El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el gobernante Partido Liberal (PLIB) alcanzaron en 2017 niveles aceptables de popularidad impulsados por la bonanza económica, pese a algunos escándalos que los afectaron en el período.
Un alza en los parámetros principales de la economía y el anuncio de planes de beneficios a sectores clave de la sociedad permitieron que el PLIB y su líder en el poder mantuvieran una ventaja -aunque fluctuante- por encima del Partido Conservador (Tories), dos años después de su triunfo en las elecciones federales.
El 19 de octubre de 2015 tuvieron lugar los comicios para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes, en los que el PLIB obtuvo 184 asientos y le permitió formar un gobierno mayoritario, con Trudeau al frente.
De acuerdo con informes del Banco Central de Canadá la moneda local está en su mejor posición en varios años, al tiempo que aumentaron los puestos de trabajo y se reportaron las mayores alzas del Producto Interno Bruto (PIB) en una década.
En agosto pasado el dólar canadiense llegó a cambiarse por 82 centavos de su par estadounidense, después que las autoridades bancarias subieron al uno por ciento las tasas de interés, debido al buen estado de la economía.
El valor del llamado “loonie” lo llevó a un nivel sin precedentes desde junio de 2015, pocos días después que las autoridades informaron que el PIB creció 4.5 por ciento en el segundo trimestre de 2017, su mejor comienzo para un año calendario desde 2002.
Otros reportes oficiales señalan que la capacidad industrial del país se elevó a 85 por ciento en el segundo trimestre de 2017, la tasa más alta desde 2007, en particular por los crecientes volúmenes de extracción de petróleo y gas.
Sin embargo, la distribución de la riqueza no es todo lo equitativa que las autoridades federales dicen aspirar, pues según una investigación de la empresa Ekos, la cantidad de canadienses que cree pertenecer a la clase media descendió de 70 por ciento en 2002 a 43 por ciento en 2017.
Encuestas recientes señalan que los liberales tienen una ventaja cercana a los 10 puntos sobre los Tories en cuanto a intenciones de votos -aunque entre las mujeres el porcentaje es superior-, mientras los del Partido Nueva Demcracia (PND) apenas logran 17 por ciento.
Esta tendencia se mantiene desde los comicios federales de 2015, a pesar de una campaña de prensa contra el ministro de Finanzas, Bill Morneau, a quien se le acusa de falta de ética porque no dio a conocer la totalidad de su participación en varias empresas suyas y de su familia.
Los del PLIB también enfrentan las alegaciones de un vínculo de Stephen Bronfman, uno de los principales donantes de fondos a Trudeau, con maniobras de evasión fiscal a través de los llamados paraísos fiscales.
A mediados de octubre, el gobierno anunció un plan para reducir los impuestos a los pequeños negocios, de 10.5 a 9 por ciento para 2019, en cumplimiento de una promesa de la campaña electoral de 2015.
Organizaciones sindicales consideran que esta medida es perjudicial para la clase media canadiense a la que Trudeau dice ayudar.
Por otra parte, el 22 de noviembre pasado, las autoridades de Ottawa dieron a conocer su estrategia nacional para enfrentar el problema de la vivienda, que prioriza la construcción de miles de unidades a precios razonables en la próxima década.
De esta forma, y con la mirada puesta en las elecciones federales de 2019, el gobernante PLIB busca aliviar las preocupaciones de casi 2 millones de núcleos familiares obligados a gastar en este acápite por encima de sus posibilidades.
Estudios recientes muestran que en los últimos 15 años los ingresos de los canadienses como promedio no se corresponden con el alza en los alquileres y costos de las casas.
En igual período, los precios de los lugares de residencia aumentaron 188 por ciento, mientras los salarios y otros beneficios monetarios de la población promedio sólo subieron alrededor de 0.38 por ciento.
Por otra parte, el gobierno de Trudeau intenta implementar el Programa de Beneficios para los Niños, mediante el cual prevé ayudar a más de 300 mil de ellos a salir de la pobreza a partir de julio de 2018, otra acción que intenta consolidar las posiciones oficialistas con vista a las elecciones de 2019.
