En la última Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, realizada en Buenos Aires con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se constituyó una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la región y sus vínculos con el terrorismo, que identifica a Irán y a la organización islamista libanesa Hezbolá como principales amenazas. La alianza está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, y se irá concretando a través de reuniones semestrales entre las cancillerías que tendrán su primer encuentro en Paraguay antes de finalizar el año [1].
La “nueva” alianza conformada por los tres países conosureños y Estados Unidos aparece como la reedición del Grupo 3+1, lanzado en 2002 para fomentar la mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en la zona de la Triple Frontera –emprendimiento que quedó al margen con los gobiernos de Lula Da Silva y Néstor Kirchner?. Sin embargo, la actual coyuntura política de sintonía entre Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Mario Abdo proporciona un ambiente favorable para la reedición de la cooperación regional en antiterrorismo supervisada por Estados Unidos.
La relevancia de esta liga antiterrorista puede comprenderse en virtud de: 1) el rol (definición) del terrorismo en la agenda de política exterior estadunidense; 2) los lineamientos de seguridad hemisférica asociados a determinados objetivos geopolíticos, intereses comerciales y financieros de Estados Unidos; 3) el giro antiterrorista en las políticas de gobiernos de derecha regional y; 4) el timing de la agenda electoral, tanto en estos países como en Estados Unidos.
Este tipo de alianzas permite a Estados Unidos ir consolidando centros de gravedad puntuales que le otorgan relaciones privilegiadas con estos gobiernos, no sólo en términos militares y de seguridad (que es lo inmediatamente visible), sino alianzas políticas, comerciales y financieras que, a su vez, garantizan el acceso a recursos estratégicos. Esta es una construcción clave para un escenario de disputa con otras potencias a nivel mundial y en una América Latina que ha sido históricamente considerada un territorio del área de influencia de Estados Unidos, y hasta como parte del mismo.
A partir de la implosión de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, hubo un cambio en el paradigma de seguridad estadunidense, centrado en un nuevo enemigo: el terrorismo global. [2]. Esa doctrina se extendió a nivel mundial, incluido el “Hemisferio Occidental”. En ese entonces, el gobierno de George W Bush declaró una guerra global contra el terrorismo y autorizó la intervención militar directa en Irak. La presencia estadunidense en Oriente Medio con diferentes tipos de guerra (económica, financiera, psicológica, militar de baja intensidad, etcétera) es un hecho desde entonces, y con el gobierno de Donald Trump se exacerba (en medio de un escenario geopolítico en el que Estados Unidos va perdiendo hegemonía frente a China y Rusia).
La guerra contra el terrorismo tiene un rol protagónico en la actual gestión de Trump, como pieza clave del “América Primero”, relato amplificado de cara a próximas elecciones en Estados Unidos. El aumento de las tensiones con Irán (la salida del acuerdo antinuclear y el recrudecimiento de las sanciones económicas, así como la aplicación de “sanciones inteligentes” contra el principal mandatario del país) se enmarcan en esa línea de política exterior. De hecho, en octubre de 2018, el gobierno de Trump lanzó una “Estrategia Nacional Antiterrorista” (similar a las doctrinas de la era Bush hijo) donde se vuelve a definir al terrorismo como amenaza crucial a la seguridad de Estados Unidos y al “Modo de Vida Americano” [3]. Dicha estrategia plantea la necesidad de trabajar con aliados para combatir “el terrorismo radical islámico” y el “terrorismo iraní”. Se advierte un escenario de “terrorismo crecientemente complejo, con diversos enemigos que utilizan nuevas tecnologías y tácticas para avanzar en sus agendas”. Esta ampliación (al infinito) del enemigo terrorista incluye: otras formas de extremismo violento (diferentes a la “ideología islámica”) –léase, todo aquello que sea definido como acción política violenta o extrema según la Administración Trump; extremismo del derecho animal; extremismo ambientalista; extremismo de la soberanía ciudadana; extremismo militar. A su vez, este enemigo cada vez más complejo y difuso habilita o legitima nuevas formas de guerra para aniquilarlo: guerras híbridas y nuevas tecnologías de guerra cibernética para acabar con “el mal”. Como se enuncia aquí, estas nuevas guerras involucran intereses geopolíticos y negocios millonarios que otorgan una dimensión material clara al discurso antiterrorista.
La Triple Frontera es una posición estratégica fundamental en lo que se refiere al acceso a recursos naturales. Es puerta de entrada al Acuífero Guaraní, cercana a los yacimientos de gas bolivianos, a los minerales de la cordillera de los Andes y a la cuenca amazónica. Asimismo, la injerencia estadunidense en esta zona, principalmente a partir del territorio paraguayo, estuvo orientada en las últimas décadas a desactivar cualquier proyecto en la subregión que prescinda de la mediación estadunidense.
