Después de 36 años de neoliberalismo que hundieron a la mitad de México en la pobreza y a todo el país en un ciclo de inseguridad y corrupción, los mexicanos optaron por un cambio.
Llegando al cuarto mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con los datos en mano del cierre de 2018, se puede marcar un punto de partida para este nuevo proceso que se abrió en México. Desde aquí se enmarcan las primeras medidas de política económica hacia la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que buscará su aprobación en el Congreso Nacional a fines de abril y la posibilidad de avanzar hacia un país con mayores niveles de justicia social.
Los siguientes indicadores reflejan el estado de situación de la economía mexicana al comenzar el mandato de López Obrador.
El producto interno bruto (PIB) muestra un crecimiento interanual entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2018 de 1.8 por ciento. Acompañaron el crecimiento de la producción el sector primario y terciario con un aumento del 2.7 por ciento. En contraste, el sector secundario, durante el cuarto trimestre, cayó 0.8 por ciento.
Comparando estos valores con los anuales, puede distinguirse una desaceleración del ritmo de la actividad económica mundial en el último trimestre de 2018. Esta caída del nivel de actividad económica también condujo a una disminución en los pronósticos de crecimiento de la economía de México y del mundo para 2019 y 2020 respecto a lo esperado. La Inversión Bruta Fija recibió el impacto en el último trimestre (-2.3 por ciento), marcando un crecimiento muy bajo para la medición interanual.
La inflación anual alcanzó un 4.8 por ciento, superando el objetivo establecido por el Banco de México de 3 por ciento. Asimismo, el nivel de inflación de la canasta básica llegó a 5.6 por ciento, mostrando un mayor impacto del aumento de precios en los productos de primera necesidad. En este sentido, tuvieron un fuerte peso los gasolinazos impulsados por Enrique Peña Nieto, al liberar el precio del combustible el año anterior.
Sin embargo, la caída de la producción global impactó en los últimos meses del año reduciendo los precios del petróleo y otras materias primas y, consecuentemente, moderando las presiones inflacionarias para el nuevo periodo.
Parte importante del bajo crecimiento del producto y el aumento de precios puede relacionarse con la caída de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que Enrique Peña Nieto fue privatizando por partes desde el inicio de su gestión. La caída de la producción durante 2018 fue de 7 por ciento; sin embargo, suma un 28 por ciento en el sexenio del expresidente. Como era de prever, esta caída tuvo consecuencias sobre el ingreso presupuestario que necesitó de financiamiento tanto interno como externo para solventar los gastos corrientes.
Sin embargo, debe mencionarse que el ajuste impulsado por Peña Nieto para reparar las cuentas fiscales mantuvo los indicadores de este último año dentro de los niveles de compromiso del presupuesto anterior [1].
Con el estado económico presentado, no puede esperarse una mejoría de los indicadores sociales. El salario mínimo llevaba un fuerte retraso en términos reales. Las medidas económicas del gobierno anterior no repararon sobre la situación social mexicana sino sobre mejorar las condiciones macroeconómicas de cara al mercado y la posibilidad de crecimiento del sector privado. Así, los indicadores sociales de México se mantienen entre los peores de la región.
Desde este punto parte el gobierno de López Obrador para promover una reforma en el modelo político y económico para México. El objetivo es lograr un crecimiento económico promedio de 4 por ciento y eliminar la pobreza extrema existente en el país al terminar el sexenio.
El aumento del consumo interno y la inversión, tanto extranjera como pública, serán punta para el crecimiento. En este sentido, se promovió un aumento del salario mínimo y se crearon programas de apoyo a jóvenes y discapacitados, además de aumentar la pensión jubilatoria [2]. Asimismo, se pusieron en agenda la construcción de distintos proyectos estratégicos de infraestructura que potencian la inversión, al mismo tiempo que refuerzan la apuesta por el desarrollo regional. En esta dirección también se encuentra la creación de la zona fronteriza, con salario mínimo e impuestos diferenciados.
Con este propósito, también, la recuperación de la producción de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son metas de gobierno que resultan fundamentales para aumentar los ingresos y la capacidad de producción de energía, esencial para el crecimiento productivo, sin perder divisas en importarla.
En este sentido, en estos primeros meses se avanzó en limitar las concesiones extranjeras de Pemex y aumentar la inversión pública, tanto en la empresa petrolera como en la eléctrica. También se redujo fuertemente el robo de gasolina interno, y aunque esto significó el desabastecimiento de combustible en algunas zonas y algunas complicaciones para la distribución de productos, se logró un ahorro de millones de pesos que se perdían en el contrabando y la medida fue fuertemente apoyada por la sociedad. Sumado a esto se propuso la construcción de una nueva refinería en Tabasco.
