La historia nunca se repite, ni como tragedia ni como farsa. La historia no es nunca idéntica a su comprensión lingüística ni a su experiencia formulada, pero tampoco es independiente de estas articulaciones ni de la simultaneidad de lo anacrónico, sea como memoria (experiencia) o como expectativa …
(entre Marx y Koselleck)
I.
En el arco cronológico del corto siglo XX (E Hobsbawm: 1914–1991) se redefine completamente la articulación del orden político y social a escala planetaria. Primera Guerra Mundial (1914), revolución rusa (1917), Segunda Guerra Mundial (1939), Revolución Social en China (1949), inicio de la Guerra Fría (1945), Revolución Cubana (1959), colapso de la Unión Soviética (1991).
En nuestro continente y bajo la consigna de tierra y libertad, estalla en 1910 la Revolución Mexicana. En 1959 se produce la derrota militar del régimen de Batista: los revolucionarios triunfan en Cuba.
En ese contexto y luego del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina y el Caribe deviene campo de batalla política y militar entre los sectores obreros, campesinos e indígenas en contra de las vetustas oligarquías amalgamadas con las nacientes burguesías clase medieras locales, apoyadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado estadunidense.
Lo anterior está claramente demostrado en los resultados de la Comisión Church, del Senado de Estados Unidos (1975), que investigó las acciones y operaciones de los servicios de inteligencia de la CIA, y de sus abusos.
Recordemos que en 1964 los militares brasileños ponen fin al gobierno “populista” de Joao Goulart, iniciando el ciclo de los golpes militares de nuevo tipo (movimientos institucionales que se orientan en lo fundamental por la Doctrina de la Seguridad Nacional).
En 1968, los militares argentinos liderados por Onganía acechan al gobierno, ese mismo año los militares llegan al poder comandados por Velasco Alvarado en Perú.
En el caso particular de Chile, desde 1960, la CIA ya financiaba operaciones de desestabilización, lo cual se cristalizaría con el sangriento golpe militar y el asesinato de Salvador Allende Gossens el 11 de septiembre de 1973.
Precisamente la CIA desempeñó uno de los papeles más importantes a la hora de promover un golpe de Estado en Chile, financiando a los partidos de derecha, la Democracia Cristiana y al periódico El Mercurio,[1] cuyo dueño y uno de los cómplices de la dictadura, Agustín Edwards Eastman, se reunió con Henry Kissinger y el director de la CIA, Richard Helms, el lunes 14 de septiembre de 1970, para solicitar que Richard Nixon actuara en contra Allende.
La CIA acentúo entonces su participación: Edwards recibió más dinero para gastos operativos y para el pago de reporteros y editores en su nómina mercurial, con el objetivo de hacer propaganda mediática en contra de Allende y de las organizaciones y partidos de la izquierda. (Con las salvedades del tiempo, no les suena a conocido…).
El Mercurio fue la punta de lanza que se empleó para la colosal campaña propagandística (fake news diríamos hoy), cuyo objetivo fue provocar el caos económico, político y social para luego legitimar el golpe de estado en Chile
Esto queda ampliamente ratificado en los documentos secretos (confidenciales) de la International Telephone and Telegraph Corporation (ITT / 1970), que para el caso de Chile proponía:
[ITT] “Salvador Allende asumió el pasado 3 de noviembre como presidente de Chile (hasta 1976) sin incidentes. En cada aparición pública durante las festividades de dos días de la transmisión del mando fue una imagen vívida y resollante de moderación política, un perfecto vehículo que Moscú explotará ahora cuidadosamente para darle a su tipo de comunismo un toque de respetabilidad burguesa que esperan los hará paladeables –e incluso deseables– en otros países” (Quimantu, 1972: 82).
II.
Como en toda Latinoamérica, durante el primer siglo de vida republicana en Chile el dominio político, económico, cultural y religioso estuvo afianzado prácticamente en las élites tradicionales, herederas en su mayoría del imperialismo colonialista y del criollismo independentista (Zamorano Farías [2001]. Entre la teoría y la acción…; [2017]. Observando el orden social en México…).
