Se cumplió 1 año de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en México. Dicha elección terminó con más de 75 años de poder hegemónico del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y de gobiernos neoliberales, entre el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN). En estos 6 meses de gobierno, López Obrador recibió un Estado con profundas dificultades derivadas del neoliberalismo: militarización, narcotráfico, desempleo y corrupción, por mencionar sólo algunas [1]. Este legado indica que no será fácil reorientar el rumbo de México, al tiempo que demuestra la decisión política de un sector de la sociedad para salir del pantano neoliberal que hundió a uno de los países más grandes de Latinoamérica.
El gobierno enfrentó problemáticas ausentes en la agenda política de las últimas décadas: inició el combate contra al robo de combustible, propuso la denominada “austeridad republicana”, se orientó al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), la reestructuración de programas sociales, propendiendo por la estabilidad macroeconómica [2]. Esto implica un cuestionamiento a los sectores de poder y las élites políticas tradicionales entrelazadas con la corrupción, considerando que el PRI y el PAN vivieron de los recursos sustraídos al Estado con sofisticadas formas de distribución del poder entre sus copartidarios, configurando un modelo de saqueo estatal administrado desde las esferas del poder político y económico [3].
En este contexto, algunos de los compromisos establecidos en campaña avanzan lentamente, con críticas desde distintos grupos sociales y políticos (de izquierdas y derechas), que se han visto sacudidos por las medidas de gobierno. La centralidad de la agenda política es López Obrador quien, con su gobernabilidad, tiene en el escenario futuro el desafío de modificar el Estado y el proyecto económico de México, así como restituir derechos con políticas públicas para la redistribución de la riqueza y generar las condiciones de seguridad que exige la sociedad.
Andrés Manuel recibió un país con una crisis multidimensional del Estado. México arrastra desde la década de 1980 un modelo económico en constante crisis, como se demostró con el “error de diciembre” de 1994 (conocido como el “efecto tequila”) y con la debilidad estructural que le impidió soportar la crisis mundial de 2008. El pantano neoliberal de México dejó al país con tasas de crecimiento por debajo del 2% anual del PIB, y con una crisis social y política de estructuración y de representación, con un sistema bipartidista decadente que se turnó en el poder entre el PRI y el PAN desde el año 2000.
El neoliberalismo, tierra fértil para las economías ilegales, como el narcotráfico, experimentó crisis económicas recurrentes. En 2007, el expresidente Felipe Calderón impuso una copia del Plan Colombia denominado Iniciativa Mérida, apoyada por Estados Unidos que deja hasta ahora más de 35 mil desaparecidos, más de 270 mil asesinatos y miles de desplazados por la violencia [4]. Se configuró un neoliberalismo de guerra, como lo denominan varios analistas mexicanos [5], que a través de “reformas de ajuste estructural” beneficiaron a un pequeño grupo económico y político, que incrementó sus ganancias a costa de reformas laborales devastadoras para el poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana, que se mantiene con los niveles salariales más bajos de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) [6]. Además de acentuar la dependencia estructural hacia Estados Unidos, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –ahora Tmec: Tratado México-EstadosUnidos-Canadá– [7], país con el cual tiene un comercio casi del 80 por ciento del total de sus exportaciones.
En campaña, Andrés Manuel López Obrador presentó un programa de gobierno para desarrollar a lo largo de los 6 años de mandato. Entre los compromisos cumplidos en los primeros 6 meses se pueden destacar: la anulación de la reforma educativa neoliberal impuesta por el gobierno del expresidente Peña Nieto; la reducción de los salarios para los altos funcionarios; el desarrollo de un programa para el apoyo a personas con capacidades diferentes de escasos recursos y de adultos mayores; el establecimiento de programa de empleo para jóvenes, la fusión de Diconsa y Liconsa para crear Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) [8]; y la estabilización del precio de las gasolinas. En materia fiscal, el gobierno no incrementó ni creó nuevos impuestos, se respetó la autonomía del Banco de México, la prohibición de gastos innecesarios en el extranjero y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, retomando parte de la política exterior que caracterizó la historia política mexicana, abandonada por los gobiernos neoliberales.
