojo, es señalado como jefe de ese grupo criminal.

“Todos están libres y nosotros no podemos ni salir a la calle. Ahora estamos secuestrados en nuestra propia casa, pues si salimos nos pueden matar o hacer daño. Hay que hacer algo con las policías y con el país o acabaremos muy mal”, concluyen abogado y víctima.

El préstamo a la agente Lorena

Lorena González Hernández, oficial de la PFP, acusada de organizar el falso retén en el sur del Distrito Federal donde fue secuestrado el joven Fernando Martí, el 4 de junio pasado (luego sería asesinado por sus captores), estaba por cumplir ocho meses de trabajar como subinspectora en el área de Secuestros y Robos en la policía federal.

Aunque el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas, se hicieron bolas para negar su pertenencia a la corporación en un primer momento y decir que estaba “en proceso de ingresar” a la PFP, que permanecía en un área de control de confianza y exámenes, y finalmente admitir que ya estaba en la policía, Lorena sigue siendo una piedra en el zapato que podría costar el puesto a estos funcionarios.

Contralínea posee copias de documentos irrefutables que contradicen todas las versiones vertidas a los medios por García Luna y Facundo Rosas, pues Lorena no hacía trámites para ingresar en la PFP ni estaba en proceso de evaluación ni acababa de ingresar y menos era alguien ajeno a la estructura o forzadamente incrustada, como intentaba desorientar a la opinión pública el secretario García Luna: “Su plaza está vigente porque hoy lo que tenemos como problema es que muchos policías que fueron destituidos ganaron un amparo y tuvieron que ser recontratados, porque así lo marcaba la ley”.

Lorena no fue destituida de la Agencia Federal de Investigación. No hacía “labores administrativas” como dijo Facundo Rosas, ni en Interpol, sino en el órgano antisecuestros. He aquí algunos datos duros:

El “alta de grado y cargo” de esta mujer que acaba de cumplir 35 años está fechada el 16 de octubre de 2007; su incorporación se dio con un salario mensual de 65 mil 165 pesos con 42 centavos integrado como sigue: sueldo base tabular, 5 mil 938 pesos 57 centavos; compensación por jerarquía, 7 mil 675 pesos con 80 centavos, y compensación por cargo o comisión, 51 mil 551 con 5 centavos.

Según recibo de pago antes de ser capturada por petición expresa de la Procuraduría del Distrito Federal mientras permanecía en instalaciones de la PFP (hay la versión de que intentó huir y, perseguida, reingresó en el edificio cercano al Toreo de Cuatro Caminos), cuando se le imputó haber secuestrado al niño Martí ganaba 37 mil 146 pesos con 60 centavos a la quincena (más de 74 mil mensuales). Era subinspector de la Policía Federal con número de cuenta-cheque 1144282868. Su número de empleado era 24302, su RFC GOHL7307082B6 y su clave presupuestal (31 de julio) 36-C00-SIPF010-000014, con nivel PF10.

El colmo fue que el coordinador de Administración y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública le extendió una constancia de que obtuvo crédito para vivienda 26 días después del secuestro de Martí: “Tengo el agrado de comunicarle que, con base en la información considerada para el pago de la primera quincena de junio, ha sido preacreditado para poder ejercer este beneficio”.

Se refería a una prestación para adquirir vivienda, construirla en terreno propio o para “redención de pasivos con instituciones financieras” por 545 mil 168 pesos 98 centavos, según acuerdo del presidente Felipe Calderón del 16 de junio para otorgar 22 mil créditos hipotecarios a policías federales y personal administrativo vía FOVISSSTE.

Por si hubiera dudas de su permanencia en dos corporaciones federales sin transición, pues salió de la primera el 15 de octubre de 2007 y al día siguiente tenía plaza en la PFP, a Lorena se le atribuye en esa carta oficial haber cotizado 57 bimestres al ISSSTE, lo que da más de 10 años de antigüedad.

Un documento más: hay una “Licencia Oficial Colectiva” (LOC) para portación de armas de fuego que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional. Lorena estaba incorporada en la LOC con vigencia del 3 de noviembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008. Esa solicitud de revalidación de permiso anual fue tramitada por la Dirección General de Instalaciones Estratégicas y Servicios y la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo para que Lorena González Hernández pudiera seguir usando arma de cargo. En el renglón “Alta (en la) Institución” aparece: 16 de octubre de 2007.

Dato curioso. Quien firma como responsable del área solicitante, hace ocho meses, es el comisario Benito Roa Lara, director general de Secuestros y Robos, quien ya no está en el cargo pues no pudo acreditar haber terminado al menos la preparatoria, lo que automáticamente lo inhabilita para tan alto cargo de “inteligencia”.

El diputado mexiquense por el PRD, Francisco Javier Santos Arreola, se los recordó a Medina Mora y a García Luna, cuando comparecieron en el Congreso: “La señora Lorena González, hoy famosa por ser integrante de la Banda de La Flor y que era integrante de la Procuraduría a su cargo y luego también de la PFP y que luego ya no sabían dónde quedó la bolita, acreditó los controles de confianza. El señor Benito Roa, director de Secuestros de la PFP, muy preparado en esta materia, un hombre de preparatoria abierta que debe ocho materias al día de hoy, es el único erudito para poder combatir al secuestro. ¿Usted cree que hay otras personas que tienen el perfil para poder combatir al secuestro en nuestro país?”

O como la diputada Layda Sansores le espetó al titular de la SSP: “En el caso de la subdirectora de Robos y Secuestros, usted no encubrió al subsecretario (Rosas), el subsecretario lo encubrió a usted y por eso no lo corre. ¿Cuántas lorenas más hay con usted?”

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008 | Año 7 | No. 112

 

 

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