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1a quincena Septiembre 2008

Peculado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

Descubren irregularidades por más de 40 millones de pesos en la oficina que encabezó José Luis Santiago Vasconcelos durante el sexenio de Vicente Fox. El presupuesto asignado para combatir la delincuencia fue desviado para gastos de “alimentación y limpieza”, entre otros, documenta la ASF

Érika Ramírez

 

 

La Procuraduría General de la República (PGR) utilizó injustificadamente más de 40 millones de pesos de la partida 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional”, para cubrir pagos de alimentación, mantenimiento y compra de equipo, servicios de limpieza y cocina, pasajes, renta de estacionamiento, entre otros.


Durante el último año que Daniel Cabeza de Vaca estuvo al mando de la dependencia encargada de “combatir la delincuencia”, el presupuesto asignado a este rubro registró irregularidades por un total de 43 millones 340 mil 800 pesos, indica el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).


De acuerdo con el documento, los recursos erogados “no cumplen con las premisas de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema”, además de que no se contó con documentación que justificara las adquisiciones de algunos bienes.


La oficina que administró indebidamente los recursos fue la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces comandada por José Luis Santiago Vasconcelos, quien el pasado 4 de agosto “renunció” a su cargo como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR a causa de la reestructuración de la institución.
A finales de marzo pasado, la ASF presentó los resultados de la fiscalización ante diputados, en los que solicita al Órgano Interno de Control que, en cada uno de los asuntos documentados, se “resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que intervinieron”.


Las supuestas irregularidades representan el 78.81 por ciento del monto auditado, que ascendió a 54 millones 987 mil 300 pesos. Ese año, el Presupuesto de Egresos de la Federación le asignó a la partida un total de 91 millones 645 mil 500 pesos para realizar investigaciones y acciones especializadas especiales.


Las irregularidades
Según el informe de la Auditoría Superior, 34 millones 180 mil 100 pesos de la partida “restringida” fueron utilizados para realizar gastos de alimentación, mantenimiento y compra de equipo, servicios de limpieza, pasajes, cocina y renta de estacionamiento, entre otros.


Lo anterior se opone a las tareas que debe desempeñar la SIEDO, misma que cuenta con seis unidades de investigación especializada en: Delitos contra la Salud, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros, Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos.


Los auditores de la ASF no encontraron documentación que justificara los gastos de la SIEDO, por lo que esta dependencia, responsable del combate al crimen organizado, desatendió los reglamentos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


Ambos códigos precisan: “Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes”.


Otros 3 millones 339 mil 400 pesos fueron empleados en forma irregular: 3 millones 255 mil 100 pesos se utilizaron para cubrir gastos de alimentación del personal de la SIEDO –entonces dirigida por Santiago Vasconcelos, quien se mantuvo en la estructura de la dependencia por 20 años–, y 84 mil 300 para la reparación de una alberca de una casa en depositaria ubicada en Cancún, Quintana Roo.


Respecto de este último gasto, el informe de la ASF indica que debió ser cubierto por la póliza de seguro con el que cuenta el inmueble, de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos para Gastos de Investigación Especial.
Los gastos de limpieza de inmuebles, mantenimiento y adquisición de equipo significaron una erogación de 5 millones 498 mil 700 pesos. El monto, según el órgano fiscalizador, debió ser costeado por el presupuesto “normal” de la PGR.


Luego de una inspección física a la SIEDO, la ASF determinó que las erogaciones “no cumplen la premisa de ser adquisiciones de urgente necesidad y disponibilidad o necesarios para la realización de investigaciones especiales”.


Además, contravienen el Manual de Normas y Procedimientos para Gastos de Investigación Especial y Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala: “Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados”.


Los equipos adquiridos por la SIEDO no se encuentran en resguardo ni inventariados, por lo que no hay “evidencia” de que formen parte de la PGR, entonces a cargo del actual consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca.


Subejercicio sin reintegro
Al analizar la cuenta bancaria que ese año fue utilizada por la PGR para la operación de los recursos, la ASF descubrió subejercicios. Según la revisión, hasta el 31 de diciembre de 2006 el saldo era de 2 millones 258 mil 100 pesos, de los cuales fueron descontados 1 millón 935 mil 500 pesos de 230 cheques que estaban por cobrar, más las comisiones que cobra la institución bancaria.
El subejercicio por 322 mil 600 pesos –dice el máximo órgano de fiscalización– no fue reintegrado al erario público los primeros cinco días del mes de enero, a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como cada una de las dependencias de gobierno están obligadas.


Los recursos de 2006 fueron utilizados por la SIEDO en el ejercicio de 2007. El gasto fue por 181 mil 300 pesos. Por ello, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control en la PGR que, “en el ámbito de sus facultades, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que intervinieron”.


