Opinión

2a quincena Septiembre 2008

Las causas y los responsables de la violencia

Marcos Chávez M.

El acuerdo nacional por la seguridad, la legalidad y la justicia que encabeza Felipe Calderón Hinojosa está condenado al fracaso –por decirlo benévolamente; pero, si se es estricto, debe decirse que nació muerto–, por cuando menos tres razones:
1) Porque es un pacto forzado –el imperativo de Calderón Hinojosa por dar una respuesta a la agraviada burguesía mexicana, luego del cruel asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, cuyo legítimo reclamo se escuchó fuerte en la Presidencia junto con los reclamos irascibles de la ultraderecha, los santones iluminados de México que le ayudaron a robarse la corona, a diferencia de la demanda de justicia del resto de la población que ha sido víctima de la delincuencia–, improvisado, ambiguo, carente de metas y compromisos específicos, sin responsabilidades y sanciones definidas ante su incumplimiento.


Porque la escenografía de su emisión sólo fue aprovechada oportunistamente –entendida la expresión como una circunstancia que se utiliza para obtener el mayor beneficio posible– por la elite política del país, responsable de la creciente espiral de violencia, sobre todo por el virtual Felipe Calderón, y por Juan Camilo Mouriño, quien, rasgándose las vestiduras, exigió no lucrar políticamente con el problema; mientras trata de lavar su imagen, ensuciada en el estercolero de la corrupción y el tráfico de influencias, desde un puesto donde es protegido por el michoacano, pese a su ignorancia supina en materia de seguridad pública y nacional. Varios de los asistentes han sido acusados por participar o proteger a los narcotraficantes. Eduardo Bours, gobernador de Sonora, de turbia carrera política y empresarial, señaló que “hombres de negocios y funcionarios de gobierno, en todos los niveles, incluido el federal, que son altos funcionarios, participan en el lavado de dinero junto con la delincuencia organizada en México”. El desacreditado Calderón, emulando al baby George Bush, supone vanamente que podrá beneficiarse del clima de terror social del cual es responsable.


2) Porque dicho plan no implica más que una sobredosis de la misma fracasada estrategia que Felipe Calderón impuso hace meses en contra del narcotráfico, cuando ordenó inútilmente esa tarea a los militares, y que ha sido contraproducente. El rosario de 75 puntos del programa –las cárceles de máxima seguridad, la depuración de las policías, los adornos de los consejos ciudadanos, entre otros– es tan novedoso como la fisonomía ajada y prematuramente decrépita del calderonismo. El alza exponencial de los crímenes o los secuestros, asociados a ese ilícito es, en gran medida, consecuencia de su fracaso. La imagen del Ejército Mexicano y del presidente se ha enturbiado aún más por sus abusos en contra de la población. Los mensajes mediáticos de los narcos, de turbio origen, son una desafiante respuesta irónica a un gobierno mediático.


Calderón emplea una política de fuerza bruta sobre la inteligencia (el Plan Mérida), limitada a las leyes duras que castigan con altas penas a consumidores e integrantes del narcotráfico, impuesta por Estados Unidos en países como Perú o Colombia, sus tres principales clientes fieles que le quedan en América Latina. En Colombia, según la Organización de las Naciones Unidas, el cultivo de cocaína aumentó 27 por ciento en 2007, pese al Plan Colombia, con sus miles de hectáreas fumigadas, nación en donde el narcotráfico ha alimentado la violencia política en contra de la oposición del autócrata Álvaro Uribe, el clon de Calderón o viceversa. Estados Unidos ha gastado 1 mil millones de dólares en tratar de reducir forzosamente el cultivo de coca en la región andina. Pero el área se mantiene básicamente igual que hace 20 años: unas 200 mil hectáreas, debido a que la mayor parte de los campesinos pobres la sigue sembrando porque representa su única fuente de ingresos. Con Evo Morales, defenestrado por Estados Unidos, la cantidad de coca boliviana creció mucho menos que en Perú y Colombia, porque concertó con los cocaleros y les ofreció otras opciones productivas y de vida. Argentina impulsa un programa basado en la lucha contra el narcotráfico, la prevención, la no criminalización del consumo y la ayuda a los adictos. Brasil, Ecuador y Paraguay buscan políticas más eficaces y humanas. Felipe Calderón se inclina por la rudeza, sin respuestas efectivas para erradicar la corrupción sistémica y fortalecer al poder judicial, sin preocuparse por los productores y los consumidores de drogas y sin plantar las instituciones democráticas en las zonas de cultivo.