Este periodo corresponde al largo trance histórico que abarca la época del desarrollo hacia afuera y que en Chile se extiende durante un siglo (1830-1930): conocido como el periodo democrático oligárquico, debido a la nula participación electoral, un parlamento y partidos de notables y la permanente intervención del Ejecutivo (gobiernos semidemocráticos, de participación electoral censataria y marcado carácter presidencial).
En 1891 se produce el alzamiento de la oligarquía acompañada por sectores conservadores contra las políticas presupuestarias del presidente José Manuel Balmaceda. Tras la llamada ‘guerra civil’, el país entra en un acentuado ciclo de inestabilidad sociopolítica, situación que caracterizará las tres primeras décadas del siglo XX.
El rasgo central, en el contexto de entre guerras (1918-1939), estará signado por la pérdida de la hegemonía oligárquica en lo político, cultural y social, así como por el surgimiento y posicionamiento público de los sectores burgueses y de los segmentos populares, pero fundamentalmente signado por la aparición del llamado Estado de compromiso.
La idea democratizante, que subyace al Estado de compromiso, se construyó como un proceso culturalmente marcado por la aspiración a la integración social y política y por la concepción de que ello podía ser alcanzado a través de la promoción de la solidaridad colectiva vía un Estado que va a buscar ser cada vez más social y un sistema político que persigue ampliar progresivamente la ciudadanía (F Weffort, 1968).
Así, sobre la base y generación de una serie de mecanismos de control y negociación para regular la participación y el consenso (1930-1973), la peculiaridad de la estructuración del régimen político y de su sistema de partidos estará dada por la presencia y consolidación de tres bloques partidarios (en la derecha el Partido Conservador y Liberal, al centro los Radicales y en la izquierda el Partido Comunista y el Partido Socialista), y por la rápida evolución desde un régimen democrático limitado a un régimen democrático pleno (en términos normativos: 1967-1973);[2] así como por la legitimación de los partidos obreros dentro del sistema político.
Las reformas a la Carta Constitucional de 1925 (1958-1967) son las condiciones que posibilitan construir estructuras y estabilizar un sistema político en donde la clase dominante, la oligarquía primero y luego la burguesía demo-católica, no pueden ya mantener la dirección sobre los procesos de autoproducción de la sociedad y se ven obligadas, por lo tanto, a compartir su intervención en la construcción del orden social con varias otras fuerzas a través del compromiso elaborado con el Estado.
Precisamente, el desgaste electoral y político de los sectores dominantes quedará en evidencia durante el gobierno de Eduardo Frei Moltalva (1964-1970). Desgaste electoral y político del gobierno democratacristiano que en 1967 es del todo incuestionable, cuando en las elecciones generales para los municipios su base electoral cae del 43.3 al 35.6 por ciento.
Al final del periodo presidencial, el programa de la ‘Revolución en Libertad’, enarbolado por Frei Moltalva, terminó en un absoluto fracaso; tal que el esquema de compromiso, mediaciones y reformas sociopolíticas, que intenta renovar el gobierno democristiano, entró en acelerada crisis al mediar el periodo presidencial, haciéndose cada vez más innegables sus contradicciones y divergencias, las cuales además serán polarizadas por las formas en que los trabajadores organizados, con vocación clasista, altos grados de institucionalización y politización y los partidos de izquierda (Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria) participan en la arena política.
Así, desde la década de 1930, Chile vivió la relación de tres procesos paralelos: i) un creciente proceso de democratización e inclusión política que abarcó un espectro partidario completo, de derecha a izquierda; ii) una progresiva participación ciudadana que se consolida en la década de 1960 y que significó una fuerte presión de las capas medias y de los sectores populares organizados y iii) un proceso de industrialización por sustitución, sin embargo, incompleto, en el cual el cobre y su explotación siguen siendo la principal riqueza del país. Evidentemente el Estado continúa jugando un rol centralísimo y significativo (Zamorano Farías, 2001).
Exactamente, la fuerza y el peso histórico de la institucionalidad, como fórmula de resolución de los conflictos y tensiones al interior del sistema de clases, es el factor que posibilita que el Chile de los ‘70 haya sido descrito como uno de los países más “estables” del continente, gozando de una reconocida solidez institucional y “democrática”.[3]
Solidez institucional (1967) que precedió a las elecciones de 1970 y en donde eclosiona un creciente movimiento sociopolítico, el cual vino a tensionar el canon clásico de hacer y entender la participación por parte de los sectores dominantes y también a potenciar la organización y producción cultural de los sectores populares (obreros, sindicatos, pobladores, organizaciones y agrupaciones sociales, universidades y federaciones estudiantiles).
