Opinión

2a quincena Septiembre 2008

“No a La Parota”: una decisión ya tomada

Abel Barrera Hernández*

 

La instalación de los gobiernos de alternancia en el poder ha acelerado visiblemente ese desesperado interés por consolidar en México el neoliberalismo, a través de una cadena de megaproyectos que hacen negociables las tierras, los bosques, las minas y el agua. Bajo esta perspectiva, los pueblos son vistos como actores incómodos y de riesgo, nunca como titulares de derechos.


El saqueo y la destrucción de los recursos naturales que los pueblos sufrieron en el pasado, a manos de los colonizadores, hacendados y caciques, hoy la padecen con las trasnacionales que actúan en nombre del desarrollo y la reducción de la pobreza. A pesar de esto, los pueblos originarios viven con altos grados de desnutrición, sin agua potable, sin viviendas dignas, sin educación y sin empleos. Las autoridades se niegan a visualizar estos contrastes, esta guerra silenciosa de exterminio que dirige el capital privado.


El derecho al territorio de los pueblos indígenas y campesinos, de sus lugares sagrados, sus bosques, sus ríos –esa dimensión sagrada que los hace ser pueblo– es soslayado por el capital privado y los gobiernos entreguistas, que han reducido su hábitat y territorio a bienes materiales que se compran y se venden al mejor postor. Bajo la lógica de un ficticio concepto de desarrollo, que impone el neoliberalismo y los gobiernos, hoy en día es válido destruir los territorios de los pueblos indígenas, aun cuando están protegidos jurídicamente por tratados internacionales que el propio gobierno de México ha suscrito ante la Organización de las Naciones Unidas.


Actualmente se habla de casi 109 megaproyectos a construirse en el país y, en la mayoría de los casos, sino es que en todos, se ha ignorado la voz de los pueblos, se le ha apostado a la división, al conflicto, al enfrentamiento; las autoridades nada han hecho para que haya una reconciliación, su actuación como mediador queda al margen, porque es más fácil asumirse como promotor de las millonarias inversiones y denostar la lucha de los pueblos organizados.

 

Aunado a esto, el gobierno dispone sin mayor espanto de los recursos del erario para favorecer los intereses del capital privado, mientras pueblos como Cochoapa el Grande, en la región de La Montaña del estado de Guerrero, siguen encabezando la lista de los municipios más pobres del mundo, sin que se instrumenten políticas reales y efectivas que reviertan estos alarmantes niveles de extrema pobreza.


Con el tiempo, los rostros y las voces de los gobiernos y sus operadores políticos cambian, igual que los discursos. Lo que persiste es la resistencia de los pueblos, esa tozudez por defender lo suyo, lo que mañana pertenecerá a sus hijos, a sus nietos y otras generaciones. Todos los días son enseñanza, historia y ejemplo. Así ocurre con el movimiento que ha mantenido el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota desde 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad entró de manera ilegal a sus tierras, con el fin de construir una hidroeléctrica.


Recientemente, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, vino a Guerrero y dejó claro que La Parota se va a construir, pero que ante la frustrada actuación de los anteriores interlocutores, el actual gobierno panista estaría designando a nuevos negociadores. El mensaje fue incendiario y provocó que los pueblos que resultarían afectados si se construye la presa, se declararan en alerta. Al funcionario federal lo secundaron diputados locales perredistas, quienes incluso propusieron la realización de una consulta; hasta el Instituto Electoral del Estado de Guerrero se ofreció a organizar ese mecanismo. La miopía de Mouriño y el resto de los actores políticos, que hicieron eco de su postura autoritaria, delató su parcialidad a favor de la presa, así como su interés por favorecer al capital privado.


El 12 de agosto de 2007, los comuneros opositores y los comuneros no opositores a La Parota dieron una muestra de voluntad y de diálogo al organizar una asamblea general para discutir la construcción de la presa. La respuesta unánime de los comuneros fue un: “No a la Parota”. Este ejercicio de los campesinos se ajusta a los estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta, de acuerdo con estos tratados internacionales, es un derecho de los pueblos indígenas, mediante el cual pueden opinar y decidir en relación con proyectos que vayan a hacerse en su territorio. Pero la consulta debe ser a través de procedimientos adecuados y de sus instituciones representativas, así como de buena fe. Esto quiere decir que son los propios pueblos, a través de sus asambleas, los que tienen que opinar en relación con estos proyectos, tal y como ya lo hicieron los comuneros de La Parota en 2007 y que ratificaron el 12 de agosto de este año en la conmemoración del primer aniversario de aquel histórico acto.


Lo que resta ahora es que el gobierno federal y estatal muestren esa voluntad que dicen tener con aquellos que menos tienen y respeten la votación de la asamblea del 12 de agosto. De lo contrario se evidenciaría, una vez más, que prevalece el poco compromiso para respetar la ley, así como una negativa para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

 

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

 

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2008 | Año 7 | No. 110

 

 

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