Buenos Aires, Argentina. Estados Unidos activó el escenario de una acción militar contra Venezuela, horas después del paso del secretario de Estado Rex Tillerson.
Este demandó desde Bogotá impedir la firma del acuerdo logrado en reuniones de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición en República Dominicana, con la intermediación del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero ratificó que el documento recogió todo cuanto los opositores demandaron, incluso elegir la fecha de las próximas elecciones presidenciales, con todas las garantías aseguradas para ese proceso.
Sin embargo Tillerson ya venía en son de guerra, disfrazando frases y recurriendo a los gobiernos subordinados de la región, como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, a los que el diario El País de España llama “democráticos”, pero donde los pueblos están permanentemente en las calles ante las graves violaciones a sus derechos, bajo verdaderas dictaduras ejercidas por los poderes mediáticos concentrados.
En horas, el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, se trasladó a Colombia y llegaron tropas de Estados Unidos a ese país para agregarse al contingente establecido en las siete bases militares que tienen en esa nación, a las que se añaden las que desembarcaron en Panamá donde la invasión de 1989 perdura en la vida política de la nación.
El gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia ordenó desplazar fuerzas armadas a la frontera con Venezuela, a sabiendas que una acción contra el país vecino arrastrará al suyo y a su pueblo a la tragedia de una guerra.
La relación militar de Estados Unidos con Colombia data de un largo tiempo atrás, desde el asesinato por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y de la participación militar en la guerra contra Corea en la década de 1950.
Luego, con el cínico argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo impusieron tres bases en el siglo pasado y ya en éste incorporaron otras cuatro, una de ellas estratégica para dominar la región, como es la de Palanquero.
En ese país hay miles de muertos y desaparecidos (más de 100 mil) a manos del mismo ejército y los paramilitares que ahora se desplazan por zonas fronterizas con Venezuela.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, han sido asesinados unos 100 dirigentes de derechos humanos según la Organización de las Naciones Unidas, además líderes sociales e indígenas y varios integrantes de las que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dedicadas ahora a su labor política, y atentados contra dirigentes de la misma línea.
Hay movimientos militares en Perú donde existen tres bases estadunidenses y su presidente empresario, Pedro Pablo Kuczynski, está acusado de corrupción ligado al caso Odebrecht, en tanto negoció su continuidad con un indulto al criminal Alberto Fujimori, mientras el pueblo reclama justicia y derechos.
En Guyana, la Fuerza de Defensa (GDF) anunció el aumento paulatino de tropas en la zona fronteriza con Venezuela, y la instalación de una base de “patrullaje transitoria” por un “informe de inteligencia” sobre problemas de seguridad en dicha área. En realidad todos saben que es parte del cerco amenazante contra el país vecino.
En noviembre pasado en Tabatinga, en la Amazonia brasileña frontera con Venezuela, se realizaron maniobras militares con Estados Unidos, Colombia y Perú en una evidente amenaza contra Caracas.
También el golpista presidente Michel Temer no dudó en enviar ahora tropas a Roraima, otra zona fronteriza, para solucionar el “problema de migrantes”.
El ministro de Defensa, Raul Jungmann, afirmó que duplicará el número de efectivos militares en la frontera con Venezuela donde piensan instalar un hospital de campaña y un curioso centro de “selección” para ubicar y orientar a los inmigrantes venezolanos. Las acciones “humanitarias” y un Comité para refugiados estarán bajo comando de las Fuerzas Armadas.
Temer, exinformante del Comando Sur (traidor a la patria) asumió el gobierno mediante un golpe parlamentario-judicial y mediático que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, votada por el 54 por ciento de los brasileños, utilizando uno de los varios jueces como Sergio Moro, que trabajan para Washington.
El ahora llamado Law fare es un trazado de la guerra sicológica, introducido a fines de la década de 1990, cuando el Comando Sur y otros organismos políticos y de seguridad estadunidense discutían los conflictos posibles en América Latina para los años 2000.
En esos momentos se trazó el esquema de “democracias de seguridad nacional” controladas por Estados Unidos en la región.
Para esto necesitaban el control de la justicia y de los parlamentos, en ambos casos mediante la cooptación y corrupción. El término Law fare difundido en los últimos tiempos, significa un método contrainsurgente de guerra no convencional en el que los medios y los poderes judiciales son usados para conseguir un objetivo estratégico militar (Unrestricted Warfare, 1999).
A través de esta metodología el Departamento de Justicia se encargó de la tarea de infiltrar las estructuras jurídicas en América Latina. De allí surgieron Sergio Moro en Brasil –no el único sino el más visible– y la serie de jueces como Claudio Bonadío en Argentina y otros, y en varios países de la región que actúan bajo el control militar de Estados Unidos.
Decidió Temer la intervención militar en Río de Janeiro, cuya seguridad queda bajo control de estas fuerzas, en un hecho inédito en una democracia.
Esto cuando debe tratar la reforma de jubilaciones en el Congreso, y por otra parte Río es el lugar de mayor movilización en favor del perseguido expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En Honduras el golpe de Estado de junio de 2009, donde el enviado del departamento de Estado, el general John Negroponte –exembajador en ese país durante la guerra contra Nicaragua– logró el control del Congreso, mediante la corrupción cuando éste debía nombrar la Corte Suprema, cuya lista de jueces fue decidida en Washington.
La justicia y el parlamento justificaron que el golpe –con militares secuestrando al presidente Manuel Zelaya y llevándolo fuera del país– no era tal sino un acto “en defensa de la democracia” amenazada por el mandatario.