El gobierno de López Obrador decidió enfrentar el hurto continuado de combustible (“huachicol”), logrando bajar el robo de gasolina de 15 mil barriles a 2 mil barriles diarios [9]. Se orientó por cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, como lo exigían comunidades y grupos ambientales, y propuso la readaptación de la base militar de Santa Lucia como aeropuerto. La proyección de la creación de una refinería en Veracruz y los dos megaproyectos en el sur de México: el Tren Maya y el tren transístmico. Medidas de gobierno que impactaron en la sociedad y tuvieron un cierto grado de aceptación entre la población, pero también fuertes críticas, sobre todo los dos megaproyectos y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Cosecha dichas críticas por el debate ambiental desde la perspectiva de algunos grupos sociales, y por la ansiedad que provoca en las derechas al ver afectados sus intereses [10].
Entre los compromisos programáticos no iniciados en estos primeros 6 meses están la cancelación de estancias infantiles y el programa de 100 universidades. En Ciencia y Tecnología no se ha presentado aun el Plan Nacional para la Innovación que estaría a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, por último, no se han cancelado fideicomisos del gobierno federal. Falta aún evaluar los proyectos de protección al patrimonio cultural, la cobertura universal de salud, la construcción de caminos en el sureste mexicano, el fomento a la actividad pesquera y la transferencia a las comunidades mineras del impuesto que se cobra por las actividades extractivas, las cuales registran altas ganancias en las últimas décadas [11].
Uno de los temas que ha generado fuertes críticas al gobierno actual es la creación de la Guardia Nacional, que le da continuidad a la estrategia de seguridad del sexenio anterior. Un desafío importante para el progresismo latinoamericano, no sólo para López Obrador, pues se debe enfrentar la problemática de la seguridad en contravía del modelo neoliberal y de la fuerte agenda de injerencia de Estados Unidos sobre el tema. Es decir, construir una política soberana que no se subordine a la fallida “guerra contra las drogas” de Estados Unidos.
La cancelación del nuevo aeropuerto generó desconfianza en algunos grupos económicos nacionales, y confrontó por primera vez a las principales cámaras empresariales nacionales con el gobierno. Por otro lado, la estrategia de fortalecimiento de Pemex y la paralización de las licitaciones energéticas no fueron bien recibidas por las empresas transnacionales participantes, hecho que se sumó a las calificadoras internacionales que bajaron la puntuación de Pemex y de la deuda nacional [12].
Otro de los puntos centrales está en los órganos autónomos del Estado. Estos órganos fueron creados en los últimos sexenios y ya son visibles sus consecuencias: la delegación y pérdida del poder del Estado, la contradicción en la aplicación de la política pública y la falacia de la autonomía de estos órganos, pues muchos se encuentran ligados a empresas internacionales, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar algunos. Además, el enfrentamiento que tuvo con el Poder Judicial deja ver el poder político que concentran los magistrados en el país, después de la aplicación de reformas jurídicas.
La doctrina de Trump contra las migraciones, y los anuncios xenófobos antimexicanos, constituyen un verdadero desafío para López Obrador. La posibilidad de construcción del muro-Trump y de las leyes de expulsión de migrantes mesoamericanos, han puesto a México en una situación de contradicción: o se convierte en un Estado tapón y gendarme de la migración, como pretende Estados Unidos –línea planteada con la Iniciativa Mérida–, o construye una política progresista junto con los países del “Triángulo Norte” de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, en miras de superar las causas estructurales que obligan a las personas a migrar. Una tarea nada fácil, por las presiones de Estados Unidos para militarizar, aún más, la región, y por la crisis política que atraviesan Honduras y Guatemala, donde los gobiernos alineados con Trump están al borde de producir dictaduras militares o enfrentar nuevas formas de guerra civil.
