Las más recientes amenazas del presidente estadunidense Donald Trump contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y su nueva estrategia hacia Afganistán reafirman la opción del uso de la fuerza como componente vital de la política hegemónica norteamericana.
En su intervención ante la Asamblea General el 19 de septiembre, Trump declaró su intención de destruir a la RPDC, impedir a toda costa el programa de desarrollo nuclear de Irán y obstaculizar los avances del proyecto bolivariano encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
A juicio de expertos, el jefe de la Casa Blanca piensa que tiene un cheque en blanco para proyectar el poderío bélico, pues parece percibir la inexistencia del debido contrapeso en la arena internacional para impedírselo y que, entre otros factores, el Congreso no ha sido capaz de imponer límites a sus aspiraciones en ese sentido.
En esa coyuntura, el Senado rechazó el 13 de septiembre un proyecto destinado a forzar un debate sobre los poderes de guerra de Trump y a la vez, derogar dos legislaciones relacionadas con el empleo de la fuerza militar en ultramar.
La propuesta, presentada por el senador republicano Rand Paul, pretendía anular dos Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), avaladas por el Legislativo, una en 2001, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, y la otra en 2002, para autorizar el inicio de la agresión contra Iraq.
Paul dijo que su fin era adjuntar a la Ley de Autorización de Defensa Nacional la enmienda que eliminaría esas dos piezas legislativas, y advirtió al plenario senatorial que votar en contra de su resolución era permitir que el presidente haga lo que estime conveniente en cuanto al empleo del poderío bélico.
Ben Cardin, máxima figura demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, recordó que el permiso aprobado de forma casi unánime en el Capitolio en 2001 para combatir a quienes perpetraron los atentados del 11 de septiembre de ese año, no se puede aplicar a las operaciones militares 16 años después.
Senadores demócratas y republicanos han presionado sin éxito en los últimos años para que los integrantes del Capitolio decidan mediante una votación si deben derogarse o no las autorizaciones o avalar una nueva variante de AUMF para combatir al Estado Islámico (EI) o intervenir en otros conflictos.
La actual fase en la confrontación entre Washington y Corea del Norte parece ser una oportunidad sin precedentes para llevar adelante las proyecciones estratégicas estadunidenses en Asia Pacífico.
Las palabras de Trump ante la Asamblea General de la ONU fueron interpretadas por Pyongyang como una declaración de guerra -aunque la Casa Blanca rechazó esa aseveración-, por lo que la parte norcoreana dijo tener derecho a responder de forma activa a las amenazas bélicas estadunidenses.
Tras los recientes ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos por parte de las fuerzas armadas de la RPDC, Washington impuso nuevas y fuertes sanciones contra las autoridades de Pyongyang, las que insisten en el carácter defensivo de su programa atómico y de cohetes.
En este contexto, los mandos castrenses de Washington y Seúl realizaron varios simulacros de ataques con misiles y acercamientos provocadores de bombarderos estratégicos a distancias relativamente cortas del territorio norcoreano, a lo que se suman los ejercicios militares que realizan de forma casi ininterrumpida y son considerados por la RPDC como verdaderos ensayos de agresión.
Sin embargo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, H. R. McMaster, reconoció que no existe una solución militar fácil para este problema al referirse a los riesgos de la escalada de declaraciones insultantes que pudiera llevar a un enfrentamiento de grandes proporciones, y añadió que “no existe un golpe de precisión ni un bloqueo militar que resuelva este asunto”.
El Pentágono incrementó de forma dramática los golpes aéreos contra objetivos de los insurgentes en suelo afgano, de 1 mil 74 en 2016 a más de 2 mil 240 en los primeros ocho meses de 2017, tras la toma de posesión de Trump, de acuerdo con fuentes oficiales.
El 21 de agosto, en un discurso de 26 minutos desde la base de Fort Myer, Virginia, calificado de impreciso por los expertos, el mandatario anunció nuevas directrices para Afganistán y el sur de Asia, con un conjunto de objetivos contradictorios y alejados de la realidad.
Según especialistas en el tema, Trump dio un avance, quizá sin proponérselo, de lo que se supone debe hacer su equipo de trabajo en los próximos meses: conformar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).
La versión anterior de ese importante documento rector data de febrero de 2015, bajo la administración del presidente Barack Obama, y según los preceptos legales aprobados por el Congreso, la actual Administración debería tener su propio documento programático de este tipo.
Bajo la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa aprobada en 1986, el jefe de la Casa Blanca debe someter al Congreso cada año un informe con sus preceptos para la ESN, pero hasta la fecha la actual administración no se ha pronunciado al respecto.
Algunos especialistas señalan que ni Trump ni sus principales asesores se refieren al hecho de que la incapacidad de Estados Unidos para poner punto final a esta contienda está determinada por la tradicional ineptitud de sus servicios armados para enfrentar una guerra irregular.
Las unidades norteamericanas se enfrentan con grupos subversivos como el movimiento Talibán en un terreno difícil y abrupto, en un país donde el gobierno central ubicado en Kabul apenas alcanza a controlar alrededor de la mitad del territorio.
Según el diario The New York Times, el Talibán no solo está lejos de ser derrotado, sino que cada vez gana más terreno -ahora ocupa 60 por ciento del territorio- y se convirtió en un adversario más tenaz de lo que era en 2001, lo que aleja la posibilidad de un triunfo de Estados Unidos en la contienda.
Shawn Brimley, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional y exasesor del subsecretario de Defensa para Asuntos de Política durante el mandato de Obama, señaló recientemente al diario Marine Times que un incremento de varios miles de soldados del Pentágono en suelo afgano no marcará ninguna diferencia en las actuales condiciones.
Brimley, quien actualmente es vicepresidente ejecutivo del “tanque pensante” Centro para una nueva Estrategia Americana, indicó que a menos de que el presidente rearticule profundamente la actual estrategia en Afganistán y la manera de emplear las tropas, no habrá un cambio significativo en el terreno.
A pesar del incremento de las fuerzas y medios en suelo afgano y de los bombardeos contra los insurgentes, existen dudas sobre la capacidad del jefe de la Casa Blanca para guiar la participación de Washington en la contienda en la que han muerto más de 2 mil 300 militares estadunidenses y otros 17 mil 674 resultaron heridos.
De cualquier manera, la larga lista de amenazas que Trump ha lanzado al aire desde que asumió el cargo, en la cual también está incluida Siria, y en particular en las últimas semanas debe tener muy preocupados a los generales y al mando civil del Departamento de Defensa.
En definitiva, son ellos los que tienen la difícil tarea de evaluar la situación en cada teatro de operaciones y designar las agrupaciones de fuerzas necesarias para llevar a la práctica los planes de Trump, claro está, con el debido financiamiento del Congreso, si es que éste está de acuerdo.
No obstante, a pesar de lo que diga el Capitolio, las facultades del jefe de la Casa Blanca como comandante en jefe de las fuerzas armadas en la práctica tienen muy pocos límites, como lo demuestra la historia de las agresiones de Estados Unidos a otros países.
De hecho podrá hacerlo siempre que demuestre que está en peligro la seguridad nacional y logre manipular a la gran prensa y una parte de la población. Entonces el camino estará abierto para atacar a cualquier país que se interponga a sus ambiciones hegemónicas, sin importarle el costo de la contienda.
Roberto García Hernández/Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]
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