Los funcionarios de la dependencia, especifica el informe, solicitaron que en las irregularidades detectadas por 5 millones 498 mil 700 pesos, por mantenimiento y adquisiciones, y los más de 300 mil pesos que no fueron devueltos a la Tesofe, se les otorgara una “ampliación razonable del plazo para la presentación de aclaraciones y documentación respectiva”.
En tanto, la PGR tuvo el mismo tiempo que las demás dependencias para solventar las observaciones hechas por el máximo órgano de fiscalización del país: 45 días hábiles, a partir del 27 de marzo de este año.


Información confidencial
En 2004, la PGR clasificó como reservada toda la información que contiene la partida 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional”, pues argumentó al ciudadano, que pretendía conocer el manejo de los recursos, que ésta es “reservada”.


El 14 de enero de ese año, un peticionario, que hizo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicitó conocer cuántos testigos protegidos tiene la PGR, los costos que ha significado esta estrategia y la lista de estas personas de 1996 a 2003.
Para negar la información, la dependencia se basó en los artículos 13 y 14 de dicha ley que señalan que la información es reservada y confidencial cuando su revelación puede: “Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.


Según la PGR la partida reservada “comprende las asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional en cumplimiento de funciones de actividades oficiales, cuya realización implica confidencialidad extrema, riesgo y urgencia, es considerada de carácter confidencial y restringida”.


Luis Gustavo Parra Noriega, integrante de la Comisión de Justicia por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dice que hay que esperar, antes de hacer un juicio, hasta que las observaciones que hizo la ASF queden solventadas por la propia PGR.


Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista a la PGR a través de su Dirección Adjunta de Información, a cargo de Sara Salas, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido respuesta.

 

La SIEDO

Unidades Especializadas en Investigación

Funciones

Delitos contra la Salud

Está obligada a conocer el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que señala la aplicación de sanción y ejecución de penas a personas que comentan delitos contra la salud

Además de la aplicación del Código Penal Federal, que en sus artículos 194 y 195, ordenan penas a quien produzca, transporte, trafique, comercie, suministre o prescriba estupefacientes y/o psicotrópicos

Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas

Debe conocer las investigaciones por delitos relacionados con:
Terrorismo, que de acuerdo con el Código Penal Federal está relacionado con el uso sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego. Además de que realice actos en contra de las personas, servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella
Tráfico de armas: la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

Conocer de las investigaciones por delitos relacionados a las “operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de Falsificación o Alteración de Moneda

Secuestro

Conocerá de las investigaciones por delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad

Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos

Conocerá de las investigaciones por delitos relacionados con:

Privación de libertad de menores de 16 años, trasladados fuera de territorio nacional con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o la entrega de éstos
Tráfico de indocumentados, que refiere aquellos que pretendan llevar mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente
Tráfico de órganos, que corresponde al traslado fuera del territorio nacional de órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud

Asalto y Robo de Vehículos

Obligado a conocer las investigaciones por delitos relacionados con el asalto (que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona con el propósito de causar un mal) y robo de vehículos estacionados en la vía pública o en lugar destinado a su guarda

Fuentes: SIEDO, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud

 

 

Irregularidades en la partida 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional”

Observación del gasto

Monto
(pesos)

Alimentos, mantenimiento y compra de equipo, entre otros

34 millones 180 mil 100

Alimentación del personal

3 millones 255 mil 100

Reparación de alberca

84 mil 300

Adquisición de bienes

5 millones 498 mil 700

Recursos no reintegrados a la Tesofe

322 mil 600

Total observaciones

43 millones 340 mil 800

Muestra auditada

54 millones 987 mil 300pesos

Monto asignado en el PEF

91 millones 645 mil 500 pesos

Fuente: ASF

 

 

recuadro

 

Las “funciones” de la SIEDO


La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que depende de la Procuraduría General de la República, tiene la función de “fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales y, conforme a los lineamientos que emita el procurador”.
Además, tiene la responsabilidad de participar en la formulación de anteproyectos de iniciativas de leyes, tratados, decretos, reglamentos y demás instrumentos normativos que se relacionen con los asuntos de la delincuencia organizada.
La SIEDO también tiene la obligación de contar con una unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada.           Ésta deberá de integrarse por agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliados por agentes de la Policía Judicial Federal y peritos.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, “la unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control, que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificará la autenticidad de sus resultados; establecerá lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos”. (ER)

 

 

 

Recuadro

 

 

 

 

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 01 de septiembre de 2008 | Año 7 | No. 109

 

 

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