3) Porque la inseguridad, la violencia, las prácticas delincuenciales, fenómenos endógenos sistémicos, genéticamente relacionados, son consecuencia de la descomposición provocada por el capitalismo neoliberal mexicano, y también son manifestaciones de su propia crisis terminal: han hecho implosión dentro de sus estructuras. Su agravamiento tiene responsables directos: el grupo de poder; Felipe Calderón Hinojosa, su actual administrador; la elite política y la burguesía, beneficiarios del obsceno banquete neoliberal, a costa de la creciente miseria de las mayorías. Son producto de la barbarización del sistema socieconómico y político, de la salvaje acumulación de capital violentamente impuesta por los de arriba en contra de los de abajo. Ahora la violencia encolerizada se les ha revertido.


Con pánico ven que el incendio traspasa sus puertas. Pero antes no les preocupó que la brutalidad del lumpen se ejerciera contra los pobres y los sectores medios: que los miserables atenten –o sean sus ulteriores víctimas– contra los otros perdedores y náufragos del neoliberalismo, desprotegidos y despreciados por el gobierno; que los narcos, los secuestradores y demás fauna desafiaran y sustituyeran al Estado, impusieran sus reglas en el país. Al cabo, para ellos los pobres no existen, salvo como sujetos explotables y desechables. No tienen fortunas y apellidos que respalden sus vidas. Todo se volvió un escándalo cuando la violencia, como un avasallador tsunami, tocó a los que se sienten dueños de México. El futuro que los alcanzó es una cotidianidad para el resto.


En honor a la verdad, la burguesía y los sectores medios hace tiempo que percibían el peligro y realizaron su propia “fuga hacia delante”. Se enclaustraron en sus propios guetos, de variada seguridad, según su nivel de ingresos. Formaron sus insultantes islas de riqueza, rodeadas de piélagos de miseria. Crearon zonas enteras para su uso exclusivo, prohibidas para las mayorías. Cerraron ilegalmente calles. Pusieron su vigilancia privada, que le disputa el monopolio de la seguridad y la violencia al Estado, y pagan un alto precio para su ostentoso o menos ostentoso aislamiento. Crearon sus propios campos de concentración, sus pequeñas ciudades amuralladas por su propio cinismo e indiferencia. Nos arrojaron a la cara la evidente existencia de las clases sociales. Como muchos funcionarios, tienen sus propios y prepotentes guardias personales, que se vuelven eficaces ante el refinamiento de la delincuencia. Los mercenarios de las florecientes compañías particulares de seguridad sustituyen a la policía. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calcula que les ha costado unos 120 mil millones de pesos en casi cuatro años. Las empresas se han visto sacrificar alrededor de 64.4 mil millones de pesos en su propia protección; pero ha sido inútil.


Ese peculiar Cronos empieza a devorarle sus engendros. Las gráficas anexas muestran el alza de los delitos.


Con todo, dado que les es funcional, los grupos dominantes prefieren ver al sesgo a la violencia social, sus manifestaciones. Porque entonces tendrían que aceptar que su origen es económico y que su catalizador tiene un potencial universo generoso. Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, estima que hay 500 mil personas vinculadas de distintas formas al narcotráfico, 300 mil son productores y unos 40 mil ocupan algún liderazgo en diferentes niveles. Al margen de la veracidad de los datos, los candidatos representan 40 millones de personas “superfluas”, miserables, excedentes al neoliberalismo, que sobreviven en la infraocupación rural y urbana, en las cloacas del sistema económico, más otros 35 millones que sobreviven a la vera de un sistema que sólo les ofrece zozobra. Es decir, aquellos a quienes se les han destruido sus expectativas de vida, al pagárseles salarios cuyo poder de compra es similar al observado a mediados del siglo XX. El negocio del narcotráfico paga mejor. A las 36 millones de personas que no perciben ingresos o ganan hasta cinco veces el salario mínimo; los 10-20 millones ubicados en la “informalidad”; la mitad de los trabajadores que carecen de contratos, se les ha despojado de sus prestaciones sociales o están sometidos al miedo de la pérdida de los precarios empleos existentes –la “flexibilidad” laboral–, en nombre de la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, el equilibrio fiscal, la inflación o las “reformas” estructurales neoliberales. Que esas infrahumanas condiciones son necesarias para que vivan cómodamente los 30 millones incluidos por el sistema y florezcan las groseras fortunas empresariales, algunas de las cuales se enseñorean insultantemente en la páginas de Forbes. La delincuencia es el residuo del modelo.


