La Iniciativa Mérida, ineficiente y chorreando sangre

Que México ostente el título del país más violento y corrupto del mundo fue obra, en parte, de las políticas estadunidenses de seguridad a las que México se plegó en los sexenios pasados. Luego de 250 mil asesinados, 40 mil desaparecidos y 300 mil desplazados, la Iniciativa Mérida parece llegar a su fin

Ciudad de México, México. La Iniciativa Mérida con Estados Unidos parece llegar a su fin, después de 13 años de ineficiencia y exacerbación de ánimos en todo México, y del tenebroso saldo de más de 250 mil muertos y 40 mil desaparecidos.

Ideada por los presidentes estadunidense George W Bush y mexicano Felipe Calderón, la “iniciativa” Mérida fue concebida para combatir con un ejército fuertemente armado y dotado de potentes equipos militares y de rastreo el crimen organizado en México, cuyos cárteles eran considerados los principales suministradores de drogas a Estados Unidos.

Fue un plan militar con misiones punitivas concretas y objetivos de exterminio de los cárteles de narcotraficantes en México, como los de Sinaloa, Juárez, Tijuana, el Golfo y otros, una guerra en toda regla presentada como un tratado internacional de seguridad establecido por la Casa Blanca.

Incluía a los países de Centroamérica y fue activado en 2007, en el primer año de gobierno de Felipe Calderón aunque su ejecución comenzó el 30 de junio de 2008 con participación, de Estados Unidos, de los departamentos de Estado y de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla inglés), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA).

Por parte de México actuaron el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, todo bajo la orden de Calderón.

La sangrienta guerra que se desató desde entonces, y que está en el origen de la violencia social de hoy, incluido el feroz feminicidio y la matanza de periodistas, no redujo en lo absoluto el tráfico de estupefacientes.

Esto entre otras razones porque la Iniciativa Mérida contribuyó a acrecentar como nunca antes la corrupción y la impunidad en México, y en especial a profundizar las causas sociales de la violencia.

El gobierno de Felipe Calderón invirtió en los primeros años de la Iniciativa más de 8 mil millones de dólares contra apenas 1 mil 400 millones por parte de Estados Unidos que incluso no los asignó en efectivo, sino en armas y tecnología estadunidense, incluidos helicópteros artillados, sistemas satelitales y otros medios.

No hay registros claros de los gastos mexicanos por parte de Calderón cuyo arribo al gobierno fue resultado de un fraude electoral que sacó entonces del camino a Andrés Manuel López Obrador.

Calderón se adelantó a Estados Unidos en aplicar la Iniciativa pues está registrado que el 12 de diciembre de 2006, a menos de 2 semanas de asumir el gobierno, despachó a Michoacán 6 mil 500 soldados con respaldo del también llamado Plan Mérida para intentar retomar el control del territorio dominado por dos o tres cárteles. Dos días después el gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, hizo lo mismo.

En enero de 2007 México ya estaba de lleno en una guerra interna de baja intensidad que no ha terminado todavía, y las operaciones militares, acompañadas de grandes partidas de dinero incontrolable, se fueron extendiendo a los estados del triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa, y posteriormente a Nuevo León y Tamaulipas, y a partir de ahí a toda la nación ya bañada en sangre.

Diez años después de aquel desastroso inicio de la Iniciativa Mérida, México había gastado en la guerra contra el narcotráfico más de 50 mil millones de dólares contra 3 mil millones aportados por Estados Unidos en chatarra militar.

Acumulaba en los cementerios y fosas colectivas clandestinas 250 mil muertos y 40 mil desaparecidos, sin que el trasiego de drogas se hubiese detenido aun cuando fueron apresados algunos narcocabecillas como Joaquín Guzmán Loerea, el Chapo, el más sonado de todos.

La violencia se incrementa año tras año. Diariamente mueren un promedio de 80 personas cifra que, según Naciones Unidas, hacen de México el país de mayor criminalidad en el mundo, con la agravante que no es posible saber cuántos por la guerra contra el crimen organizado y cuántos por la violencia social surgida y desarrollada por ésta, pues son presentados como parte de una cultura del mal natural e incontrolable.

Los asesinatos masivos o selectivos como en el caso de los periodistas y dirigentes sociales que enfrentan y denuncian sus raíces, se confunden con los de ajustes y venganza al interior del crimen organizado y por los corruptos dentro del aparato administrativo, judicial y policial que reaccionan con igual virulencia que los cárteles. Es probablemente el caso de los 43 de Ayotzinapa.