Una de las propuestas más importantes en torno a la energía eléctrica fue dar marcha atrás con la división de la CFE que dictó la reforma energética de Peña Nieto. La subdivisión de la empresa en seis partes pretendía terminar con el monopolio natural y dar lugar a las empresas privadas con el argumento de mejorar el precio y calidad del servicio. Sin embargo, la reforma terminó anulando la capacidad de competencia de la empresa estatal ante empresas de preeminencia global. La medida adoptada por el gobierno de López Obrador permite reforzar el rol de la empresa eléctrica pública y mejorar su capacidad competitiva con las privadas existentes en el mismo sector [3].
En cuanto al sector minero, las medidas se dirigieron en igual dirección. Se anunció que se limitarán las concesiones otorgadas a empresas extranjeras, aunque serán respetadas las vigentes, debiendo cumplir con inversiones acordadas y el respeto a las normas de cuidado del medioambiente.
Al mismo tiempo, el presupuesto presentado por el gobierno sostuvo los principios de austeridad y estabilidad macroeconómica que limitan el ataque del establishment. Sin embargo, fue evidente el cambio de prioridades dentro de la asignación de recursos, aumentando los gastos sociales. También en alusión a la estabilidad y el cuidado del salario, no se contemplan nuevos impuestos en el presupuesto ni aumento de los mismos en el periodo. El precio de la gasolina que, como hemos mencionado previamente, fuera un fuerte factor para disparar la inflación, se mantendrá en el mismo precio real durante todo el año.
Pero, aún con un presupuesto que garantiza la estabilidad, las calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s y Fitch, decidieron bajar la calificación tanto del país como de Pemex, la CFE, bancos y empresas, respecto de su perspectiva de crecimiento. Debe diferenciarse, en este sentido, la calificación de Pemex, la CFE y la calificación soberana, ya que el deterioro de las cuentas no es resultado de la gestión actual sino de la anterior. La reducción de la calificación actual se basa en una desaceleración global, el mismo tiempo que en una expresa diferencia política de las calificadoras con la decisión del gobierno sobre la recuperación de estas empresas estratégicas para el país.
Un revés a estas predicciones, a los malos augurios enunciado por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la supuesta incertidumbre que genera el nuevo gobierno, fue el aumento de la inversión extranjera tanto en la bolsa de México como a títulos de deuda del Gobierno durante el primer bimestre del año. Según Citibanamex, la Casa de la Bolsa de México este bimestre fue la cuarta mejor desde que existen los registros de operaciones. También, gracias a la desaceleración global, el peso se fortaleció contra el dólar en el mejor nivel desde enero pasado, reforzando el incentivo para invertir en México. Y la inflación ha descendido en estos primeros días al nivel más bajo desde diciembre de 2016, y la recaudación fue mayor a la esperada para el período y mayor a la del año pasado. Asimismo, la confianza del consumidor alcanzó su máximo histórico en 120 puntos.
Con el cometido de reforzar el ideal del gobierno de construir una alternativa junto a las empresas nacionales, se creó el Consejo para el Fomento de la Inversión, Empleo y Crecimiento. Al evento asistieron los empresarios más importantes del país, inclusive aquellos que trabajaron en contra de la candidatura de López Obrador. Tanto desde aquí como desde el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno promueve el diálogo con el sector empresarial para alcanzar con un compromiso conjunto la meta de crecimiento de 4 por ciento, y la eliminación de la pobreza extrema. El compromiso asumido del gobierno con los empresarios se basa en aumentar la inversión pública para que, como complemento con la inversión privada, se logren los objetivos mencionados.
También se encuentra en marcha la revisión de la reforma laboral propuesta por el bloque del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a fines de 2018. Luego de las audiencias públicas realizadas respecto a la ley, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se encuentra trabajando en considerar las propuestas e inquietudes derivadas de las mismas, pero con el objetivo de favorecer a los trabajadores y, específicamente, a la mayor parte ellos, distinguiendo los reclamos de algunas minorías sindicalizadas frente al total de los trabajadores [4].
En este contexto se enmarcará el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en discusión pública entre académicos, empresarios, trabajadores y autoridades en distintos foros de debate, para alcanzar una propuesta de ley al Congreso Nacional a fines de abril. Este plan tendrá la finalidad de corregir los efectos del modelo neoliberal y tendrá como pilares, según el secretario de Hacienda, la justicia, el estado de derecho, el bienestar y el desarrollo económico sustentable.
Al momento, la desaceleración global, las consecuencias del desmantelamiento de espacios de corrupción e ineficiencia -como el del huachicoleo, algunas protestas laborales y la desconfianza del establishment por una nueva política postneoliberal se identifican como las amenazas económicas al nuevo gobierno-. Sin embargo, se avanza a paso firme y con gran apoyo popular hacia nuevas formas de desarrollo económico.
Notas
[2] https://www.celag.org/primeros-pasos-amlo-economia-mexicana/
Lucía Converti*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica
*Economista por la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de gabinete de Presidencia del Banco BICE (2014-2015)
[ANÁLISIS] [ECONÓMICO]
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