La crónica y criminal contumacia sionista

Históricamente, Israel ha hecho de una conducta basada en el colonialismo, el racismo y el crimen su particular diseño de entidad contumaz. En forma sistemática, ha violado en total impunidad el derecho internacional, al ocupar los territorios palestinos y negarse a restituirlos

Existe un concepto, aplicado a la conducta de una persona o de una entidad –en este caso la sionista– que refiere a la acción consciente, crónica en el sentido de efectuar determinadas acciones, tener cierta conducta, a pesar que no es moralmente aceptable, no es legalmente permitida y que en general muestra la profunda mentalidad criminal de quien la realiza.

Ese concepto es el de contumacia, vinculado a la tenacidad y la dureza de persistir en un error. Un concepto cuyo campo semántico también abarca conceptos como el de obstinación, altanería y desdén frente a las críticas que se realizan por llevar adelante determinadas acciones a pesar de ser violatorias de los derechos de otros seres humanos. Ese desprecio valórico, esa altanería con relación a aceptar las críticas y dejar de conducirse como un régimen violatorio de convenciones, que nos hemos dado como seres humanos, permite visualizar lo peligroso que es el trato con Israel, con sus líderes políticos y militares, los colonos extranjeros que usurpan territorio palestino y en general con una sociedad que se conduce con la contumacia, reincidencia y obstinación criminal como eje de conducta.

Violación del derecho internacional

Israel ha hecho de una conducta basada en el colonialismo, el racismo y el crimen su particular diseño de entidad contumaz, donde los ejemplos respecto a sus continuas violaciones de las leyes internacionales abundan: ocupación de los territorios palestinos y su negativa a restituirlos a pesar de las numerosas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) referidas a ello, comenzando por la Resolución 242 del año 1967 que “exige la retirada del Ejército israelí de los territorios ocupados” .

Otra de las exigencias violadas por Israel es el dejar de construir y proceder al desmantelamiento del Muro de Apartheid que el régimen invasor israelí ha construido tras la línea verde del año 1967 y que divide en Bantustanes los territorios palestinos del West Bank. Determinaciones ampliamente exigidas en resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -CSNU- la última de las cuales, la número 2334 del 23 de diciembre de 2016,  reafirma expresamente “que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y expresamos grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes pone en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras del año 1967”.

Sumemos la Resolución 3236 del CSNU del 22 de noviembre del año 1974, que reafirma “el derecho inalienable de los palestinos de regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados para retornar”, adicionando el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Una Resolución que encuentra su origen en la creación misma de Israel en mayo del año 1948, cuando a la par de la creación artificial de esta entidad se genera la Nakba –la catástrofe– palestina, con la expulsión de 700 mil palestinos de sus hogares y el inicio de un proceso de judaización, bajo el marco ideológico del sionismo.

No se puede obviar la Resolución 478 del 20 de agosto de 1980 del CSNU –con la única y clásica abstención de Estados Unidos–, que surge tras la decisión del parlamento israelí de proclamar a Jerusalén “entera y unificada, como capital de Israel”. La Resolución 478 del CSNU “censura en los términos más enérgicos la llamada Ley de Jerusalén, ya que viola el derecho internacional y no afecta a la continua aplicabilidad en Jerusalén del Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra”. La mencionada Resolución condenatoria determina que la Ley de Jerusalén y todas las demás medidas y actos legislativos y administrativos adoptados por Israel, la potencia ocupante, que han alterado o pretendan alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén “son nulos y carentes de valor y deben dejarse sin efecto inmediatamente”.

Mismos términos que se repitieron mediante la Resolución ES?10/L.22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es una resolución de sesión de emergencia, tras la decisión de Estados Unidos de trasladar su Embajada desde la ciudad de Tel Aviv a Al Quds -Jerusalén- pues el gobierno de Trump declaró a la Ciudad Santa como capital de la entidad sionista. Acción consignada por esta Resolución como un acto “nulo y sin valor”. La resolución fue adoptada por la 37a reunión plenaria de la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 72º período de sesiones de dicha Asamblea el 21 de diciembre de 2017. Un proyecto de resolución redactado por Yemen y Turquía y que fue aprobada por 128 votos a favor, nueve votos en contra, 35 abstenciones y 21 ausentes. A pesar de esas continuas derrotas, la altanería de la alianza entre el imperialismo y el sionismo se niega a acatar lo que ha determinado, mayoritariamente, la comunidad internacional.