Ese es el escenario y las condiciones en las cuales Allende se presenta por cuarta vez como candidato a las elecciones presidenciales.
III.
Salvador Allende Gossens postuló a la presidencia de la República en cuatro oportunidades: 1952 con un magro resultado frente a Carlos Ibáñez del Campo; 1958 en donde alcanzo la segunda mayoría tras Jorge Alessandri; 1964 en donde obtuvo un 38 por ciento de los votos, pero que no le permitieron superar a Eduardo Frei Monltalva y, finalmente, en 1970 en donde alcanzo la primera mayoría simple con un 36.6 por ciento de los votos, siendo en definitiva ratificado por el Congreso Nacional a través de los mecanismos democráticos tradicionales.[4] Es decir, sobre la base de estructuras y condiciones institucionales / procedimentales de representación (R Dahl; N Bobbio): sufragio universal, elecciones libres, imparciales, transparentes, libertad de reunión, asociación, expresión y de opinión; información plural y alternativa y derecho ciudadano a competir sin ninguna restricción por cargos públicos; un sistema político de partidos en competencia y sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y político.
Sin embargo, Henry Kissinger, canciller del gobierno de Nixon, a los días del triunfo electoral de Allende advertía que:
“Si Allende era ratificado por el Congreso surgiría en Chile un régimen comunista y que Argentina, Bolivia y Perú podrían seguir este ejemplo.
“La toma del poder por parte de Allende (…) plantea graves problemas a nosotros mismos (EU) y a nuestras fuerzas en América Latina, y, desde luego, al conjunto del hemisferio occidental.
“La evolución política de Chile es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de EU, por razón de sus efectos en Francia e Italia.
“El gobierno de Allende puede estar en el origen de problemas en el funcionamiento de Comité de Defensa Interamericano y en el de la OEA”.
Siguiendo la tradición constitucional, Allende fue ratificado por el Congreso el 24 de octubre,[5] y fue proclamado presidente de Chile. Al día siguiente (25 de octubre de 1970), un comando de la derecha (pagado por la CIA) asesinó al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, inaugurando la violencia política en el país. (ITT: “La eliminación del general René Schneider de un puesto clave de comando (jefe de las Fuerzas Armadas) hace a Allende y a los comunistas aún más vulnerables que antes. El general Schneider, herido mortalmente en un atentado la semana pasada, ha sido descrito como favorable a Allende. Se sabe que continuamente bloqueó los esfuerzos golpistas de generales más decididos”) (Quimantu, 1972: 62).
Finalmente, apoyado por un sólido movimiento y una clase obrera combativa, organizada y politizada, Salvador Allende se imponía en las elecciones, siendo el primer presidente de izquierda en el mundo y en América Latina elegido democráticamente por voto popular. Toma posesión del cargo el día 4 de noviembre de 1970.
En el discurso inaugural, del 5 noviembre de 1970, Allende señaló: Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, haciendo posible que un movimiento anticapitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
Es decir, una transformación radical de la sociedad capitalista, utilizando para ello la institucionalidad democrática, en pos de orientar el país hacia una nueva sociedad, más humana, en que las metas últimas son la racionalización de la actividad económica, la progresiva socialización de los medios productivos y la superación de la división de clases.
Esta prueba extraordinaria de desarrollo político –como vía democrática hacia el socialismo– cimbró la institucionalidad política nacional e internacional, al grado que la inédita experiencia va a tener significativas repercusiones en los partidos comunistas europeos, específicamente en Italia (Enrico Berlinguer) y Francia (Georges Marchais).
Es importante insistir en que Allende defendió siempre –y de manera categórica– a las instituciones democráticas, especialmente aquellas que permitían acceder al gobierno, por medios institucionales y por la expresión directa de la voluntad ciudadana popular y democrática. Una democracia que superare los obstáculos que la oligarquía y los sectores antidemocráticos habían levantado con el objeto de impedir la instalación de un régimen democrático pleno.