El terrorismo como amenaza a la seguridad (en la Triple Frontera así como en América Latina) deriva de la Doctrina de Seguridad Hemisférica estadunidense. De hecho, este “enemigo” aparece ya en documentos estratégicos de Estados Unidos desde la década de 1990, a partir de los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires (1992) y a la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA, 1994). En el contexto post Torres Gemelas, se fortalece la hipótesis de que existen células terroristas “dormidas” de origen islámico y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este contexto, Paraguay se ha configurado como epicentro de la militarización estadunidense en el Cono Sur [4]y año tras año se ha registrado una contundente presencia militar estadounidense (directa o vía militares colombianos) en territorio paraguayo. A partir del 2008 se agrega la“amenaza” de un nuevo grupo catalogado como terrorismo interno, el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que actuaría en la zona norte del país [5].
La Triple Frontera es señalada como zona problemática en los informes anuales sobre terrorismo por país elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lidera la “reorganización” en la seguridad de esa área como si fuera su propio territorio, y que puede constatarse en los “avances” realizados en conjunto con fuerzas de seguridad de los tres países que comparten la frontera [6]:
El gobierno de Argentina estableció una Fuerza de Tarea contra los Estupefacientes en la provincia de Salta, compuesta por los cuatro organismos federales de aplicación de la ley y las fuerzas provinciales del país. Como resultado de su éxito se creó un segundo grupo de trabajo enfocado en las provincias del noreste, que cubren el área de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
Se realizó en junio de 2017 una misión de investigación para reunir información sobre actividades financieras y riesgos de financiamiento ilícito en el área de la Triple Frontera. Este fue un proyecto conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las unidades de inteligencia financiera argentina, brasileña y paraguaya, y los bancos centrales de Argentina y Paraguay.
En febrero de 2017, Argentina organizó un taller sobre la lucha contra los grupos terroristas transnacionales en la zona de la Triple Frontera. La conferencia fue organizada por la Agencia de Inteligencia Federal de Argentina con el patrocinio de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos e incluyó a fiscales, jueces, investigadores de la ley, funcionarios de inteligencia financiera y funcionarios de inteligencia de la región.
El mismo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca las novedades en Argentina, Paraguay y Brasil en cuestiones relacionadas con el terrorismo [7]:
Argentina redefine su estrategia de contraterrorismo con un enfoque en sus remotas fronteras norte y noreste, que incluyen el área de la Triple Frontera.
El gobierno de Argentina propuso cambios en el Código Penal para reformar su marco legal antiterrorista. La legislación propuesta incluiría reformas al sistema penal, un nuevo enfoque para combatir el financiamiento del terrorismo y una modernización de las capacidades de seguridad e inteligencia.
El bombardeo de la AMIA de 1994 se mantuvo en las noticias y generó una propuesta por separado para reformar el Código Penal incorporando los juicios en ausencia como un mecanismo para procesar a los fugitivos. En diciembre de 2017, un juez federal argentino emitió órdenes de detención preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exasociados acusados de traición por, supuestamente, encubrir la participación de Irán en el ataque de la AMIA.
El Ministerio de Seguridad argentino “mejoró” su capacidad de aplicación de la ley en los puertos de entrada de alto riesgo a lo largo de la frontera norte. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y el Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS) del Departamento de Estado contribuyeron a estos esfuerzos mediante la donación de kits de inspección de contrabando a los funcionarios de Aduanas de Argentina en los puertos de Posadas, Aguas Blancas y La Quiaca.
Oficiales de la Gendarmería Nacional y de Aduanas se unieron a sus homólogos brasileños en un Seminario Internacional de Interdicción de Fronteras patrocinado por CBP y EXBS.
A partir del acuerdo de Prevención y Combate a Delitos Graves firmado en 2016 por el Ministerio de Seguridad argentino y los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos, las fuerzas de seguridad federales argentinas trabajaron para incorporar datos biométricos en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen transnacional.
El Ministerio de Seguridad e Investigaciones de Seguridad Nacional fue coanfitrión del primer Seminario de Investigaciones Financieras Transnacionales del país, al que asistieron 50 participantes de más de una docena de agencias argentinas encargadas de hacer cumplir la ley, seguridad fronteriza y fiscal que participan en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La Policía Federal, la principal agencia de contraterrorismo de Brasil, trabajó en estrecha colaboración con Estados Unidos para evaluar y mitigar posibles amenazas terroristas.
El Gobierno brasileño continuó apoyando las actividades de contraterrorismo, que incluían asistencia técnica de terceros países para controlar tecnologías sensibles e investigar documentos de viaje fraudulentos.