Como señala el alemán Hans Magnus Enzerberger: se quiere “ocultar la terrible verdad: en Nueva York, en Zaire, en las metrópolis y los países pobres, son cada vez más las personas suprimidas de los circuitos económicos porque no resultan rentables para explotarlas”. La violencia es la reacción desesperada de los perdedores ante una situación socioeconómica sin expectativas. El inframundo da mejores ingresos y hasta “estatus” social, les ofrecen la opción de “ser alguien”. La delincuencia, al imponer pérdidas a las víctimas, actúa como un ilegal impuesto expropiatorio, similar al legal aplicado por la hacienda pública. ¿Qué otra cosa puede separarse de los condenados de la tierra, que se rebelan contra la miseria, el hambre y la humillación a las que han sido sometidos? Unos anhelan cambiar el modelo, causante de esa degradación; otros optan por la delincuencia para sobrevivir, aplastando a los damnificados. Son dos manifestaciones del odio y la rabia social. Ambos enfrentan una respuesta común: tienden a ser aplastados por el sistema que creó su propio leviatán. Ignacio del Valle, Juan Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes y Julio César Espinoza Ramos, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ilustran los abusos del aparato judicial. Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente violada por militares el 25 de febrero de 2007, exonerados por Calderón, tenía varios agravantes: era indígena nahua y miserable, a diferencia de Fernando Martí.


La pérdida de eficacia del Estado se debe al proceso de desmantelamiento a que fue sometido por los neoliberales, hasta convertirlo en autista. La incapacidad estatal para contener la delincuencia es otro de sus costos. Uno más es que el Estado perdió el monopolio exclusivo de Estado y ahora lo comparte con las bandas armadas que operan por cuenta propia, en la jungla rural y urbana, con sus códigos y sus reglas, a la vera de las leyes y del aparato judicial.


Lo peor de todo es que la mirada oblicua del bloque dominante deja de lado otras prácticas tan deleznables como las anteriores. Dejan tranquilo al otro crimen organizado, cuyos ilícitos son igualmente descarados, cínicos y, habrá que reconocerlo, a menudo exquisitos. Me refiero, por supuesto, a aquellos que saquean al erario, lucran con sus influencias, trafican con carne humana (los trabajadores indocumentados, la prostitución, desde la más atroz hasta la más refinada, la pederastia), contrabandean bienes y drogas, destruyen el ambiente, secuestran a luchadores sociales o simples ciudadanos, al amparo del poder judicial. La protección oficial a esos delincuentes forma parte de la cohesión y la fidelidad de las elites al sistema.


Tampoco pueden olvidarse las tropelías de la burguesía y la oligarquía, que se enriquecen con el tráfico de divisas, la usura y especulación financiera y de precios, la evasión y elusión de impuestos, el abuso en contra de los consumidores. Todo bajo el amparo oficial. El dinero tiene consistencia suave, y al frotarlo limpia a quien lo recibe. Compra voluntades, otorga prosapia, poder y oraciones. Maquiavelo ya había hecho una taxonomía de ellos: son sinceros cristianos pecadores, refinados, amantes del buen vivir, algunos de ellos son educados, brutales en el ejercicio del poder económico y político; refinados criminales, perversos genocidas. En ese mundo de lobos, las ovejas, la población y también sus pares, sólo les merece, en el mejor de los casos, sus bostezos.

 

Se preguntaba Léntulo Graco, senador de la antigua Roma: ¿Qué es nuestra república? Y se respondía: Mucha gente que no tiene nada y un puñado que tiene todo. Nosotros los políticos tenemos que convencer al pueblo para que muera por los ricos. Los que tienen mucho tienen que ser defendidos por los que no tienen nada, deben estar dispuestos a morir por las propiedades. Somos magos que creamos ilusiones. El ilusionista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa puso a los militares y los policías al servicio de la propiedad privada.

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2008 | Año 7 | No. 110

 

 

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