Una democracia plena, el más ambicioso proyecto de transformación social en el marco de la institucionalidad democrática vigente, para construir un orden social orientado a consolidar las expectativas ciudadanas generadas en la década de 1960, y velozmente consumadas durante el gobierno de Freí Montalva, quien –al instrumentar su programa (Revolución en Libertad)[6]– había exacerbado tanto el grado de expectativas cuanto de las tensiones sociales y la intensificación de las movilizaciones populares.
Freí dio los pasos necesarios para el fracaso de su programa y para acelerar la crisis hegemónica definitiva de la burguesía.[7] Crisis que habría estado en la base del triunfo de la Unidad Popular, la cual se mantuvo y agravó durante los 1 mil días de gobierno de Allende (Zamorano Farías, 2001).
Se agravó y fue exacerbada porque, programáticamente, la Unidad Popular contemplaba un conjunto de medidas y acciones que afectaban directamente la estructura y las fuentes del poder social de las clases dominantes. Precisamente, Allende señaló una y otra vez que su objetivo político fundamental era revolucionar y transformar la sociedad para iniciar el camino hacia el socialismo.
Llegar al socialismo a través de la reforma de la Constitución y de las leyes, lo cual implicaba –como núcleo político central–, poner fin a la explotación del hombre por el hombre, la abolición de la propiedad privada, la creación y constitución del área social de la producción controlada por el Estado (Democratización de la propiedad sobre la base del Decreto-Ley 520).
El Programa de la Unidad Popular, es claro al respecto y resume estos objetivos para la salud, la educación, las jubilaciones, la infancia (medio litro de leche para todos los niños), así como la nacionalización de los recursos nacionales.[8]
Nacionalización del cobre, profundización de la reforma agraria, constitución de un amplio sector social de la economía con participación obrera, incluyendo los bancos, aumento de salarios, estatización de las empresas de telecomunicaciones transnacionales (ITT), robustecimiento el mercado interno, política exterior latinoamericanista, no alineada y de paz.
Objetivos y gradualidad operativa que generaron –desde siempre–diferencias y fuertes roces al interior de la coalición de la Unidad Popular. Mientras Allende proponía avanzar al socialismo por la vía legal –tesis apoyada por el partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU-OC y algunos sectores del partido socialista–, contrariamente, quienes sí sabían como hacer la revolución promovían la retórica del avanzar sin tranzar (MAPU Garretón,[9] sectores del Partido Socialista y el MIR, movimiento que no partencia a la UP), mientras para ‘legitimarse’ acusaban a los comunistas de pávidos y obedientes a la III Internacional (Komintern).
No fue entonces un problema de ambigüedad o falta de valor político, y tampoco de las ‘contradicciones’ de Allende para llevar adelante las demandas populares, sino más bien el problema de cómo operativizar el programa en el marco del incesante golpeteo de la derecha, la Democracia Cristiana, El Mercurio y la CIA, sumado a las refriegas internas, lo cual le exigía contener permanentemente las variopintas y encendidas retóricas revolucionarás de la coalición.
Por tanto, no es como reclamaba la narrativa –entre otros– del ‘maestro’ Gabriel Salazar, para quien si se les hubiese hecho caso a ellos… (1995),[10] o de personajes como Carlos Altamirano, secretario general del PS, que en su avanzar sin tranzar, avanzó tanto que terminó apoltronado cómodamente en París con un whisky en la mano izquierda, mientras contemplaba las protestas y el humo de las barricadas en Chile bajo la dictadura militar (1984). O, el señor presidente Ricardo Lagos Escobar, quien durante su gobierno (2000–2006) pasó de socialista a sociolisto (al igual que la señora presidenta Michelle Bachelet: 2006-2010/2014-2018), que amén del avanzar sin tranzar pasaron al tranzar sin avanzar (A Jocelyn-Holt, 2001), para luego terminar de vender a Chile (literalmente).
Precisamente, la oposición en contra de Allende no fue sólo de la oposición política y empresarial, sino también desde la misma coalición y de su mismo partido, el Partido Socialista, cuya dirigencia promovía prácticas y retóricas revolucionarias, pero sin movilizar y construir las condiciones necesarias para la concreción del programa de la Unidad Popular, centrándose más bien en exacerbar la sobreideologización y la lucha por el protagonismo político personalista.