En ese país el golpe se continúa con falsas democracias, como la que ahora llevó al gobierno –sobre los cadáveres de decenas de personas que protestaban contra esa injusticia– a Juan Orlando Hernández, que perdió en las últimas elecciones.
¿Y qué hacen con México? En lo que va de este 2018 ya asesinaron a cinco periodistas. Se denuncia que desde la firma de la Iniciativa Mérida en 2006 –copia del Plan Colombia, para una supuesta y falsa guerra contra el narcotráfico– hay más de 150 mil muertos y unos 40 mil desaparecidos.
En Paraguay, como en Honduras, hay una continuidad del golpe que derrocó a Fernando Lugo en 2012, también utilizando la justicia y el parlamento.
Montaron un episodio violento donde grupos especiales mataron a campesinos y policías, que por disposiciones del gobierno de Lugo, fueron a negociar desarmados.
Grupos de fuerzas especiales estadunidenses –que están en Paraguay desde 2005– diseñaron y ejecutaron esta acción que la justicia y el parlamento atribuyeron a Lugo y destituyeron al mandatario en horas.
El actual presidente, el empresario Horacio Cartes, fue hace unos años acusado en Washington por contrabando de drogas y ahora está totalmente subordinado a la política estadunidense, conformando otra “Democracia de Seguridad Nacional”, con bases de Estados Unidos como la de Mariscal Estigarribia.
El presidente empresario Mauricio Macri, de Argentina, llegó al gobierno como titular de la Fundación Pensar, dependiente de la Heritage de Estados Unidos en el marco de una despiadada guerra de “cuarta generación” contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con intervención de los medios de comunicación masivos y una serie de jueces que todo el tiempo la hostigaron.
Además el Fondo Buitre que maneja Paul Singer envió a Buenos Aires públicamente una “fuerza de tarea” (Task Force) para ayudar a derrocar o derrotar a la exmandataria, con millones de dólares en la que colaboraban entre otros de los funcionarios actuales del gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual titular de la Oficina Anticurrupción, la exdiputada Laura Alonso.
Los republicanos encabezados por el representante Marcos Rubio y el lobby judío de Nueva York, habían creado en Washington una “Task Force” para actuar contra el gobierno de Fernández de Kirchner, todo este poder y dinero incidieron en las elecciones de 2015.
Hoy el gobierno de Macri viola las normas democráticas, tomando medidas drásticas por decretos, vetando leyes votadas por el Congreso, anulando otras, utilizando conductas mafiosas de extorsión sobre gobernadores, diputados, sindicalistas.
Pero además con un esquema de corrupción que cuenta con la impunidad de los medios que el oficialismo controla en un 98 por ciento.
En el país hay muertos, persecución y presos políticos, víctimas de la contrainsurgencia judicial, aumento de la pobreza y marginalidad, destrucción de los más avanzados programas sociales, culturales, científicos y entrega de la soberanía nacional contra la voluntad del pueblo.
Ahora acordó con Estados Unidos la instalación de bases y establecimientos militares en el extremo Sur, Tierra del Fuego y zonas de la Patagonia y en el Norte, Misiones (en la Triple Frontera), en Salta y Jujuy en el Noroeste.
Transformaron a las fuerzas de seguridad como la Gendarmería, Prefectura y grupos de elite policiales en fuerzas de “despliegue rápido” que se trasladan de un lado a otro, reprimiendo los conflictos sociales.
Después del paso de Tillerson por Argentina Macri decidió crear una Fuerza de Despliegue Rápido conformada por las Fuerzas Armadas, con lo cual, a pesar de estar prohibido, actuarán en seguridad interior. Macri decretó otorgar residencia a todos los venezolanos que llegaron al país.
Estos son los países “democráticos” cuyos gobiernos sin ninguna moral acusan al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo declaran persona non grata en la próxima cumbre de las Américas, en Lima.
Justamente al país que más hizo por la democratización, la integración, emancipación y la liberación de la región, y fue solidario con todos en momentos muy difíciles.
El “pecado capital” de Maduro, el pueblo y el ejército bolivariano es no haber aceptado subordinarse a la potencia imperial y entregarles la soberanía nacional, haber resistido el golpismo permanente desde 2002, cuando intentaron derrocar al expresidente Hugo Chávez Frías con un golpe que duró poco más 48 horas, derrotado por el pueblo y fuerzas armadas patrióticas.
Desde la muerte de Chávez en marzo de 2013, se lanzaron a la “toma” de Venezuela, activando la violencia una y otra vez, sin poder doblegar al pueblo y el gobierno venezolano.
Los que hablan del “fracaso” de la economía venezolana, son los que han desabastecido criminalmente a ese país, bajaron el petróleo para ahogarlo económica y financieramente, mataron, destruyeron y no lograron la rendición del gobierno.
Van tras las riquezas petroleras y otros recursos estratégicos. Estiman que si cae Venezuela cae toda América Latina, para imponer su proyecto recolonizador y no quieren elecciones, porque saben que pese a todo lo actuado Maduro ganará, como lo hizo el año pasado con la Constituyente y en la elección de gobernadores.
Un país que está sufriendo bajo los métodos de una guerra contrainsurgente, de bloqueo, intervencionismo y chantaje, ahora bajo la amenaza de una invasión a la que intentan llamar “humanitaria”, con la complicidad de los organismos que debían asegurar el equilibrio y la paz necesaria para una región, donde Estados Unidos produjo un verdadero genocidio en el siglo XXI.
Stella Calloni*/Prensa Latina
*Prestigiosa intelectual y periodista argentina, colaboradora de Prensa Latina
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