La movilización ciudadana y el apoyo al programa progresista de Gustavo Petro significaron un gran salto electoral para la oposición colombiana tras llegar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2018. Por entonces el país se polarizó entre la propuesta de la derecha, encabezada por Iván Duque, y la alternativa progresista liderada por Petro; la contienda terminó dirimiéndose a favor del candidato uribista. Así, se consolidaron dos campos electorales antagónicos, aunque al interior de estos existen matices ideológicos e intereses diversos. El fin del proceso electoral no zanjó las disputas sino todo lo contrario: el triunfo de una fuerza sectaria, como el uribismo, amplió la grieta política.
Aunque perdió el duelo presidencial, el progresismo encabezado por Gustavo Petro se convirtió en el referente de una parte del país que quiere un cambio político y encuentra una opción en sus propuestas, sumando sectores ciudadanos a la constante (e histórica) acción de movimientos sociales, sindicatos, jóvenes y estudiantes. El papel de Petro en el Congreso –investido de hecho como jefe de la oposición– ha sido el de promover una estrategia de resistencia política centrada en la movilización ciudadana y el debate abierto contra las políticas de gobierno. Tales acciones son apoyadas por una bancada opositora heterogénea conformada por Alianza Verde, Polo Democrático, Unión Patriótica, MAIS, AICO y FARC, agrupados bajo el ideario de “paz política”.
En este momento de reinvención del progresismo en toda Latinoamérica se pueden rescatar, al menos, cuatro características de la experiencia colombiana, reforzadas por la campaña electoral y por el intenso año de disputa contra el poder en condiciones de polarización ciudadana no bipartidista. El primero de ellos ha sido ubicar un centro de articulación de la política nacional: (i) “la paz” como eje de disputa sobre el cual no sólo están girando los partidos progresistas y de izquierda, sino también los clivajes de derecha (santistas y uribistas); (ii) la disputa socioambiental, que interpela el modelo de desarrollo y conecta las realidades rurales (las más afectadas) con las urbanas; (iii) en tercer lugar se articuló la movilización social con la acción parlamentaria por demandas ciudadanas (incluso enfrentando el miedo generado por los asesinatos de líderes sociales); y (iv) finalmente, por una acción parlamentaria conectada con la defensa de la paz, en la que el progresismo logró importantes victorias.
Se cumple el primer año de la legislatura del Congreso colombiano, dejando un conjunto de novedades. La más importante fue la presencia de una numerosa bancada progresista y de izquierdas compuesta por las formaciones políticas que participaron en las elecciones presidenciales obteniendo una alta votación, que por primera vez les permitió llegar a un balotaje. Se trata de un hecho ordenador de un nuevo mapa político nacional, no exento de matices y profundas disputas entre los partidos de oposición –caracterizados por una fuerte polarización entre una Colombia dispuesta a superar el largo dominio tradicionalista– y otra que sigue la inercial apuesta del pasado. La acción opositora se caracterizó por desarrollar los debates parlamentarios y presentación de iniciativas legislativas sin abandonar la movilización social para respaldarla. Tal estrategia, de mantenerse, podría ser decisiva en el cambio cultural de la política nacional tradicional, cuyo soporte es clientelar y mediático.
Dicha mixtura de la acción progresista tuvo como principal figura al senador Gustavo Petro [1], aglutinador de un movimiento ciudadano joven y cansado de la hegemonía partidaria, apoyado (de forma crítica) por organizaciones sociales y políticas de larga trayectoria en la resistencia antineoliberal. El senador fue protagonista de las elecciones presidenciales, logrando ampliar su liderazgo en los debates contra el establishment y ubicándose como el contradictor de las políticas derechistas impulsadas por el presidente Iván Duque. Reafirmó el reconocimiento nacional con sus debates frontales sobre los problemas nodales del país: la economía, lo ambiental, la corrupción y el paramilitarismo, conquistando una franja social intelectual, joven y con capacidad de movilización, que le permite mantenerse como referente.
Los partidos opositores a Duque, sin embargo, mantienen muchas posiciones de sectarismo, que les impide desarrollar una acción parlamentaria y de incidencia política más contundente. El Partido Verde, el más grande de la oposición progresista, no reconoce el liderazgo de Petro y continúa sosteniendo una posición más centrista, cercana a la ductilidad del excandidato presidencial Sergio Fajardo. Por su parte, Jorge Robledo, referente del Polo Democrático, mantiene una enemistad y una competencia con Petro, aunque ello no obstaculiza el apoyo de otras facciones de esa agrupación política. La posición progresista de Petro es más decidida en cuestionar aspectos del modelo neoliberal y del Estado, mientras que Fajardo y la Alianza Verde ponen el énfasis en criticar la administración estatal.
Aunque existe tal brecha en el progresismo, el crecimiento del electorado progresista es la principal preocupación de los grupos de poder. En el transcurso del año legislativo, iniciado en julio del año pasado, pueden constatarse un conjunto de acciones desarrolladas en contra de la oposición, con especial énfasis en la obstrucción de su organización territorial. Y se trata de una estrategia sistemática con tres patrones: la violencia política, la guerra judicial y el desprestigio del acuerdo de paz. Dichas acciones tienen la particularidad de estar asociadas a una campaña mediática que impulsa un sentido común antiprogresista, en tanto la respuesta de la oposición ha sido la movilización social y una coherente actuación en favor de la paz y en contra de la corrupción.