El 4 de mayo de 2017, Brasil aplicó por primera vez la Ley 13.260 contra el terrorismo, sentenciando a ocho ciudadanos brasileños a entre cinco y 15 años de prisión por “promover el ISIS y los actos terroristas” a través de las redes sociales. Las condenas se relacionaron con la Operación Hashtag de 2016, que desmanteló una red pro-ISIS en línea antes de los Juegos Olímpicos.
En septiembre de 2017, Brasil organizó un evento de capacitación internacional OEA-CICTE enfocado en prevenir el uso ilegal y terrorista de internet en Sao Paulo.
El gobierno paraguayo siguió implementando una ley de 2013 que permite el despliegue doméstico de los militares para contrarrestar amenazas internas o externas.
La Secretaría de la Policía Nacional de Paraguay (PNP) para la Prevención e Investigación del Terrorismo se encarga oficialmente de las funciones de contraterrorismo, aunque otras unidades y agencias de la PNP, como la Secretaría Antidrogas, también trabajan en estos casos, particularmente cuando se relaciona con el narcotráfico. Las fuerzas militares y los oficiales de policía continuaron operando conjuntamente en San Pedro, Concepción y Amambay contra el EPP, con escaso éxito.
Con la ayuda de sus homólogos estadunidenses, los agentes de la ley paraguayos arrestaron a múltiples sospechosos vinculados con Hezbolá, en el área de Ciudad del Este, que estaban involucrados en actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas, algunos con vínculos en los Estados Unidos.
La alianza antitierrorista es, también, tema privilegiado de campaña electoral a favor de la gestión actual del PRO en Argentina, puesto que se conformó un día después del aniversario número 25 del atentado contra la Mutual Judía AMIA, hecho asociado, a su vez, al “asesinato” del fiscal Alberto Nisman a inicios del 2015.
Durante la reunión en Buenos Aires, Mike Pompeo destacó que ofrecerán una recompensa de 7 millones de dólares por “información que pueda ayudar a la identificación y arresto” de Salman Raouf Salman, considerado como uno de los organizadores del ataque contra la Mutual Judía. El atentado a la AMIA está asociado al “asesinato” de Nisman en enero de 2015, caso judicial clave durante la campaña presidencial de ese año, jugando claramente en contra de la continuidad del proyecto kirchnerista [8]. Inmediatamente se asoció este asesinato al acercamiento entre el gobierno de Cristina Kirchner con Irán (aduciendo que la expresidenta intentó deliberadamente encubrir a iraníes implicados en el atentado). En su momento, un reconocido especialista en relaciones exteriores de Argentina afirmó: “No existen evidencias de que Irán haya sido responsable de ninguno de los dos grandes atentados terroristas perpetrados en la Argentina. Sin embargo, la prioridad estadunidense e israelí era desprestigiar y aislar al régimen de Teherán. Descubrir la verdad les importaba poco y nada” [9].
Hace un par de semanas el candidato a presidente, Alberto Fernández, tuvo que ir a declarar a Tribunales por esta causa: aunque él no está directamente implicado, en la opinión pública se instala la vinculación CFK-Nisman-Alberto Fernández. Así, una vez más, como reza uno de los periódicos más leídos “la campaña presidencial argentina se disputa también en los tribunales” [10], con el aditivo de la presencia indirecta estadunidense.
De este modo, la alianza antiterrorista es parte de la campaña por la Presidencia en Argentina, en la que el oficialismo no tiene reparos en aclarar que las relaciones con Esytados Unidos (¡de Trump!) son cada vez más estrechas: desde un salvataje económico del Fondo Monetario Internacional (donde Estados Unidos es el principal decisor y acreedor) hasta la apertura a empresas estadunidenses (Vaca Muerta así lo demuestra) y los múltiples acuerdos en seguridad [11]. Tal como lo declarara el canciller Jorge Faurie: “Hemos repasado nuestro diálogo como dos países amigos. Argentina ha recibido tremendo apoyo del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump en tiempos de dificultades financieras” [12].
Notas
[2] El terrorismo ya formaba parte de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos desde finales de la década de 1970 y, particularmente, a partir de la implosión de la Unión Soviética y la definición de las nuevas amenazas planteadas por organismos como la Comisión Trilateral.
[3] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf.
[4] https://geopolitica.ws/author/ana-esther-cecena-carlos-motto/.
[6] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/crt_2017.pdf.
[7] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/crt_2017.pdf.
[8] https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/.
[9] http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/7_11.pdf.
[10] https://elpais.com/internacional/2019/07/10/argentina/1562782266_329574.html.
[11] https://www.celag.org/macriland-eeuu-en-la-argentina-de-macri/.
Silvina Romano*, Tamara Lajtman** y Aníbal García Fernández***/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Doctora en ciencia política y posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
**Maestrta en estudios latinoamericanos por la UNAM y doctorante en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
***Maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM
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