Contra esa situación, la eficacia de la Iniciativa Mérida ha sido absolutamente nula, y más bien dañina porque lo único que ha logrado es incrementar a grados exagerados la criminalidad, que no es compensada por dos o tres capos aprehendidos o abatidos en operaciones policiales o paramilitares.

Una vez concluido el mandato de Calderón en 2012, con niveles insólitos de corrupción e impunidad, la Iniciativa Mérida fue continuada por los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto, quienes trataron de introducirle cambios para hacerla  menos costosa y más efectiva, pero tampoco lo lograron. La corrupción dentro de ésta era muy fuerte como expresión de una descomposición gubernamental generalizada.

Peña Nieto y Obama redefinieron el plan bajo un esquema presuntamente nuevo de cuatro pilares: afectar la capacidad operativa del crimen organizado; institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; crear la estructura fronteriza del siglo XXI, y construir comunidades fuertes y resilientes.

Sin embargo su base no varió: represión militar sin reparar en las causas sociales, altos niveles de corrupción e impunidad que agravaban la violencia e impedían hacer mermar el reclutamiento de nuevos integrantes de los cárteles, en especial de jóvenes carentes de oportunidades para llevar una vida honesta y productiva.

Pese a que las capturas de algunos capos, en especial el Chapo, dio un cierto rédito mediático a Peña Nieto y a Obama, el pesado lastre negativo de la Iniciativa Mérida siguió hundiéndola al extremo de que el propio mandatario mexicano tuvo que confesar públicamente que el plan era un fracaso.

Esta situación explica en parte por qué López Obrador pudo ganar con tan amplio margen la Presidencia de la República en julio de 2018 y la caída estrepitosa del Partido Revolucionario Institucional y, en general, del sistema de organizaciones políticas tradicionales que no han podido todavía superar la crisis y con una pérdida de credibilidad que les está siendo muy difícil de recuperar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, con una visión diametralmente opuesta sobre el combate a la delincuencia organizada y la social, planteó que la Iniciativa Mérida no podía seguir, y en muy pocos meses de gobierno ha demostrado que la violencia, sea del crimen organizado o propia de la sociedad, no se acaba por medio de las armas porque “la violencia genera más violencia”, como le gusta repetir.

López Obrador es tajante en su propuesta de eliminar por completo la Iniciativa Mérida y con ello desmonta uno de los chantajes más socorridos y reiterativos de Trump: cancelar los fondos que Estados Unidos entrega cada año a dicho plan, cuando la realidad es que Washington lo ha hecho para favorecer sus propios intereses.

Es un chantaje estúpido, pues sólo gobiernos comprometidos hasta el tuétano con Estados Unidos como el de Calderón, permiten una intervención brutal en las políticas internas de México y la entrega de información de seguridad valiosa, a cambio de dólares en chatarra que de todas maneras el complejo militar industrial tendría que destruir.

La negativa y contaminante influencia del narcotráfico en la sociedad mexicana, como se ha podido comprobar en el caso del huachicoleo (robo de gasolina) y el comprometimiento de comunidades enteras en la ruta de los oleoductos, únicamente puede ser combatida desde programas sociales que ataquen directamente las causas como la pobreza y la falta de oportunidades, que son las que nutren al narcotráfico.

Ni siquiera por asomo la Iniciativa Mérida la toma en cuenta y por eso jamás podrá tener éxito. En consecuencia, el torpe chantaje de Trump de recortar en 30 por ciento sus aportes a ese programa no solamente no afectará en lo absoluto a México, sino más bien lo beneficiará en tanto y cuanto le da argumento para denunciar el plan y desvincularse de él, como anuncia el presidente López Obrador.

En realidad, la Iniciativa Mérida –al igual que sucedió con el Plan Colombia– es una entelequia que por su descrédito e inoperancia, casi por unanimidad todo el mundo va a estar de acuerdo con su desaparición, incluso hasta para los bancos que han medrado con los dineros pasados por sus ventanillas para ejecutarla.

Pero seguramente los que más se beneficiarán de una eliminación total serán los sectores más pobres de México porque la Iniciativa Mérida actuó como una patente de corso para la violación abierta y descarada, sin castigo judicial ni moral, de los derechos humanos del pueblo, porque amparó un terrorismo de Estado que es el gran responsable de que México ostente el liderato del país más violento y corrupto del mundo.

Luis Manuel Arce Isaac/Prensa Latina

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