Mientras que Venezuela y la mayoría de los países que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) defienden los principios que inspiraron la creación del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos trató de cambiar la naturaleza de este órgano y, al no lograrlo, tomó la decisión de abandonarlo.
En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos fundamentales del Sistema Universal de Derechos Humanos –ambos aprobados por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966–, reconocen que no puede realizarse el ideal humano si no existen condiciones que permitan, a cada persona, gozar de todos estos derechos.
El disfrute de los derechos humanos y el reino de las libertades fundamentales son requisitos indispensables para alcanzar las aspiraciones de la especie, en este tiempo de la historia.
Los derechos humanos deben tratarse mediante un enfoque constructivo, basado en el diálogo y en el respeto de la soberanía nacional e integridad territorial, y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, para lo cual hay que tener cuenta las particularidades políticas, históricas, sociales, religiosas y culturales de cada país.
Los venezolanos nos dimos, en 1999, cuando apenas se iniciaba la Revolución Bolivariana, una de las constituciones más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos.
Nuestra Constitución fomenta la cooperación pacífica entre las naciones, con base en el principio de no intervención y del libre ejercicio a la autodeterminación de los pueblos. Promueve la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.
Son éstos los fundamentos principistas y doctrinarios que guían a la diplomacia bolivariana.
Hugo Chávez inauguró una nueva forma de hablarle a la comunidad de naciones. El líder histórico de la Revolución Bolivariana postuló la necesidad de edificar un mundo multipolar, basado en relaciones soberanas entre las naciones. Declaró la inconveniencia de que existiera una sola voz en el orbe, como pretenden aquellos despóticos capitostes de países que tienen pretensiones de dominación mundial.
Y es que el hegemonismo imperial desprecia el multilateralismo y pretende reproducir –ad infinitum– el unilateralismo y las dicotomías que caracterizan el paisaje universal: paz o guerra, desarrollo o subdesarrollo, pobreza o riqueza, soberanía o dependencia, son las contradicciones que necesariamente hay que superar para que podamos habitar un mundo donde florezca la solidaridad entre los seres humanos.
Las élites de los países desarrollados que adoran la ideología neoliberal fomentan el mantenimiento de relaciones inequitativas en el mundo y el predominio de unas naciones sobre otras. Pero el sistema anti-humanista que deifican está en decadencia. La unipolaridad neoliberal se disuelve indefectiblemente ante la emergencia de nuevos polos de poder global, que contribuyen a la paz y al equilibrio en las relaciones internacionales.
Los poderes imperiales nunca han tolerado el proyecto humanista que se inauguró en Venezuela en 1999, tras el triunfo electoral de Hugo Chávez.
Por eso promovieron un golpe de Estado, en abril de 2002; apoyaron el sabotaje a la industria petrolera a finales de 2002 y comienzos de 2003. Fracasaron estruendosamente, dado el apoyo popular a la democracia participativa y protagónica de Venezuela.
A raíz del tránsito a la eternidad del presidente Chávez, en marzo de 2013, estos poderes pensaron que había llegado el momento de asestar la estocada final a la Revolución Bolivariana. Desataron una renovada y más agresiva escalada para sacar del poder a quien le había sucedido en la Presidencia, Nicolás Maduro, continuando su obra redentora con coraje y patriótica dignidad.
En marzo de 2015 el gobierno de Estados Unidos declaró a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de ese país.
Utilizaron el tema de los derechos humanos para tratar de deslegitimar la Revolución Bolivariana. Recurrieron a campañas mediáticas internacionales, tratando de presentar a Venezuela como negadora de estos derechos. Alegaron que en Venezuela se había establecido un “Estado fallido”.
Nuestro país fue electo abrumadoramente por la Asamblea General de la ONU, como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), integrado por 47 miembros, el 12 de noviembre de 2012, y fue reelecto el 28 de octubre de 2015.
Un claro reconocimiento de la comunidad de naciones, de manera especial de los países en desarrollo, y un fehaciente testimonio de que en nuestro país se respetan –como nunca antes en la historia nacional– los derechos humanos y las libertades democráticas.
Sonoro respaldo al liderazgo de Venezuela, y a su incidencia en los asuntos internacionales, fue su elección para que ejerciera la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, a partir de septiembre de 2016. Ésta es la más abarcante organización, después de la ONU, pues agrupa a 120 Estados soberanos.
Venezuela defiende, con firmeza, que el CDH cumpla con las funciones establecidas en la Resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, que dio nacimiento a este órgano.
Mientras que Venezuela y la mayoría de los países que integran la ONU defienden los principios que inspiraron la creación del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Estados Unidos trató de cambiar la naturaleza de este órgano y, al no lograrlo, tomó la decisión de abandonarlo.
¿Y qué se proponía? Que se aprobara una resolución en el Consejo de Derechos Humanos o en la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se angostara el papel de los Estados, se trastocara el carácter intergubernamental del Consejo y se magnificaran las funciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su Oficina.
Asimismo, que se otorgara mayor protagonismo a las organizaciones no gubernamentales financiadas por entes del gobierno estadunidense o países europeos, y se eliminara de la Agenda del Consejo el tema 7, donde se examinan los abusos genocidas de Israel, la potencia ocupante, contra el pueblo palestino.
Amenazó con que su país se retiraría del CDH si no se expulsaba a países como China, Rusia, Cuba y Venezuela.
El gobierno estadunidense también pretendía que el Consejo se convirtiera en un tribunal de inquisición contra países en desarrollo de América Latina, como Cuba, Venezuela y Nicaragua; de Asia, como Irán, Siria, Pakistán, Camboya, Myanmar y Sri Lanka; del África, como Egipto, Burundi, República Democrática del Congo, Sudán y Zimbabue. Igualmente contra naciones como China y Rusia, que tienen gran protagonismo mundial.
Es importante recordar que durante el 35 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el 6 de junio de 2017, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU Nueva York, embajadora Nikki Haley, propuso excluir a Venezuela del CDH.
Por eso promovió un intensísimo lobby internacional procurando que se adoptara dicha resolución, esgrimiendo la supuesta necesidad “de hacer más eficiente” el funcionamiento del Consejo.
Y al justificar el retiro de su gobierno dijo que ésta es “una organización hipócrita que se preocupa sólo por sus propios intereses y se burla de los derechos humanos”.
Se refirió también al “enfoque desproporcionado y la hostilidad interminable [del Consejo] contra Israel”.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que: “[El Consejo] socava nuestros intereses nacionales y los de nuestros aliados”. Dado que sus intentos fracasaron en la ONU Ginebra recurrió a la Asamblea General de la ONU, donde también fracasó.
El retiro del gobierno estadunidense del CDH es la mejor demostración de su fracaso. No logró que prevalecieran sus “intereses nacionales” y que este órgano se convirtiera en un descarado instrumento de intervención en contra de países que disienten de sus discutibles paradigmas.
Tampoco logró el gobierno de Estados Unidos imponer su concepción sobre los derechos humanos, esto es, la supremacía de los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, contraviniendo la Declaración de Viena, según la cual los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, y ninguno debe estar por encima del otro.
Ante su infortunio político, el águila forajida emprendió su vuelo.
Jorge Valero*/Telesur
*Embajador-representante Permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra
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