En la práctica, el respaldo se fundaba en el fuerte apoyo electoral de la clase obrera y sobre todo de los sectores populares, junto al permanente y amplio sostén del Partido Comunista.
Esto queda demostrado en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en donde la Unidad Popular alcanzó el 44.23 por ciento de la votación, y si bien la oposición tenía como meta alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para destituir constitucionalmente al presidente Allende y poner fin al gobierno popular, la correlación de fuerzas (55.49 por ciento) hizo imposible que el Senado pudiera acusar constitucionalmente al presidente Allende.
Así, y ante la imposibilidad de derrotar a Allende por la vía democrática, se reactivó entonces a la fase tres (golpe de Estado), diseñada desde antes. Es decir, obliterar el estado de derecho y derrocar a Allende.
Narrativa afín que se había construido y aceitado desde el mismo 4 de septiembre de 1970. Por un lado y en paralelo a la labor que venía desempeñando el terrorismo del grupo de ultraderecha Patria y Libertad (más la CIA), El Mercurio, junto al mediático historiado Gonzalo Vial Correa –director de la revista Qué Pasa– avalaron la existencia de un supuesto Plan Z, el cual sería operado por un ejército de combatientes nacionales y extranjeros que invadiría el país para transformarlo en una dictadura comunista (Informe de la Comisión Church).
Según detalló profusamente este ‘historiador’ de pasquines, el Plan Z (que nunca existió) tenía como primer objetivo asesinar a los políticos de la oposición, a los generales de las Fuerzas Armadas y a los empresarios.
Por su parte, la derecha y la Democracia Cristiana, junto a la Confederación de la Democracia (CODE) –alianza conformada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional y otras fuerzas de oposición–, todos bajo el férreo mando de Patricio Aylwin Azocar, alardearon hasta el día final sobre la crisis política generaliza en la que se encontraba el país y la ‘evidente’ inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende.
Patricio Aylwin Azocar, primer presidente ‘democrático’ luego del pacto con la dictadura militar (1990-1994), fue cómplice y respaldó el golpe de Estado de 1973, como queda en evidencia tras la desclasificación de los documentos de la CIA (Informe Hinchey [2000]. Las actividades de la CIA en Chile, Washington). (Zamorano Farías [2017]. ‘Sistemas de gobierno en América Latina. El caso de chileno’).
IV.
El golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende Gossens el 11 de septiembre de 1973 (y de cientos de miles de personas) fue el inicio de una criminal ola de destrucción y muerte que aún perdura.
La tiranía convirtió a Chile en un laboratorio en donde fueron puestas en práctica fórmulas de exterminio, instrumentadas luego a nivel global. Destrucción del Estado de compromiso y de los derechos político-sociales (trabajo, educación, salud, jubilación); imposición a sangre y fuego de un sistema de capitalización individual (ISAPRES, AFP); administración privada de los fondos destinados a la salud, educación y previsión (Estado subsidiario); desmantelamiento de las conquistas sociales, lo cual había hecho posible que Chile fuera el primer país de Latinoamérica que contara con un sistema nacional de salud social y educación.
Debutaba así una de las dictaduras más violentas de América Latina, cancelando la utopía de la ‘Revolución en la Legalidad’ y transformando a Chile en el laboratorio planetario del exterminio, de la pobreza y del miedo (del paradigma neoliberal).
Con la llamada ‘transición política’ (1990), este guion de exterminio y muerte será objetivado en un “compromiso de gobernabilidad” entre empresarios, casta política y militares, para mantener y estabilizar las instituciones heredadas de la dictadura, y en donde cualquier cuestionamiento o “violación de estas reglas” constituye un atentado en contra de su democracia.
Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, 50 mil víctimas, 4 mil desaparecidos y 40 mil torturados, cifras que representan sólo la media de las víctimas totales.
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Raúl Zamorano Farías*
*Doctor en Filosofia Guridica por el Centro di Studi Sul Rischio della Universita degli Studi di Lecce (Italia); profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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