Construir, asentar, judaizar

El ejemplo más concreto y de plena actualidad del mencionado concepto de contumacia se refiere a la política de asentamientos que lleva a cabo el régimen israelí en territorios palestinos ocupados desde 1967 a la fecha. En cifras, dicha presencia invasora significa tener en la Ribera Occidental a 650 mil colonos extremistas, armados y protegidos por el ejército ocupante israelí. Colonos que en un 10 por ciento está conformado por judíos nacidos en Estados Unidos –a lo que hay que sumar sionistas venidos desde Chile, Argentina, Francia, Rusia, entre otros países- y que año a año incrementan el número de usurpadores, que implica expropiaciones de más tierras y demoliciones de viviendas del pueblo palestino, lo que va judaizando poco a poco el West Bank.

Lo referido implica que el  60 por ciento de Cisjordania –la llamada zona C- está bajo el control total israelí, con lo que significa la presencia de al menos 100 bases militares, medio millar de puestos de control –Check point–, carreteras exclusivas para uso de los colonos extremistas, declaración de zonas de uso militar, parques y otras artimañas usadas por el invasor para negar toda acción conducente a la autodeterminación del pueblo palestino. Recordemos que las Zonas A y B, que corresponde al otro 40 por ciento de Cisjordania, donde se supone la ANP, controla exclusivamente la zona A y la B, donde la ANP controla los aspectos administrativos e Israel los militares, es simplemente una fantasía.

En esta Judaización de los territorios palestinos, incluso con uso amañado de la arqueología y la tergiversación histórica, en la construcción de una mitología irrisoria, grotesca y violatoria de las leyes internacionales, se incluye a Al Quds Este –Jerusalén- anexionada ilegalmente a Al Quds Oeste mediante una ley israelí del 30 de julio de 1980. Y hablo de una ley violatoria, no sólo porque la emite una entidad que ocupa aquel territorio, sino por el hecho que las Naciones Unidas y en general la comunidad internacional considera a Al Quds Este como un territorio ocupado militarmente por el régimen sionista y por tanto no se reconoce tal anexión, como tampoco que se cambie el estatus jurídico del que goza toda Jerusalén, a pesar de los intentos de aliados de Israel, como Estados Unidos que decidió trasladar su representación diplomática desde Tel Aviv –en la Palestina Histórica– a Jerusalén.

Recordemos que la Resolución 446 adoptada por el CSNU el 22 de marzo de 1979, ya había señalado que “la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio”. Esta Resolución señaló, expresamente, que Israel debe respetar, como potencia ocupante, escrupulosamente el Convenio de Ginebra, “relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, rescinda sus medidas anteriores y desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”.

Es indudable que el régimen israelí ha violado letra a letra esta resolución, sin que ello haya significado sanción alguna ante su conducta violatoria. No hay aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo VII. No hay creación de una zona de exclusión aérea para impedir los bombardeos criminales contra la población civil palestina. No hay una política de sanciones, bloqueo, congelamiento de activos o el impedir viajes al extranjero de los líderes políticos y militares de este régimen criminal. Una de las principales conclusiones que emana de esta política de asentamientos sionista, no es sólo que infringe el derecho internacional, incumple las resoluciones del CSNU y se burla de la comunidad internacional gracias al aval y complicidad de Estados Unidos, sino que tal conducta hace imposible pensar en la viabilidad de conformar un Estado Palestino, que es uno de los objetivos principales del régimen israelí.

Mientras más colonias se establecen en suelo palestino, mientras más colonos extremistas usurpan la tierra de familias palestinas, mientras más kilómetros de muro se construyen cercando aldeas, pueblos y ciudades palestinas en la ribera occidental, más irreal se vuelve ese Estado palestino. Hoy, lo que existen son islas territoriales separadas por cientos de miles de extranjeros, por carreteras que dividen las tierras de cultivos, por zonas declaradas de importancia militar para el régimen sionista. Hoy, lo concreto es que la idea y práctica colonialista del sionismo ha convertido a la Ribera occidental en un pedazo de tierra surcada de bantustanes, un queso gruyere que aleja día a día la posibilidad de conformar un Estado palestino. Por ello, la contumacia de la política sionista con relación a Palestina lleva implícito también los conceptos de mentira, crimen, violación de los derechos humanos de millones de palestinos, el bloqueo a sus sueños de autodeterminación, como también el asedio a la vida de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que han convertido ese territorio en una zona que en pocos años puede ser inhabitable, según lo señalan los estudios de la organización de las Naciones Unidas. .