Está en pleno desarrollo una guerra judicial en contra de la oposición, siendo protagonistas la Fiscalía General, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. Iniciaron procesos penales en contra de senadores, como Iván Cepeda del Polo Democrático, y últimamente se intensificaron los ataques para proscribir a Gustavo Petro. Desde esas instancias pretenden obstaculizar los derechos políticos de referentes de la oposición: el Consejo Nacional Electoral negó la personería jurídica al Movimiento Colombia Humana, que obtuvo más de ocho millones de votos en las elecciones; y el Consejo de Estado destituyó al senador Antanas Mockus, de la Alianza Verde (aunque una acción de tutela se la devolvió de forma temporal), y también dictaminó que Ángela María Robledo (Colombia Humana) no podía ocupar la curul en el Congreso, un derecho establecido en el Estatuto de la Oposición [2].
De forma simultánea, los medios de comunicación ligados al poder económico[3] sostienen una agresiva campaña para ligar al progresismo –y a la oposición en general– a malas prácticas de gobierno. Las líneas editoriales de éstos hacen esfuerzos retóricos para mostrar al acuerdo de paz como “negativo”, siguiendo la idea uribista de preferir a los guerrilleros en el monte que en el Congreso [4]. Así consiguen alinearse para relacionar a los principales referentes del progresismo con el gobierno de Venezuela, en cuya situación interna el presidente Duque ha decidido intervenir como protagonista.
El objetivo de la paz como eje articulador del progresismo facilitó la agrupación de una bancada amplia de congresistas (25 en el Senado y 27 en la Cámara) [5] impulsora de la implementación del acuerdo de paz, capaz de atraer el apoyo de un grupo de senadores santistas, con quienes sumaron mayorías para ganar pulsos centrales al gobierno de Duque (dispuesto a destruir el proceso de paz), como la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. La oposición unificada en torno a la paz se constituyó como uno de los mayores dolores de cabeza para el uribismo.
La acción parlamentaria de los partidos de oposición resultó más competitiva que en los anteriores periodos. En esta legislatura se vivieron momentos de alta tensión y se desarrollaron debates de fondo, en los que los congresistas de la oposición generaron brillantes intervenciones, como ocurrió en la moción de censura contra el ministro de Defensa [6]. La presencia de una oposición activa y con un número importante de senadores incomoda a una derecha acostumbrada a las mayorías apabullantes y a la unanimidad. Existe una transición de las épocas del “pupitrazo” a las de un Congreso deliberativo, salvo en los temas que atañen al corazón del modelo neoliberal, en los cuales toda la derecha –incluso crítica del presidente Iván Duque– vota en bloque.
La bancada por la paz presentó 52 proyectos de ley y 10 actos legislativos, orientados a “fortalecer y proteger el acuerdo de paz y los derechos sociales del pueblo” [7]. Sin embargo, su principal papel fue debatir de forma contraria al Gobierno en los proyectos de ley presentados ante el Congreso, y utilizar, de manera certera, el derecho a réplica que establece el Estatuto de la Oposición. El gobierno logró mayorías, con mucho esfuerzo, para aprobar los proyectos de la Ley de TIC, el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y la Reforma Tributaria, no exentos de fuertes controversias en el Congreso y con una importante movilización social que tuvo un alto costo para el gobierno.
El reglamento y la composición del Congreso facilitan al gobierno de turno la aprobación de sus proyectos de ley. En la legislatura que terminó el 20 de junio se aprobaron 107 iniciativas que promovían la disminución de impuestos a las grandes empresas, la ampliación de la base tributaria para los trabajadores y sectores populares, y otros que favorecen a las corporaciones privadas de salud. Esa línea de acción gubernamental tuvo como respuesta de la oposición una disciplinada labor de control político, generando argumentos sólidos contra el modelo y, como se decía al comienzo, trasladando los debates del Congreso a los ámbitos de discusión ciudadana, mostrando así que la fuerza parlamentaria actual no es suficiente para derrotar al gobierno.
Tal situación resulta compleja por la zigzagueante actuación de algunas fuerzas progresistas respecto del modelo estatal y económico. El Partido Alianza Verde, en algunos momentos, está dispuesto a disputar en bloque, en especial, cuando Antanas Mockus logra incidir: pero, en otras ocasiones, su posición centrista resulta contraria a los intereses progresistas. Algunos de sus integrantes, como Juanita Goebertus, aunque lidera debates muy serios apoyando el proceso de paz, se deslinda de debatir la agenda económica, por su cercanía a los grupos de poder santistas.
La asunción del nuevo gobierno, el 7 de agosto del 2018, fue recibida por una movilización nacional con gran respaldo. Dicha tendencia marca una característica de las formas de expresión y de debate público del progresismo colombiano. En el 2018 se realizaron cerca de 348 movilizaciones de carácter nacional desarrolladas por estudiantes, maestros, indígenas y campesinos, con una agenda de rechazo a la violencia contra líderes sociales, la defensa del medioambiente, la defensa de la educación pública y en contra de medidas económicas implementadas por el gobierno [8].