Estudios recientes de la organización no gubernamental Campaign 2000 revelaron que unos 450 mil infantes canadienses dependen de la asistencia social y viven por debajo del umbral de la pobreza.
En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de septiembre pasado, Trudeau reconoció que uno de los mayores desafíos de su administración es lograr el cese de las violaciones de los derechos de la población aborigen, en particular de los menores de edad.
Las palabras de Trudeau en esa ocasión renovaron el debate en torno a la muerte de más de 6 mil alumnos indígenas canadienses en escuelas residenciales del país, cerradas en 1996.
Como parte de sus intentos por cambiar la imagen en ese aspecto, Trudeau también presentó disculpas recientemente de manera formal a las comunidades aborígenes por la violación flagrante de sus derechos durante décadas.
Además, el gobierno informó que apoya un proyecto presentado en el parlamento que exige la implementación total de la declaración de Naciones Unidas sobre la población aborigen.
El 28 de noviembre pasado Trudeau volvió a pedir perdón, esta vez ante miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero afectados por las acciones represivas de gobiernos anteriores contra trabajadores públicos.
Desde la década de los años 50 hasta 1992, miles de empleados federales fueron despedidos por su orientación sexual como parte de una purga por supuestas razones de seguridad nacional, incluyendo oficiales de las fuerzas armadas.
En el plano de las relaciones exteriores, la administración liberal recibe críticas de la oposición por sus posturas frente a Estados Unidos, en particular la ‘modernización’ del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), del cual México también forma parte.
Este fue uno de los temas centrales de las discusiones de Trudeau con Trump durante su visita de dos días a Washington en octubre, en medio de las amenazas del jefe de la Casa Blanca de acabar con el acuerdo.
Otro motivo de polémica bilateral es la decisión del Departamento de Comercio de imponer nuevas tarifas antidumping contra los productores canadienses de madera blanda, medida que Trudeau calificó de injusta, preocupante e injustificada.
Los vínculos con Washington están matizados también por el debate en torno al incremento del arribo de inmigrantes desde Estados Unidos por la frontera común, debido al peligro que enfrentan miles de extranjeros ante las disposiciones del presidente Trump contra los indocumentados.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y octubre de este año, más de 35 mil inmigrantes llegaron a territorio canadiense desde Estados Unidos, alrededor del 68 por ciento por encima de los 24 mil que cruzaron también en igual período de 2016.
Durante 2017 Trudeau mantuvo una agitada agenda internacional en otras regiones del mundo, que incluyó una visita en noviembre a Manila, Filipinas, donde participó en la trigésimo primera cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean).
El gobernante asistió allí también a una sesión de trabajo por separado con países miembros de la Asean, con los cuales en 2016 Canadá mantuvo intercambios de mercancías y servicios por un valor superior a los 21 mil 600 millones de dólares.
Antes de su visita a Filipinas, Trudeau estuvo en Vietnam para asistir a la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
De cualquier manera, pese a los avances del PLIB y de Trudeau en el último año, expertos señalan que a los liberales les queda aún mucho camino por recorrer hasta las elecciones federales de 2019 y en ese tiempo puede haber giros imprevistos, en particular en el tema económico.
La incertidumbre en los nexos con Estados Unidos, debido a las políticas proteccionistas de Trump y el agravamiento de la crisis migratoria a través de la frontera con ese país, pudiera ser un factor esencial en un eventual cambio en la situación de la economía y otros sectores de la vida canadiense.
Un eventual fracaso de las negociaciones para la ‘modernización’ del TLCAN también tendría un costo político que la oposición tomaría como bandera contra las actuales autoridades federales, a quienes algunos expertos acusan de ser demasiado condescendientes e incluso sumisos en política exterior y a la hora de defender los intereses nacionales frente a Washington.
Roberto García Hernández/Prensa Latina
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