Es preciso recordar el lacónico papel del expresidente Peña Nieto para enfrentar la agresiva política de Trump en la campaña presidencial (2016), en la que el exmandatario mexicano terminó reuniéndose con el entonces candidato republicano, como una forma velada de aceptar la bochornosa idea de construir el muro y de expulsar mexicanos de Estados Unidos. Resolver esa situación migratoria para México y los países mesoamericanos es un desafío de compleja resolución en el corto plazo. Es una problemática que incluye delitos transnacionales como el tráfico de personas, el tráfico de drogas y de armas, que son parte de dinámicas económicas en las que están implicadas redes de poder con asiento, justamente, en los Estados Unidos, donde todo indica que la guerra contra las drogas no se está librando y el tráfico de personas y armas, no tiene éxito alguno. Una situación contraria al lavado de dinero, que deja sumas considerables en territorio estadunidense [13].
Resulta interesante el encuentro de Andrés Manuel con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizado en territorio mexicano y del cual surgieron compromisos concretos de ambos gobiernos para iniciar la creación de políticas públicas y proyectos para invertir recursos tendientes a generar empleos de calidad en territorio salvadoreño [14]. Una acción de incidencia para apoyar en sus territorios a trabajadores del pequeño país centroamericano. Este proyecto es parte de la estrategia planteada por López Obrador de cooperación para el desarrollo hacia el Triángulo Norte de Centroamérica como forma de frenar la migración. En la reunión del G20, realizada los días 28 y 29 de junio en Japón, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, presentó el Plan de Desarrollo Integral Centroamericano (PDI), que contiene una fuerte inversión para generar empleos y condiciones dignas para la población centroamericana que disminuyan el flujo migratorio [15].
Otro de los rubros más importantes es la ratificación del Tmec entre Estados Unidos, Canadá y México. El acuerdo fue firmado por Peña Nieto y constituye la expansión del capitalismo estadunidense sobre México, que ha convertido al país en una plataforma de maquila, aprovechando la cercanía, la mano de obra barata y la infraestructura entre ambos países. El Tmec podría constituir una gran camisa de fuerza para los proyectos de desarrollo en México y, también, una gran problemática jurídica en caso de que el gobierno actual mexicano decida contravenir al Tmec. Por ejemplo, en el tema energético desde Estados Unidos se esperan controversias legales, y no es menor que Trump haya decidido proponer a Cristopher Landau como embajador en México, pues es experto en solución de controversias internacionales [16].
Como podemos ver, el gobierno de López Obrador se encuentra en una encrucijada, heredando problemas de larga data como la falta de seguridad, la corrupción en todos los niveles del Estado, el bajo crecimiento económico y la migración. Las demandas de justicia social, redistribución de la riqueza, crecimiento económico y mayor seguridad son y serán rubros que continuarán en la agenda nacional. Como mencionó Andrés Manuel López Obrador al iniciar su sexenio, este gobierno está preparando terreno para el siguiente, y poder continuar trabajando para desmontar 30 años de política neoliberal, de estrategia fallida contra el narcotráfico y, sobre todo, revitalizar las empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por otro lado, se enfrenta también a los poderes fácticos que históricamente se han beneficiado de las reformas estructurales neoliberales y que siguen teniendo un gran poder económico y político para incidir en las decisiones de política pública.
Notas
[1] https://www.redalyc.org/pdf/729/72941346011.pdf
[2] https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-25-programas-prioritarios-para-el-gobierno-de-amlo/
[3] http://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n12/2007-4964-ins-12-00009.pdf
[4] https://www.nodal.am/2017/08/iniciativa-merida-una-guerra-derramada-la-poblacion/
[7] https://www.sinembargo.mx/07-06-2019/3593114
[9] https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-6-meses-del-gobierno-de-amlo
[11] https://www.sinembargo.mx/01-06-2019/3587426
[13] https://www.voltairenet.org/article120085.html
[14] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48699883
[15] https://actualidad.rt.com/actualidad/319503-mexico-g20-plan-migratorio-centroamerica
Aníbal García Fernández* y Javier Calderón Castillo**/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
**Maestro en sociología por la Universidad de Buenos Aires
[ANÁLISIS] [SOCIAL]
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