El éxito de estas movilizaciones se logró por la capacidad organizativa de las agrupaciones sociales y por la acción en redes sociales, articuladas con el apoyo de los referentes progresistas, en especial por el llamado de Petro a la activación ciudadana. Todo un segmento social se moviliza en las calles y en las redes sociales como sostén de sus propuestas sobre el respeto por el medioambiente, la paz, la vida y los derechos ciudadanos. Tal situación convirtió a Petro en el principal contrincante del gobierno nacional, recibiendo una respuesta agresiva por parte del uribismo, de sectores de la Justicia y de las corporaciones mediáticas; todos articulados en una campaña de proscripción de algunos líderes del progresismo considerados “radicales”.
Las disputas ambientales y por el respeto a la vida significan dos elementos que conectan las acciones de las organizaciones rurales (movilizadas desde hace décadas) y las expresiones sociales en las ciudades, que empiezan a romper la actitud “apolítica” de jóvenes, estudiantes y otros grupos poblacionales. Existen mayores consensos de acción por la protección del agua, contra el fracking y el uso de glifosato en la “pérdida acción punitiva contra los cultivadores de hoja de coca” que enferma a pobladores y daña los ecosistemas (además de no resolver el problema de la economía del tráfico de estupefacientes).
Esta importante movilización que marca el periodo político de Colombia aún no logra traducirse en organización partidaria. Los esfuerzos del progresismo en tal sentido tampoco parecen ser una prioridad, en tanto existe el temor de construir una pesada organización que ancle las potencialidades de la amplitud progresista. Es una “debilidad” y un temor reafirmados por las disputas de liderazgo y por el sectarismo entre las facciones de la oposición, que actúan con virulencia en los debates internos, incluso más que en contra de los planteos de la derecha en el gobierno.
Este primer año de la legislatura de Duque ha dejado a la oposición importantes actuaciones y, quizás, algunas enseñanzas que se enmarcan en una nueva configuración de las opciones progresistas en Latinoamérica:
Los movimientos políticos que han resistido al neoliberalismo están en procesos lentos de acumulación electoral, mayormente con experiencias de gobierno local.
El progresismo colombiano no tiene una posición homogénea respecto del proyecto de país, no comparte estrategias de acción política y el significante encontrado para unificar esfuerzos es la paz, que defienden de forma unánime.
Las tensiones de la oposición son visibles: las discrepancias públicas entre los principales referentes alcanzan altos niveles de confrontación verbal, que resulta mayor en los seguidores de éstos en las redes sociales; así es muy difícil lograr acuerdos en temas distintos al acuerdo de paz.
Gustavo Petro, como principal referente de la oposición, juega un rol principal en la articulación de la movilización social, y posiciona en la opinión pública duros argumentos en contra del gobierno. Sin embargo, es resistido por los liderazgos de otros partidos contrarios a Iván Duque.
El petrismo mantiene un fuerte debate con el centrista Sergio Fajardo, a quien buena parte del primero adjudica la derrota en la segunda vuelta electoral por su indecisión para apoyar al candidato progresista, así como por su llamado a votar en blanco.
El gran logro progresista en el Parlamento fue derrotar los intentos del uribismo para destruir el acuerdo de paz. El gran desafío es romper el consenso neoliberal en la ciudadanía para que retiren su apoyo a las derechas.
El escenario que viene será de mayor debate y el progresismo deberá enfrentar algunos desafíos:
La competencia en las elecciones regionales de octubre traerá mayores confrontaciones de las fuerzas de derecha con el progresismo y, con ello, una mayor agresividad mediática.
Los acuerdos con otros sectores en el Congreso podrían acabarse. La debilidad parlamentaria del gobierno podría obligar a Iván Duque a abrir el gobierno a las demás formaciones de derechas, lo cual significa una mayoría legislativa.
La disputa por la base territorial, fundamental para las elecciones presidenciales del 2022, requiere una acción común de todos los líderes progresistas, independientemente de las tendencias. Ello exige ampliar la acción política para detener el asesinato de líderes y lideresas en esos territorios puesto que, de lo contrario, no habrá libertades democráticas suficientes para dar vuelta el conservadurismo anclado en vastas zonas del país.
La unidad del progresismo que no llega. Aunque tienen grandes diferencias, su tamaño les obliga a generar una plataforma aglutinadora en torno a la paz y más allá, con un proyecto posneoliberal. Este es el verdadero desafío, en especial ante las indefiniciones de algunos referentes, como Sergio Fajardo.
Notas
[1] Gustavo Petro por derecho ocupó una curul en el Senado, tras perder las elecciones en la segunda vuelta, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Oposición decretado tras la firma del Tratado de Paz en 2017.
Javier Calderón Castillo*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Maestro en sociología por la Universidad de Buenos Aires (Argentina); doctorante en ciencias sociales
[ANÁLISIS] [INTERNACIONAL]
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