Las elecciones regionales en Colombia, que se realizarán el 27 de octubre, serán las más disputadas de los últimos años. Si bien en 2015 ya hubo muestras en algunos distritos electorales, la referencia a nuevos clivajes, como el petrismo y el fajardismo, no tenían la fuerza que adquirieron en las elecciones presidenciales del año pasado. En esta ocasión, los partidos tradicionales y las castas regionales tomaron nota del potencial electoral del progresismo, que creció en todos los distritos electorales del país; a su vez, éste se juega la consolidación de una base territorial necesaria para acceder al gobierno en 2022. La contienda local tiene particularidades, actores e intereses diferentes de los de las elecciones nacionales. Así, los partidos políticos prueban nuevos liderazgos, construyen alianzas con las economías locales (en algunas regiones con la ilegalidad) y disponen todas sus redes de poder para pisar territorio y ganar control político.
En las regiones impactarán, de manera diferenciada, los problemas más importantes del país y del gobierno nacional. La polarización en torno a la paz y las crecientes acciones de guerra significará más en las elecciones en algunas zonas del país, por ejemplo, en Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare y Arauca. Entre tanto, el cuestionado manejo a la seguridad ciudadana será recurrente como tema de campaña en las grandes ciudades del país, en especial en Bogotá, Cali y Medellín. El deterioro de la situación económica tendrá su impacto en los departamentos y municipios donde el progresismo tenga más posibilidades de disputa. Según algunos sondeos, el 44 por ciento de las personas opina que la situación económica empeoró y sólo el 7 por ciento respalda la acción gubernamental en esa materia [1].
No obstante, resulta impredecible el impacto electoral de esas problemáticas en los territorios, donde los problemas locales tienen preponderancia y las formas de reproducción de la política tradicional han demostrado su poder para menguar los efectos del neoliberalismo. Así empieza a tomar forma la disputa. En la práctica, ya comenzó la campaña con la definición de precandidaturas, en un ambiente caldeado por ataques judiciales contra referentes del progresismo (en especial contra Gustavo Petro y su entorno), asesinatos de líderes sociales y políticos en los territorios, la conformación de alianzas en algunos distritos electorales y, en otros, empiezan a darse diálogos entre diversos candidatos y partidos.
En las elecciones regionales se definirán las autoridades para el periodo 2020-2023, de 32 gobernaciones, 1 mil 101 alcaldías, 1 mil 102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 6 mil juntas administradoras locales. Representan la concreción del poder local que luego, en las elecciones nacionales, se arrastra con transacciones en la formación del poder nacional.
Se trata de una composición de poder que resulta heterogénea y en la que se comienzan a tejer alianzas dentro de un sistema de partidos con débil adhesión y con liderazgos que deciden por cálculo electoral la conveniencia de participar por el aval de un partido. En los municipios la política tiene más matices, pues la polarización está en la superestructura. Se mantienen en algunos municipios las tradiciones del voto liberal o conservador, pero esos clivajes son cada vez más débiles, y la estructuración electoral contiene otras características, como la transacción vertical y descendiente de la imagen del liderazgo nacional del partido: uribismo, petrismo, fajardismo.
También se disputan en esos territorios otros asuntos. El primero de ellos es el control presupuestal y la contratación de funcionarios. En el esquema neoliberal de la administración pública colombiana, el funcionario o funcionaria de carrera está extinguiéndose, dando paso al trabajador con una relación laboral distinta, por contrato temporal de prestación de servicios pero con tareas de funcionario público [2]. Ello permite que los alcaldes y gobernadores tengan, de forma permanente, la potestad de prescindir o contratar personal para desarrollar sus planes y programas, construyendo lazos de fidelidad política a partir de la incertidumbre laboral. En estas elecciones, entonces, está en juego el trabajo del 62 por ciento de los trabajadores estatales [3].
Las dinámicas ilegales y del conflicto armado también estarán presentes como ejes de impacto o articulación de las dinámicas electorales. La criminalidad, ligada al tráfico de narcóticos, a la minería ilegal y al despojo de tierras, tendrá protagonismo en buena parte del territorio nacional. Son 23 grupos paramilitares en todo el país, 10 de ellos con epicentro en Medellín, que desarrollan estas actividades y sostienen una dura influencia en los territorios [4]. Estos grupos se identifican con las fuerzas políticas tradicionales (como quedó demostrado con la parapolítica). Condensan su mayor presencia en distintas zonas del país, especialmente en el centro y nororiente donde, de forma coincidente, el Centro Democrático (uribismo), el Partido Conservador y Cambio Radical, sostienen la mayor fuerza.
