El sistema político peruano es un sistema presidencialista “parlamentarizado”, cuyos principales problemas son su escasa legitimidad, los bajos niveles de apego a la democracia, una alta dosis de desafección ciudadana y poco interés por los asuntos públicos.
Es por ello que la votación que otorgó la confianza al gobierno de Martín Vizcarra y avaló, así, la reforma política, dio paso a una disputa de estire y afloja para cada una de las cláusulas que conforman los seis proyectos aprobados. Buena parte del Congreso, especialmente el sector del fujimorismo, no está dispuesto a ceder sus privilegios.
El 25 de julio termina la Legislatura y la urgencia apremia. Es un tiempo de negociaciones, pues el Congreso no quiere que su dilación sea tomada como un incumplimiento de la confianza pactada y esto habilite su cierre; mientras, el Ejecutivo ha construido su legitimidad en torno a las reformas y quiere ver su labor consumada.
Hasta el momento, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista María Rosa Bartra, lleva aprobados un total de nueve proyectos impulsados por el oficialismo, condensados en dos de los seis proyectos de ley: impedimentos para postular a un cargo de elección popular e inscripción y cancelación de partidos políticos. Las cuatro iniciativas restantes que están sometidas a la especulación del fujimorismo son el financiamiento de los partidos políticos, las elecciones internas, la inmunidad parlamentaria y la eliminación del voto preferencial para dar paso a la paridad con lista cremallera.
El primer proyecto en ser aprobado fue el de los impedimentos para postular a un cargo público. En el predictamen se excluyó de las candidaturas a quienes hayan sido condenados por delito doloso en primera instancia.
En cuanto a la inscripción y cancelación de los partidos políticos, no se han terminado de aprobar todos los artículos, siendo los más resistidos que el Órgano Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acceda a la información de los aportantes privados. Este punto es crucial, ya que la reserva de la información permite invisibilizar el origen de buena parte del dinero destinado a la campaña, en muchos casos de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros ilícitos. Actualmente hay 24 partidos inscritos –de los cuales sólo seis cuentan con representación parlamentaria– y 181 movimientos regionales, pero menos de la mitad (64) cuenta con un consejero regional. En cambio, sobre este eje sí fueron aprobados:
-Nuevos requisitos para inscripción de los partidos, eliminando la exigencia de firmas de adherentes –actualmente más de 750 mil firmas– y sustituirlo por la presentación de un padrón de afiliados, de naturaleza pública, de alrededor de 22 mil miembros. Asimismo, el requisito de tener al menos el 1.5 por ciento de los votos en un proceso de elecciones internas abiertas.
-La conformación de un padrón público de afiliados a cada agrupación política, el cual será publicado en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
-La presencia de Comités Partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos y 1/3 de las provincias del país.
-La posibilidad de que cada afiliado pueda renunciar a un partido presentándose ante cualquier órgano del sistema electoral y siendo efectiva al momento de dicha presentación.
-La posibilidad de que cada afiliado de forma indebida pueda solicitar su exclusión del partido político en cuestión ante la ROP y se concrete en un plazo de tres días.
-La suspensión de la inscripción de partidos políticos en caso de incumplimiento de la presentación del listado de comités partidarios e integrantes.
-La cancelación de una agrupación política que no participe en comicios nacionales o retire todas sus listas del proceso electoral. Dentro de este proyecto se eliminó la cláusula que anulaba, también, a las organizaciones que no acreditaran el pago de una multa grave o muy grave producto del financiamiento, y quienes no consigan al menos un representante en el Congreso cuando participen en elecciones generales como parte de una alianza electoral.
-Las causales para mantener la inscripción de los movimientos regionales, incrementando la valla de un 5 por ciento a un 8 por ciento y estableciendo que estos partidos deberán contar con al menos un representante en los Consejos Regionales, caso contrario se cancela su inscripción.
La última causal de cancelación es que un movimiento regional no participe en la elección municipal de, al menos, dos tercios de las provincias y distritos de su circunscripción regional.
La designación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tampoco está exenta de tensiones. Hasta el momento, algunos de los nombramientos han sido polémicos y han demostrado que los vínculos entre el Congreso y la Justicia resisten. Los órganos encargados de su designación son nada menos que la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos, cuyos miembros fueron designados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura en procesos irregulares sometidos a investigación.
Los tres postulantes que aprobaron el examen de conocimientos del concurso son David Dumet Delfín, Víctor Cubas Villanueva y Pedro Patrón Bedoya.
Dumet es director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) desde el mes de febrero, mientras que Víctor Cubas Villanueva, exfiscal supremo adjunto, fue criticado por haber archivado, en febrero de 2012, la investigación en contra del expresidente Ollanta Humala por las desapariciones de Natividad Ávila y Benigno Sullca en Madre Mía.
El más cuestionado, sin duda, es el abogado Pedro Patrón Bedoya, quien fuera el viceministro de Justicia durante el primer gobierno de Alan García, asesor de la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (2001-2003), secretario general del Ministerio de Educación (2003-2006) y director de Normatividad Electoral del Jurado Nacional de Elecciones 2006-2007). Poco tiempo después de su designación trascendió que Bedoya había sido denunciado penalmente por el delito de falsedad ideológica al recibir dos pensiones del Estado, entre noviembre del 2007 y marzo del 2008, por parte del Jurado Nacional de Elecciones y la Asociación Peruana de Cooperación Internacional.
En breve el Parlamento debe elegir a la mesa directiva que conducirá el recinto el próximo año. La gran incógnita es si Fuerza Popular, aun con reveses el partido con mayor cantidad de bancas, logrará conservar la Presidencia o si una coalición de fuerzas podrá disputársela.
