Buenos Aires. Dos muertes, dos víctimas en diferentes momentos pero casi en similares circunstancias, el desalojo de tierras contra comunidades mapuches, un conflicto latente que marcó a Argentina en este año por concluir.
El caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, quien fue a solidarizarse con la comunidad Pu Lof en resistencia en Cushamen, en la provincia de Chubut, centró durante casi cuatro meses la vida política en este país y traspasó las fronteras.
La noticia comenzó a correr unos días después de los sucesos registrados el 1 de agosto, cuando el joven de 28 años de edad, dedicado a hacer tatuajes, residente en el Bolsón, fue a apoyar a los mapuches de Cushamen quienes, por orden de un juez, fueron reprimidos sobre la ruta 40.
No era la primera vez que ese grupo étnico pasaba por un suceso de este tipo, sólo que con el caso de Maldonado se vio mucho más visibilizado el conflicto. Esa comunidad originaria lucha desde marzo de 2015 por recuperar una porción de casi un millón de hectáreas, pertenecientes al poderoso empresario italiano Carlos Benetton, en territorio de la Patagonia argentina.
Santiago se convirtió en víctima de un episodio triste y fuerte que repercute aún, un caso pendiente que hasta la fecha sigue siendo investigado como desaparición forzada por la posible responsabilidad de las fuerzas de la gendarmería.
Los familiares de Maldonado vivieron horas, días y casi dos meses de angustia, en un capítulo difícil en el cual el mismo juez que ordenó el desalojo estuvo al frente del caso hasta ser destituido, y 78 días después, el joven fue hallado flotando en el río Chubut, muy cerca de donde se le vio por última vez.
Miles de personas se volcaron a las calles para expresar su malestar por la desaparición de Santiago, pidieron en masa la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y apuntaron duramente contra el gobierno por su actuar.
Sus familiares aún lo lloran y piden justicia y verdad, en tanto luchan por retomar pruebas pendientes en la causa que para ellos son primordiales en busca de aclarar la desaparición y posterior muerte del joven, como declaraciones testimoniales y la reconstrucción de los hechos.
Tras más de un mes de estudios al cuerpo hallado en las frías aguas del río, la autopsia arrojó que se trató de una muerte por asfixia por sumersión a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia, aunque aún no está claro el tiempo que permaneció en el lugar. Tampoco ha quedado definido cómo y cuando ocurrió el deceso. Lo que si está claro, para muchos, es que murió huyendo de las balas durante el operativo de desalojo.
El mismo día en que se realizaban el 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires, las exequias de Maldonado, después de tres meses de angustia, otra noticia ocupó titulares y enlutó a la comunidad mapuche.
En la parte más austral de Argentina se registró un trágico episodio: la muerte de un joven de 21 años durante un desalojo en Río Negro.
Rafael Nahuel, mapuche de origen humilde, se convirtió, sin imaginarlo, en víctima de un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del Lago Mascardi, que lucha por la recuperación de tierras asentadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Su vida se apagó tras ser impactado por un balazo en la espalda durante los sucesos y su muerte generó una ola de indignación y un reclamo rotundo de las voces originarias y de defensores de derechos humanos.
Los hechos se registraron cuando miembros de la Prefectura Naval de Villa Mascardi intentaron desalojar por la fuerza a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en un episodio que terminó con disparos y que obligó a los mapuches a esconderse en los cerros.
Dos días después volvió el enfrentamiento y un proyectil ingresó por el glúteo izquierdo y dañó órganos, causando la muerte de Nahuel por hemorragia interna.
Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que se trató de un enfrentamiento y agregaron que en el sur del país “han ocurrido más de 70 acciones violentas que nos llevan a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación, que no respetan la ley, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, que se consideran como un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la de los argentinos”.
La ministra de Seguridad señaló que lo sucedido en Río Negro lleva a distinguir con absoluta claridad entre los pueblos originarios, que han resuelto desde hace muchos años los problemas que existen de tierras, y estos grupos que no son de protestas, sino que han tomado a la violencia como la forma de acción política.
“No es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra”, expresó consternado Alejandro Rafael Nahuel, otro padre que sufre la muerte de un hijo en estas circunstancias.
El negocio de las tierras
El 2017 ha sido duro para las comunidades originarias, que finalmente, tras una dura batalla, lograron que el Congreso extendiera por cuatro años más la ley de emergencia territorial, que prohíbe el desalojo de esos grupos ancestrales en tierras ocupadas por ellos.
Creada hace 11 años, la ley se vencía el 23 de noviembre y llevó incluso a un acampado de grupos indígenas que se mantuvieron frente al Congreso durante varias semanas en espera de su extensión.
De acuerdo con lo aprobado, hasta 2021 quedó prohibido todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras, donde se establecieron. Pero pese a ello, el problema persiste.
Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) existen 1 mil 532 comunidades autóctonas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena. Sólo 459 tienen el procedimiento culminado (un 30 por ciento).
En un reciente comunicado, el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas en esta nación austral, apuntó que los dos casos, el de Santiago y Rafael, en medio de los desalojos a la fuerza, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de estos conflictos.
Los derechos territoriales, subraya esa organización, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.
En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, como lo dispone la mencionada ley de emergencia territorial y su más reciente prórroga.
La organización apunta que los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a los desalojos que siguen latentes, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una solución definitiva del conflicto.
“Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales”, agrega.
La organización recalcó en su comunicado que desde fines de 2015 ha empeorado la situación de estos grupos ancestrales y también de los campesinos que reclaman tierras.
En Neuquén, en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF.S.A.), para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del Lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de “usurpar” un camino privado que conduce al yacimiento Loma Campana.
Ese es uno de los tantos ejemplos que cita el Consejo, que insiste en la necesidad de reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos.
Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas, subrayaron.
Maylín Vidal/Prensa Latina
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