A dicha violencia se suma el conflicto del ELN (Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que crece en la medida en que el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se implementa, y aumentan las disputas territoriales con los grupos paramilitares por el control de la minería (cooptada por mafias) y otras actividades ilegales. Según el tercer informe oficial de implementación a cargo del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), sólo el 23 por ciento de lo pactado se ha venido implementando, teniendo un muy bajo porcentaje en lo relacionado con la reforma rural, 3 por ciento, y el punto de drogas ilícitas, 2 por ciento. Una situación cuya responsabilidad recae en el Estado [5].
En las elecciones de 2015 las coaliciones fueron la principal estrategia de los partidos de derecha. El 35 por ciento de los votos para las gobernaciones fueron por coaliciones que eligieron 18 de 32 gobernadores, y el 15 por ciento de votos que eligieron por coalición 265 de 1 mil 102 alcaldes [6]. Son datos que impactan en las decisiones de estrategia política: pocos partidos y candidaturas pueden presentarse solas a esta elección.
Lo que puede variar en estas elecciones es el tipo de alianzas que realizarán estos partidos, teniendo en cuenta la realidad de los departamentos y municipios. Influirá también el vínculo de los partidos con el gobierno nacional. Las fuerzas principales que respaldan al presidente Iván Duque, el uribismo y el Partido Conservador, no logran persuadir a las demás bancadas de derechas en el Congreso de la República, quizás porque las tienen al margen de cuotas de poder, o les han minimizado. Dicha situación tiene como respuesta la reorganización del bloque de poder en general y, en particular, de los parlamentarios en contra de las iniciativas gubernamentales. La última muestra contundente fue la derrota de Duque en la Cámara Baja, donde 110 parlamentarios dijeron “no” a las objeciones del gobierno a la Justicia Especial para la Paz (JEP), mientras recibió el apoyo de sólo 44 legisladores [7].
El Centro Democrático, que tiene sólo una gobernación y 55 alcaldías, pretende mejorar su elección, utilizando como estrategia trasladar el capital político del senador Álvaro Uribe en los territorios y utilizar el poder que significa tener la gestión del gobierno nacional. Mientras, el Partido Conservador, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tendrá una estrategia de sostener los 155 municipios donde tiene alcaldes y la gobernación de Risaralda, ampliando su radio de acción con los congresistas y los recursos de las carteras ministeriales que ocupa en el gobierno nacional [8]. El uribismo apuesta a candidaturas jóvenes, en especial en Bogotá, con Samuel Hoyos y Ángela Garzón, y pretende canalizar el tema de Venezuela en los departamentos y municipios fronterizos con el vecino país.
Por otro lado están los partidos de derechas que están fuera del gobierno: Cambio Radical (cinco gobernaciones y 133 alcaldías), el Partido Liberal (cuatro gobernaciones y 157 alcaldías) y el Partido de la U (dos gobernaciones y 182 alcaldías), tienen el desafío de mantener esa buena performance territorial lograda con candidatos propios. También les significa analizar si se mantienen en las coaliciones que les permitieron ganar en otros departamentos y alcaldías. Es importante señalar que el partido Liberal está presente en 10 gobiernos de coalición departamental, seguido de los partidos Cambio Radical y el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), con nueve.
En ese camino, 2 semanas atrás, estos tres partidos sellaron una alianza nacional que tendrá repercusiones en el Congreso de la República y, seguro, también en algunos territorios, donde estas fuerzas independientes del Gobierno –pero neoliberales– se presentarán con un discurso contrario a la narrativa gubernamental, anclada en el punitivismo y en otros planteamientos conservadores. Sin embargo es posible que en algunos municipios constituyan alianzas con el uribismo, como en Bogotá, donde la derecha no tendría ninguna posibilidad de triunfo si participa con varias candidaturas.
Finalmente, las dos fuerzas políticas de la derecha evangelista que hacen parte del gobierno, el Partido Mira y Colombia Justa Libres (CJL), participarán en coaliciones para las gobernaciones y alcaldías, y postularán a sus militantes a las asambleas departamentales y concejos. Su votación no es despreciable en algunos distritos, como en Bogotá, donde pueden contribuir a una coalición de derechas que se enfrente al progresismo.
La situación en el campo del progresismo es contradictoria. Tienen la posibilidad de canalizar el excelente resultado de las elecciones presidenciales del 2018 si realizan coaliciones para disputar contra las propuestas de derecha, pero mantienen marcadas diferencias que estarían impidiendo una presentación unificada. Los clivajes del fajardismo y el petrismo se siguen mostrando como antagonistas. Los seguidores de Gustavo Petro aún culpan a Sergio Fajardo de la derrota en el balotaje contra Iván Duque, ya que el exalcalde de Medellín promovió el voto en blanco, y los fajardistas culpan a Petro por la polarización que, según ellos, impidió al candidato verde llegar a la segunda vuelta electoral.