La población de la Franja de Gaza, sometida a un bloqueo permanente en el campo de concentración más grande del mundo, resiste a pesar de los crímenes y la destrucción, sin que los organismos internacionales puedan forzar al régimen sionista a dejar de exterminar a sus habitantes mediante el uso de francotiradores, asesinatos selectivos, impedir el ingreso de alimentos, medicinas, controlar la energía eléctrica, el agua. Gaza es hoy el símil de aquellos campos de concentración del nacionalsocialismo, que sirvieron de base para la toma de conciencia respecto a no permitir más el odio racial, la persecución por motivos religioso y/o político. Tal situación permitió que las superpotencias surgidas de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial dieran su visto bueno para una de las injusticias más grandes que se han cometido contra un pueblo en la época actual: la partición de Palestina.

Dicha partición –recomendada (no exigida) según la Resolución 181 del 29 noviembre de 1947– sirvió de base para que a la hora del fin del mandato británico en Palestina, el sionismo y sus aliados crearan una entidad llamada Israel en tierras ajenas, sin consultar al pueblo que ocupaba aquel territorio y pasando por encima de los derechos de millones de seres humanos, que de la noche a la mañana se encontraron con que el colono sionista, que había comenzado su proceso de instalación en el levante mediterráneo desde territorio Europeo, principalmente, se convertía en ocupante, en usurpador y en victimario luego de alegar haber sido víctima. Los costos de la gran guerra con relación a la industria del holocausto –como lo denomina el intelectual judío Norman Finkelstein– han sido pagados por el pueblo palestino, donde la contumacia criminal sionista se ensaña con sus habitantes.

La hipocresía respecto al pueblo palestino ha llegado a extremos increíbles, pidiéndole a su pueblo, a sus partidos y movimientos políticos que den pruebas de querer la paz, que sigan tendiendo la mano frente al contumaz invasor. ¡Basta de hipocresía! No pidan equilibrio, no pidan criterios de igualdad. No se le puede pedir a los asesinados, a los torturados, a los exiliados, perseguidos, a aquellos a los cuales se les destruye sus hogares, se les persigue y controla como animales, que sigan creyendo en promesas no cumplidas, en organizaciones que no llevan a cabo su labor. No soliciten a aquellos que sufren las consecuencias de una política genocida, que sean los responsables principales de la paz.

Israel no cesa en su ocupación y en la construcción de nuevas unidades habitacionales en los asentamientos que emponzoñan el territorio palestino. Hace pocos días las autoridades invasoras autorizaron la construcción de 1 mil 4 casas en 10 de las colonias sionistas en la ocupada Cisjordania reafirmando, según las autoridades palestinas, “el compromiso del régimen con la colonización y el apartheid”. Según palabras de Saeb Erekat, secretario general de la OLP, la reciente decisión del régimen de Tel Aviv de aprobar la construcción de nuevas viviendas ilegales en territorios ocupados palestinos hace imprescindible tomar medidas. “Hace demasiado tiempo que la comunidad internacional debería haber impuesto sanciones a Israel hasta que reconozca y cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas”.

Las palabras de Erekat reflejan la impotencia frente a la contumacia criminal del ocupante sionista, que cuenta con el aval de su padre putativo estadounidense, el dinero del lobby sionista en ese país, como también en Francia y Gran Bretaña, y sobre todo con la desunión del mundo árabe. Un mundo que ha logrado ser dividido en función de los intereses de las monarquías reinantes –dominadas por la Casa al Saud-, guerras de agresión contra algunos de su miembros y una política donde se conjuga el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Una triada criminal que le da sustento a Israel para seguir con su contumaz política nacionalsionista.

Pablo Jofré Leal*/Telesur

*Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb.

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