Una tercera opción, tal vez la más plausible, es que una lista integrada por el fujimorismo –pero no encabezada por éste– logre imponerse en la votación.
En tiempos turbulentos las lealtades se vuelven más laxas y el fujimorismo pasó de detentar 73 de 130 bancas –mayoría absoluta– a 53 curules a causa de los escándalos de corrupción, es decir, que detenta ahora la primera minoría. Recordemos también que el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue designado para encabezar la Mesa Directiva tras ser uno de los voceros predilectos de Fuerza Popular; sin embargo, una vez en el cargo mostró un perfil más moderado, llegando incluso a desbaratar algunas de las medidas más escandalosas de su antecesor, Luis Galarreta, actual secretario general del partido.
La lideresa opositora, excongresista y dos veces candidata a la Presidencia, se enfrenta este viernes a un nuevo intento por ser liberada, luego de 8 meses en prisión preventiva por una de las ramificaciones del caso Odebrecht, el mismo que mantiene en vilo a todos los expresidentes desde el retorno a la democracia. Tras el recurso de casación que presentó su abogado a la Corte Suprema, el debate sobre su excarcelación puede prolongarse hasta 20 días para emitir un fallo: ratificar la prisión preventiva por 36 meses o dejarla sin efecto.
Cabe destacar que la orden de prisión vence en noviembre del 2021, por lo que una ratificación del fallo la dejaría fuera de las presidenciales del 2021. Sin embargo, aun frente a un fallo adverso, Keiko puede acudir en última instancia al Tribunal Constitucional (TC). Fue precisamente el TC quien otorgó la libertad provisoria a al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, en abril de 2018, tras 9 meses de prisión preventiva.
Aun en prisión, desde el Penal del Chorrillos, Keiko conserva el liderazgo de su partido, mantiene comunicación con sus adeptos vía redes sociales y planea el relanzamiento del partido naranja mediante una gira por el interior del país. Sin embargo, después de años de haber sido la política peruana más popular parece haber perdido gran parte de su electorado y así lo reflejan las encuestas: luego del vendaval del Lava Jato peruano sólo retiene la aprobación del 9 por ciento de los peruanos, según el último sondeo Ipsos [1].
En este contexto se abre una nueva disyuntiva: ¿quién accedería a la sucesión de Fuerza Popular sin la presencia de la primogénita del clan Fujimori? Según la última encuesta realizada por El Comercio-Ipsos, el principal liderazgo de este partido recae en la congresista y secretaria general designada –parlamentaria heredada de Alberto Fujimori– Luz Salgado (19 por ciento). Muy cerca aparece Rosa Bartra (18 por ciento), quien actualmente preside la Comisión de Constitución del Congreso, espacio donde se viene debatiendo la reforma política, aspecto que incrementó en 2 puntos porcentuales su imagen de sucesora. Le sigue el subsecretario de Fuerza Popular –actualmente secretario general en ejercicio, ya que Luz Salgado pidió reemplazo–, Luis Galarreta (12 por ciento) y luego los congresistas Carlos Tubino (6 por ciento) y Miguel Torres (3 por ciento) [2].
Si bien la cuestión de confianza dio nuevos bríos al cauce de la reforma política, no es el único frente que debe asumir el gobierno de Martín Vizcarra y Salvador del Solar. Del 5 al 7 de julio, 20 distritos de Lima Metropolitana –que concentran alrededor del 32 por ciento de la población– se quedaron sin servicio de agua debido a los trabajos de empalmes y reubicación de tuberías por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. A pesar de las previsiones para garantizar el suministro mediante camiones, generó un aumento de la crispación social.
Vizcarra gobierna un país sin gobernar un partido, y las recientes investigaciones periodísticas sobre su asesor, Maximilianio Aguiar [3] levantaron suspicacias sobre una supuesta conspiración contra el presidente al interior de Peruanos por el Kambio [4]. Además, el gobierno recibió dos nuevas renuncias de viceministros –Jorge Arévalo y Juan Tarazona, quienes adujeron diferencias con la alta jerarquía del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento liderado por Miguel Estrada–. A esto se le suma el fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta, mientras cumplía funciones en la Amazonía [5]. Y, finalmente, las presiones económicas de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que no perdió oportunidad para volver a insistir con una nueva propuesta de recorte de derechos laborales y exoneraciones tributarias a las grandes empresas bajo el eufemismo de “Agenda País” [6].
En este panorama se espera que la reforma política logre llegar a término para fines de julio. Tal vez con menos juego bonito que tenacidad, paciencia y negociación; al igual que en el fútbol gracias al VAR, productor tanto de justicias como de injusticias y analogía de los lucha de los pequeños contra los poderosos.
Notas
[1] https://www.ipsos.com/es-pe/opinion-data-19-de-junio-del-2019.
[3] Ver: https://www.celag.org/los-gurus-de-la-derecha-regional/.
[4] https://www.andina.pe/agencia/noticia-bancada-ppk-rechaza-declaraciones-congresista-marco-arana-sobre-mercedes-araoz-757427.aspx y https://larepublica.pe/politica/2019/07/02/mercedes-araoz-bancada-de-ppk-rechaza-teoria-de-conspiracion-de-marco-arana-sobre-mercedes-araoz-martin-vizcarra/.
[5] https://www.telesurtv.net/news/fallece-ministro-defensa-peruano-jose-huerta-20190624-0028.html.
[6] https://www.confiep.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/Agenda-Pa%C3%ADs-CONFIEP.pdf.
Bárbara Ester*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Socióloga por la Universidad de Buenos Aires (Argentina); diplomada en género, movimiento de mujeres y política
[ANÁLISIS] [INTERNACIONAL]
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