La Alianza Verde participa en la coalición de seis gobernaciones y administra 24 alcaldías. Está organizando listas en casi todos los municipios del país, que le permitirán disputar a una escala superior que el Polo Democrático y la convergencia de izquierda liderada por Gustavo Petro. Los “verdes” pueden ganar la Alcaldía de Bogotá con su candidata Claudia López; es su mayor apuesta, pues tienen el apoyo del electorado centrista que respaldó a Sergio Fajardo en las presidenciales y, si se logra un acuerdo programático, podrá contar con el apoyo de otros partidos del progresismo. Otras alcaldías importantes, como la de Cali, podrían ser potenciales para dicho partido, en especial si cuentan con el apoyo de Sergio Fajardo y sectores de la izquierda.
Colombia Humana, el movimiento liderado por Gustavo Petro, no fue reconocido como partido político por el Consejo Nacional Electoral, aunque obtuvo 8.2 millones de votos en las elecciones presidenciales. Se trata de un indicador de los crecientes ataques jurídicos contra el excandidato presidencial para entorpecer la consolidación de su partido y del proyecto político progresista, y de una decisión que le impide recibir recursos estatales para las elecciones y los beneficios otorgados por el Estatuto de la Oposición.
Sin embargo, el espacio que lidera Gustavo Petro logró una coalición compuesta por los partidos Unión Patriótica, MAIS y Fuerza Ciudadana, que sí cuentan con reconocimiento como partidos y están organizando candidaturas en varios distritos electorales del país. Los principales territorios de disputa para esta coalición serán en el suroccidente (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), Bogotá, Soacha, y la Costa Caribe. Por ahora, la realidad electoral de la coalición progresista relacionada con el petrismo no tiene candidaturas con proyección; en Bogotá, sus precandidatos Holman Morris y Jorge Rojas no tienen la fuerza para un pulso con los verdes y el fajardismo.
Por último, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC: las antiguas FARC desmovilizadas y convertidas en fuerza legal) presentará candidaturas en algunos municipios y departamentos del país (como Bogotá, Cali, Barranquilla y la Guajira), aunque no se sabe con qué candidatos o qué coaliciones está pensando participar. Les es difícil llegar a acuerdos con otras fuerzas porque su performance electoral es considerada negativa por el progresismo y, en algunos municipios, la violencia en contra de los excombatientes les impide tener facilidades para disputar.
Estas elecciones pueden marcar la tendencia de ruptura entre los sectores de derechas y la concreción de una reorganización de los bloques en disputa, que desde el 2010 están fluctuando entre el santismo y el uribismo. Antes del mes de junio se conocerán las coaliciones y las figuras que disputarán para las gobernaciones y alcaldías.
Aunque los clivajes se marcaron en las elecciones presidenciales del 2018, la disputa municipal y departamental no será una elección similar por la particularidad de intereses territoriales y las dinámicas de poder regional.
Las derechas, en especial el Centro Democrático, probarán candidaturas con “nuevos liderazgos” en las principales ciudades. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali serán importantes distritos donde se ensayen candidaturas que pueden resultar importantes para hacerles seguimiento, como Samuel Hoyos, en el uribismo de Bogotá, y Andrés Guerra en Antioquia. En el partido Cambio Radical aparece como precandidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán y, por el partido Liberal Juan Manuel Galán (ambos hijos del líder del Partido Liberal asesinado en 1989, Luis Carlos Galán).
En el progresismo, el Partido Verde está mejor posicionado y organizado para enfrentar las elecciones en todo el país. Se espera que presente candidaturas de unidad con el fajardismo en Medellín, Antioquia, Bogotá y Cali, con cierta posibilidad para competir y ganar.
Las batallas principales serán por el voto en las grandes ciudades y el esfuerzo de controlar las gobernaciones. La derecha pone en juego la mayoría de éstas, mientras que el progresismo podría avanzar y consolidar la votación lograda en las presidenciales del 2018.
Por ahora, el escenario es favorable a la estructura tradicional de la política, muy enraizada en los municipios y departamentos. La gestión del uribismo en el Ejecutivo nacional facilita la reafirmación de ésta, con su abierta confrontación con la Justicia Especial para la Paz y con la amplia campaña antivenezuela que impide la discusión de temas nacionales como la economía, la seguridad, o la implementación de la paz, principales preocupaciones de la opinión pública.
El recrudecimiento de la violencia política y los ataques crecientes a la implementación de los acuerdos de paz serán situaciones que, de continuar, marcarán las definiciones y restricciones electorales en los veinte departamentos donde se han agravado las acciones de grupos paramilitares [9].
Notas
[2] http://www.redalyc.org/html/876/87601902/
[8] https://www.elespectador.com/noticias/politica/primera-fotografia-electoral-de-2019-articulo-833665
[9] https://www.semana.com/opinion/articulo/violencia-politica—columna-de-ariel-avila/608986
Javier Calderón Castillo*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Magíster en sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA); doctorante en ciencias sociales de la UBA; miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA
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